El modelo productivo basado en los
monocultivos de soja, hace crecer la economía pero genera inestabilidad
social que puede desembocar en crisis políticas. La tentación es usar la
fuerza armada para resolverlos.
A fines de setiembre comienzan las obras para construir el World Trade Center de Asunción.
El primer paso es demoler casas antiguas y excavar el terreno. “Con
cada ladrillo, ventana, puerta, que sacaremos de ahí nos comprometimos a
construir un centro educativo en el Bañado Norte”, explicó el director de la empresa Capitalis que dirige el proyecto[1].
“Policía realizará jornada de socialización en el Bañado Sur”, titula el diario ABC,
explicando que los uniformados brindarán servicios de odontología,
pediatría, ginecología y oftalmología a los vecinos. También emitirán
cédulas de identificación, habrá servicios de peluquería y “charlas
preventivas a cargo de la División Antinarcóticos. La banda de música de la Policía Nacional ameniza la jornada”[2].
“Enorme operativo fiscal-policial en el Bañado Sur”, titula Última Hora,
en referencia a la intervención de cien policías y dos helicópteros que
revisaron decenas de viviendas del barrio y detuvieron a cinco
personas[3]. El mismo día que se produjo ese operativo policial, el
diario ABC informaba: “Madres luchadoras por la salud de sus hijos
marchan este viernes en el Bañado Sur hasta al comisaría 24 en contra de
la venta ilegal de drogas”[4].
La
marcha de las madres se produjo en el mismo barrio que el operativo,
pero su objetivo era denunciar a la comisaría de Policía exigiéndole que
“trabaje para erradicar la venta ilegal de droga”, en concreto crack[5].
No hace falta mucha imaginación para saber que las madres estaban
acusando a los policías de ser cómplices de los traficantes.
En toda América Latina los barrios populares como el Bañado Sur, entre la ciudad formal y el río Paraguay,
son objeto de la permanente intervención policial y militar[6]. La
excusa son las drogas, los detenidos suelen ser jóvenes pobres, personas
sin trabajo y sin futuro, a menudo expulsados del campo por el avance
de la soja, la minería y los monocultivos.
Por
diversas razones Paraguay es un buen observatorio para comprender las
causas de la militarización en la región. En 2010 el gobierno de Fernando Lugo decretó el estado de excepción en cinco departamentos, con la excusa de combatir un pequeño grupo denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)[7]. Un examen más detallado permite develar de qué se trata.
LAS RAZONES DEL MILITARISMO
En mayo Paraguay celebró su bicentenario de la independencia. El despliegue militar comenzó el 3 de mayo. “Las Fuerzas Armadas
despliegan un megaoperativo de seguridad, con 16 puestos ubicados en
distintos puntos de la ciudad y mil efectivos militares”[8]. Lo curioso
es que las celebraciones para las que se realizó semejante despliegue
fueron el 14 y 15 de mayo. En los hechos el despliegue militar duró un
mes.
Una mirada detallada de algunas
operaciones militares y policiales permite encontrar algunas respuestas.
El camino es observar el estado de excepción decretado por el gobierno
de Fernando Lugo, con apoyo del Congreso, en cinco departamentos del país: San Pedro, Concepción, Amambay, Presidente Hayes y Alto Paraná, tomando como excusa el asesinato de dos peones y un capataz en una hacienda de Concepción, atribuida al EPP[9].
En 2009 ya se habían realizado tres operativos militar-policiales contra ese grupo: Operativo Jeroviá (confiar), Operativo Triángulo y Sombra. En 2010 se realizó el Operativo Jaguareté y el quinto se denominó Py´a Guapy
(tranquilidad), ya en el marco del estado de excepción. En forma
paralela se realizaron operativos de asistencia en salud con donaciones
de los Estados Unidos.
En
los 30 días que duró el estado de excepción se registraron 96.330
personas (91.834 el ejército y 4.496 la policía)[10]. Hubo días que
fueron registradas más de seis mil personas sólo en esos cinco
departamentos, sobre todo en Concepción y San Pedro que han sido
epicentros de importantes luchas campesinas y contaban con fuertes
organizaciones sociales.
La primera
constatación es que los cinco departamentos tienen una población de
794.000 personas (Amambay 124 mil, Presidente Hayes 101 mil, San Pedro
355 mil, Concepción 190 mil y Alto Paraguay 24 mil). Eso quiere decir
que el 12% de los habitantes fueron registrados por militares y policías
en un mes. Si se quitan los ancianos y niños y se computa sólo a los
adultos, el porcentaje es mucho mayor. Si se cuenta sólo a los jóvenes,
es probable que la mayoría absoluta hayan sido revisados.
En
ese mes hubo 85 detenidos por militares y 142 por policías. Sólo hay
datos detallados para el segundo grupo. El resultado es que las tres
causas más importantes de detención fueron: robo agravado (15), abigeato
(12) e invasión de inmuebles (8). “Las causas tienen raíces en el alto
grado de desigualdad, concentración de la riqueza, mala distribución de
la tierra y expansión del hambre y la miseria”, explica Irala[11].
