Argentina.
Soya, minería, monocultivo de árboles y petróleo. Desalojos,
fumigaciones, desmontes y tierra en pocas manos. Judicialización y
represión sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Las
corporaciones y los asesinatos en el campo profundo. Son diez años que
dejaron heridas a lo largo de la Argentina.
El monocultivo de soya abarcaba 12
millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 20 millones
de hectáreas. La minería también fue por más: de 40 proyectos se pasó a
600 (creció mil 500 por ciento). Son sólo dos cifras y dos actividades
que confirman el avance en la última década del extractivismo
(agronegocios, forestales, minería, petróleo), con consecuencias que el
relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos
rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras en
pocas manos, judicialización y represión, y la bienvenida a las
corporaciones.
Soya
Cuando Néstor Kirchner asumió la
presidencia, la soya ocupó 12 millones de hectáreas (el 38 por ciento de
las 25 millones de hectáreas cultivadas). En 2012, la soya abarcó 19.8
millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. El
fenómeno fue llamado por técnicos y funcionarios de manera eufemística:
“Corrimiento de la frontera agropecuaria”.
La soya transgénica, con uso de
glifosato, fue aprobada en marzo de 1996 por el entonces Secretario de
Agricultura, Felipe Solá, en el gobierno de Carlos Menen. El Estado no
realizó estudios propios; basó su aprobación en informes de las propias
empresas de agronegocios.
El Plan Estratégico Agroalimentario,
gestado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, provincias,
universidades y empresas, fue presentado por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner en 2011. Explicita la profundización del modelo:
un aumento del 60 por ciento de la producción granaria (para llegar a
los 160 millones de toneladas) y un avance en la superficie sembrada: de
33 millones de hectáreas actuales pretende llegar a los 42 millones. No
se avanzará sobre las grandes ciudades, sino sobre territorios
campesinos e indígenas.
El avance del agronegocio llega a límites inesperados: en Neuquén y Chubut ya se planifican soya y maíz transgénicos.
El uso de agrotóxicos alcanza, según un
informe de los Médicos de Pueblos Fumigados, los 300 millones de litros
por año. Otras consecuencias: hay al menos 200 mil familias expulsadas
del campo, denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC).
A su vez, datos del propia INTA confirman la concentración de tierras:
el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias representa el 50
por ciento de la tierra. Y el 57 por ciento de las explotaciones
agropecuarias (las más pequeñas) tienen sólo el tres por ciento. En
Argentina se da una reforma agraria, pero al revés: muy pocos tienen
casi todo, muchos no tienen casi nada.
En vísperas de los diez años de
Gobierno, el MNCI, la Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), el
Frente Nacional Campesino (FNC) y el Foro Nacional de la Agricultura
Familiar (Fonaf) emitieron un comunicado conjunto (organizaciones con
buenos niveles de diálogo con el Gobierno): “Las organizaciones
campesina e indígenas y de la agricultura familiar vamos por lo que
falta”.
“En los últimos diez años, las políticas
públicas a favor de los sectores populares y de los mercados internos
han brindado alivio a la resistencia de las economías
campesinas-indígenas pero aún falta. El gigantesco avance de la frontera
agropecuaria se acompañó de concentración de la tierra, monocultivo de
soya y la comoditización de nuestro campo”, afirma el comunicado. Y
describe la situación actual: “El desmantelamiento de la economía
nacional, la destrucción y concentración de la cadena de valor y del
consumo interno y la enorme dependencia de divisas en el monocultivo de
soya”.
xSeñalan además que “hay muy buenas
condiciones para dar un giro en la política” para fortalecer al
campesinado y promover otro modelo agropecuario, pero alerta que “no es
posible si no se cambian las reglas de juego, especialmente debe
legislarse sobre la función social de la tierra y a favor de la economía
popular”.
Destacan diez puntos: “tierra, trabajo y dignidad en el
campo”, frenar los desalojos, política integral de tierras, fortalecer
la producción campesina y la soberanía alimentaria, repoblar el campo,
limitar los agrotóxicos y una ley de semillas que proteja las semillas
nativas y criollas.
