Sociedad : Abusos a migrantes en América Latina: “Estamos hablando de seres humanos, no de ganado o mercancía”. Loreto Soto. Trabajos precarios, discriminación, secuestros, torturas e incluso asesinatos, son algunos de las pesadillas que deben enfrentar los más de 25 millones de latinoamericanos que dejan sus países de origen para buscar una mejor calidad de vida. Un escenario que se torna cada vez más complejo al amparo de legislaciones débiles y de una política poco integradora, tanto en la región como en el resto del mundo.

De la mano de la globalización, los procesos migratorios y sus alcances se han convertido en un fenómeno

que está presente en todo el mundo. Año a año millones de personas abandonan sus lugares de origen para buscar, en su mayoría, un mejor futuro económico. Otros miles de millones hacen lo mismo huyendo de las guerras o de la persecución social y religiosa hacia otros países que prometen ser fuente de bienestar, seguridad y de una mejor calidad de vida.
Sin embargo, el camino hacia la “tierra prometida” reviste peligros que van desde problemas sociales como la discriminación y el racismo hasta abusos físicos e incluso asesinatos. Y es que los inmigrantes, en especial, los indocumentados componen el último eslabón de una cadena de vulnerabilidad que, en el caso de América Latina, está marcada por la falta de políticas y regulaciones jurídicas que aseguren los derechos de estas personas.
En la región, el principal foco de conflicto está instalado en México y las víctimas son los inmigrantes centroamericanos que aspiran cruzar la frontera para radicarse en Estados Unidos. “Honduras está un poco pobre, no hay mucho trabajo y queda una familia que mantener. Tengo tres hijos y tengo que trabajar duro para ellos, pero de todas formas quedan con hambre. Entonces, le comenté a mi esposa y le propuse que hiciéramos un esfuerzo para tratar de llegar a Estados Unidos”, relata Omar Macillas de 27 años a Radio 1812, minutos antes de recibir su primera comida caliente en dos semanas en una casa de paso para inmigrantes en las afueras del Distrito Federal.
Como él, 25 millones de latinoamericanos dejan sus lugares de nacimiento para migrar dentro de la misma región. De ellos, sólo tres millones optan por quedarse en países del continente en vez de llegar a Estados Unidos, según cifras de la Cepal.
Y la situación de un inmigrante latino en un país de su región puede ser igual o peor que a la que tendrían en EE.UU donde imperan leyes como la de Arizona. Sólo la semana pasada en Argentina se desató uno de los conflictos migratorios más tensos del último tiempo. Más de seis mil familias sin techo – en su mayoría inmigrantes bolivianos y paraguayos – se tomaron las 200 hectáreas del Parque Indoamericano en Buenos Aires para exigir soluciones habitacionales. El ambiente se tornó mucho peor cuando se involucraron bandas organizadas de narcotraficantes y de “barras bravas”, que comenzaron a amenazar a las personas y a cobrar por la ocupación de los predios en claras condiciones de hacinamiento. La ocupación terminó con enfrentamientos contra la policía federal que terminaron con la muerte de dos bolivianos y una paraguaya.
Los sucesos ocurridos en Argentina también grafican el nuevo cariz que han adquirido los procesos migratorios en nuestra región, donde grupos de narcotraficantes sacan provecho de la desesperación de las personas. En agosto de este año se encontraron 72 cadáveres de migrantes latinos en un rancho al norte de México. Una persona que logró salir ilesa del ataque indicó que la matanza había empezado después de que los inmigrantes se negaran a trabajar para uno de los carteles de droga en el área.
En este sentido, Oscar Chacón, de la Alianza Nacional de comunidades Caribeñas y Latinoamericanas indicó que “la triste realidad es que este tipo de incidentes de abusos tan graves pasan todos los días porque los migrantes se han convertido en una fuente más de ingresos para el crimen organizado, aparte de que manejan el tráfico de drogas, la trata de personas, también ahora han descubierto que estos cientos de miles de migrantes que transitan por México son personas que tienen el potencial de ser extraídos miles de millones de dólares en cobro de rescates, por lo que son secuestrados y torturados si las familias no transfieren el dinero. Se ha llegado prácticamente a ver al extranjero sin papeles como algo menos que un ser humano. Y aquí hay que recordar que no estamos hablando de ganado o de mercancía sino que de seres humanos”.

El caso chileno
Aunque en Chile el panorama no es tan radical, de todas formas, se presentan problemas especialmente a nivel laboral y jurídico, que también atentan contra los derechos fundamentales de los migrantes.
La masa migratoria chilena está compuesta principalmente por colombianos, que en su mayoría son refugiados políticos; peruanos que se concentran en la región Metropolitana, bolivianos en el norte y ecuatorianos. Por lo general y siguiendo la tendencia mundial, llegan a ocupar puestos laborales calificados como 3D, por sus siglas en inglés: Difíciles, peligrosos y sucios.
Según indicó el investigador ayudante de la clínica jurídica de migrantes de la Universidad Diego Portales, Juan Pablo Pino, la mayoría de las personas que llegan a Chile vienen en búsqueda de mejores perspectivas económicas, por lo que las irregularidades en este ámbito son pan del día.
En este sentido, el abogado indicó que hay que asumir que los inmigrantes “vienen en una condición de vulneración y, por lo tanto, en la búsqueda de protección se acogen a situaciones que no son idóneas”. “Para solicitar una visa sujeta a contrato, hay muchos casos en los cuales los migrantes, con el fin de regularizar su situación, presentan papeles que no son válidos. Hay gente que les presta una firma para celebrar un contrato y muchas veces son engañados porque les dicen que más adelante les conseguirán uno real conformando una suerte de bolsa de empleo  que posteriormente nunca llega. Después extranjería detecta que es un mismo empleador para varias personas y los que son sancionados son ellos, no el que prestó la firma”, señala.
A juicio de Pino “el problema que ofrece la política migratoria chilena es que la administración tiene una gran discrecionalidad porque hay muchas cosas que el Decreto de Ley 1094 no contempla y, por lo tanto, deja a criterio de las personas que están ejerciendo determinados cargos para concederles la condición de migrantes regularizados”.
Además, el abogado precisó que al ser una legislación redactada en 1975 no toma en cuenta la realidad migratoria del país en la actualidad. “En Chile no existía Estado de Derecho en ese minuto, por lo tanto, las políticas que ahí se describen no calzan con lo que hoy es este país. Hoy somos una nación que a los ojos del resto del continente es creciente y estable, por lo tanto, resulta atractivo y piensan que en aquí podrían progresar. Hay que asumir esa situación y debemos acoger a la población migrante y no podemos tener una política excluyente como las que están planteadas en este Decreto de Ley”, concluyó Pino.
Si bien, Chile ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos migrantes, precisamente, existen varios países con grandes flujos de entrada de personas que aún no se han adscrito. Este texto plantea una serie de garantías mínimas a las que deben estar sujetos las personas que llegan a otro país como por ejemplo,  a no ser objeto de castigo, tortura, trato cruel, inhumano y degradante; a no ser retenido en esclavitud o servidumbre,  a la seguridad y libertad de la persona contra arresto o detención arbitraria; a los servicios sanitarios esenciales y a la educación básica para los niños.
De hecho, fue la redacción de esta Convención, el 18 de diciembre de 1990, lo que dio origen a la conmemoración del Día Internacional del Migrante. Festividad que este año acarrea muchas deudas pendientes tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo.
Fuente, vìa :
http://radio.uchile.cl/noticias/95250/