La
invasión de inmuebles es una práctica común del movimiento campesino y
el robo de ganado en pequeña escala es el modo de sobrevivencia de los
campesinos pobres. “El estado de excepción culminó sin atrapar al EPP y
sin aclarar las muertes, pero sirvió para vincular a las fuerzas armadas
en las tareas de seguridad interna”, señala el informe.
Desde un enfoque sociológico, Cristina Coronel del Serpaj señala
que el estado de excepción “generó un clima de desconfianza en la zona,
de ruptura de vínculos, de temor entre los propios pobladores,
pretendiendo visibilizar estos delitos comunes de manera de criminalizar
las luchas sociales”[12].
En sus
conclusiones, el trabajo de Irala destaca que hay un avance importante
de la “militarización en democracia”, con la presencia de asesores colombianos
que son “la principal referencia en cuanto a seguridad para el
Paraguay”. Registra una división del trabajo por la cual las acciones de
carácter humanitario de las fuerzas armadas son acompañadas y dirigidas
por organismos del gobierno de Estados Unidos como su embajada en
Paraguay.
LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
En
lugar destacado señala que el modelo “neoliberal extractivista”
conlleva una hipótesis de conflicto que no es hacia fuera sino “hacia
adentro”, cuyo protagonista es “el enemigo interno, que fácilmente
pueden ser las organizaciones y movimientos sociales críticos al
sistema”[13].
En el marco del Foro Social América realizado en Asunción en agosto de 2010, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y Base Investigaciones Sociales
realizaron el seminario “Desarrollo, militarización y criminalización”,
cuyas ponencias se difundieron un año después en el libro “La dimensión
represiva y militar del modelo de desarrollo” coordinado por la
socióloga Marielle Palau.
Sostiene
que en Paraguay hay dos proyectos de país contrapuestos: “Por un lado,
el lucro, y por otro, el derecho de comunidades enteras a continuar
existiendo”[14]. La principal oposición de este modelo son las
comunidades y organizaciones campesinas y los pueblos indígenas. Por eso
son reprimidos.
Desde que terminó la
dictadura en 1989, hasta 2008, cuando Lugo llegó al gobierno con un
discurso progresista, “fueron asesinados 105 militantes campesinos en el
marco de la lucha por la tierra, diez de los cuales ocurrieron durante
el gobierno de Lugo”, dice Palau. En 2003 cuando de forma masiva se
judicializó la protesta, tres mil militantes fueron imputados “como
estrategia para desmovilizar la lucha campesina”[15].
Desde
que Lugo llegó al gobierno la soja siguió avanzando: en dos años la
superficie cultivada creció un 10%. La criminalización se ha agudizado.
En 2010 el Gobierno y la embajada de Estados Unidos
impulsaron la “Iniciativa de la Zona del Norte” que “habilita legalmente
una fuerte presencia norteamericana en varios departamentos del país,
justamente donde existe mayor presencia de organizaciones campesinas y
donde la soja se encuentra en agresiva expansión”[16].
Juan Martens, abogado de la Codehupy (Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay)
sostiene que existe un proceso de criminalización y prisionización
creciente de la dirigencia social”[17]. En su opinión, un caso muy grave
fue la detención en enero de 2010 de varios dirigentes de la Organización Campesina del Norte, en Concepción, a 420 kilómetros de Asunción, acusados de apoyar al EPP.
La
fiscalía no pudo siquiera decir en su acta qué hicieron. En este
momento hay 500 militantes sociales procesados y “las torturas son cada
vez más frecuentes”[18]. La justicia comenzó a usar la figura de
“perturbación de la paz pública” por realizar marchas que no cortan
rutas y de “sabotaje” al bloqueo de carreteras que supone 10 años de
prisión.
De este modo se comenzó a
perseguir actores que antes no eran alcanzados por el sistema penal.
Martens denuncia además que han sido detenidas madres con sus hijos
menores, desde dos meses hasta cinco años, que los defensores de
derechos humanos están siendo amenazados y que se registra “la
militarización del aparato de seguridad” con el apoyo de Usaid[19].
El
resultado, según Palau, es que los sujetos que históricamente
enfrentaron el agronegocio “hoy se encuentran más silenciados” y “las
organizaciones campesinas desmovilizadas”[20]. En opinión de Martens,
“las organizaciones que no entraron a formar parte del Gobierno, que
siguen en resistencia, tienen sus miembros encarcelados por un lado, y
procesados por otro”[21].
MODELO PRODUCTIVO
Irala
sostiene que hay tres razones que explican la creciente militarización
del país. Por un lado, el narcotráfico, “sobre todo en las zonas rurales
y más recientemente en las urbanas”[22]. En la zona donde se aplicó el
estado de excepción, la soja avanza a ritmos importantes, sobre todo en
los departamentos del Chaco, por lo cual “hay un alto grado de población sin tierra y eso genera conflictos”.