Monocultivo de árboles
La Ley 25.080 fue aprobada por el
menemismo (1999) y subsidia todos los pasos productivos. Las empresas no
deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras y están exentos del
pago sobre ingresos brutos. Además cuentan con devolución del IVA.
Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años (cualquier modificación
impositiva, que afecta a todos los ciudadanos, no modifica el régimen
fiscal de las compañías).
El monocultivo de árboles (con iguales
consecuencias que la soya) pasó de 600 mil hectáreas en 1998 al doble
(1.2 millones) en 2008. La Asociación Forestal Argentina (AFOA) proyecta
llegar, en 2018, a tres millones de hectáreas. Misiones concentra el
59 por ciento del monocultivo forestal. Le siguen Entre Ríos (11 por
ciento), Buenos Aires y Corrientes (ambas con ocho por ciento). Una sola
multinacional del sector (Alto Paraná) concentra el diez por ciento de
la tierra de Misiones (233 mil hectáreas). Y es el emblema del
monocultivo en la tierra colorada.
La ley 25.080 vencía en enero de 2009,
pero fue prorrogada por el Congreso en noviembre de 2008 hasta el 2018,
como pedían las empresas nucleadas en AFOA.
Petróleo
Néstor Kirchner recibió a la empresa
YPF ya privatizada (por Carlos Menem). En octubre de 2006, el Congreso
Nacional aprobó la Ley 26.154, que amplió los beneficios impositivos de
los que ya gozaban las petroleras y gasíferas. También se renovaron las
concesiones de yacimientos (por ejemplo, Cerro Dragón). “En política
hidrocarburífera, los últimos diez años fueron una consolidación y
profundización del neoliberalismo de la década de los años noventa. Hubo
renovación de concesiones y amplios beneficios para los actores
transnacionales, donde se les mantuvieron todos los amplios beneficios
que tenían”, afirmó Diego Di Risio, del Observatorio Petrolero Sur.
El OPS señaló que la “estatización
parcial” del YPF creó expectativas y pensaron en la posibilidad de que
fuera un punto de inflexión. “El último año ha dado señales claras de
que se mantiene el modelo. La estatización sólo busca disputar la renta,
solucionar los problemas de déficit energético y se sigue tratando como
un commodity, sin cambio de concepción con respecto a la década del
noventa”, afirmó Di Risio.
No duda que, al igual que con la soya,
se experimenta un “corrimiento de la frontera hidrocarburífera”. Una
muestra de eso es que la Organización Federal de los Estados Productores
de Hidrocarburos (Ofephi) estaba integrada por diez provincias (las de
tradición petrolera). Desde 2006, todas las provincias restantes
modificaron sus legislaciones para favorecer concesiones para la
exploración de hidrocarburos. “Claras zonas donde avanza la frontera es
en Entre Ríos, Salta y Mendoza, entre otras”, precisó Di Risio.
La actividad petrolera sumó un nuevo
cuestionamiento con la extracción con la técnica de “fractura
hidráulica” (también llamado “fracking”). El agotamiento de las reservas
hidrocarburíferas llevó al desarrollo de técnicas para explotar
yacimientos “no convencionales”, que se encuentran en una “roca madre”.
Es necesaria la fractura hidráulica, con grandes volúmenes de agua y
químicos a presión que rompen la roca y extraen el hidrocarburo.
El fracking ya fue prohibido en Francia y
Bulgaria, y en estados de Australia, Sudáfrica, Canadá, Suiza y Estados
Unidos. En Argentina fue prohibido, en los últimos seis meses, en Cinco
Saltos (Río Negro), San Carlos, Tupungato (Mendoza) y en las
entrerrianas Concepción del Uruguay, Colón y Los Conquistadores.
YPF presentó el 30 de agosto de 2012 su
“Estrategia de gestión 2013-3017”. En la página 51 señala que
“Argentina tiene un enorme potencial de no convencional” e identifica
siete cuencas que involucran a 18 provincias. La semana pasada, YPF
anunció la firma de un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron, para
explotar la formación Vaca Muerta (cuenca neuquina) y avanzar también en
la exploración de la formación Cacheuta (Mendoza).
