Sociedad-Economía: Inquilinos de nuestros dispositivos (E1390)... Keiser Report en Español...

 En la segunda parte Max entrevista a Bill Ottman, de Minds.com, sobre usuarios silenciados en las redes sociales. Max señala que lo barato que sale opinar agrava el sesgo de los medios. Minds.com busca el modo de actuar como es debido por medio de un jurado moderador y un acceso al 100% del público. Suscríbete a nuestro canal de eventos en vivo: https://www.youtube.com/user/Actualid... RT en Twitter: https://twitter.com/ActualidadRT RT en Facebook: https://www.facebook.com/ActualidadRT RT en Google+: https://plus.google.com/+RTenEspanol/... RT en Vkontakte: http://vk.com/actualidadrt Vea nuestra señal en vivo: http://actualidad.rt.com/en_vivo RT EN ESPAÑOL: DESDE RUSIA CON INFORMACIÓN

Las Corporaciones-Documentales: La lucha de poder entre las multinacionales y los Estados (1/2) | DW Documental

¿Qué ocurre cuando a un consorcio multinacional no le agrada una ley? [Parte 2 online el 07.06.2019] Lleva al Estado a un tribunal arbitral internacional a puerta cerrada. Para los contribuyentes hay miles de millones en juego en la lucha de poder entre los Estados y las multinacionales. La región belga de Valona generó una crisis europea porque se negó a firmar el Acuerdo Integral de Economía y Comercio CETA con Canadá. En otoño de 2016, millones de ciudadanos de la Unión Europea salieron a las calles para protestar contra el acuerdo. En el marco de las negociaciones para el CETA salió a la luz el sistema de arbitraje privado. Este les permite a las multinacionales demandar a los Estados por enormes indemnizaciones si sus políticas ambientales, sociales o sanitarias afectan las ganancias reales, o incluso previstas, de las empresas. Los costos los pagan los contribuyentes, a quienes el Estado debería proteger. ¿Por qué existen esos tribunales arbitrales? Fundamentalmente por los convenios de libre comercio: para atraer las inversiones de grandes consorcios, los Estados pactan acuerdos comerciales entre sí. Estos incluyen cláusulas de arbitraje que permiten a las empresas convocar a tribunales arbitrales privados. Los procesos de arbitraje se celebran a puerta cerrada y los dirigen abogados especializados en negocios de grandes corporaciones. En el marco de la globalización, en todo el mundo aumenta el número de casos de arbitraje, tanto en las economías fuertes como en las economías en desarrollo y emergentes. Esto tiene repercusiones devastadoras en los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la sanidad, la protección del medio ambiente y la legislación laboral. En vista de estos acuerdos, la pregunta que se plantea es si los ciudadanos realmente quieren este tipo de globalización. A partir de tres casos, este documental evidencia la magnitud del poder de los tribunales arbitrales internacionales. La compañía canadiense Cosigo demandó al Estado colombiano en un arbitraje privado en el que reclamaba una indemnización de 16.000 millones de euros. En Alemania, la empresa energética sueca Vattenfall pide una indemnización de 4.700 millones de euros porque el Estado decidió dejar de usar energía nuclear. En Perú, el grupo estadounidense Renco, cuya fundición de plomo envenenó el aire de la región, exige una indemnización de 800 millones de euros al Estado peruano. Entretanto, están empezando a reaccionar muchos Estados, cuya soberanía se ve amenazada. Pero, ¿es quizá demasiado tarde para hacer algo contra estas corporaciones que parecen tener poder sobre todo y sobre todos? ------------------------------------------------------------ DW Documental le brinda información más allá de los titulares. Maravíllese con los mejores documentales de canales alemanes y empresas productoras internacionales. Conozca personas enigmáticas, viaje a territorios lejanos y entienda las complejidades de la vida moderna, siempre cerca de eventos globales y asuntos de actualidad. Suscríbase a DW Documental y descubra cada lunes, miércoles y viernes el mundo que le rodea. Suscríbase a DW Documental: https://www.youtube.com/dwdocumental Nuestros otros canales de YouTube: DW Documentary (en inglés): https://www.youtube.com/dwdocumentary DW Documentary وثائقية دي دبليو: (en árabe): https://www.youtube.com/dwdocarabia Para más información visite también: http://www.dw.com/zonadocu http://www.dw.com/primerplano http://www.dw.com/español Instagram (en inglés): https://www.instagram.com/dwdocumentary/ Facebook (en inglés): https://www.facebook.com/dw.stories DW Netiqueta: http://p.dw.com/p/14KkY

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Las Corporaciones: Otra sentencia contra .....Monsanto Silvia Ribeiro*

Silvia Ribeiro*

El 10 de agosto de 2018 Monsanto perdió un juicio histórico en el que fue sentenciada a pagar 289 millones de dólares por haber causado cáncer con glifosato a Dewayne Johnson, un jardinero de 46 años que vive en San Francisco. Cinco días después, la Suprema Corte de California negó una apelación de Monsanto que pretendía evitar que el glifosato integre la lista de sustancias cancerígenas del Estado. Monsanto, ahora propiedad de Bayer, anunció que apelará la sentencia en favor de Johnson, pero las acciones de Bayer se han desplomado, perdiendo más de 10 por ciento de su valor. Las demandas contra Monsanto por daños del glifosato suman más de 8 mil y es sólo el comienzo.

