… la causa real, la causa eficiente que hace que los hombres
pierdan el poder es que se han hecho indignos de ejercerlo… y hay otra
causa: que los gobernantes se hayan convertido, por su indiferencia, por
su egoísmo, por sus vicios, en incapaces e indignos de gobernar
Alexis de Tocqueville, Recuerdos de la Revolución de 1848
De entrada ha de plantearse como necesaria, políticamente, la
renuncia formal de Calderón al cargo de presidente constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos ante los resultados de su mal gobierno y
administración. Desde hace cuatro años, no ha sabido ni podido ejercer
más que sus facultades, sus obligaciones, cuyo centro de gravedad es que
“todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de
éste”. Uno de los principios fundamentales al que han de someterse, como
norma de conducta, los gobernantes y funcionarios del sistema
constitucional municipal, estatal y federal.
En el caso concreto de Calderón –impugnado por ilegítimo desde su
toma de posesión, y después por las oposiciones tachado de inepto ante
los escasos y cuestionados resultados, debido a su ineficacia–, existe
un creciente descontento popular que se ha prolongado a la degradada
clase media (la crisis económica de 2009, inducida a peores
consecuencias por las estúpidas medidas de Calderón y Ebrard que
paralizaron al endeble sistema de producción y consumo hasta provocar un
desastre en los mercados), alcanzando a los empresarios que, con sus
críticas por el mal manejo en la conducción del gobierno federal,
empujan a la nación y al Estado a una crisis general política, económica
y social.
La agenda calderonista está
desbordada de problemas. Su
fallida estrategia militar-policiaca no ha rendido solución a la
inseguridad, sembrada de cientos de miles de homicidios (no de simples
cadáveres sepultados en fosas comunes y uno que otro entregado a sus
familiares, si no de civiles inocentes catalogados como “daños
colaterales” por Calderón para justificar su “guerra”). Su política
económica, girando en el
pivote de su promesa de ser el
“presidente del empleo”, fracasó completamente. El desempleo, por la
falta de plazas (por la escasísima inversión pública y por no fomentar
empleo por la vía del sector privado), y los despidos generaron millones
de mexicanos sin acceso al mercado laboral y 12 millones, en el
informal, como “franeleros”, prostitución,
narcomenudeo, ambulantaje, etcétera.
No hay un renglón de las 18 secretarías del despacho presidencial
que reporte soluciones de corto plazo, salvo “bomberazos” en salud,
tragedias en el Instituto Mexicano del Seguro Social; desabasto de
medicinas, camas y doctores en todo el desordenado sistema de salubridad
pública, con el mito del Seguro Popular que sólo atiende un mínimo de
pacientes, mientras la mayoría sufre sus males con paliativos y engaños.
La pobreza es de proporciones masivas. Hay hambre y desnutrición en la
población. La corrupción gubernamental (lo que hace la
mano federal lo siguen los
desgobernadores,
incluyendo al Distrito Federal) es motivo para la desobediencia civil y
antesala para revueltas sociales con antecedentes en las continuas
protestas por actos abusivos de autoridad.
Al no fundamentar para su conexión constitucional en el artículo
29, la facultad presidencial de la fracción VI del artículo 89, ambos de
la Constitución, los más de 40 mil homicidios de esta “guerra”, se
están violando derechos humanos y garantías a los mexicanos
sobrevivientes en esas entidades, presas del miedo y de, en cualquier
balacera, ser privados de sus vidas en la total impunidad. Calderón
viola la fracción IV del artículo 76 constitucional al movilizar a las
fuerzas militares sin resultados favorables por restaurar la paz pública
(en cambio, amenaza con que “habrá más violencia”), y esta ilegalidad
da pie a un posible golpe de Estado militar, la intervención militar
estadunidense (que ya tiene sitiada la frontera Norte) y el
establecimiento de “un gobierno contrario a los principios”
constitucionales, por la rebelión incontenible de las delincuencias que
ya interrumpieron la observancia de la Constitución.
La renuncia de Calderón, que no ha de ser por su unilateral
voluntad (en privado ha dicho que no se irá), es posible por causa grave
que es el desastre nacional federal en todos los órdenes que, además,
ha incidido en la pésima conducción de la política internacional. Esa
causa grave está configurada en el artículo 86 constitucional y su nexo
con la fracción XXVII del artículo 73 como facultad del Congreso
general. Están dadas las condiciones para la renuncia de Calderón (y la
sustitución prevista en el párrafo III del artículo 84 constitucional),
ya que se ha convertido en un obstáculo y un nuevo problema, y que,
responsable de la actual situación federal, no hay más solución que
deshacerse de él. Plantear y pactar su salida antes de que sea acusado
por traición a la patria dada su desastrosa gestión, que ha puesto al
país al borde de un estallido masivo que colapse las instituciones
federales ya de por sí en crisis de funcionalidad. Se trata de poner a
salvo lo que permitiría restaurar la república y la democracia en el
contexto del estado de derecho constitucional con “los menores daños
posibles, y de modo que podamos deshacernos de los gobernantes incapaces
sin derramamiento de sangre” (Karl R Popper).
Estamos frente a una alternativa: renuncia Calderón por causa
grave o es llevado a juicio político. La nación entra cada vez más en un
desorden civil y los funcionarios de todo nivel acusan un relajamiento
constitucional que los ha hecho, “por su indiferencia (su cinismo), por
su egoísmo, por sus vicios, en incapaces e indignos de gobernar”. Las
protestas, para seguir diciéndolo con Tocqueville, son políticas y
sociales, para transitar hacia la explosiva situación de un
volcán, en el marco de los recientes festejos
oropelescos
de la Revolución y la Independencia, que por la pobreza, la impunidad,
el desempleo, la inseguridad y la corrupción son, nuevamente, causas
semejantes a las que generaron 1810 y 1910.
Contralínea 211 / 05 de diciembre de 2010
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