La Confederación Mapuche de Neuquén
denunció que se viola toda la legislación indígena (provincial, nacional
e internacional) que obliga al “consentimiento libre, previo e
informado” de las comunidades. La Confederación Mapuche ya alertó que
resistirá el nuevo avance petrolero.
Minería
La Secretaría de Minería de Nación
emitió el 13 de enero de 2012 un comunicado: “Histórica inversión
(minera)”. Informó sobre el aumento de la exploración en un 664 por
ciento en los últimos ocho años. El comunicado remarcó que “el récord
histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor
dinámica en esta actividad” y explicó que ”el fuerte aumento de la
actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos; el
país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las
principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan,
Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.
Siempre según datos oficiales (informe
“La minería en números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros en
estudio. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un
mil 500 por ciento más que en 2003. Nunca antes la minería creció
tanto.
El jueves 9 de febrero de 2012, en un
discurso público, la Presidenta hizo una puesta en escena con un
trabajador minero (que reivindicó la actividad y cuestionó a los
ambientalistas -luego se supo que era un militante del PJ-) y reconoció
la necesidad de “una discusión en serio” respecto a la minería.
El viernes 10 de febrero, a las 3:45
horas, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle,
donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera.
“En estos últimos diez años la minería
fue uno de los sectores que más creció en Argentina, como demuestran los
proyectos de inversión en ejecución que totalizan 614, contra los 18
que había en 2003, y una producción de minerales que se multiplicó por
diez”, celebra el cable de la agencia estatal Telam del 19 de mayo de
2013. El título es claro: “Década minera. Uno de los sectores que más
creció entre 2003 y 2013”.
Y cita al secretario de Minería, Jorge
Mayoral: “La puesta en marcha del Plan Minero Nacional (presentado en
2004) dio como resultado un nivel de crecimiento sin precedentes”. Y
destacó que la premisa del Gobierno es “profundizar la visión de
considerar a la Minería como política de Estado”.
Otro dato de importancia sectorial fue
la constitución de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI),
en 2012, con la participación de las provincias mineras, con el fin de
favorecer el desarrollo regional generando empleos y oportunidades para
pequeñas y medianas empresas de servicios nacionales. Es un espacio
gubernamental-empresario para impulsar la actividad.
La megaminería es cuestionada por medio
centenar de asambleas cordilleranas que denuncian al menos cuatro puntos
de la actividad: la contaminación ambiental, el despojo de los recursos
naturales (“bienes comunes”), el cambio drástico que implica la llegada
de la megaminería a pueblos y pequeñas ciudades, y falta de consulta
sobre qué futuro desean para los lugares donde viven. No aceptan que
empresarios y políticos decidan, sin escuchar a las poblaciones, la
explotación de yacimientos mineros.
En la última década, sólo dos ciudades
pudieron votar si aceptaban o rechazaban la megaminería, Esquel (2003) y
Loncopué (Neuquén, 2012). En ambas gano el “no a la mina” por más del
80 por ciento de los votos. Los gobiernos provinciales han prohibido
plebiscitos en Calingasta (San Juan), Andalgalá y Tinogasta (Catamarca),
y en Famatina y Chilecito (La Rioja).
Leyes
En la última década el Congreso
Nacional, con mayoría oficialista, sancionó tres leyes que pueden leerse
como posibles frenos al extractivismo.
En noviembre de 2006 se
sancionó la Ley 26.160, que frena los procesos judiciales de desalojos
de comunidades indígenas y ordena relevar, en tres años, todos los
territorios indígenas.
El retraso del relevamiento obligó a prorrogar
la ley hasta noviembre de 2013. A casi seis años de la sanción, hay
provincias donde aún no ha comenzado el relevamiento (Neuquén).
