Un oleoducto amenaza el territorio
de tres pueblos indios en Ecuador. A pesar de que el gobierno de ese
país se comprometió a no explotar el patrimonio de las comunidades
originarias, en los hechos estaría dando pasos para el despojo del
Parque Nacional Yasuní
Gonzalo Ortiz / IPS-Voces de la
Tierra
Quito, Ecuador. La Defensoría
del Pueblo de Ecuador y organizaciones ecologistas investigan si en la
zona intangible del Parque Nacional Yasuní, hogar de dos pueblos en
aislamiento voluntario, se realizan actividades petroleras.
La Constitución de Ecuador
prohíbe explotar hidrocarburos en la zona, declarada intangible por la
presencia de los pueblos indígenas tagaeri y taromenane, jamás
integrados a la civilización occidental.
Se ha avanzado con la
construcción del oleoducto que conectaría los campos actuales con la
posible zona de explotación en el parque, dijo a IPS Esperanza Martínez,
directora del proyecto Amazonía por la Vida Salvemos al Yasuní, que
lleva adelante la organización no gubernamental Acción Ecológica.
Por contraste, el ministro de
Recursos Naturales no Renovables, Germánico Pinto, dijo que el
presidente Rafael Correa había aprobado los términos de un fideicomiso
para financiar la decisión de dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra.
El Estado emitiría bonos con el
compromiso de no extraer nunca ese petróleo, unos 850 millones de
barriles de crudo pesado, y de proteger el Yasuní.
El fideicomiso reuniría
contribuciones nacionales e internacionales que permitirían al país no
explotar ese valioso recurso, lo que a su vez evitaría lanzar a la
atmósfera unas 410 millones de toneladas de dióxido de carbono, el
principal de los gases que recalientan la atmósfera, según estimaciones
del proyecto ambiental.
La iniciativa, planteada
oficialmente por Correa en 2007, es alcanzar un fondo de 3 mil 500
millones de dólares, cercano a la mitad de lo que podría obtenerse
explotando los hidrocarburos.
El petróleo se encuentra en los
campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini, ubicados parcialmente bajo el
suelo de una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo que, de
triunfar la tesis ambientalista, quedaría intocada, por lo que la
iniciativa se conoce como Yasuní-ITT.
Pinto añadió que el fideicomiso
se volverá a negociar con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), la agencia a la que se busca encargar su
administración.
Pero días atrás, la ministra del
Ambiente, Marcela Aguinaga, reconoció que se está tramitando la
licencia ambiental para explotar el yacimiento petrolero Armadillo,
limítrofe de la zona protegida.
“Dar la licencia de explotación
al campo Armadillo supone una amenaza real para los pueblos aislados
que, se sabe por hechos dolorosos como el del sitio Los Reyes, están en
la zona”, dijo Martínez.
Se refería a tres miembros de la
familia Duche Zabala, cuyos cuerpos se encontraron atravesados por
lanzas de madera el 10 de agosto del año anterior.
El Yasuní está enclavado en la
Amazonía ecuatoriana, en las provincias orientales de Orellana y
Pastaza. En sus 982 mil hectáreas se han descrito 1 mil 762 especies de
árboles y arbustos; pero se estima que podría haber unas 2 mil 244,
según Acción Ecológica.
Es uno de los sitios de mayor
variedad de aves del mundo y viven allí casi 40 por ciento de todas las
especies de mamíferos de la cuenca amazónica.
En 1979 fue declarado parque
nacional, y en 1989 la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura lo incorporó como reserva mundial de
biósfera.
En 2006 fue delimitada una
porción del parque como zona intangible. Allí, por su importancia
cultural y biológica, no puede realizarse ningún tipo de actividad
extractiva.
La Defensoría del
Pueblo irá a inspeccionar si la construcción del oleoducto se adentra en
el parque. “Ese crudo, que antes se dirigía a (la central de)
Edén-Yuturi, ahora tiene una ruta de entrada hacia el norte del Yasuní”,
dijo Martínez.
La razón sería que, para
explotar en el futuro el crudo pesado del ITT, se requerirá mezclarlo
con el crudo liviano de otro campo, Pañacocha, para así poder
transportarlo.
El gobierno de Correa planteó
desde el inicio una doble estrategia: un “plan B” en caso de que no
prospere la iniciativa ambiental Yasuní-ITT para explotar el crudo.
En diciembre, ocho países
europeos se alistaban a firmar en la cumbre climática de Copenhague el
compromiso de aportar 1 mil 700 millones de dólares al fideicomiso que
administraría el PNUD.
Pero Correa ordenó suspender la
firma, y días después denunció que las condiciones del acuerdo eran un
“atentado a la soberanía” de Ecuador.
La reacción presidencial provocó
la renuncia en enero del entonces ministro de Relaciones Exteriores,
Fander Falconí, y de la tercera Comisión Negociadora de la Iniciativa
Yasuní-ITT, presidida por el empresario y ambientalista Roque Sevilla.
El parlamento de Alemania, uno
de los países contribuyentes, manifestó su preocupación por ese giro
drástico. Iguales mensajes llegaron de otras naciones y de la opinión
pública ecuatoriana.
Esto llevó al gobierno a nombrar
una nueva comisión, la cuarta, encabezada por el vicepresidente de la
república, Lenin Moreno, y la exembajadora en Estados Unidos, Ivonne
Baki.
Alberto Acosta, exministro de
Petróleo y presidente de la Asamblea Constituyente, que se alejó del
gobierno por diferencias en la política ambiental, cree que la
iniciativa Yasuní-ITT sólo “marcha en su propio terreno, mientras que el
plan ‘b’ avanza más rápido”.
Según Sevilla, si no se explota
el crudo del ITT, se dejaría de invertir 3 mil 500 millones de dólares y
“eso afectaría muchos intereses que están de por medio”, como el
transporte en helicóptero, la “dotación de torres de perforación,
bombas, lubricantes, asesoría jurídica y mucho más”.
La cifra se basa en el promedio
de los costos de la explotación petrolera de los campos nuevos de la
Amazonía, donde se requiere una intensa operación de helicópteros al no
haber carreteras.
Pero “lo más grave”, dijo, es
que sin el petróleo pesado del ITT no se justificaría la inversión de 12
mil 500 millones de dólares en la Refinería del Pacífico, un proyecto
que impulsa Correa junto con su par venezolano Hugo Chávez, en la
noroccidental provincia de Manabí. Sin embargo, Martínez cree que las
condiciones han cambiado en los últimos tres años.
“Tenemos una nueva Constitución,
la mayoría de asambleístas con posición pública a favor de la no
explotación, y mucha gente cree que la prioridad es conservar el
Yasuní”, dijo antes de partir hacia la Amazonía.
La decisión final compete al
parlamento y podría incluso dirimirse en una consulta popular, prevista
en la Constitución.
La idea original del fideicomiso
era utilizar los intereses generados en programas ambientales,
protección de los 41 parques nacionales, reforestación de 1 millón de
hectáreas y generación de energía limpia (hidroeléctrica, solar,
geotérmica y eólica).
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