Colombia es un país que ha conocido varios exterminios sistemáticos, brutales. Si el de la Unión Patriótica
(UP) a fines de los ’80 y princiopios de los ’90, dejó claro que el
establecimiento no iba a permitir alternativas de izquierdas en el país,
la reacción ante la nueva Ley de Restitución de Tierras no está siendo
menos violenta. Hace unos días cayeron dos líderes de los colectivos
campesinos que reclaman sus tierras de vuelta.
A Manuel Ruiz, de 56 años, y a su hijo Samir, de 15, los retuvieron y desaparecieron los paramilitares el
23 de marzo. Manuel era ‘culpable’ de ser parte de las comunidades de
los ríos Jiguamiandó y Curbaradó (Chocó) que están reclamando las 100
mil hectáreas de tierras que les fueron arrebatadas por los
paramilitares en las cruentas ofensivas de 1997 a 1999 para introducir
el monocultivo de Palma Africana.
Según ha denunciado el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), desde el año 2005 han sido asesinados, al menos, 66 líderes de
organizaciones reclamantes de tierras y el 40% de estas muertes ocurrió
entre 2010 y 2011, cuando la ley de Restitución tomaba forma. Sólo en
la zona de Manuel Ruiz han sido asesinados cinco líderes en los últimos
dos años.
Manuel y su hijo engordan ahora esa nefasta lista de este exterminio calculado para evitar que las comunidades recuperen las miles de hectáreas que les fueron arrebatadas en
la toma violenta de Colombia por parte de los paramilitares. Sus
cuerpos aparecieron este 27 de marzo en el municipio de Curbaradó con señales de tortura previo
a su muerte. Manuel, según relata la revista Semana, había pedido en
tres ocasiones protección al Ministerio del Interior de Colombia y no
había recibido respuesta.
La Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz explica así la situación previa a este
nuevo crimen: “[Manuel] había sido objeto de amenazas de muerte debido a
la reclamación de tierras ocupadas por los empresarios Victor Ríos, Fabián Ríos y Carlos Ríos por
medio de trabajadores suyos como el ‘Viyo’ y Leonel Holguín Muescan,
beneficiarios del paramilitarismo, y ocupantes de mala fe, que adelantan
negocios en los territorios de las comunidades”.
Movice denuncia que “a pesar de las repetidas alertas emitidas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y
otras organizaciones sociales y de derechos humanos, sobre el inminente
riesgo que enfrentaba Manuel, y que todavía enfrentan otros líderes del
Chocó, el Estado colombiano no cumplió con su deber de protección”.
También recuerda que en la audiencia de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Atención al Desplazamiento, convocada
por la Corte Constitucional en la última semana de enero de 2012, la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, Terry
Morel, informó que desde el 2007 han sido asesinados más de 1.400 desplazados, y que de cada doscientas denuncias de hostigamiento o amenaza se investiga una.
Según las organizaciones de víctimas, los grupos
paramilitares, supuestamente desmovilizados durante el gobierno de
Álvaro Uribe Vélez, siguen actuando en unos 400 municipios del país. Tal
y como explica Movice, si la ley de Restitución de Tierras no incluye
el desmantelamiento de esos grupos además de la judicialización de los
políticos y funcionarios que colaboran con ellas… deja a los reclamantes
de tierras y a los líderes comunitarios “sin garantías reales”.
La Corte Constitucional de Colombia emitió
un auto el pasado 7 de marzo en relación a este proceso en el que era
muy clara en el aspecto de la ausencia de garantías: “actualmente no se
responde a las situaciones de riesgo y a las consecuentes solicitudes de
protección. (…) sería imprudente presionar la realización de la
Asamblea General, si antes no se constata un avance concreto y serio en
el plan de prevención y protección que dé garantías al proceso”. Además,
ordenaba al Ministerio de Agricultura y al Incoder para que ampliaran
el territorio colectivo frente a ocupantes ilegales según corresponda,
para garantizar su integralidad.
El
auto se refiere específicamente al proceso de restitución de tierras en
el Jiguamiandó y el Curbaradó y concluye que es indispensable un “plan provisional urgente de prevención del desplazamiento y protección individual
y colectiva de estas dos comunidades”. Sin este plan, “no podrá
realizarse la Asamblea General eleccionaria del Consejo Mayor de la
cuenca del río Curbaradó”.
Por Equipo OtraméricaVìa:
http://www.elciudadano.cl/2012/04/02/50495/colombia-el-nuevo-exterminio/
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