Actualización 1 de Octubre, 2013.
El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana acaba de emitir una sentencia con la que pretende despojar de la nacionalidad a miles
de personas. La sentencia TC/0168/13, emitida el 25 de Septiembre, se
aplicará de forma inmediata y una de sus implicaciones será la
elaboración de una lista que incluirá a todos los hijos de extranjeros
nacidos en suelo dominicano a partir de 1929 y hasta la fecha actual. El
plazo fijado para el inicio de este proceso es de diez días y un año
(prorrogable) para la elaboración de un nuevo listado de ciudadanos, que
habían sido reconocidos como dominicanos y que en lo adelante serán
considerados extranjeros.
La sentencia del Tribunal Constitucional afecta a más de tres generaciones de dominicanos que serán despojados del derecho adquirido de la nacionalidad
sin causa comprobada e incurre en la violación de varios principios
constitucionales, entre ellos, los derechos del niño a la identidad y a
la nacionalidad, el principio de irretroactividad de la ley, el carácter
vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y el principio de igualdad.
Algunos
organismos internacionales ya han mostrado su rechazo ante esta
sentencia. Líderes comunitarios de Washington Heights y Puerto Rico
extendieron una invitación a la diáspora dominicana para participar en
manifestaciones de repudio ante la sentencia TC/0168/13.
El coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en
República Dominicana, Lorenzo Jiménez de Luis, declaró que la
organización está ejecutando una investigación exhaustiva sobre la
privación de documentación a personas que, habiendo tenido nacionalidad
dominicana, han sido despojados de la misma, y añadió que la sentencia
emitida por el Tribunal Constitucional también será investigada.
Con
el propósito de que “los Poderes del Estado dominicano suspendan la
política de desnacionalización de dominicanos y dominicanas de
ascendencia haitiana”, El Movimiento por un Registro Civil Libre de
Discriminación (Reconoci.do), persiste en su lucha y solicita a la
comunidad nacional e internacional que apoyen una nueva petición de firmas dirigida al Jefe del estado y al Tribuna Constitucional de la República Dominicana.
4 de Agosto, 2013.
Incluso
durante el tiempo muerto, cuando se acababa la zafra y los congó
regresaban a Haití, el aire que se aspiraba en el batey era meloso y
embriagador, como la transpiración de una caña añeja. Ana María recuerda
que ella y sus hermanos correteaban por los rieles y se perdían entre
los cañaverales, evitando el contacto con las ardientes hojas del
fogaraté. Olía a guarapo, a melaza, a caña seca. Todos los aromas
dulzones posibles impregnan el recuerdo de su infancia en un universo de
sol volcánico y caña de azúcar.
Yermena
y José se conocieron en los cañaverales del Ingenio Quisqueya. Ambos
son haitianos y emigrantes afincados desde los años 70 en San Pedro de
Macorís, al Sureste de la República Dominicana. José trabajaba en los
campos de caña y Yermena se dedicaba a la venta ambulante de ropa y,
eventualmente, al cultivo de caña. Ana María es la tercera de sus hijos.
Cuando llegó al mundo, en 1986, José, que cuando se trataba de
gestiones legales era muy prudente, se dirigió al Registro Civil para
inscribir a su hija. Presentó su carnet de jornalero y regresó a casa
con un acta de nacimiento que daba fe de que la niña Ana María había
nacido, de que tenía madre y padre, de que pertenecía a una comunidad,
de que era dominicana.
Ana María
“Siempre
me he sentido dominicana. Reconozco y respeto mis raíces haitianas pero
amo mi país igual que amo mis orígenes. Nunca me sentí fuera de la
sociedad. Hasta ese día, no me había sentido tan humillada. Me dijeron
que no podían darme el documento porque en el libro del Registro Civil
dice que mis padres son haitianos. Yo quise saber el porqué, ya era
mayor de edad, había completado la educación primaria y secundaria, mis
padres nunca tuvieron problemas para inscribirme en la escuela. Tenía
cédula de identidad y pasaporte, había ejercido mi derecho al voto,
hasta había viajado a Brasil. No entendía qué problema había”
La
respuesta del oficial civil se desplomó sobre Ana María con el peso
aplastante de una gran losa: “Nosotros no somos culpables de que tus
padres sean haitianos”.
