Chile, con sus 16,5 millones de habitantes, suele ser elogiado por el FMI por su estabilidad económica, desarrollo y sólidas instituciones. Forma parte de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), que agrupa a los países más ricos. Ese es un lado de la moneda. El otro pudo verse sin maquillaje a través de las cámaras de televisión tras el terremoto de 2010: la desigualdad en términos de ingreso y acceso a educación, salud y jubilación.
En el país se redujeron drásticamente los niveles de pobreza en los últimos 23 años (de un 45 por ciento de la población en 1990 a un 14,4 por ciento en 2011). Sin embargo, en el último período esta disminución ha sido mucho menor, por lo que se habla de una “pobreza dura”, la que además es mucho más dramática en las zonas suburbanas o rurales que en las grandes ciudades.
La enorme brecha que separa ricos de pobres ubica al país como uno de los más desiguales del continente. Según la Universidad de Chile, el ingreso per cápita del 10 por ciento más pobre de la población es 78 veces menor que el del 10 por ciento más rico. Las políticas impuestas bajo la dictadura de Augusto Pinochet, de corte neoliberal, que veinte años de gobierno democrático del centroizquierda de la Concertación no cambiaron (menos aún el último gobierno, conservador, de Sebastián Piñera), actúan como corset para aplicar reformas sociales y fomentan la exclusión de muchos. Consuelo Silva, investigadora de la Universidad Arcis, señaló a esta enviada que la desigualdad es un fenómeno inherente al llamado milagro chileno.
“En el actual modelo económico imperante en el país, no ha existido una política de redistribución del ingreso, porque se asume que el mercado es el mecanismo que distribuye los ingresos de manera eficiente y óptima. Esta ha sido la postura de todos los gobiernos en los últimos cuarenta años, aunque con algunos matices de diferencia. Por ejemplo, el primer gobierno de la Concertación (1990-1994), encabezado por Patricio Aylwin, planteó la idea de un ‘crecimiento con equidad’, la cual se abandonó rápidamente.”
Silva señaló que la solución a este flagelo sólo se consigue con cambios de fondo. “En lugar de las políticas redistributivas, se han implementado programas que buscan reducir los niveles de pobreza, los cuales son focalizados y temporales. Por tanto, quien tenga como propósito provocar una real redistribución del ingreso debería llevar a cabo una serie de reformas en áreas claves de la economía y de la sociedad, como es el caso del mercado laboral, en el ámbito de la educación y en los regímenes tributarios.”
Las masivas protestas que protagonizaron los universitarios en 2011, reclamando el fin del lucro en la educación, mostraron al mundo que el modelo de enseñanza en el vecino país se rige bajo las reglas del mercado. Es que la Ley General de Universidades, sancionada en 1981, delineó la privatización del financiamiento de la enseñanza superior y hoy los universitarios no pueden estudiar gratis y se endeudan para pagar sus carreras. A nivel secundario, sólo el 40 por ciento accede a colegios públicos gratuitos (municipales); el resto asiste a particulares privados (que reciben subvención del Estado) y el diez por ciento más rico de Chile paga colegios privados exclusivamente, que suelen ser los de mejor calidad.
La lógica de que quien gana más accede a un mejor servicio se reproduce con el sistema de salud. La gran mayoría de los chilenos pueden optar por la derivación del 7 por ciento del salario para las privadas Isapres (Institución de Salud Previsional) y el estatal Fondo Nacional de Salud (Fonasa), de acuerdo con un modelo vigente desde 1981. Aquellos que por tipo de sueldo no pueden acceder a un plan básico son derivados al Fonasa. De hecho, un 82 por ciento de la población aporta a esta última cobertura, y es recurrente la queja de los pacientes que entran en listas de espera para recibir un tratamiento u operarse. Además de que deben pagar aparte algunas prestaciones de salud. Un dato no menor es que dos tercios de los médicos trabajan en clínicas privadas.
Las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) fueron creadas por el ministro de Trabajo de Pinochet, José Piñera, hermano del actual mandatario, y son el único sistema previsional en Chile. Vendido en los años ’80 como la gran solución privada, o el sistema de capitalización individual o ahorro forzoso, carece del derecho individual a elegir entre ahorrar con el Estado o con una empresa privada. La primera generación pura del sistema privado ha demostrado que las jubilaciones promedio –que bordean los 600 dólares– están muy lejos de superar a las del antiguo sistema de reparto.
Si en los próximos cuatro años Bachelet no cumple con su promesa de llevar adelante reformas sustanciales en educación, salud y jubilación, la líder socialista habrá desaprovechado la segunda oportunidad que le dio una mayoría de la población para hacer de Chile una sociedad más justa.
Mercedes López San Miguel
Vía:
http://www.librered.net/?p=31096
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