Con
frecuencia se registran enfrentamiento entre campesinos y
“brasiguayos”, colonos brasileños con tierras en Paraguay. El conflicto
más reciente se produjo en Caaguazú, en agosto, con
disparos de armas de fuego. Pero el agronegocio también necesita avanzar
sobre los departamentos de San Pedro y Concepción, donde enfrenta
mayores dificultades.
Además existen
plantaciones de marihuana que ocupan vastos territorios. “Al parecer hay
un conflicto de interesas en el cual el agronegocio necesita avanzar
sobre las tierras del narcotráfico y en ese conflicto la militarización
juega a favor de la soja. El campesino que planta marihuana es el último
en la escala y la mujer, cuando lo meten preso, vende ese terreno para
sacarlo de la cárcel, y se lo vende a los sojeros”, explica Irala.
La soja necesita seguir avanzando, como está sucediendo en toda la región. En Brasil hacia la Amazonia, en Argentina hacia
el norte expulsando campesinos. En Paraguay, “el modelo se mueve hacia
el Chaco, igual que en Brasil, donde la soja desplaza a la ganadería y
esta emigra hacia la selva. Eso puede cerrar el círculo de la
militarización”.
La segunda se
relaciona con el clima de inseguridad que lleva al Gobierno a hacer algo
para “tranquilizar” a la opinión pública. Esto puede explicar los
operativos en los Bañados, acompañados siempre por una amplia difusión
mediática. De otro modo no se puede entender el despliegue en los días
del bicentenario, “con tanques que coparon las calles de la ciudad y
tomaron las entradas de Asunción durante varias semanas”.
La
tercera razón se relaciona directamente con el terrorismo. Se trata de
un grupo que tendría no más de diez o quince integrantes, que en modo
alguno puede ser considerado una amenaza. Sin embargo, “con la cobertura
mediática de los medios masivos de comunicación para estos operativos
se ha logrado asociar a los campesinos con el narcotráfico”, enfatiza
Irala.
Puede parecer extraño que el
Gobierno de un obispo que apoyó con fervor la lucha por la tierra, haya
cambiado al punto de no hacer la reforma agraria y perseguir a los
movimientos. Es el mismo camino que están siguiendo los demás gobiernos
de la región: no pueden o no tienen fuerzas para cambiar el modelo
productivo, pero no quieren sufrir las consecuencias.
Paraguay
creció un 15% en 2010. Una cifra asombrosa que, sin embargo, no
resuelve sus problemas. Puede, incluso, agudizarlos si no se consigue
abordar la tremenda desigualdad, que es el caldo de cultivo de la
descomposición de las sociedades.
RECURSOS
ABC (diario): www.abc.com.py
Abel Irala, “Los nuevos rostros de la militarización”, Serpaj-PY, Asunción, 2011.
La Nación (diario): www.lanacion.com.py
Marielle Palau (comp) “La dimensión represiva y militar del modelo de desarrollo”, BASE-IS/Diafonía/Serpaj-PY, Asunción, 2011.
Raúl Zibechi, entrevista a Abel Irala, 6 de agosto de 2011.
Última Hora: www.ultimahora.com/
[1] La Nación, 26 de agosto de 2011.
[2] ABC, 5 de agosto de 2011.
[3] Última Hora, 29 de julio de 2011.
[4] ABC, 29 de julio de 2011.
[5] Idem.
[6]
Sobre los Bañados: Raúl Zibechi, “Bañados de Asunción: La potencia de
la comunidad”, Programa de las Américas, 24 de julio de 2008.
[7] “Estado de excepción en Paraguay: Riesgos de militarización”, Programa de las Américas, 11 de mayo de 2010.
[8] Última Hora, 3 de mayo de 2011.
[9] Abel Irala, “Los nuevos rostros de la militarización”, ob cit. p. 33.
[10] Idem p. 35.
[11] Idem p. 36.
[12] Idem.
[13] Idem p. 46.
[14] “La dimensión represiva y militar del modelo de desarrollo”, ob cit p. 122.
[15] Idem p. 123.
[16] Idem p. 124.
[17]
Juan Martens, “Campesinos/as son los chivos expiatorios de una política
de seguridad militarizada”, en “La dimensión represiva y militar del
modelo de desarrollo”, ob cit p. 143.
[18] Idem p. 146.
[19] Idem p. 149.
[20] Idem p. 125.
[21] Idem p. 148.
[22] Entrevista a Abel Irala.
Por Raúl Zibechi
15/09/2011
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org/es).
Publicado en www.cipamericas.org
Vìa, fuente :
http://www.elciudadano.cl/2011/09/26/41350/militarismo-en-paraguay-la-otra-cara-del-modelo-extractivo/
http://www.elciudadano.cl/2011/09/26/41350/militarismo-en-paraguay-la-otra-cara-del-modelo-extractivo/
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