“Para mí no es motivo de culpa ser hija de haitianos, yo me siento muy orgullosa de mis padres”, respondió Ana María a la oficial.
Era
el año 2007. Pudo haber sido cualquier otro día, pero fue un lunes y
fue, precisamente, un 10 de diciembre, el día de los Derechos Humanos.
Con la finalidad de depurar el Registro Civil de errores, omisiones o
fraudes, el pleno de jueces de la Junta Central Electoral de la
República Dominicana dio a conocer la Resolución no.12, un procedimiento
que “suspende provisionalmente la expedición de Actas del Estado Civil
que contengan irregularidades o vicios que imposibiliten legalmente su
expedición”. A partir de ese momento, miles de dominicanos y dominicanas
de ascendencia haitiana se convirtieron en ciudadanos de ninguna parte.
Durante
muchos años la inmigración haitiana en República Dominicana estuvo
estrechamente ligada a la industria azucarera. A principios del año
1952, los gobiernos de República Dominicana y Haití firmaron un acuerdo
para regularizar la inmigración masiva y temporal de jornaleros
haitianos que trabajaban en la cosecha de la caña de azúcar. El gobierno
dominicano determinaba la cantidad aproximada de jornaleros que
necesitaba para la zafra —tiempo que dura la cosecha de caña—
y las autoridades haitianas ponían en marcha un sistema de selección
ejecutado por buscones que reclutaban campesinos para el trabajo en los
campos cañeros. Cuando los jornaleros llegaban a territorio dominicano
eran traslados en camiones custodiados por oficiales del ejército y
conducidos en grupos hasta las plantaciones de los diferentes ingenios
estatales y privados. La mano de obra haitiana se convirtió en un valor
imprescindible para la pujante industria azucarera dominicana que, con
la caída del dictador haitiano Jean Claude Duvalier y la consecuente
inestabilidad política del país antillano, dejó atrás sus años de
bonanza.
Entre zafra y zafra empezaron a formarse familias en los bateyes —comunidades aledañas a los ingenios—
y nacieron niños y niñas que, con el beneplácito del Estado, fueron
inscritos en las oficialías como dominicanos y dominicanas. Muchos de
estos niños alcanzaron la edad adulta teniendo a sus padres como única
referencia y vínculo con Haití; la mayoría de ellos ni siquiera conoce
el país vecino.
En
relación a los hijos de extranjeros, la Junta Central Electoral (JCE)
manifestó que acoge lo establecido por la Constitución en su artículo 11
(vigente hasta el 26 de enero del 2010): “Son dominicanos: todas las
personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de
los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en
representación diplomática o los que están de tránsito en él.”
La
JCE desmiente que la Resolución no.12 tenga matices discriminatorios y
para respaldar su argumento señala que la excepción contemplada en el
artículo 11 también incluye a los hijos de extranjeros que ejercen
funciones diplomáticas. Sin embargo, los obreros haitianos que prestaban
sus servicios en los campos cañeros no encajan en ninguno de estos dos
grupos: no eran diplomáticos y no estaban oficialmente en tránsito. Los
jornaleros recibían un carnet de Permiso de Permanencia Temporal que los
diferenciaba de los extranjeros en tránsito y que les permitía realizar
todo tipo de actos civiles. Hasta el 16 de agosto del 2004 se
consideraba que un extranjero estaba en tránsito cuando permanecía en
suelo dominicano por un periodo inferior a los 10 días, mientras que la
temporada de zafra tenía una duración aproximada de 6 meses. Muchos
jornaleros se establecieron en los bateyes junto a sus familiasy
no regresaron a Haití. Estas comunidades fueron creadas por los
empleadores con el consentimiento de los propietarios de los ingenios,
que de este modo se ahorraban los gastos que generaba el retorno de los
trabadores a su país de origen.
Son
dominicanos, así lo reconoció el Estado de su país, pero no pueden
acceder a las escuelas ni a las universidades. No les entregan sus
cédulas de identidad ni sus pasaportes. No pueden adquirir propiedades,
contraer matrimonio ni abrir cuentas en el banco, y no pueden declarar a
sus hijos que, inevitablemente, arrastran la incertidumbre y las
secuelas emocionales que genera en sus padres esta situación.
Una
de las consecuencias de esta medida es el sentimiento de auto-odio.
