20minutos
Entre los afectados hay desde abogados hasta parados sin subsidio con ingresos |
Todo residente en
España tiene derecho a la asistencia sanitaria pública. Hasta aquí la
Ley (14/1986). Y ahora el agujero: decenas de miles de personas son
víctimas de un sistema que, en la mayoría de los casos, las obliga a acogerse a un seguro privado,
ya que no cuentan con tarjeta sanitaria. Personas –pacientes– que no
disfrutan de atención gratuita en hospitales o centros públicos y que
deben correr con la factura de sus gastos sanitarios.
El Ministerio de Sanidad cifra en 180.000 las personas
que se quedan fuera de la llamada universalización de la cobertura
sanitaria. Pero el Ministerio asegura también que los colectivos que no
están amparados por el sistema público son los que, en principio,
dispondrían de recursos para financiarse la asistencia. No obstante, se quedan fuera los parados sin el subsidio de desempleo
que dispongan de rentas o recursos anuales por encima del salario
mínimo interprofesional (641 euros al mes) y personas que no han
trabajado nunca o de manera esporádica y también con ingresos por encima
del salario mínimo, junto a aquellos que ejercen profesiones liberales
incluidas en colegios profesionales, como muchos abogados o arquitectos,
que no están integrados en el régimen de trabajadores autónomos en la
Seguridad Social.
Un coste "irrelevante" "Es un problema a
resolver, porque además tendría un coste económico muy irrelevante",
asegura Marciano Sánchez, de la Federación de las Asociaciones de
Defensa de la Salud Pública (FADSP), que da una clave para entender el limbo en el que viven
esos 200.000 afectados: "La ley del 86 asume las leyes anteriores que
fijaban que la cotización a la Seguridad Social marcaba la asistencia
sanitaria". De ahí la exclusión de grupos no cotizantes, como los
colegiados no sujetos al régimen de autónomos y los que han agotado el
paro y ya no cotizan pero cuentan con ingresos por encima del salario
mínimo, por lo que no entran en el grupo de personas sin recursos, que
sí tienen garantizada la cobertura.
La crisis, sin embargo, parece estar reñida con los datos oficiales. Expertos consultados por 20 minutos aseguran que, siendo difícil de calcular, la cifra de excluidos se aleja bastante de la que fija Sanidad y podría superar los 300.000 afectados.
La crisis –dicen las mismas fuentes– ha multiplicado los casos en los
últimos meses, ya que cada vez más personas agotan el subsidio sin haber
conseguido otro trabajo. El Ministerio de Sanidad asegura que no tiene
constancia de este repunte.
"Pedimos que el Estado de derecho se
cumpla. La cobertura es universal para residentes en España", asegura el
abogado Santiago Herrera, que matiza que el sistema ha cambiado,
y la Seguridad Social (la cotización) ya no determina la cobertura: "Se
sufraga con cargo a los Presupuestos Generales"», es decir, sale de
impuestos como el IRPF, que pagan personas que no reciben un servicio a
cambio.
Los expertos recuerdan además que las competencias en
Sanidad están transferidas a las comunidades, lo que dificulta aún más
un acuerdo común. Y añaden que el debate sobre el copago sanitario –el
cobro por servicios como consultas o ingresos– pone todavía más en
riesgo a estos afectados. Mientras, desde el Ministerio de Sanidad
aseguran que su intención es la de sacar una ley que permita prestar
"una cobertura sanitaria universal" en España.
"Pedí un duplicado y no tenía número" "Me
enteré cuando pedí un duplicado de mi tarjeta sanitaria, que había
perdido. Me dijeron que no me podían dar otra, que me había quedado sin
cobertura para mi tarjeta. Vamos, que no tenía número". Julio –nombre
ficticio, porque el protagonista de la historia quiere permanecer en el
anonimato– se vio obligado a hacerse un seguro privado después de
enterarse (en noviembre y en el paro) de que no contaba con cobertura
pública. "No me dieron muchos detalles... Te quedas al descubierto por
completo. Y esto pasa en España, no en un país subdesarrollado. Al
final, cuentas con derechos que realmente no tienes".
Una radiografía, 15 euros "Los
médicos en la pública atienden a cualquier paciente, eso por supuesto",
asegura Marciano Sánchez para confirmar que, a pesar de no contar con
la tarjeta sanitaria, los 200.000 afectados siempre pueden acudir al
sistema público. Eso sí, después vendrá la factura, que varía en
cada comunidad autónoma. Pero, de media, una radiografía puede llegar a
los 15 euros; un TAC, a los 120, y una resonancia, a los 300 euros.
Vìa :
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=127159
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=127159
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