Se perpetúa la impunidad en Chihuahua en el caso de niñas y mujeres
víctimas de violencia sexual; la semana pasada el gobierno de la entidad
liberó y repatrió a al menos dos de los responsables de haber violado
de manera tumultuaria a una niña migrante salvadoreña de ocho años de
edad.
La Fiscalía estatal declinó la investigación con el argumento de que no estaba probado que el delito “se hubiera realizado en Chihuahua”, a pesar de que la niña en su denuncia relató que todos la abusaban y que incluso “le picaban con una aguja para que abriera las piernas”.
El caso de la niña salvadoreña, quien fue violentada sexualmente por el pollero (traficante de personas) y dos hombres más que la trasladaban a Los Ángeles, California, en su trayecto para reunirse con su madre, es reflejo de la violencia a la que se exponen miles de niñas y niños que desde Centroamérica atraviesan territorio mexicano, para reencontrarse con sus familias en Estados Unidos.
RUTA DE LA IMPUNIDAD
México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), cada año, alrededor de 5 mil 771 niñas y niños centroamericanos fueron repatriados desde México a sus países de origen.
Tras diversos abusos por parte del gobierno de Chihuahua, la niña ya se encuentra con su familia luego de que se le otorgó una visa humanitaria. Cabe aclarar que las autoridades mexicanas pretendieron en un inicio repatriar a la menor de edad nuevamente sola.
En entrevista con Cimacnoticias, Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) y representante legal de la víctima, aseguró que éste fue un gran triunfo, digno de celebrase y es un logro de la abuela de la niña y de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Los Ángeles, el Cedehm y Justicia Para Nuestras Hijas.
Sin embargo, afirmó que el caso no termina aquí ya que como representante legal de la niña, la madre y la abuela seguirán la denuncia contra sus agresores y se encuentran en espera del expediente a fin de confirmar si hay una persona detenida por el delito y si son realmente dos los hombres repatriados a El Salvador y que estuvieron involucrados en los hechos.
IMPUNIDAD
Cabe destacar que la Fiscalía estatal no investigó y declinó el caso bajo el argumento de que no estaba probado que el delito “se hubiera realizado en Chihuahua” sin tener pesquisa alguna que probara que efectivamente los hechos no ocurrieron en la entidad.
El estado de Chihuahua incurrió en responsabilidad al no entregar de inmediato la custodia a la abuela de la niña, violentando sus Derechos Humanos (DH).
El caso fue denunciado por el Cedehm. Luz Estela Castro explicó en su momento que la madre de la menor de edad huyó de la violencia y la pobreza de su país natal, dejando a su hija al cuidado de sus abuelos maternos.
En entrevista telefónica, Lourdes Rosas, coordinadora del área de Capacitación y Difusión del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, del estado de Chiapas, señaló que muchas de las mujeres migrantes centroamericanas que llegan a México para cruzar a EU, huyen de la violencia de género que padecen en sus países mientras que las niñas lo hacen por que van a reunirse con sus familiares.
Mujeres salvadoreñas han denunciado que huyen de la violencia que se ejerce contra ellas, ya que eran agredidas por sus parejas y ex parejas que pertenecen a la mara salvatrucha -organización transnacional de pandillas-.
En el caso de la niña agredida sexualmente, una pandilla de maras se enteró de que su madre estaba en EU y empezó a solicitar “cuotas” a los abuelos maternos para no dañar a la menor de edad.
La madre, temiendo algún secuestro de su niña, contactó a una persona del pueblo, pidió un préstamo para pagar 7 mil dólares al pollero para trasladar a su hija hasta Los Ángeles.
La niña inició su viaje y cuando estaba cerca de la frontera con EU pidió ayuda a una mujer, quien denunció la violencia sexual contra la menor de edad. La salvadoreña fue trasladada a las instalaciones del DIF Chihuahua y se pretendía fuera repatriada nuevamente sola.
El Cedehm documentó que las autoridades mexicanas abrieron una averiguación parcial sobre el caso, deteniendo “sólo a una persona” por el delito de violación y que inexplicablemente decidieron liberar y repatriar a algunos de los responsables.
La abuela de la niña llegó a la ciudad de Chihuahua para recuperar a su nieta pero las autoridades estatales no atendieron su petición. Fue hasta el 12 de mayo que junto con integrantes del Cedehm y Justicia para Nuestras Hijas participó en una reunión de alto nivel en la que se acordó que el gobierno mexicano entregaría una visa humanitaria a la niña y daría la custodia definitiva a su abuela.
Castro aseguró que las organizaciones se sienten satisfechas y felices por el resultado de este caso, y esperan que siente precedentes para garantizar los derechos de otras niñas y niños migrantes que deben cruzar nuestro país y que esperan la reunificación familiar.
La organización Sin Fronteras señala que México tiene la obligación legal y moral, derivada de la Constitución y de los tratados internacionales, de proteger a todas las personas que se encuentran en su territorio, incluyendo a las niñas y mujeres que carecen de un estatus migratorio regular.
Sin embargo, aún falta una interacción entre las leyes y programas para brindar protección y atención a las niñas y mujeres. “Los cambios legislativos y de política pública requeridos y la extensión de los servicios legales y de salud a las mujeres migrantes no implican una inversión de gran cuantía pero tienen un gran significado para los derechos de las mujeres”, advierte la organización internacional.
