"En América Latina existen muchos conflictos por la resistencia de las
comunidades a modelos de minería que afectan el medio ambiente y
vulneran los derechos humanos. La base de datos de OCMAL registra
actualmente 219 conflictos activos debido a la minería, en 20 países de
la región".
La extracción de minerales por parte de poderes externos a la región es
algo que siempre ha estado presente en América Latina. Hoy en día, un
gran origen de explotación minera en la región son las mineras
canadienses. Según un informe presentado ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, hay 22 proyectos mineros canadienses en América
Latina que presentan graves impactos en el ambiente y vulneraciones de
Derechos Humanos. ¿Dónde están?, ¿cuál es su impacto?, ¿a cambio de qué
se llevan los recursos mineros?
Por Diego Pérez Damasco (Costa Rica), Florencia Pagola (Uruguay), Florencia Luján (Argentina) publicado en Distintas Latitudes
MINERÍA EN AMÉRICA LATINA:
En América Latina existen muchos conflictos por la resistencia de las
comunidades a modelos de minería que afectan el medio ambiente y
vulneran los derechos humanos. La base de datos del Observatorio de
Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) registra actualmente 219
conflictos activos debido a la minería, en 20 países de la región.
De estos, 39 están en Perú, 37 en Chile, 37 en México, 27 en Argentina y
20 en Brasil. En Perú, la Defensoría del Pueblo registraba, en
septiembre de 2013, 107 conflictos sociales activos o latentes en el
sector de la minería, de un total de 148 conflictos socioambientales. En
todos esos países operan empresas mineras canadienses.
“En total tenemos registradas 91 empresas mineras canadienses vinculadas
a conflictos mineros en América Latina. No tenemos el dato exacto sobre
cuántas están vinculadas a conflictos activos pues ello es muy dinámico
pero consideramos que al menos el 70% de los conflictos de nuestra base
muestra algún grado de actividad”, dijo a Distintas Latitudes César
Padilla, coordinador del OCMAL.
De acuerdo con Padilla, además de Canadá, tienen fuerte presencia minera
en la región empresas de China, Japón, Australia, Suiza, Reino Unido y
Estados Unidos.
MINERAS CANADIENSES:
La extracción minera es una actividad estratégica y de larga tradición
en Canadá, e incluso al país se le considera “una potencia minera”. Un
estudio elaborado por Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos
en América Latina, titulado “El impacto de la minería canadiense en
América Latina y la responsabilidad de Canadá”, aborda los casos de 22
proyectos mineros llevados a cabo por empresas canadienses en nueve
países de la región, en donde se pudieron determinar las tendencias en
el impacto de esas actividades y un patrón de violaciones de derechos
humanos.
Esto resulta relevante al tener en cuenta el peso de la minería
canadiense en la región. En el 2012, un 57% de las empresas mineras del
mundo estaban registradas en la Bolsa de Toronto. De los 4322 proyectos
llevados a cabo por esas empresas fuera de Canadá, 1.526 estaban en
Latinoamérica. Los países de la región donde las empresas canadienses
tienen más activos son México (20.000 millones de dólares) y Chile
(19.000 millones de dólares).
Entre el 50% y el 70% de la actividad minera en América Latina está a
cargo de empresas canadienses. En el 2012, operaban 67 empresas mineras
canadienses en Argentina; 50 en Brasil; 55 en Chile; 39 en Colombia; 17
en Brasil; 201 en México y 89 en Perú.
Actualmente, las siete empresas mineras canadienses más importantes, en
cuanto a los ingresos provenientes de la explotación minera en América
Latina son Barrick Gold, Yamana Gold, Teck, Goldcorp, Kinross Gold, Pan
American Silver y Gran Colombia Gold.
De acuerdo con el informe, Canadá, como país, debería asumir una mayor
responsabilidad sobre el impacto de sus mineras en América Latina,
teniendo en cuanto el respaldo financiero y político que el gobierno
canadiense ha dado a sus empresas mineras a través del Departamento de
Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, del Export Development
Canada y de sus Embajadas.
Esto no ha cambiado siquiera bajo la administración de Justin Trudeau,
primer ministro que se ha hecho viral en redes sociales por sus visiones
progresistas y pro refugiados. The New York Times se ha referido a esto
como “el lodo de las mineras canadienses en América Latina”.
En Costa Rica, en 2010, se detuvo por un fallo judicial un proyecto
minero de oro en el pueblo de Crucitas (norte del país). El abogado
ambientalista, y ahora diputado izquierdista, Edgardo Araya, fue uno de
los integrantes de la lucha contra este proyecto, también de origen
canadiense, de la empresa Infinito Gold. Él asegura que las empresas
canadienses tienen un comportamiento cuasi mafioso, y que el gobierno de
ese país debería reponsabilizarse.
