México.
Por publicarse de un momento a otro en el Diario Oficial del Gobierno
del Distrito Federal, las modificaciones al Código Penal de la capital
de México pretenden infundir miedo entre la gente que se manifiesta,
advierte Karla Micheel Salas Rodríguez, presidenta de la Asociación
Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), y no consideran las
violaciones a los derechos humanos que cometen los policías.
Al día siguiente de la
publicación de las reformas –que estará en manos de la Consejería
Jurídica del gobierno local y a reserva de algunas observaciones que
envió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal-, el dictamen
aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
entrará en vigor para agravar las penas hasta en 50 por ciento más si
los delitos de homicidio y lesiones, delitos contra el patrimonio y daño
a propiedad se cometen “con motivo de marchas, concentraciones,
manifestaciones, conmemoraciones, mítines o cualquier evento público de
esparcimiento, deportivo o recreativo”.
En el caso del artículo 141
bis, la pena por homicidio y lesiones se incrementa en la mitad si se
comete dolosamente y contra elementos policiacos en el ejercicio de sus
funciones, “lo que en el caso de las lesiones, las convierte en un
delito grave”, expone Salas. También, de acuerdo con la modificación al
artículo 224 bis, se eleva en la mitad la pena para delitos contra el
patrimonio si se cometen dentro de los eventos públicos mencionados. “Lo
mismo ocurre con el daño a la propiedad ajena”, contenido en el
artículo 241 bis, explica.
Estos cambios, dentro del
contexto que se da en la ciudad de México a partir del 1 de diciembre de
2012, “da un mensaje de criminalización de la protesta social. Parece
una frase hueca, pero es la realidad”, resalta la abogada, quien
recuerda que tanto periodistas como organizaciones de derechos humanos
han documentado el ambiente de abusos policiales.
“El gobierno del Distrito
Federal endureció el procesamiento de las personas que participan en las
marchas y son detenidas”, valora. “Y es importante señalar que muchos
de los detenidos en las manifestaciones no lo son en flagrancia o
cometiendo un delito, sino que son aprehendidos arbitrariamente por los
cuerpos policiacos –que incluso incurren en falsedad de declaraciones,
al manifestar que realizaron las detenciones en momentos distintos a los
que en realidad ocurrieron”. La integrante de la ANAD afirma que estos
excesos están documentados en la recomendación que la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió con respecto a la
actuación policiaca del 1 de diciembre de 2012.
Lo que intentan el gobierno
local y la Asamblea Legislativa, pondera la abogada –parte del equipo
legal que llevó los casos de las mujeres asesinadas en el Campo
Algodonero de Ciudad Juárez a la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos- es infundir el miedo en quienes acuden a las manifestaciones,
“de que en cualquier momento pueden ser detenidos y procesados por
delitos que serán considerados como graves”.
Cuando la gente decide
manifestarse y tomar las calles, expone la abogada, es porque sus
derechos fueron vulnerados, como el derecho de petición. “Tampoco es que
nos guste estar manifestándonos porque no tenemos nada que hacer.
Cuando salimos a las calles es porque las autoridades no nos respetan, y
es la vía que encontramos. Es preocupante que no solamente el gobierno
no respete los derechos de petición e información, sino que quiera
limitar incluso la posibilidad de que nos manifestemos”.
El objetivo de la reforma al
Código Penal, alegan sus promotores –los diputados Antonio Padierna Luna
y Arturo Santana Alfaro- es redignificar, proteger y garantizar los
derechos de los elementos policiacos. “La vía penal no es la forma para
hacerlo”, considera Micheel Salas, y agrega que una de cada tres quejas
en la visitaduría de derechos laborales de la CDHDF es interpuesta por
policías.
“Si el gobierno quiere
redignificar esta profesión, tiene que ser mejorando sus condiciones
laborales y no incrementando penas para sancionar a gente que acuda a
las manifestaciones públicas”, agrega la abogada. Además, resalta la
contradicción de que sea alguien como el bejaranista Padierna Luna el
promotor de la reforma, pues es diputado gracias a movimientos urbanos
–como Nueva Tenochtitlan y la Asamblea de Barrios- que ocupan los
espacios públicos como medida de presión para lograr sus demandas.
