Presiones directas del embajador de Estados
Unidos sobre el gobierno de Bachelet lograron cambiar la normativa y
permitir la ejecución de la termoeléctrica Campiche. La gestión estuvo a
cargo de los propios ministros y buscó, además, neutralizar un fallo de
la Corte Suprema, según informa Ciper Chile. El escándalo no termina
ahí: el ex abogado de AES Gener, Rodrigo Hinzpeter, es ahora ministro
del Interior, mientras que el actual subsecretario de Energía fue hasta
febrero gerente general de una de sus filiales.
Un nuevo cable de Wikileaks, dado a conocer por el sitio periodístico Ciper Chile, reveló cómo las presiones de la embajada de Estados Unidos lograron que la ex Presidenta Michelle Bachelet y su gabinete pasaran sobre un fallo unánime de la Corte Suprema y la institucionalidad medio ambiental para lograr la aprobación de la termoeléctrica Campiche. Escándalo que roza además al actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Fue en junio de 2009, luego de la larga pelea que la comunidad de Puchuncaví había dado para impedir que ahí se instalara termoeléctrica a carbón, que la Corte Suprema, por unanimidad falló en contra de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de Valparaíso, que en 2008 había aprobado la construcción de la central Campiche. Según el máximo tribunal, la resolución era ilegal pues no consideraba el uso de suelo para áreas verdes con el fin de permitir la construcción del proyecto altamente contaminante lo que “provoca un menoscabo evidente al entorno” y vulneraba el “derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.
El fallo de la Suprema encendió la alerta en Washington ya que AES Gener, empresa de dueña de Campiche, es la filial de AES, la segunda compañía energética de Estados Unidos, según informa Ciper y detalla que la inversión que en ese momento quedaba paralizada ascendía a US$ 500 millones. Además, la termoeléctrica buscaba generar 270 MW de potencia, correspondiente a un tres por ciento de la matriz chilena en ese momento y a un diez por ciento de los proyectos en construcción.
Fue entonces que el embajador estadounidense en Chile, Paul Simons, según revela Wikileaks, tomó cartas en el asunto y comenzó un fuerte lobby al interior de La Moneda. Repartiendo entre los ministerios una carta del secretario de Comercio en Washington, Gary Locke, el diplomático aseguraba que la paralización de Campiche ponía en riesgo la inversión extranjera en el país, no sólo de Estados Unidos, también de Corea e Italia, proveedores del proyecto.
Y Simons encontró un apoyo cerrado en las autoridades chilenas. Luego de reunirse con los entonces ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma; de Energía, Marcelo Tokman, y de Economía, Hugo Lavados, el embajador recibió todo el respaldo del gobierno para “resolver el problema” y sacar adelante el proyecto, incluso, el jefe de gabinete se comprometió a dedicar al mejor de sus asesores a solucionar el tema.
El blanco de las gestiones diplomáticas para instalar la empresa privada estadounidense en Chile era ahora el director de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Álvaro Sapag, pero ahí también las puertas estuvieron abiertas… y de par en par, ya que como se revela en los cables, el director del organismo público se reunió al menos seis veces con los ejecutivos de AES Gener para trabajar en conjunto los pasos que los llevarían a obtener el permiso medio ambiental.
La piedra de tope que ahora quedaba era, precisamente, la calificación en el uso del suelo impugnada por la Suprema. El tema era resorte de la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, y hasta esa repartición llegó entonces Simons el 9 de noviembre de 2010. Según el cable revelado por Wikileaks, en la reunión la secretaria de Estado reconoció que “ha recibido muchas peticiones para encontrar una vía para que AES Gener pueda reanudar el trabajo en la planta”, entre ellas, una llamada de la Presidenta Bachelet.
El embajador contó además que en el encuentro la ministra Poblete le señaló que hubiera sido más simple recurrir a ella antes de comenzar a construir la termoeléctrica y no perder tiempo en gestiones con la cartera de Energía.
Acordaron cambiar el Plan Regulador de la zona para permitir el emplazamiento de Campiche. Trabajo en el que ya estaba abocado ese ministerio y que, en vista de que la propuesta había recibido 66 observaciones desde la Contraloría General de la República, Poblete le contó que estaban conversando directamente con la oficina del contralor Ramiro Mendoza para asegurarse de que fuera aceptado.
Pero el gobierno de Bachelet ya estaba llegando a su fin y el tiempo apremiaba. En una movida estratégica, AES Gener decidió mirar hacia el futuro y contratar al estudio Bofill, Mir & Álvarez, Hinzpeter, Jana Abogados, del que era socio el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para llevar la arista judicial del caso.