Bayer se perfiló mundialmente por una conocida tableta para el dolor de cabeza, pero tiene mucha cola que le pisen como fabricante de venenos y químicos tóxicos, incluyendo el fluido que se usó en las cámaras de gas del nazismo. Parece un pequeño acto de justicia histórica que la mayor compra realizada por la empresa alemana en toda su historia, la está arrastrando al fondo, junto con las sentencias contra los crímenes de Monsanto.

El fin de Monsanto parece llegar también con el principio del fin del glifosato, el agrotóxico más usado en la historia de la agricultura. Presentado como herbicida moderadamente tóxico desde que la empresa lo introdujo al mercado en 1974, se agolpan los testimonios sobre su nocividad, desde provocar malformaciones fetales y abortos espontáneos, a ser cancerígeno, como declaró la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2015.

En base a ese informe de la OMS, el estado de California decidió agregar el glifosato a su lista oficial de sustancias cancerígenas, lo cual significa una serie de restricciones importantes. Debe etiquetar este riesgo en sus productos, así como tomar medidas para evitar que llegue a fuentes agua, especialmente aquellas que se usan para potabilizar para consumo de la población. Esto podría ser una tarea imposible.

Varios estudios científicos, entre ellos los de Damián Marino y otros investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, han mostrado que debido a su extendido uso, especialmente en soya y maíz transgénicos, se han encontrado altos residuos del herbicida cangerígeno en ríos que proveen de agua a poblaciones, como el río Paraná en Argentina, así como también su presencia en lluvia. Esto se agrega a otros estudios, como el de Wanderlei Pignati, que comprobó residuos de glifosato en los bebederos de agua en escuelas de Mato Grosso, Brasil, así como otros que hallaron residuos en sangre, orina y hasta leche materna en personas de Brasil, Argentina y Estados Unidos.

La Unión Europea consideró prohibir el glifosato el año pasado, pero ganó la presión de las trasnacionales de agronegocios como Bayer y Monsanto, por lo que se aplazó la consideración cinco años. No obstante, Francia anunció que en tres años lo prohibirá en su territorio y Alemania también discute esa posibilidad.

En días pasados, un estudio del conocido Environmental Working Group de EU, llamó la atención por haber encontrado residuos de glifosato en cereales para desayuno que se venden en ese país y muchos otros, incluyendo a México. (https://tinyurl.com/yaaqtbyk) Coincide con los resultados del estudio más amplio, publicado en 2017 en la revista Agroecology and Sustainable Food Systems, realizado por los investigadores de la UNAM y la UAM Elena Álvarez-Buylla, Emmanuel Ortega, Alma Piñeyro y otros, que mostró que 90 por ciento de las tortillas industriales del valle de México contiene trazas de transgénicos, en muchas también de glifosato, además de que es ubicua la presencia del agrotóxico en cereales, botanas, harinas y otros productos industrializados de maíz. (https://tinyurl.com/y8ohkexo )

No deberían tardar las demandas contra Bayer-Monsanto también en México, además de exigir a la Cofepris que revierta su absurda decisión de permitir que estos productos lleguen al consumo.

Al mismo tiempo, está en ciernes otra tormenta contra Bayer-Monsanto en Estados Unidos por sus nuevas variedades transgénicas que requieren el uso de otro herbicida aún más tóxico: dicamba. Es tan tóxico que además de hierbas, está matando los cultivos y árboles frutales de los vecinos. Ya iniciaron varias acciones colectivas contra Bayer-Monsanto, que enfrenta demandas de cientos de agricultores.

Todo esto pone en seria cuestión tanto al glifosato y el dicamba, como a los transgénicos, por ser la tecnología que permitió aumentar exponencialmente el uso de agrotóxicos y aceleró la resistencia en malezas. Más aún, se impone cuestionar la propia agricultura basada en el uso de agroquímicos, que ha sido devastadora para la salud y el ambiente, y ni siquiera cumplió su supuesto cometido: la mitad de la población mundial sufre hambre o deficiencias nutricionales. ¿Habrá que esperar a más muertes por glufosinato, 2-4 d y otros venenos de Bayer, Basf y compañía para terminar con esta absurda idea de colocar tóxicos en los alimentos? ¿Por qué aceptar que la carga de la prueba siga en los campesinos, trabajadores y consumidores, que tenemos en juego la salud y hasta la vida, mientras las grandes empresas de agronegocios siguen devorando ganancias?

