(Nueva York)—El Gobierno de Tailandia debe
asegurarse de que los manifestantes detenidos bajo el decreto de
emergencia declarado durante el reciente brote de violencia política en
Bangkok no sean encarcelados en lugares secretos ni torturados, dijo hoy
Human Rights Watch.
Esta semana, las fuerzas de seguridad tailandesas dispersaron por la fuerza a miles de simpatizantes del Frente Unido por la Democracia y contra la Dictadura (UDD), conocidos como los "camisas rojas", que estaban acampados en el distrito comercial de Bangkok desde marzo y que protagonizaron varios incidentes violentos. El Gobierno arrestó a varios líderes del UDD y a muchos de sus seguidores.
"Esta terrible crisis no es una excusa válida para maltratar a los manifestantes detenidos o mantenerlos en custodia en centros secretos", dijo Elaine Pearson, directora interina para Asia de Human Rights Watch. "Aquellos que hayan cometido un delito deberán ser adecuadamente procesados, pero todos deben ser tratados de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y en cumplimiento con el debido proceso legal".
El 7 de abril de 2010, el primer ministro tailandés Abhisit Vejjavija declaró a Bangkok y a otras provincias en estado de emergencia como reacción a las manifestaciones del UDD y a sus actividades delictivas. Las tensiones se intensificaron a partir del 14 de mayo, resultando en una de las batallas callejeras más brutales que se hayan visto en años en Tailandia, en que las fuerzas de seguridad estatales emprendieron contra militantes antigubernamentales armados que se mezclaron con los manifestantes pacifistas del UDD en Bangkok. Los enfrentamientos armados han resultado en al menos 52 muertos y más de 450 heridos, y la violencia se ha dispersado a otras partes del país.
El uso del Gobierno tailandés del draconiano Decreto de Emergencia sobre la Administración Pública en Situaciones de Emergencia (Decreto de Emergencia) levanta temores de que los derechos de los manifestantes detenidos no estén siendo respetados, dijo Human Rights Watch. El Decreto de Emergencia provee a las autoridades tailandesas inmunidad legal y amplios poderes para arrestar a individuos sin cargos en lugares informales de detención. Además, no asegura una supervisión judicial efectiva ni un acceso rápido a un asesor legal o miembros de la familia. El Centro para la Resolución de Situaciones de Emergencia (CRSE) del Gobierno todavía no ha facilitado ninguna información sobre el número de detenidos ni de su paradero actual, lo que aumenta los temores de tortura.
El riesgo de "desapariciones", tortura y otros malos tratos se incrementa significativamente cuando los detenidos se encuentran en régimen de incomunicación en lugares no oficiales por las fuerzas militares, que carecen de preparación y experiencia en el cumplimiento de las leyes civiles, señala Human Rights Watch.
Human Rights Watch expresó su preocupación frente a los informes de que se está recurriendo al Decreto de Emergencia para mantener a los prisioneros en lugares secretos, como campos militares, en vez de comisarías de la policía o cárceles. El 22 de abril, el CRSE ordenó que se utilizaran tres campos militares en las provincias de Prachinburi y Kanchanaburi para albergar a los manifestantes detenidos. El 19 de mayo, se informó que una base de Patrullas Fronterizas en la provincia de Petchaburi será utilizada específicamente para detener e interrogar a los líderes del UDD, incluyendo a Jatuporn Prompan, Nathawut Saikua, Veera Musikhapong, Weng Tojirakarn Korkaew Pikulthong, Kwanchai Praipana, Wiphuthalaeeng Pattanaphumthai, Nisit Sinthuprai, y Yosvaris Chuklom.
Desde el 15 de abril, el CRSE también ha llamado a comparecer a cientos de políticos, ex representantes del Gobierno, empresarios, activistas, académicos y operadores de radios comunitarias para que respondan ante las alegaciones que sugieren su vinculación a las protestas. Bajo el Decreto de Emergencia, el CRSE tiene autoridad para arrestar a quienes no acudan a la convocatoria.