Por su parte, el gerente general de AES Gener, Felipe Cerón, se reunió con la ministra Poblete y le contó a Simons que le había señalado que el cambio en el Plan Regulador se demoraría hasta febrero de 2010, pero que el gobierno barajaba la opción de modificarlo por decreto si fuera necesario. Y así fue, el 31 de diciembre de 2009, a pocos días de dejar el poder, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo Nº 68 donde cambiaban las condiciones del juego estableciendo que si el 30 por ciento de la superficie permite un uso de suelo para actividades productivas, se podrán desarrollar.
Esa era precisamente la situación en la que se encontraba la zona donde se emplazaba Campiche, con un 33 por ciento del terreno destinado a uso industrial. El camino estaba ahora despejado para la instalación de la termoeléctrica, pues con esto se echaban por tierra además los argumentos que había esgrimido la Corte Suprema en su fallo.
Era el alcalde de Puchuncaví, hasta ese momento uno de los más férreos opositores al proyecto, el último escollo por salvar. La solución salió del bolsillo: la empresa se comprometió a invertir cerca de cuatro millones de dólares en la comunidad y ochenta millones de dólares para mejorar la tecnología de las cuatro plantas termoeléctricas emplazadas en la zona. Un aporte de campaña al que ningún alcalde se puede negar.
“Santos en la corte”
Pero la “presencia” de AES Gener en Chile no se limita a Campiche ni al pasado gobierno.
A través de Empresa Eléctrica Angamos, AES Gener contempla comenzar a operar en abril la primera unidad de la termoeléctrica Angamos, en Mejillones. El proyecto está conectado con el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), su construcción ha estado a cargo de la empresa surcoreana Posco Engineering & Construction Co. y la filial tiene contratos con Minera Escondida y Minera Spence, ambas de BHP Billiton, para vender casi la totalidad de la energía que produzca.
En la misma bahía de Mejillones se desarrolla la termoeléctrica Cochrane, que contempla la inversión de US$1.100 millones mediante la filial Norgener y fue aprobada por la Corema de Antofagasta en septiembre de 2009.
La compañía también desarrolla la central termoeléctrica Los Robles, en el sector Punta Pacoco de Constitución, con una inversión de US$1.300 millones. El proyecto fue aprobado por la Corema del Maule, decisión criticada duramente en un informe de la Cámara de Diputados que subraya sus efectos en el medioambiente.
Asimismo, AES Gener impulsa el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, aprobado a fines de marzo de 2009 por la Corema metropolitana. Implica una inversión de US$700 millones para la construcción de dos centrales, Alfalfal II y Las Hojas, que abastecerían con 531 megawatts al Sistema Interconectado Central. Sus efectos en los ríos del valle y el abastecimiento de agua potable en la región Metropolitana provocaron oposición ciudadana y también cuestionamientos desde la Cámara de Diputados. Aun así, el ex ministro de Energía, Ricardo Raineri, señaló en noviembre que el proyecto tendría un impacto ambiental bajo. La compañía espera iniciar las obras este año.
Sin embargo, el escándalo que se generó al conocer el contenido de los cables diplomáticos detallando la red de influencias a la que hizo mano la empresa estadounidense, motivó a parlamentarios socialistas a pedir que se investiguen estas denuncias.
Marcelo Díaz, diputado PS, recalcó que con esto se revela “el poder económico, articulado con el poder político y lobbysta… hoy día uno de ellos ministro del Interior que estuvo detrás del lobby de Campiche, y que también tiene vínculos privados con Castilla, y antes otro ministro del Interior. Aquí lo que está en juego es la legitimidad y la ley en la defensa de los intereses de las comunidades afectadas por estos megaproyectos que tienen impactos medio ambientales devastadores”.
Efectivamente, tener al ex abogado de la empresa, Rodrigo Hinzpeter, como ministro del Interior, le podría dar confianza a la multinacional de poder salvar los escollos con los que se puedan encontrar para ejecutar sus proyectos energéticos, pese a la oposición ciudadana y a las fiscalizaciones de los diputados.
El ímpetu indagatorio de los diputados, quienes solicitan ampliar el plazo e incluir estos antecedentes en la comisión investigadora por aprobación de proyectos energéticos que actualmente funciona en la Cámara, fue bien recibida desde La Moneda.
“Me parece estupendo, creo que una de las facultades de la Cámara es la de fiscalización, si quiere fiscalizar las acciones del gobierno anterior en esta materia, bienvenido sea”, dijo confiado el biministro de Energía y Minería, Laurence Golborne.