*investigadora del Grupo ETC
vía:
https://www.jornada.com.mx/2018/09/01/opinion/019a1eco

Chile-Argentina-Las Corporaciones: El Tratado de Libre Comercio Argentina-Chile, el camino a un retorno encubierto del ALCA... Luciana Ghiotto, Patricio López

Luciana Ghiotto, Patricio López

Alai

 

 

 

El Tratado de Libre Comercio Argentina-Chile, el camino a un retorno encubierto del ALCA

Actualmente se encuentra en tratamiento parlamentario en los Congresos de Chile y de Argentina el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. Este TLC fue firmado en enero de 2018, con el objetivo de extender el Acuerdo de Complementariedad Económica (ACE) N°35 vigente desde 1996.
Este Tratado se enmarca en el acercamiento de los bloques de la Alianza del Pacífico y del Mercosur. Este hecho es fundamental para entender la importancia política que reviste este Tratado. En la reciente Cumbre de la Alianza del Pacífico realizada en Puerto Vallarta, México, en julio, se anunció un plan de acción para avanzar en la convergencia entre ambos bloques, la cual viene en negociación desde hace al menos un año. En ese sentido, el presidente chileno Sebastián Piñera manifestó que se han propuesto generar una "gran zona de libre comercio en América Latina" [1]. Este tratado bilateral avanza entonces en ese objetivo, ya que para realizar la convergencia se necesita que los países miembros firmen entre ellos TLC bilaterales, de acuerdo a las disposiciones de la Alianza del Pacífico.  


 
El nuevo ALCA regional: nuevos tratados, viejos temas 


El TLC Chile-Argentina ha sido presentado como un nuevo “marco regulatorio” en la relación bilateral, inocuo y sin peligros, que simplemente “profundiza y extiende el marco jurídico bilateral del espacio económico” ya regulado por el ACE N°35. Efectivamente, se trata de un TLC que no modifica la sustancia del comercio entre Chile y Argentina. Entonces nace una primera pregunta: ¿cuál es el sentido de este Tratado de Libre Comercio si no modifica las condiciones del comercio entre ambos? Ya lo sabemos: los TLC tratan sobre mucho más que aranceles y tarifas. Estamos en realidad hablando de tratados que avanzan en la desregulación y liberalización de amplias actividades económicas que en las últimas décadas han estado en mano de los Estados, especialmente los servicios públicos: provisión de servicios básicos, educación, salud, sistema de pensiones, correo, telecomunicaciones, transporte en general, etc. Esas actividades han pasado gradualmente a manos privadas sobre la base de que sólo “Estados modernos”, pequeños, ágiles y eficientes, atraerán las inversiones extranjeras hacia nuestros territorios.
Entonces, al igual que el ALCA hace más de 10 años, los nuevos TLC son la herramienta legal de las fuerzas privadas que empujan por una apertura económica indiscriminada en nuestros países. Esto se realiza a través de los llamados “temas regulatorios” o “temas asociados al comercio”, algunos de los cuales fueron incorporados en los años noventa como Servicios, Contratación Pública, Telecomunicaciones, Inversiones, Propiedad Intelectual y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (y hoy se suma Comercio Electrónico). Varios de estos temas fueron incorporados en las agendas de negociación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994, a partir de la presión de las empresas transnacionales más poderosas de los EEUU (como la industria de Hollywood, las grandes farmacéuticas y las empresas de servicios). En ese mismo periodo estos temas fueron agregados a los Tratados de Libre Comercio negociados por EEUU como el NAFTA, y posteriormente a la propuesta del ALCA. Hoy aparecen nuevamente en Tratados como el TPP-11.
Este Tratado también posee nuevos temas que refieren a los procesos regulatorios internos de los países a partir del mecanismo de Coherencia Regulatoria y las “buenas prácticas regulatorias”, que se han insertado dentro de los capítulos de Facilitación del Comercio y Obstáculos Técnicos al Comercio. La Coherencia Regulatoria implica la tendencia a la compatibilización y homogeneización de las legislaciones internas de los países así como de sus procesos regulatorios internos [2]. A través del término “Transparencia” se delimita un nuevo mecanismo para la regulación estatal que implica el diálogo con los “sectores interesados” (stakeholders) frente a nuevas regulaciones que vayan a ser adoptadas dentro del orden legal. Ese proceso de diálogo está enmarcado en la noción de “buenas prácticas regulatorias” que implica que los Estados faciliten al máximo la circulación de las empresas, liberando a los inversores extranjeros del “peso” (burden) de la burocracia y de los procesos administrativos. Este mecanismo es hoy impulsado por foros internacionales como la OCDE y el G20, y fue incorporado en el TPP-11 y en el frenado Tratado Transatlántico (TTIP). Estos mecanismos vienen directamente a intervenir en los mecanismos democráticos de toma de decisiones de los Estados [3].
La inclusión de todos estos temas ha sido fuertemente criticada por la sociedad civil durante los últimos 25 años, justamente porque implica privilegios de propiedad para las empresas transnacionales y los inversores extranjeros , cuyos derechos se convierten de hecho en el nuevo estándar para la legislación, mientras se socava la posibilidad de aplicación de los derechos humanos, disposiciones que pasan a ser soft law, o ley blanda frente a los derechos privados. Mediante este tipo de tratados, las empresas pueden demandar a los Estados en los tribunales de arbitraje internacional (como el CIADI), mientras que los Estados sólo pueden llevar a una empresa por violación de derechos humanos o medioambientales a los propios tribunales nacionales, que luego son acusados de parciales y poco objetivos. Diversos casos de demandas de empresas contra Estados han generado grandes debates internacionales, ya que muestran justamente lo desigual entre los derechos de ambos [4].