La Auditoría General de la Nación (AGN)
alertó en junio de 2012 que en tres años sólo se relevó el cuatro por
ciento de las comunidades y destacó que se desconocía el destino del 70
por ciento de los 24 millones de pesos que se giraron a las provincias
para llevar adelante el programa. “El Programa de Relevamiento
Territorial ha logrado un escaso nivel de ejecución en sus primeros tres
años de implementación, sobre mil 470 comunidades indígenas se
relevaron las carpetas técnicas de 62, esto es el 4.22 por ciento”,
denunció la AGN.
La llamada “ley de glaciares” fue
sancionada dos veces. Fue aprobada por amplia mayoría del Congreso el 22
de octubre de 2008. Se interpreta, de aplicarse, como un virtual freno a
la avanzada de la megaminería. Fue vetada por la Presidenta el 10 de
noviembre. “El veto Barrick”, la bautizó el funcionario nacional,
Enrique Martínez, entonces presidente del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI).
En septiembre de 2010 volvió a
aprobarse con el nombre formal de Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos
para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Prohíbe
las actividades contaminantes en los cuerpos de agua, hielo y sus zonas
aledañas, y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser
realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.
La norma fue frenada judicialmente por
una medida cautelar debida a una presentación de la empresa Barrick Gold
en San Juan. Recién en julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia
ratificó la vigencia de la ley. La norma estableció un plazo de 180 días
para la realización del relevamiento.
En marzo de 2013, el Ianiglia difundió
una gacetilla con el “primer informe del Inventario Nacional de
Glaciares”. Relevó “cuerpos de hielo” en seis provincias, donde “se
identificaron más de 4 mil glaciares que cubren un área superior a los 3
mil 700 kilómetros cuadrados”.
El Ianiglia presentó el trabajo a la Secretaría de Ambiente de la Nación, pero nunca hizo público los informes completos.
La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (más conocida
como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007, pero la
Presidenta tardó 14 meses en reglamentarla. Lo hizo luego del alud que
inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal, en febrero de 2009,
donde organizaciones sociales y académicos acusaron a la tala selectiva
por venta de madera y por la actividad petrolera.
A cinco años de la sanción de la norma,
en febrero pasado, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN) y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto en el que -con
base en datos oficiales- evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de
Bosques. “Si bien desde la sanción de la Ley el promedio de
deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento (pasó de
aproximadamente 280 mil a 230 mil hectáreas al año), sigue siendo muy
elevado: según datos oficiales entre 2008 y 2011 se desmontaron 932 mil
109 hectáreas. Santiago del Estero (399 mil 660), Salta (222 mil 868),
Formosa (113 mil 109) y Chaco (102 mil 592) son las provincias con mayor
deforestación”, afirman las organizaciones no gubernamentales.
El informe, llamado “Ley de Bosques:
cinco años con pocos avances”, estima que desde la sanción de la ley
hasta fines de 2012 se deforestaron 1 millón 145 mil 044 hectáreas: 229
mil 9 hectáreas por año, 627 hectáreas por día, 26 hectáreas por hora.
Si se suman los desmontes del periodo 2004-2008 (1 millón 356 mil 868),
en los últimos nueve años se arrasaron 2 millones 501 mil 912, el
equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
Una ley, nacida de las organizaciones
campesinas, fue presentada en noviembre de 2011. Propone frenar los
desalojos rurales por cinco años. Aunque fue presentada por legisladores
oficialistas (Frente Transversal y Movimiento Evita), el proyecto no
fue aprobado.
Corporaciones
“No soy la Presidenta de las
corporaciones”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre
de 2011, en el discurso de reasunción del poder en el Congreso
Nacional.
En abril de 2009, la presidenta recibió
en Casa de Gobierno a Peter Munk, presidente de Barrick Gold, la mayor
multinacional minera. El encuentro se repitió en junio de 2010, en
Toronto (Canadá), en el marco de la cumbre del G20. El veto a la ley de
glaciares y el desarrollo de Pascua Lama (proyecto binacional, con
Chile, de extracción de oro) fueron parte de las crónicas periodísticas.