Muchas personas perjudicadas experimentan rechazo hacia su propia
identidad y sienten que sus orígenes son un lastre que los condena de
por vida a la mala suerte. Como en el caso de Ana María, el sentimiento
de culpa es recurrente en los padres de jóvenes afectados por esta
resolución. “Mi mamá se siente culpable. Ella me pregunta: ¿Qué he hecho
mal? ¿Será porque no sé leer? Yo trato de explicarle que ellos no
hicieron nada para provocar esta injusticia. Ellos vinieron a trabajar y
a servir durante muchos años porque lo requería el Estado, porque los
necesitaban. Si nuestros padres estaban en tránsito y era ilegal que
declararan a sus hijos como dominicanos, ¿cómo es posible que por más de
40 años el Estado lo consintiera? Ahora nos quieren matar dejándonos
vivos.”
Ana
María sigue sin entender la lógica de la Resolución no.12, se siente
discriminada, y asegura que los empleados de algunas oficialías utilizan
un código para referirse a los hijos de haitianos: HH (hijo de
haitiano). “Si eres un HH y vas a una oficialía para solicitar cualquier
tipo de documentación te pueden pedir desde fotografías familiares
hasta el acta de nacimiento de tu abuela. Eso no se lo piden a nadie
más. La cuestión es complicarnos la vida. Los
oficiales del estado civil dominicano tienen estrictas órdenes de la
JCE de no expedir actas de nacimiento a personas con apellidos
haitianos. Dicen que no discriminan pero se fijan en la forma de tu
boca, en tu pelo, en el color de tu piel. Si esto no es discriminación, ¿qué es?”.
“El día que me negaron mi acta de nacimiento me sentí frustrada. A pesar de ser hija de haitianos, de ser negra y de haber crecido en un batey, nunca me había sentido discriminada en mi país.
Nunca nadie hizo alusión a mi origen como motivo de culpa, ni siquiera
en la escuela padecí la crueldad de los niños; quizás porque en el batey
todos éramos iguales, era mi ambiente. Lo que no me habían dicho nunca
antes me lo decía una oficial del estado. Salí llorando de esa oficina.
Estaba destrozada. Mi intención inmediata era entrar en la universidad
pero ni siquiera me dijeron cuánto tiempo estarían investigando mi
caso.”
Durante
la campaña electoral, el actual presidente de la República Dominicana,
Danilo Medina, expresó su preocupación por este problema y dijo que
había que encontrar una solución. Después de su ascensión al poder no ha
vuelto a pronunciarse al respecto. En declaraciones ofrecidas a la
prensa, el presidente de la JCE, Roberto Rosario, advirtió que “no
regalará la ciudadanía a persona alguna que no cumpla los requisitos
constitucionales para obtenerla, ni cederá ante ningún tipo de ataque de
sectores amparados en una supuesta defensa de los derechos humanos”.
La
Resolución no.12 ha perjudicado notablemente la imagen de la República
Dominicana a nivel internacional. Argumentando que había presentado
respuestas de suficiente fundamento y base jurídica, El Estado
dominicano solicitó este año a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) no convocar más audiencias para abordar el tema de la
nacionalidad.
Ana María no está dispuesta a resignarse,
actualmente se desempeña como vocera de El Movimiento por un Registro
Civil Libre de Discriminación (Reconoci.do) y se mantiene firme en la
lucha por sus derechos y los de miles de jóvenes que comparten su
condición de indignada. @reconoci_do
empezó como una campaña centrada en el desarrollo de actividades que
demandan la erradicación de las medidas discriminatorias de la
Resolución no.12 y una recogida de firmas.
En la actualidad, el movimiento realiza acciones pacificas el día 12 de
cada mes y cuenta con el apoyo de varias entidades sociales y
religiosas que luchan contra lo que califican de “genocidio civil”.
A
mediados de febrero, decenas de dominicanos de ascendencia haitiana
caminaron por las calles de Santo Domingo cargando pequeñas cruces de
madera. Cada cruz representaba el malestar común que los arropa desde
que sus historias personales quedaron atrapadas por tiempo indefinido en
un tortuoso limbo, en la incertidumbre de no saber qué pasará con sus
vidas ahora que no son ni de aquí, ni de allá.
Vía:
http://periodismohumano.com/migracion/dominicanos-discriminados-por-su-ascendencia-haitiana.html
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