La Fiscalía estatal declinó la investigación con el argumento de que no estaba probado que el delito “se hubiera realizado en Chihuahua”, a pesar de que la niña en su denuncia relató que todos la abusaban y que incluso “le picaban con una aguja para que abriera las piernas”.
El caso de la niña salvadoreña, quien fue violentada sexualmente por el pollero (traficante de personas) y dos hombres más que la trasladaban a Los Ángeles, California, en su trayecto para reunirse con su madre, es reflejo de la violencia a la que se exponen miles de niñas y niños que desde Centroamérica atraviesan territorio mexicano, para reencontrarse con sus familias en Estados Unidos.
RUTA DE LA IMPUNIDAD
México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), cada año, alrededor de 5 mil 771 niñas y niños centroamericanos fueron repatriados desde México a sus países de origen.
Tras diversos abusos por parte del gobierno de Chihuahua, la niña ya se encuentra con su familia luego de que se le otorgó una visa humanitaria. Cabe aclarar que las autoridades mexicanas pretendieron en un inicio repatriar a la menor de edad nuevamente sola.
En entrevista con Cimacnoticias, Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) y representante legal de la víctima, aseguró que éste fue un gran triunfo, digno de celebrase y es un logro de la abuela de la niña y de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Los Ángeles, el Cedehm y Justicia Para Nuestras Hijas.
Sin embargo, afirmó que el caso no termina aquí ya que como representante legal de la niña, la madre y la abuela seguirán la denuncia contra sus agresores y se encuentran en espera del expediente a fin de confirmar si hay una persona detenida por el delito y si son realmente dos los hombres repatriados a El Salvador y que estuvieron involucrados en los hechos.
IMPUNIDAD
Cabe destacar que la Fiscalía estatal no investigó y declinó el caso bajo el argumento de que no estaba probado que el delito “se hubiera realizado en Chihuahua” sin tener pesquisa alguna que probara que efectivamente los hechos no ocurrieron en la entidad.
El estado de Chihuahua incurrió en responsabilidad al no entregar de inmediato la custodia a la abuela de la niña, violentando sus Derechos Humanos (DH).
El caso fue denunciado por el Cedehm. Luz Estela Castro explicó en su momento que la madre de la menor de edad huyó de la violencia y la pobreza de su país natal, dejando a su hija al cuidado de sus abuelos maternos.
En entrevista telefónica, Lourdes Rosas, coordinadora del área de Capacitación y Difusión del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, del estado de Chiapas, señaló que muchas de las mujeres migrantes centroamericanas que llegan a México para cruzar a EU, huyen de la violencia de género que padecen en sus países mientras que las niñas lo hacen por que van a reunirse con sus familiares.
Mujeres salvadoreñas han denunciado que huyen de la violencia que se ejerce contra ellas, ya que eran agredidas por sus parejas y ex parejas que pertenecen a la mara salvatrucha -organización transnacional de pandillas-.
En el caso de la niña agredida sexualmente, una pandilla de maras se enteró de que su madre estaba en EU y empezó a solicitar “cuotas” a los abuelos maternos para no dañar a la menor de edad.
La madre, temiendo algún secuestro de su niña, contactó a una persona del pueblo, pidió un préstamo para pagar 7 mil dólares al pollero para trasladar a su hija hasta Los Ángeles.
La niña inició su viaje y cuando estaba cerca de la frontera con EU pidió ayuda a una mujer, quien denunció la violencia sexual contra la menor de edad. La salvadoreña fue trasladada a las instalaciones del DIF Chihuahua y se pretendía fuera repatriada nuevamente sola.
El Cedehm documentó que las autoridades mexicanas abrieron una averiguación parcial sobre el caso, deteniendo “sólo a una persona” por el delito de violación y que inexplicablemente decidieron liberar y repatriar a algunos de los responsables.
La abuela de la niña llegó a la ciudad de Chihuahua para recuperar a su nieta pero las autoridades estatales no atendieron su petición. Fue hasta el 12 de mayo que junto con integrantes del Cedehm y Justicia para Nuestras Hijas participó en una reunión de alto nivel en la que se acordó que el gobierno mexicano entregaría una visa humanitaria a la niña y daría la custodia definitiva a su abuela.
Castro aseguró que las organizaciones se sienten satisfechas y felices por el resultado de este caso, y esperan que siente precedentes para garantizar los derechos de otras niñas y niños migrantes que deben cruzar nuestro país y que esperan la reunificación familiar.
La organización Sin Fronteras señala que México tiene la obligación legal y moral, derivada de la Constitución y de los tratados internacionales, de proteger a todas las personas que se encuentran en su territorio, incluyendo a las niñas y mujeres que carecen de un estatus migratorio regular.
Sin embargo, aún falta una interacción entre las leyes y programas para brindar protección y atención a las niñas y mujeres. “Los cambios legislativos y de política pública requeridos y la extensión de los servicios legales y de salud a las mujeres migrantes no implican una inversión de gran cuantía pero tienen un gran significado para los derechos de las mujeres”, advierte la organización internacional.
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