El 15 de junio de 2012, en un almuerzo
en el Consejo de las Américas (espacio emblemático del establishment
económico estadounidense), la presidenta Kirchner anunció: “Hace unos
instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy
importante en materia de maíz. Y además estaban muy contentos porque
Argentina hoy está a la vanguardia en materia de eventos
biotecnológicos. Aquí tengo el prospecto de Monsanto. Una inversión muy
importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con
una nueva semilla de carácter transgénico”.
Monsanto es la mayor corporación del
agronegocios. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas
(transgénicas y convencionales), el 86 por ciento del mercado de
transgénicas y es uno de los mayores productores de agrotóxicos. Dos
meses después del anunció, en agosto, el Ministro de Agricultura aprobó a
Monsanto una nueva semilla de soya (“RR2 Intacta”).
Como ya fue mencionado, YPF anunció un
“preacuerdo” con la estadounidense Chevron. Se trata de una de las
mayores compañías petroleras del mundo; fue condenada en Ecuador a pagar
19 mil millones de dólares por contaminación: 103 millones de litros de
crudo derramado (650 mil barriles), 63 mil millones de litros de agua
tóxica arrojada a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas
donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos.
Modelo
Horacio Machado Aráoz es docente de la
Universidad Nacional de Catamarca y militante del Colectivo Sumaj
Kawsay (parte de la Asamblea Socioambiental del NOA -Asanoa-). “Si bien
en muchos aspectos y dimensiones esta década pasada significó el avance
en la restitución y recuperación de derechos conculcados o vulnerados
desde el terrorismo de estado al neoliberalismo de guerra de los
noventa, también hay que marcar que en esta década se abrió un nuevo
ciclo de violación a los derechos humanos”, afirma Machado Aráoz. Y
denuncia: “Los derechos más elementales de poblaciones fumigadas,
intoxicadas a gran escala, sometidas a voladuras y a la contaminación
masiva de sus fuentes de agua, sus suelos y su atmósfera, poblaciones
perseguidas y reprimidas, por policías provinciales, por la Gendarmería y
por patotas y guardias para-policiales armadas desde una perversa
articulación ‘público-privada’ por terratenientes sojeros, empresarios
mineros, petroleros, y caudillos políticos provincianos”.
Araóz, coautor del libro “15 mitos y
realidades de la minería transnacional en Argentina”, describe que en la
última década en las provincias ha crecido el “feu-deralismo
extractivista”. Explica que los “ingresos” de las actividades
primario-exportadoras contribuyen muy poco a avanzar en la
democratización de las sociedades: “Si bien recuperaron los niveles de
empleo y se redujo la pobreza, también es cierto que creció la
proporción de la población cautiva, sujeta a los mandatos de punteros
políticos que manejan la administración arbitraria de políticas y
recursos asistencialistas”.
Resume al extractivismo como la
“combinación de la depredación de los ecosistemas, la degradación de las
condiciones de salud, y el deterioro y vulneración de derechos y las
condiciones de una democracia sustantiva”.
Pueblos originarios
En mayo de 2010, una histórica marcha de
pueblos indígenas llegó hasta Plaza de Mayo, en el marco de las
celebraciones del “Bicentenario”. Marcharon durante una semana en tres
columnas (NOA, NEA y Patagonia) y fueron recibidos por la presidenta.
Hubo promesas de nuevas leyes, entrega de radios comunitarias y fotos
protocolares, pero no hubo respuesta sobre la principal demanda de los
pueblos indígenas: el territorio.
Un año después, se conoció el audio de
esa histórica reunión. La Presidenta advirtió que priorizará la
actividad petrolera por sobre las comunidades y les pidió ser
“inteligentes” para aceptar los avances de la modernidad. Fue la
confirmación de que el modelo extractivo (ejemplificado con el petróleo)
iba a tener prioridad por sobre territorio indígena. El discurso de la
presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en nueve oportunidades a
ser “inteligentes” para negociar y aceptar los cambios. También llamó a
ser “realistas” y “sensatos”.
