Hoy conocemos que los bancos ingresaron 11.409 millones de euros por comisiones en 2009, y que, además, no pagan IVA por esas comisiones. Eso supone un fraude legal
de casi dos mil millones. Precisamente, los balances que los mismos
bancos publican para publicitarse ante sus clientes son una muestra de
descrédito social en este momento de crisis sistémica: El BBVA, presidido por Francisco González, obtuvo el año pasado un beneficio de 4.606 millones de euros, un 9.4% más que en 2009. Por su parte, el Santander de Botín ha obtenido respectivamente beneficios de 9.060, 8.876, 8.943 y 8.181 millones de euros en los cuatro últimos años.
No es de extrañar, pues, que se multipliquen las resistencias contra
la más poderosa institución al margen del control democrático junto a
las calificadoras de riesgo, entre otras. Frente a medidas como la privatización de las Cajas de Ahorro y el mantenimiento de estructuras causantes de la crisis, como es el caso de las calificadoras de riesgo privadas -Standard&Poors, Moody’s Investors Service y Fitch Ratings-
que siguen imponiendo el precio de la deuda, surgen iniciativas
populares en estos primeros meses de 2011. Frente a una ley hipotecaria
urdida a la medida de los bancos y contra el “oligopolio” de las
Agencias de Calificación, dos son las iniciativas que se han puesto en
marcha en nuestro país;
-El 25 de Febrero, un grupo de abogados reunidos bajo la plataforma Unión por las Libertades Civiles y el Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales, presentó una querella contra las sedes españolas de las agencias de calificación de riesgo por
“alterar los precios del mercado bursátil con sus informes de
calificación y utilizar información privilegiada en beneficio propio y
de sus clientes en contra de los contribuyentes y los pequeños
ahorradores”. Se estima que estas agencias han podido obtener beneficios
anuales de 3.000 millones de euros castigando la calidad de los
préstamos concedidos a países como Grecia, Portugal o España. Recordemos
que dichas agencias son las mismas que etiquetaron con AAA (la máxima calificación) a las hipotecas basura que provocaron la debacle subprime, exportada desde EEUU a Europa. En Grecia también se plantean demandar a Moody´s.
-El 30 de Marzo se presentó en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que la entrega del piso cancele la deuda hipotecaria.
IU y ERC ya lo intentaron, pero la propuesta se rechazó por los votos
en contra de PP y PSOE. Ahora se necesitan 500.000 firmas en nueve
meses, pero no podrán empezar a recogerse hasta que se acepte a trámite
la iniciativa, lo que supone unos dos meses de burocracia desde la fecha
de entrega de la misma.
-Al
margen de estas iniciativas, otras resistencias parten de otras formas
de organización ciudadana. Varias plataformas de afectados han
conseguido frenar ejecuciones hipotecarias con acciones directas en la
calle mientras se extienden campañas como “STOP desahucios”, organizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Fuente, vìa :
http://tercerainformacion.es/spip.php?article23824
http://tercerainformacion.es/spip.php?article23824
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