México. El encadenamiento de
represión a manifestaciones que comenzó desde el 1 de diciembre de 2012,
el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, “busca restringir
las libertades y revertir la exigencia de mayores derechos por parte de
la ciudadanía”, valora José Rosario Marroquín, director del Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), en entrevista con Desinformémonos.
Detrás de la estrategia están “sectores duros del gobierno, o
nostálgicos o muy bien colocados con las medidas de mano dura; también
sectores empresariales que afectan a comunidades y pueblos, y tienen un
interés muy claro en inhibir las expresiones de protesta y de exigencia
de derechos”.
Adrián Ramírez, presidente de la Liga
Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) coincide en que
hay fuertes intereses para restringir “todavía más” los derechos y
libertades ciudadanas, con el intento de regular el derecho a marchar,
“incluyendo propuestas tan absurdas como los marchódromos”. El defensor
de derechos humanos advierte que la campaña mediática que muestra los
episodios de violencia, pero no sus causas, se dirige a presionar a la
opinión pública. “Me recuerda a cuando se impuso a los militares para
tareas de seguridad pública; los medios mostraron insistentemente la
corrupción de la policía para decir, ¿ahora quién nos defenderá?”.
La secretaria ejecutiva de la Red Todos
los Derechos para Todos, Agnieszka Raczynska, habla de una “total
represión y violación de derechos humanos” en los operativos contra las
manifestaciones, situación que calificó de constante en ciudades como el
Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz y Guerrero.
El operativo policiaco contra la
manifestación del 1 de diciembre de 2012 dejó como resultado una persona
que permanece en coma (Juan Francisco Kuykendall), cerca de cien
heridos y 96 detenidos. Las manifestaciones del 1 de septiembre de 2013
(por el informe presidencial y contra la reforma educativa) y el
desalojo del plantón de profesores opositores a la reforma educativa,
realizado el 13 de septiembre, siguieron una dinámica parecida:
enfrentamientos entre la policía y grupos de personas no identificadas,
golpes contra manifestantes y personas que documentan los hechos, y
detenciones que las instancias defensoras de derechos humanos califican
de arbitrarias. La marcha del 2 de octubre se saldó con más de cien
detenidos y un número indeterminado de heridos (que incluyó a
periodistas y monitores de derechos humanos plenamente identificados, en
el caso del Prodh). Veinte de los detenidos fueron acusados, entre
otros delitos, de “ataques a la paz pública”.
José Rosario Marroquín señaló que para
la marcha del 2 de octubre, en la que decidieron participar como
observadores, “se presagiaba lo que ya se ha vuelto común en los últimos
tiempos ante toda protesta: golpes, agresiones, detenciones arbitrarias
y obstáculos al ejercicio de la defensa adecuada; este patrón de
represión que no nos ha abandonado en nuestra vida como país desde hace
décadas, se extendió a periodistas y defensores de derechos humanos, y a
quien documente la conducta de las autoridades”.
El mensaje del gobierno con la represión
“sistemática” es que “sí caben los derechos de las personas pero dentro
de ciertos límites”, valora Marroquín. El recorte de libertades no se
hace sólo con represión, “sino a través de resucitar la lógica
clientelar, mediante programas y coacción: la ciudadanía no tiene
derechos, es beneficiaria cuando se porta bien, y cuando no se ajusta a
lo pensado por las autoridades, le espera criminalización, represión,
estigmatización y procesos judiciales en su contra”.
Agresiones selectivas
Las reformas a los protocolos de
actuación de la policía contienen elementos muy graves para los derechos
humanos, afirma el presidente de la Limeddh, como la práctica del
encapsulamiento de manifestantes –a base de una superioridad numérica de
la policía y retención arbitraria- y la utilización de armamento y
proyectiles como las balas de goma.
Víctor Hugo Carlos, monitor de derechos
humanos del Prodh, señaló en conferencia de prensa que durante la marcha
del 2 de octubre constataron agresiones provocadas por la policía –por
la cantidad de elementos policiacos y la forma de despliegue-, el cierre
del paso a contingentes pacíficos, el uso desproporcionado de la fuerza
y las agresiones contra manifestantes (golpeados, lesionados y llevados
a lugares no identificados). Lo visto en la marcha, para el defensor de
derechos humanos, constata que la policía no está para proteger
libertades, sino para enfrentar y reprimir a quienes se manifiestan.
El presidente de Artículo 19 denunció el
uso “faccioso” de la legislación, pues se acusó a detenidos del 13 de
septiembre de ultrajes a la autoridad por “una mentada de madre a un
policía, y les pusieron 126 mil pesos de fianza”. Agrega Adrián Ramírez
que los delitos que configuran el ataque a la paz pública son tan laxos
que permiten que a un manifestante detenido se le culpe de sucesos
ocurridos después de la hora de su detención. Por eso, “individualizar
la pena y la investigación es muy importante, porque eso evita la
criminalización de todos los manifestantes”.
Los observadores de derechos humanos del
Prodh reportan, en un comunicado de prensa, que “los policías vestidos
de civil y granaderos agredieron de forma selectiva a toda persona que
estuviera documentando las detenciones”. Las detenciones arbitrarias no
se dieron contra las personas que participaron en los enfrentamientos,
sino contra quienes observaban los hechos, denunció Víctor Hugo Carlos,
integrante del centro de derechos humanos golpeado por granaderos del
Distrito Federal.