Lo que el secretario de Estado no mencionó es que la empresa sumó recientemente un nuevo “santo en la corte”: el actual subsecretario de Energía, Sergio del Campo, fue desde 2002 y hasta asumir el cargo en febrero de 2011, gerente general de Eléctrica Guacolda, empresa que opera la termoeléctrica del mismo nombre, y que también es una filial de AES Gener.
Fuente, vìa :
http://radio.uchile.cl/noticias/104699/
Un nuevo cable de Wikileaks, dado a conocer por el sitio periodístico Ciper Chile, reveló cómo las presiones de la embajada de Estados Unidos lograron que la ex Presidenta Michelle Bachelet y su gabinete pasaran sobre un fallo unánime de la Corte Suprema y la institucionalidad medio ambiental para lograr la aprobación de la termoeléctrica Campiche. Escándalo que roza además al actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Fue en junio de 2009, luego de la larga pelea que la comunidad de Puchuncaví había dado para impedir que ahí se instalara termoeléctrica a carbón, que la Corte Suprema, por unanimidad falló en contra de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de Valparaíso, que en 2008 había aprobado la construcción de la central Campiche. Según el máximo tribunal, la resolución era ilegal pues no consideraba el uso de suelo para áreas verdes con el fin de permitir la construcción del proyecto altamente contaminante lo que “provoca un menoscabo evidente al entorno” y vulneraba el “derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.
El fallo de la Suprema encendió la alerta en Washington ya que AES Gener, empresa de dueña de Campiche, es la filial de AES, la segunda compañía energética de Estados Unidos, según informa Ciper y detalla que la inversión que en ese momento quedaba paralizada ascendía a US$ 500 millones. Además, la termoeléctrica buscaba generar 270 MW de potencia, correspondiente a un tres por ciento de la matriz chilena en ese momento y a un diez por ciento de los proyectos en construcción.
Fue entonces que el embajador estadounidense en Chile, Paul Simons, según revela Wikileaks, tomó cartas en el asunto y comenzó un fuerte lobby al interior de La Moneda. Repartiendo entre los ministerios una carta del secretario de Comercio en Washington, Gary Locke, el diplomático aseguraba que la paralización de Campiche ponía en riesgo la inversión extranjera en el país, no sólo de Estados Unidos, también de Corea e Italia, proveedores del proyecto.
Y Simons encontró un apoyo cerrado en las autoridades chilenas. Luego de reunirse con los entonces ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma; de Energía, Marcelo Tokman, y de Economía, Hugo Lavados, el embajador recibió todo el respaldo del gobierno para “resolver el problema” y sacar adelante el proyecto, incluso, el jefe de gabinete se comprometió a dedicar al mejor de sus asesores a solucionar el tema.
El blanco de las gestiones diplomáticas para instalar la empresa privada estadounidense en Chile era ahora el director de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Álvaro Sapag, pero ahí también las puertas estuvieron abiertas… y de par en par, ya que como se revela en los cables, el director del organismo público se reunió al menos seis veces con los ejecutivos de AES Gener para trabajar en conjunto los pasos que los llevarían a obtener el permiso medio ambiental.
La piedra de tope que ahora quedaba era, precisamente, la calificación en el uso del suelo impugnada por la Suprema. El tema era resorte de la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, y hasta esa repartición llegó entonces Simons el 9 de noviembre de 2010. Según el cable revelado por Wikileaks, en la reunión la secretaria de Estado reconoció que “ha recibido muchas peticiones para encontrar una vía para que AES Gener pueda reanudar el trabajo en la planta”, entre ellas, una llamada de la Presidenta Bachelet.
El embajador contó además que en el encuentro la ministra Poblete le señaló que hubiera sido más simple recurrir a ella antes de comenzar a construir la termoeléctrica y no perder tiempo en gestiones con la cartera de Energía.
Acordaron cambiar el Plan Regulador de la zona para permitir el emplazamiento de Campiche. Trabajo en el que ya estaba abocado ese ministerio y que, en vista de que la propuesta había recibido 66 observaciones desde la Contraloría General de la República, Poblete le contó que estaban conversando directamente con la oficina del contralor Ramiro Mendoza para asegurarse de que fuera aceptado.
Pero el gobierno de Bachelet ya estaba llegando a su fin y el tiempo apremiaba. En una movida estratégica, AES Gener decidió mirar hacia el futuro y contratar al estudio Bofill, Mir & Álvarez, Hinzpeter, Jana Abogados, del que era socio el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para llevar la arista judicial del caso.
Por su parte, el gerente general de AES Gener, Felipe Cerón, se reunió con la ministra Poblete y le contó a Simons que le había señalado que el cambio en el Plan Regulador se demoraría hasta febrero de 2010, pero que el gobierno barajaba la opción de modificarlo por decreto si fuera necesario. Y así fue, el 31 de diciembre de 2009, a pocos días de dejar el poder, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo Nº 68 donde cambiaban las condiciones del juego estableciendo que si el 30 por ciento de la superficie permite un uso de suelo para actividades productivas, se podrán desarrollar.
