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En la Argentina está sucediendo un hecho inédito. El país está en un estado real
de "crisis energética" a nivel nacional, con cortes masivos de energía eléctrica
que dejan a millones de personas en la indefensión total. Sin luz, sin agua, sin
heladera, sin ascensor, sin aire acondicionado, sin poder preservar los
alimentos, sin capacidad de subsistencia posible, aislados, muchas veces
encerrados y atrapados en estructuras de cemento, edificios de muchos pisos, en
medio de una sofocante ola de calor persistente durante más de 15 días, con
temperaturas que alcanzan y superan los 40 grados. Y en este contexto de
sufrimiento masivo, de ausencia de supervivencia mínima para millones de
personas, ni el Gobierno nacional, ni los Estados provinciales o comunales
declaran el estado de "emergencia social" (como sucede con cualquier fenómeno de
catástrofe natural) ni se movilizan para paliar la crisis con agua, alimentos,
medicina, transportes, plan para ancianos y discapacitados, etc. Las empresas
eléctricas mantienen silencio y no dan explicación ni fecha de restitución de la
energía. El Gobierno nacional, los funcionarios, los políticos, mantienen
silencio o se acusan los unos a los otros, sin esbozar ningún "plan de crisis" o
medidas concretas para obligar a las empresas a cumplir con la distribución de
energía. En síntesis, en Argentina hay un estado efectivo de "abandono de
persona" a escala masiva, por parte del Estado y de los responsables directo de
proveer el servicio eléctrico.
Por
Manuel Freytas (*)
manuelfreytas@iarnoticias.com
manuelfreytas@iarnoticias.com
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En
ese escenario, la Argentina conforma un verdadero "estado de catástrofe
social", con millones de personas en la incertidumbre, y sin luz, el insumo
esencial de su supervivencia, unos con la energía eléctrica cortada, y otros
esperando aterrados que se la corten.
Y los
efectos directos y colaterales se multiplican , ausencia de alimentos
frescos por el corte de energía en los comercios, personas mayores, o
discapacitadas, niños, mujeres embarazadas, afectadas por los efectos del
llamado "golpe de calor", cortes de calle con protestas, que dejan miles de
automovilistas varados en sus vehículos incinerándose en medio del sol
abrasador.
A este
cuadro se suman los cortes de luz en estaciones de ferrocarriles y de micros,
en subterráneos, escuelas, hospitales, centros de provisión y distribución de
alimentos, nadie está salvo de quedarse en algún momento sin el suministro
vital de la electricidad que condiciona la provisión de otros elementos
esenciales como el agua y el aire acondicionado vitales para sobrevivir en la
ola de calor que azota al país.
Y en este
contexto de sufrimiento masivo, de ausencia de supervivencia mínima para
millones de personas, ni el Gobierno nacional, ni los Estados provinciales o
comunales declaran el estado de "emergencia social" (como sucede con
cualquier fenómeno de catástrofe natural) ni se movilizan para paliar la crisis
con agua, alimentos, medicina, transportes, plan para ancianos y discapacitados,
etc. Las empresas eléctricas mantienen silencio y no dan explicación ni fecha de
restitución de la energía.
El
gobierno nacional, los funcionarios, los políticos, mantienen silencio o se
acusan los unos a los otros, sin esbozar ningún "plan de crisis" o
medidas concretas para obligar a las empresas a cumplir con la distribución de
energía. En síntesis, en Argentina hay un estado de "abandono de persona"
a escala masiva, por parte del Estado y de los responsables directo de proveer
el servicio eléctrico.
Y para que
se entienda, el Art. 106 del Código Penal argentino determina que incurre
en la figura de abandono de persona "El que pusiere en peligro la vida o la
salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su
suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la
que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de dos a seis
años. La pena será de reclusión o prisión de tres a diez años, si a consecuencia
del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima.
Si ocurriere la muerte, la pena será de cinco a quince años de reclusión o
prisión. (texto conforme ley 24410)".
Posiblemente, la conducta de "abandono masivo de personas" por parte de
las autoridades argentinas, constituya un hecho sin precedentes en la historia
de los gobiernos del mundo capitalista. Y una muestra extrema de la criminalidad
de los políticos y funcionarios del sistema.
(*) Manuel
Freytas es periodista, investigador, analista de estructuras del poder,
especialista en inteligencia y comunicación estratégica. Es uno de los autores
más difundidos y referenciados en la Web.
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