"La combinación de sitios de detención secretos y funcionarios que no son obligados a rendir cuentas constituye una receta para el abuso de los derechos humanos", dijo Pearson. "Los arrestados deberían ser inmediatamente llevados ante un juez y ser acusados formalmente por un delito penal o puestos en libertad".
fuente, vìa :
http://www.hrw.org/es/news/2010/05/20/tailandia-asegurar-el-respeto-los-derechos-de-los-manifestantes-detenidos
Esta semana, las fuerzas de seguridad tailandesas dispersaron por la fuerza a miles de simpatizantes del Frente Unido por la Democracia y contra la Dictadura (UDD), conocidos como los "camisas rojas", que estaban acampados en el distrito comercial de Bangkok desde marzo y que protagonizaron varios incidentes violentos. El Gobierno arrestó a varios líderes del UDD y a muchos de sus seguidores.
"Esta terrible crisis no es una excusa válida para maltratar a los manifestantes detenidos o mantenerlos en custodia en centros secretos", dijo Elaine Pearson, directora interina para Asia de Human Rights Watch. "Aquellos que hayan cometido un delito deberán ser adecuadamente procesados, pero todos deben ser tratados de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y en cumplimiento con el debido proceso legal".
El 7 de abril de 2010, el primer ministro tailandés Abhisit Vejjavija declaró a Bangkok y a otras provincias en estado de emergencia como reacción a las manifestaciones del UDD y a sus actividades delictivas. Las tensiones se intensificaron a partir del 14 de mayo, resultando en una de las batallas callejeras más brutales que se hayan visto en años en Tailandia, en que las fuerzas de seguridad estatales emprendieron contra militantes antigubernamentales armados que se mezclaron con los manifestantes pacifistas del UDD en Bangkok. Los enfrentamientos armados han resultado en al menos 52 muertos y más de 450 heridos, y la violencia se ha dispersado a otras partes del país.
El uso del Gobierno tailandés del draconiano Decreto de Emergencia sobre la Administración Pública en Situaciones de Emergencia (Decreto de Emergencia) levanta temores de que los derechos de los manifestantes detenidos no estén siendo respetados, dijo Human Rights Watch. El Decreto de Emergencia provee a las autoridades tailandesas inmunidad legal y amplios poderes para arrestar a individuos sin cargos en lugares informales de detención. Además, no asegura una supervisión judicial efectiva ni un acceso rápido a un asesor legal o miembros de la familia. El Centro para la Resolución de Situaciones de Emergencia (CRSE) del Gobierno todavía no ha facilitado ninguna información sobre el número de detenidos ni de su paradero actual, lo que aumenta los temores de tortura.
El riesgo de "desapariciones", tortura y otros malos tratos se incrementa significativamente cuando los detenidos se encuentran en régimen de incomunicación en lugares no oficiales por las fuerzas militares, que carecen de preparación y experiencia en el cumplimiento de las leyes civiles, señala Human Rights Watch.
Human Rights Watch expresó su preocupación frente a los informes de que se está recurriendo al Decreto de Emergencia para mantener a los prisioneros en lugares secretos, como campos militares, en vez de comisarías de la policía o cárceles. El 22 de abril, el CRSE ordenó que se utilizaran tres campos militares en las provincias de Prachinburi y Kanchanaburi para albergar a los manifestantes detenidos. El 19 de mayo, se informó que una base de Patrullas Fronterizas en la provincia de Petchaburi será utilizada específicamente para detener e interrogar a los líderes del UDD, incluyendo a Jatuporn Prompan, Nathawut Saikua, Veera Musikhapong, Weng Tojirakarn Korkaew Pikulthong, Kwanchai Praipana, Wiphuthalaeeng Pattanaphumthai, Nisit Sinthuprai, y Yosvaris Chuklom.
Desde el 15 de abril, el CRSE también ha llamado a comparecer a cientos de políticos, ex representantes del Gobierno, empresarios, activistas, académicos y operadores de radios comunitarias para que respondan ante las alegaciones que sugieren su vinculación a las protestas. Bajo el Decreto de Emergencia, el CRSE tiene autoridad para arrestar a quienes no acudan a la convocatoria.
"La combinación de sitios de detención secretos y funcionarios que no son obligados a rendir cuentas constituye una receta para el abuso de los derechos humanos", dijo Pearson. "Los arrestados deberían ser inmediatamente llevados ante un juez y ser acusados formalmente por un delito penal o puestos en libertad".
fuente, vìa :
http://www.hrw.org/es/news/2010/05/20/tailandia-asegurar-el-respeto-los-derechos-de-los-manifestantes-detenidos
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