“La minería canadiense, según la experiencia que hemos tenido, es de las
más despiadadas en ese sentido. En Costa Rica, Industrias Infinito nos
dejó la experiencia de un comportamiento cuasi mafioso, de un manoseo de
la institucionalidad de este país. Mostraron una cercanía política con
el expresidente Óscar Arias, al punto que el ministro de Ambiente de ese
gobierno fue juzgado por el delito de prevaricato, es decir, por emitir
resoluciones contraria a la verdad”, dijo Araya a Distintas Latitudes.
“Si me quedó algo claro en toda la lucha contra la minería en Crucitas,
fue que la embajada canadiense en Costa Rica se comportaba como un
gerente más de la empresa minera, y hacía una defensa a ultranza de esa
empresa. No me queda duda que el gobierno canadiense de ese momento
tiene una corresponsabilidad en lo que que sucedió aquí en Costa Rica”,
agregó.
Posterior a esto, en Costa Rica se prohibió la minería a cielo abierto.
Recientemente, El Salvador fue un paso más allá y prohibió la minería
metálica en el país.
Para Araya, el gobierno de Canadá debe aceptar que la responsabilidad y
definir mecanismos para que el Estado de ese país pueda dar apoyo a
víctimas de las actividades mineras en América Latina.
IMPACTO:
Tanto las empresas canadienses como el gobierno de Canadá tienen
conocimiento del grave impacto ambiental de estas actividades. En los
proyectos analizados por el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos
Humanos en América Latina, los daños al ambiente tienen que ver con la
contaminación del aire, las aguas y el suelo.
En seis de los casos se observa un patrón en el tipo de daño ambiental, producido principalmente a fuentes de agua.
“En Argentina, en el proyecto Bajo de la Alumbrera, la contaminación
afecta especialmente las aguas y es generada, entre otros factores, por
la deficiente instalación del dique de colas en el origen de un cauce de
agua, sin garantizar su impermeabilidad”, señala el informe.
“En Honduras, en el proyecto San Martín o Entre Mares, se ha denunciado
la contaminación de las quebradas Agua Tibia y Guajiniquil por una grave
infiltración del drenaje ácido en 2008. En junio de 2009 se realizó una
nueva inspección con expertos en minas de la Universidad de Newcastle,
encontrándose nueva evidencia documental de un grave evento de
contaminación ocurrido en septiembre de 2008”, continúa.
Por otro lado, en Chile, en el proyecto Pascua Lama, se denunció la
afectación de varios de los glaciares. En Panamá, el consorcio Minera
Petaquilla S.A. taló 54.2 hectáreas de bosque primario, secundario y de
galería y un estimado de ocho hectáreas adicionales de vegetación para
la construcción de la carretera de acceso, de helipuertos, de
campamentos y de la planta de procesamiento. En Guatemala, se ha
determinado que en torno a las actividades de la Mina Marlin se ha
causado una fuerte contaminación del agua.
Además, varios proyectos mineros a gran escala han generado la
alteración de la organización social de las comunidades y de sus formas
de vida, provocando desplazamientos forzados. Estos desplazamientos son
característicos: son previstos y gestionados directamente por la empresa
para lograr la efectividad del proyecto.
Un ejemplo es el desplazamiento de comunidades vecinas a la mina Entre
Mares, en Honduras, donde se ha denunciado que la empresa concesionaria
incitó y en algunos casos obligó a que se vendieran terrenos,
argumentando que la ley les autorizaba expropiar las tierras o que el
Estado pagaría menos por ellas.
“También, el desplazamiento de agricultores y ganaderos de sus lugares
de residencia, por alteraciones medioambientales en la mina Bajo de la
Alumbrera, Argentina, en donde los vecinos de la región se vieron
obligados a abandonar sus lugares históricos de residencia por la
mortandad de sus animales, el deterioro de sus fuentes de agua y el
cercamiento de sus caminos”, señala el informe.
Asimismo, la presencia de mineras en la región ha contribuido a la
criminalización de la protesta. También se han dado muertes violentas y
heridas graves a opositores a los proyectos y trabajadores de las minas.
En el informe se señala que en diez de los proyectos estudiados se
registró la muerte violenta de por lo menos 23 personas y 25 casos de
lesiones graves. Estos casos siguen en la impunidad. Los diez casos
corresponden a proyectos mineros en México, Colombia, El Salvador,
Honduras y Guatemala.
Las consecuencias de las actividades mineras extranjeras en suelo
latinoamericano son demasiadas: afectación de glaciares, tala de
bosques, contaminación del agua, afectación la calidad de vida de las
comunidades y su desplazamiento, influyen en el diseño de leyes
nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social. De todo
orden: social, ambiental, económico. Más allá de tener un primer
ministro progre como Trudeau, al igual que para Estados Unidos y Europa,
Canadá ve en América Latina Latina un patio trasero donde hacer lo que
en sus tierras no haría. Pero la contaminación, sea en el norte o en el
sur, es contaminación de (y para) todos.
Fuente:
Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL)
vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_rastro_de_sangre_de_las_mineras_canadienses_en_America_Latina
Entradas