Cuando la reunión terminaba, de
imprevisto, tomó la palabra Paz Argentina Quiroga, amta (guía
espiritual) del pueblo nación warpe de San Juan. ”Le pido que tenga una
reflexión en relación a estas cuestiones porque no es sólo un problema
de discriminación, es una deuda histórica que el país de los argentinos
-que va a cumplir 200 años- todavía tiene (…) Soy capaz de decirle en la
cara y mirándola a los ojos que tenemos mucha inteligencia. No se trata
sólo de organizarse y ser inteligente cuando tenemos un territorio
avasallado por las trasnacionales”, contestó la referente warpe y le
aclaró: ”somos un pueblo espiritual y de resistencia. Hemos resistido
pero también necesitamos de un estado nacional y provincial que ejecute
las leyes”.
A tres años de aquel hecho histórico,
la guía espiritual evalúa los diez años de gobierno kirchnerista: “Esta
década unos la dan por ‘ganada’ y otros por ‘perdida’. Para los pueblos
indígenas es una década ensangrentada, llena de dolor, desalojos y
judicialización. Este gobierno no cesa con sus planes extractivistas,
una muestra es que entrega la cordillera a las multinacionales mineras.
Pero estamos de pie y seguiremos en lucha”.
Un capítulo aparte debe escribirse sobre
la lucha de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera), de
Formosa. La sistemática violencia del gobierno de Gildo Insfrán es un
símbolo del padecimiento de los pueblos originarios de Argentina y de la
impunidad de los gobiernos feudales.
Represión
El 9 de febrero de 2012, un centenar de
efectivos reprimió violentamente en Tinogasta (Catamarca) a hombres,
mujeres y niños que cortaron el paso a los camiones de Minera Alumbrera,
símbolo de la megaminería en Argentina. Hubo balazos de goma en
rostros, patadas a mujeres y gases lacrimógenos para todos.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC,
que reúne a asambleas de todo el país) declaró el estado de altera y
movilización. “La respuesta de los gobiernos cómplices de las
transnacionales ha sido la represión (…) Las amenazas y los maltratos
hacia las resistencias populares a la brutal megaminería no finalizan
(…) La brutalidad y las amenazas provenientes del Estado nacional y los
estados provinciales, no cesa. Las empresas mineras pretenden avanzar
sin más, imponiendo su política de ganancias y destrucción”, señalaron
en comunicado.
En julio de 2012, en Cerro Negro (cruce
de rutas 40 y 60), la policía de Catamarca y grupos de choque
reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería y bloqueaban el
paso de camiones de Minera Alumbrera. En un hecho insólito en
democracia, 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la
provincia.
En noviembre pasado fue el turno
de Rawson, donde patotas promineras, de la Uocra y punteros políticos
golpearon con cadenas y palos a asambleístas en la puerta de
Legislatura.
El sábado 11 de mayo pasado reprimieron a
asambleístas de Famatina (La Rioja), que resiste el avance de la
megaminería. El miércoles 22 de mayo, la policía de Chaco reprimió un
corte de ruta en Castelli (realizado por comunidades qom y
organizaciones sociales que reclamaban por la forma de distribución de
planes sociales). El 24 de mayo fue el turno de comunidades tonocoté en
Santiago del Estero.
Se trata de sólo un puñado de las decenas de
represiones de los últimos años.
La judicialización también está
presente. Solo en el NOA hay 150 activistas socioambientales
judicializados. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas
contabilizó 347 integrantes del pueblo mapuche judicializados en
Neuquén por defender el territorio. El Movimiento Campesino de Santiago
del Estero (Mocase-VC) precisa que 500 campesinos enfrentan causas
judiciales por resistir los desalojos.
En los últimos años cinco años se
sucedieron asesinatos y muertes dudosas (catalogados como “accidentes”
por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones
sociales): Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán),
Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López
(noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010,
pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian
Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván
(octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y
Lila Coyipé –beba de 10 meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa),
Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak
(enero de 2013, qom de La Primavera) y Florentín Díaz (22 de mayo, qom
de Chaco).
Tanto la violencia contra asambleas
socioambientales como los asesinatos de campesinos e indígenas tienen un
denominador común: el silencio de la Presidenta.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/07/diez-anos-de-extractivismo-kirchnerista-en-argentina/
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario