México.
La construcción de presas para el abasto de agua y el desarrollo de la
industria hidroeléctrica en México genera millonarias ganancias para
unos cuantos y deja en la miseria, sin tierras de cultivo ni vivienda
digna a los habitantes originarios de las tierras donde se construyen
este tipo de desarrollos.
A continuación se presentan los casos de
las presas El Cajón, La Yesca, Tres Cruces y Aguamilpa, en los estados
de Nayarit, Jalisco y Durango, donde la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y empresas privadas prometieron un “cambio de vida” a los
pobladores, los despojaron de sus tierras, construyeron presas y luego
faltaron impunemente a su palabra, violando toda clase de leyes
nacionales e internacionales.
Morir esperando
Cuando a la muerte física le sigue el olvido, entonces si se aniquila al otro, se borra toda huella que pueda aparecer como reclamo de justicia […] el
olvido borra también la continuidad del tiempo, la conciencia de que
sobre las ruinas de la injusticia del pasado siguen estando
fundamentadas las injusticias del presente. Mondragón A.
Nayarit. Don Higinio falleció hace
varios meses en la sierra. Él no fue enterrado en su pueblo, El Ciruelo,
pues éste ya no existe, quedo bajo las aguas del río Santiago. Y se
murió esperando el pago por sus árboles de ciruelo. Él, como todos los
habitantes de su comunidad, sufrió el desplazamiento forzoso por la
presa hidroeléctrica El Cajón, construida en el estado de Nayarit e
inaugurada por Vicente Fox un día antes de abandonar la presidencia de
la República.
Morir esperando es algo usual para los
que viven el desplazamiento forzoso en México. Cuando estos proyectos
hidráulicos llegan a las comunidades campesinas e indígenas, se llena a
los habitantes de promesas e ilusiones: ¡Ustedes estarán mejor que
antes! ¡Ahora el gobierno se acordó de ustedes! Y nunca faltan los
animosos habitantes que dicen: “¡Vamos a salir de pobres!”
Pareciera que los impulsores de la CFE y
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) no tienen memoria, no recuerdan
que no podemos hablar de un caso exitoso de desplazamiento y más bien
de decenas de conflictos que quedan abiertos por década, oxidándose. Y, a
veces, estos habitantes no sólo no reciben el resarcimiento monetario
que se les prometió, sino que nuevamente reciben la amenaza de un
proyecto.
Pero ¿cómo se puede pagar el territorio,
o el daño psicosocial que las comunidades enfrentan no sólo después de
la reubicación sino durante la construcción?
Guadalupe Lara, habitante de Arcediano,
comunidad que estaba localizada en la barranca de Huentitán, vio cómo
fue destruido su pueblo, así como el tejido social por parte de la
CONAGUA y la Comisión Estatal del Agua (CEA) , las cuales pretendían
construir la contaminados del país, en Guadalajara. Esta presa por ahora
está suspendida y las autoridades de vez en cuando hacen declaraciones
contradictorias: con bombo y platillo anuncian maravillas, y días más
tarde se retractan. Pero, ¿quién le paga a ella estos años de dolor en
un espacio donde el futuro no existe, pues la incertidumbre es lo que la
acompaña diariamente?
El desarrollo de la energía
hidroeléctrica y de abasto de agua por construcción de presas en México,
ha dado a unos cuantos lucrativas ganancias, a costa de la pérdida de
vidas, tierras y modos de sustento, mediante la violación de leyes
nacionales e internacionales.
Las afectaciones no sólo incluyen la
falta de vivienda digna y dotación de tierras, sino problemas de salud
física y mental, la disminución de cultivos y alimentación, experiencias
individual y colectiva de tensión, nervios, ansiedad, temor, depresión y
tristeza profunda y duradera, así como problemas sociales, resultado de
vivir en un clima de continuas sospechas, estigmatización y temor, y la
pérdida de sitios sagrados y culturales, como cementerios y lugares de
oración.
No existe ningún mecanismo que garantice
los derechos de las personas afectadas, para que puedan presentar sus
quejas o negociar por la ayuda prometida.
Es de vital importancia que se
reconozcan y se aborden los errores históricos de los casos, para que
nunca vuelvan a repetirse y promover procesos de reparación de daños,
que vayan más allá de la compensación económica, es decir, deben
reconocerse los abusos, proporcionarse los medios para reparar o
restaurar los problemas asociados, incluyendo la mejora de los modos de
sustento.
Pero, ¿dónde están los responsables
directos e indirectos de la violación sistemática por proyectos
hidráulicos en México? ¿Hay posibilidad de justicia para los pueblos que
con base en un supuesto desarrollo se les excluye y mata?
La CONAGUA y la CFE no deberían promover
otro proyecto sin antes pagar a todas las comunidades que han sido
afectadas realizando procesos de resarcimiento, cerrar todos los casos
que en México están sin resolver; y si han de promoverlos, tendría que
ser respetando el marco jurídico internacional, el derecho a la consulta
e informando libre y previamente a las comunidades, respetándolas si la
decisión es negativa.
Hay otros actores en estos conflictos
socio-ambientales, como las empresas constructoras. Estos agentes
no-estatales deberían ser responsables también por sus políticas y
prácticas. Las presas en nuestro país están manchadas de sangre y por
ello será juzgado el Estado mexicano en el marco del Tribunal Permanente
de los Pueblos en la mesa de devastación ambiental, promovido por el
Movimiento Mexicano de Afectados por Represas en Defensa de los Ríos
(MAPDER).
La preaudiencia “Presas, derechos de los
pueblos, impunidad” se realizará en Temacapulín, Jalisco el 5 y 6 de
noviembre; y el 8 de noviembre se dará en Guadalajara el fallo del
jurado y, finalmente, el 9 de noviembre en el Distrito Federal se
entregará el fallo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ésta es
una oportunidad histórica para poder juzgar a las autoridades
involucradas en estos conflictos: presas de La Yesca, El Zapotillo y
Arcediano, en Jalisco; El Cajón, en Nayarit; y Cerro de Oro, en
Oaxaca-Veracruz. Además en el foro de denuncia se presentarán los casos
de Picachos, Sinaloa y Aguamilpa, Nayarit.
Ya lo dijo el antropólogo Scott
Robinson: “Las presas –hidroeléctricas e hidráulicas– son no sólo
ejemplos de la imposición de una estrategia energética sui generis del
Estado y sus socios, sino también se han convertido en símbolos de un
modelo de desarrollo agresivo, extractivo y violador de derechos
fundamentales de las comunidades, que junto a las minas, son hoy la
cabeza de playa de un modelo extractivo de inversión pública y privada
que despoja a los afectados a cambios de promesas, compensaciones y
‘reacomodos’ sin futuro”.
Presa La Yesca: llegaron, prometieron y se fueron
“Ya que él miró que no acepté lo que me
ofrecía, entonces me dijo, ira Dima, cuida tu vida. Fue allí en la plaza
de La Yesca donde me dijo, y entonces le dije yo, pues cuídala también
tú porque yo peleo por lo mío ‘onde quiera que sea, y sí voy a seguir
peleando”.
Testimonio de un afectado por la construcción de la presa
Jalisco y Nayarit. Hay muchos casos como
éste en Hostotipaquillo, Magdalena, Tequila y la Yesca, municipios
afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Yesca en
los estados de Jalisco y Nayarit. Roberto, de la cabecera municipal de
Hostotipaquillo, recibió amenazas de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) para que venda su casa y se construya una de las torres para el
tendido eléctrico.
Cuando la Comisión llegó a
Hostotipaquillo trajo una oleada de impunidad y promesas perdidas. Se
realizaron reuniones entre los ayuntamientos que serían afectados y las
secretarías estatales y federales pertinentes, lo que culminó en un
documento (PHY-RS-CCS-09/08) donde la CFE prometía al menos 18 obras de
compensación; solamente cinco habían sido cumplidas para diciembre de
2009, cuando se tomó la presa.
La CFE y el Proyecto Hidroeléctrico La
Yesca llevaron a esa región promesas incumplidas, confusión,
hostigamiento, intranquilidad y despojo de la propiedad, de la tierra y
el agua. “Nos ilusionaron y ahora vemos que son la ‘comisión del
engaño’. Estábamos alborotados como las novias, y a la hora de la hora
fueron puras palabras. A los poquitos que les dieron trabajo les pagan
mil 300 pesos diarios por 14 horas. Ahora pensamos que si no nos
cumplen, que nos dejen las tierras como estaban, porque ya no vamos a
tener a donde llevar el ganado”, señaló en El Informado Marcelo Rojas,
de la cabecera municipal.
En aquel diciembre, 300 pobladores de
los ejidos Llano de Los Vela, Sayulimita, El Guayabo, La Mesa del
Corredor, El Paso de la Yesca y Hostotipaquillo –con presencia de gente
del municipio El Salvador y de algunos ejidos del municipio de Tequila,
acompañados por el entonces presidente municipal priista de Hosto, Hugo
Moreno Miramontes (PRI) y del panista diputado federal Ignacio Téllez
(PAN)- obstruyeron la construcción de la macro hidroeléctrica de 220.5
metros, puesto que la mayoría de los acuerdos no habían sido cumplidos.
Luego de un diálogo, la construcción de
la obra se liberó, y los diputados y alcaldes desaparecieron con el
bloqueo. El Ejido Llano de los Vela recibió como respuesta, un año
después, un decreto de expropiación de sus tierras; se les pagó menos de
la mitad de lo que pedían y no se tomaron en cuenta los bienes
distintos a la tierra.
La CFE prometió capacitación, equipo,
permisos y asesoría para la formación de cooperativas de pesca. Para
2010, 14 cooperativas de pesca denunciaron que la capacitación y
organización gratuita de las cooperativas se daría únicamente si los
pescadores accedían, por contrato, a vender su producto a quien la CFE
designara. También denunciaron que estas cooperativas no fueron
contempladas dentro de las que sí podrían pescar en el embalse, según
designios de la Universidad Autónoma de Nayarit y la CFE.
La central hidroeléctrica de La Yesca
fue construida por un consorcio donde está Grupo ICA, La Peninsular y
Advisa; en un principio se cotizó en 800 millones de dólares, lo que se
incrementó en 550 millones, y aumenta.
La falla geológica llamada Colapso, en
el cañón del Río Santiago -que se une a las fallas Colapso 1 y Colapso
2- provocó que la cortina de la presa se moviera, en abril de 2008.
Además, la montaña sufrió un “descopete” porque las fallas provocaron
que cada día la cima de la montaña se girara aproximadamente 2
centímetros –tan solo mover esa punta del cerro costó poco más de 50
millones de dólares-, como se mencionó en El Universal.
Otro problema es relativo a la salud.
Adriana Pérez, del centro de salud, declaró en 2009 que “se me acaban
las fichas porque la población de Hostotipaquillo aumentó de 10 mil a 15
mil habitantes con los empleados de la CFE, además de que los contagios
por papiloma humano y sífilis se incrementaron hasta 20 por ciento”.
Presa Las Cruces: destrucción de biodiversidad y lugares sagrados
Durango. En el cauce del río San
Pedro-Mezquital, en Durango, se encuentran Muxatena y Piedra Blanca,
lugares que tal vez a la CFE no le signifiquen nada pero para el pueblo
náyeri (cora) son lugares sagrados que les significan mucho más de lo
que podremos entender. También están San Juan Corapan y San Blasito,
poblaciones que serían directamente afectadas.
La desembocadura del río San Pedro
alimenta con sedimento y agua dulce a las Marismas Nacionales, de
importancia internacional por su biodiversidad y aporte para la pesca.
Es en este río, sostén económico y cultural de miles de personas náyeri,
wixaritari y mestizos, campesinos y pescadores, donde la CFE pretende
construir la presa Tres Cruces, una más en el sistema hidrológico
Santiago.
Esta construcción desplazaría
forzosamente a poblaciones enteras, que con la sequía y la salinización
del agua no encontrarían más sustento que la migración; lenta, dolorosa y
progresivamente se destruirían las culturas y tradiciones de la sierra
nayarita. Las voces de los afectados por la presa Aguamilpa –construida
también sobre el cauce del río Santiago, en los años noventa- llegan a
estas poblaciones, que temen que repitan aquí los efectos sociales,
ambientales, económicos y culturales causados en aquella construcción.
Pero ese temor lleva también organización y resistencia.
Ejidos y comunidades afectadas –de la
costa y río arriba- no han sido consultados ni debidamente informados de
los trabajos y proyecciones de la CFE sobre el río, lo que supone una
clara violación a ley; además, el Consejo Indígena e Intercomunitario en
defensa del último río libre del país está enterado del proyecto pero
no tiene toda la información necesaria, que es obligación del Estado
proporcionar.
Además de que no se han tomado en cuenta
los tratados internacionales de la lista RAMSAR sobre Marismas
Nacionales, la CFE, en su forma usual de actuar, obtuvo de forma
irregular dos permisos de asambleas comunales y recurre a las amenazas y
al engaño para obtener la anuencia de los habitantes de la zona sin
proporcionar información adecuada sobre las afectaciones reales de la
construcción.
Por ello, autoridades tradicionales
coras, tepehuanos, mexicaneros y wixárikas del Nayarit, así como
delegados y delegadas de los pueblos tzotzil, tseltal, chontal, maya
quiché, mam, ch’ol, chatino, mixteco, afromexicano, mazateco, totonaca y
nahua, y mestizos de diferentes estados, reafirmaron durante el
Encuentro Nacional Intercultural del Movimiento Mexicano de Afectados
por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) que “es social y
políticamente injustificable e inaceptable la exclusión de la mayor
parte de los habitantes de la cuenca del San Pedro, en la definición de
los procesos de desarrollo de sus comunidades como es el caso del
proyecto hidroeléctrico Las Cruces, y los Consejos Indígenas e
Intercomunitario declaramos nuestra rotunda oposición a este proyecto.
Publicado el 5 de noviembre de 2012
Entradas
TRIBUNAL PERMANTE de los PUEBLOS.
ResponderEliminarFALLO sobre afectaciones y violaciones a derechos humanos de presas en Jalisco y Nayarit del jurado de la Preaudiencia Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad.
Caso presa hidroeléctrica “Las Tres Cruces”, NAYARIT. EL FALLO: “La CFE ha ignorado los grandes impactos sociales y culturales que esta obra acarrearía en caso de realizarse”.
http://rivieranayaritone.blogspot.mx/2012/11/tribunal-permante-de-los-pueblos-fallo.html