La guerra por los espacios públicos
El endurecimiento de penas
previsto en los artículos no solamente afectará a los sectores sociales
que protestan, sino al resto de la ciudadanía, explica Salas.
En el contexto de la guerra
contra el narcotráfico y la descomposición social, donde la gente tiene
miedo de salir a las calles, sectores importantes iniciaron procesos de
recuperación del tejido social y de los espacios públicos. La reforma
del Distrito Federal va contra esta tendencia, advierte la abogada, “y
es triste porque fue algo que caracterizó a la ciudad desde que tuvimos
la oportunidad de elegir quién nos gobierna: que el combate a la
inseguridad era invitar a la ciudadanía a que acudiera a los espacios
públicos”.
Con la reforma hay un grupo
muy importante que verá vulnerado sus derechos –que son quienes
cotidianamente se manifiestan contra las injusticias que hay en México-,
valora la abogada, pero este tipo penal también aplicará para quienes
acuden a eventos deportivos o a algún concierto, si se registra algún
enfrentamiento en ellos.
“Se trata de situaciones que
se resuelven ahora como faltas administrativas –se paga una multa o se
quedan 36 horas detenidos-, pero con las modificaciones habrá gente que
se vea procesada por un delito grave por participar en ellas o
simplemente por estar en el momento equivocado y en el horario menos
indicado, como hace la policía en las manifestaciones, que detiene sin
ton ni son y tú simplemente pasabas por ahí”, indica la abogada.
La reforma y la nueva realidad de la ciudad
El dictamen aprobado no toma
en cuenta todas las violaciones a los derechos humanos que cometen las
fuerzas policiacas en la capital del país, puntualiza la integrante de
la ANAD. “Contamos con protocolos especializados, pero a partir del 1 de
diciembre de 2012 se ve que los cuerpos policiacos no respetan lo que
está escrito. Violan derechos humanos, torturan, detienen a gente
arbitrariamente y abusan de su autoridad”, lo que fue reconocido por el
gobierno al aceptar la recomendación de la CDHDF, informa la abogada.
A pesar de la recomendación de
derechos humanos aceptada por el gobierno local, no hay un solo policía
procesado por estos delitos, “y del 1 de diciembre de 2012 a la fecha,
hay 30 personas procesadas, gente que participó en una manifestación
pública, fue detenida y se le acusó de delitos como ataques a la paz
pública, lesiones, etcétera”. Salas resalta que no era común en la
ciudad conocer de presos políticos o de personas procesadas por
manifestar sus ideas o pertenecer a determinado grupo político, lo que
ahora sí ocurre.
“Estas reformas de ninguna
manera cumplirán el objetivo que dicen que buscan. No van a dignificar a
los cuerpos policiacos ni garantizarán derechos a la ciudadanía. Lo que
harán será limitar los derechos no solamente de las personas en
general, sino específicamente de quienes se manifiestan”, indica.
“No hemos perdido la ciudad”
Salas, integrante de la
Asociación Nacional de Abogados Democráticos, considera que la sociedad
no ha perdido del todo a la ciudad de México. “Desde el 1 de diciembre
vemos un retroceso preocupante, desde el perfil de los servidores
públicos que ocupan las principales secretarías hasta el tipo de
políticas y de limitación de derechos”, pero también existe una sociedad
civil muy bien organizada que sabe exigir sus derechos e incidir en los
cambios importantes, valora.
Contra la reforma, hay dos
caminos jurídicos, expone Micheel Salas: que la CDHDF interponga un
recurso de inconstitucionalidad, “que es lo mínimo que se puede esperar,
siendo consecuentes”, y que los ciudadanos tramiten amparos contra esta
reforma.
“Estos ataques del gobierno hacen que la
sociedad civil se reorganice y logre incidir para evitar que nos
limiten nuestros derechos. Estamos a la defensa de nuestros derechos,
pero todavía no los hemos perdido”, finaliza la defensora.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/12/en-la-ciudad-de-mexico-leyes-para-infundir-miedo-a-manifestarse/
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