La red de monitoreo montada por la
organización de defensa de periodistas Artículo 19 documentó 25
agresiones a comunicadores, incluyendo a trabajadores de los medios
comerciales. De ellas, precisa, el 90 por ciento fueron cometidas por
agentes del Estado y el 10 por ciento por civiles.
“Defensores y periodistas hacen un
trabajo importante de documentar y cuidar manifestaciones y acciones de
las autoridades, y aportan información valiosa no sólo para la
ciudadanía sino para las mismas autoridades”, valoró Raczynska.
El presidente de la Limeddh agrega que
los policías detuvieron también a la gente por su vestimenta. “A los
integrantes de medios libres los detienen porque su forma de vestir
coincide con los manifestantes”, precisa.
Revoltura de anarquistas, infiltrados, militares…
Durante las marchas del 1 de diciembre, 1
y 13 de septiembre y 2 de octubre, los medios de comunicación
resaltaron la presencia de grupos de personas dentro de las
manifestaciones que protagonizaron enfrentamientos con la policía, a los
que llamaron “anarquistas” o “encapuchados”. Por otra parte,
organizaciones sociales denunciaron tanto la presencia de “infiltrados”
como de policía vestidos de civil que realizaron detenciones.
El presidente de la Limeddh señala que
la actuación de policías vestidos de civil no se limita a detener a
manifestantes, sino que visten con ropa similar a los grupos anarquistas
y cometen o incitan al vandalismo. “Esto demuestra que se trata de
actos deliberados para influir en la opinión pública hacia la
restricción de derechos y la regulación de marchas”, precisa. Para
desactivar la violencia, sus causas estructurales deben desaparecer,
afirma Adrián Ramírez. Por ejemplo, “los anarquistas vienen de un
contexto de exclusión social, y esos agravios deben ser atendidos. Esto
no se soluciona regulando las marchas”.
Los agentes vestidos de civil, luego de
realizar las detenciones arbitrarias, eran protegidos por el cuerpo de
granaderos, denunció Carlos. Adrián Ramírez reafirmó que existen
personas vestidas de civil que lo mismo detienen que azuzan a los
manifestantes. “Algunos venían de un vehículo militar”, denunció. “Eso
nos habla de una relación de causalidad”.
Los actos de violencia cometidos por
civiles son delitos, “y cualquiera que los cometa debe enfrentar la
ley”, asegura Darío Ramírez, pero “no es lo mismo a que el Estado agreda
a manifestantes: lo que debe hacer es detener y procesar”. Para el
comunicador, la actuación de los cuerpos de seguridad durante las
marchas demuestra que son poco profesionales y que está ausente un
verdadero protocolo de actuación, además de que son incapaces de
procesar los delitos.
En el Estado de Derecho “hay límites a
la actuación estatal y ciudadana; hay procedimientos ante el delito que
en estos casos, no se han cumplido”, afirma Marroquín. La secretaria
ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos (TDT), Agnieszka
Raczynska, señala que es de interés de toda la ciudadanía saber “quiénes
son estos grupos que incitan a la violencia contra manifestantes,
periodistas y defensores de derechos humanos”.
Las contradicciones sociales
Los gobiernos, en el discurso, hablan de
respeto a los derechos humanos, pero en la práctica hay violencia y se
desvirtúan los reclamos sociales de justicia, incluida la labor de las
guardias comunitarias, contrasta Adrián Ramírez. Las reformas
gubernamentales no gozan de gran popularidad en la sociedad, lo que hace
prever un panorama represivo para los cinco años que queda de gobierno
peñista, considera el presidente de la Limeddh.
José Rosario Marroquín precisa que
también la sociedad tiene sectores que reproducen el mismo discurso de
mano dura que las autoridades. “El venir desde hace muchos años
exigiendo derechos mantiene contradicciones como sociedad, y a la vez
abre caminos: aunque en ciertos sectores se reproduzcan posiciones
regresivas, a la ciudadanía le queda claro que ese camino no conduce a
une mejor situación”.
El escenario futuro es grave, pero
también “hay una gran fuerza social que ayudará a que el costo sea
menor”, predice el presidente de la Limeddh. A las organizaciones
sociales “corresponde contribuir con su experiencia en cuanto a
agravios, hacerlo evidente a la sociedad, empeñarse en documentar los
abusos y ofrecerlos claramente y si mentiras, pero con mucha firmeza”,
afirma José Rosario Marroquín.
A pesar de la agresión a sus
integrantes, la labor de defensa de derechos humanos “nos exige pensar
estrategias pero no tener miedo; no nos podemos replegar y encerrarnos
porque somos parte de un esfuerzo grande de la misma sociedad. Eso nos
anima a pesar de la indignación y el coraje que podamos tener”,
considera Marroquín. “Llamamos a la sociedad a seguir ejerciendo sus
derechos”.
“Es momento de hablar de cosas
importantes: de defender las libertades”, llamó el coordinador de
Artículo 19. “Ante la marcha del 2 de octubre, había miedo –justificado-
de salir a la calle, pero si caemos en el miedo, perdemos las
libertades”.
Vía:
http://desinformemonos.org/2013/10/si-caemos-en-el-miedo-perderemos-las-libertades/
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