Esa era precisamente la situación en la que se encontraba la zona donde se emplazaba Campiche, con un 33 por ciento del terreno destinado a uso industrial. El camino estaba ahora despejado para la instalación de la termoeléctrica, pues con esto se echaban por tierra además los argumentos que había esgrimido la Corte Suprema en su fallo.
Era el alcalde de Puchuncaví, hasta ese momento uno de los más férreos opositores al proyecto, el último escollo por salvar. La solución salió del bolsillo: la empresa se comprometió a invertir cerca de cuatro millones de dólares en la comunidad y ochenta millones de dólares para mejorar la tecnología de las cuatro plantas termoeléctricas emplazadas en la zona. Un aporte de campaña al que ningún alcalde se puede negar.
“Santos en la corte”
Pero la “presencia” de AES Gener en Chile no se limita a Campiche ni al pasado gobierno.
A través de Empresa Eléctrica Angamos, AES Gener contempla comenzar a operar en abril la primera unidad de la termoeléctrica Angamos, en Mejillones. El proyecto está conectado con el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), su construcción ha estado a cargo de la empresa surcoreana Posco Engineering & Construction Co. y la filial tiene contratos con Minera Escondida y Minera Spence, ambas de BHP Billiton, para vender casi la totalidad de la energía que produzca.
En la misma bahía de Mejillones se desarrolla la termoeléctrica Cochrane, que contempla la inversión de US$1.100 millones mediante la filial Norgener y fue aprobada por la Corema de Antofagasta en septiembre de 2009.
La compañía también desarrolla la central termoeléctrica Los Robles, en el sector Punta Pacoco de Constitución, con una inversión de US$1.300 millones. El proyecto fue aprobado por la Corema del Maule, decisión criticada duramente en un informe de la Cámara de Diputados que subraya sus efectos en el medioambiente.
Asimismo, AES Gener impulsa el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, aprobado a fines de marzo de 2009 por la Corema metropolitana. Implica una inversión de US$700 millones para la construcción de dos centrales, Alfalfal II y Las Hojas, que abastecerían con 531 megawatts al Sistema Interconectado Central. Sus efectos en los ríos del valle y el abastecimiento de agua potable en la región Metropolitana provocaron oposición ciudadana y también cuestionamientos desde la Cámara de Diputados. Aun así, el ex ministro de Energía, Ricardo Raineri, señaló en noviembre que el proyecto tendría un impacto ambiental bajo. La compañía espera iniciar las obras este año.
Sin embargo, el escándalo que se generó al conocer el contenido de los cables diplomáticos detallando la red de influencias a la que hizo mano la empresa estadounidense, motivó a parlamentarios socialistas a pedir que se investiguen estas denuncias.
Marcelo Díaz, diputado PS, recalcó que con esto se revela “el poder económico, articulado con el poder político y lobbysta… hoy día uno de ellos ministro del Interior que estuvo detrás del lobby de Campiche, y que también tiene vínculos privados con Castilla, y antes otro ministro del Interior. Aquí lo que está en juego es la legitimidad y la ley en la defensa de los intereses de las comunidades afectadas por estos megaproyectos que tienen impactos medio ambientales devastadores”.
Efectivamente, tener al ex abogado de la empresa, Rodrigo Hinzpeter, como ministro del Interior, le podría dar confianza a la multinacional de poder salvar los escollos con los que se puedan encontrar para ejecutar sus proyectos energéticos, pese a la oposición ciudadana y a las fiscalizaciones de los diputados.
El ímpetu indagatorio de los diputados, quienes solicitan ampliar el plazo e incluir estos antecedentes en la comisión investigadora por aprobación de proyectos energéticos que actualmente funciona en la Cámara, fue bien recibida desde La Moneda.
“Me parece estupendo, creo que una de las facultades de la Cámara es la de fiscalización, si quiere fiscalizar las acciones del gobierno anterior en esta materia, bienvenido sea”, dijo confiado el biministro de Energía y Minería, Laurence Golborne.
Lo que el secretario de Estado no mencionó es que la empresa sumó recientemente un nuevo “santo en la corte”: el actual subsecretario de Energía, Sergio del Campo, fue desde 2002 y hasta asumir el cargo en febrero de 2011, gerente general de Eléctrica Guacolda, empresa que opera la termoeléctrica del mismo nombre, y que también es una filial de AES Gener.
Fuente, vìa :
http://radio.uchile.cl/noticias/104699/
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