¿Temas “modernos” de los TLC o cáscaras vacías? 


Además de los temas de los años noventa, en este tratado también se incorporaron algunos temas más novedosos, lo cual hace que los TLC más recientes sean presentados como “marcos regulatorios modernos”. Se trata de capítulos de Género y Comercio, Medioambiente y Desarrollo con énfasis en el rol de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME).
Pero estos capítulos son solamente cáscaras vacías, es decir que no son operativos, no plantean objetivos específicos ni cronogramas de trabajo , así como tampoco estipulan obligación alguna para que los Estados realicen políticas específicas que vayan de acuerdo a estos capítulos. Además, se aclara en estos capítulos que los Estados no pueden hacer uso del mecanismo de Solución de Controversias del propio Tratado (Capítulo 18) para plantear que los objetivos de estos capítulos no están siendo observados o cumplidos, o que el otro Estado está violando el acceso a las disposiciones de alguno de estos capítulos. Esto muestra que se trata de capítulos que intentan rellenar temas vacantes en los TLC, pero que no tienen una operatividad real.
Por ejemplo, el Capítulo de MiPyME sólo establece una cantidad de enunciados que hace al reconocimiento de las Partes de que las MiPyMES se incorporen al comercio bilateral. Para hacer un seguimiento, establece un Comité MiPyME, que es el único objetivo específico planteado por el Capítulo. Sin embargo, frente a cualquier desavenencia entre las Partes, se hace hincapié en que ambos harán los esfuerzos mediante el diálogo, cooperación y consultas para resolver la situación problemática.
Lo mismo sucede con los capítulos Laboral, de Medio Ambiente y de Género: la modalidad en que se redactan las cláusulas es a partir del “reconocimiento” que hacen las Partes de la importancia de la defensa de los derechos laborales y medioambientales, pero no plantean la posibilidad de que un Estado actúe sobre el otro frente a la violación de tales derechos. En ese sentido, todo queda en el plano de la buena voluntad.
En el caso específico del capítulo sobre Género y Comercio (capítulo 15), este TLC plantea que el objetivo es lograr la “participación más equitativa de hombres y mujeres en los negocios, la industria y el mundo del trabajo”. El eje está puesto sobre el “empoderamiento económico de las mujeres”, pero no dice nada de los impactos que la liberalización comercial tiene en todos los ámbitos de la vida de las mujeres [5].
Diferentes reportes e investigaciones [6] ya han mostrado que en lugar de romper las desigualdades estructurales de género, la liberalización comercial reciente ha reforzado esas desigualdades al dar un poder creciente a las empresas multinacionales que son dirigidas por hombres [7]. Estos Tratados son generalmente firmados sin analizar cómo afectarán de forma diferenciada a mujeres y hombres.
Además, el TLC se propone el aumento de las tasas de participación de las mujeres en la economía ya que eso contribuiría a un desarrollo económico sostenible (Art 15.1.3). Ese punto de partida es discutible, ya que existe evidencia que demuestra que el comercio no siempre redunda en mejores condiciones de vida. El comercio -en algunas ocasiones- provoca el aumento de la tasa de actividad, pero los puestos de trabajo que se generan son de baja calidad, bajos salarios y en condiciones precarias. Un caso testigo de esto es la proliferación de maquilas en México a partir de la firma del NAFTA, en donde se emplea en su mayoría a mujeres pobres, migrantes, con muy bajos salarios y jornadas de trabajo que superan las 12 horas, dejándolas en un fuerte estado de vulnerabilidad laboral y social.


Otro TLC sin debate ni estudios de impacto 


Por último, vemos que se sigue repitiendo el modus operandi de todos los TLC de la región: un nuevo proceso de ratificación a espaldas de la ciudadanía y sin estudios de impacto que acrediten la necesidad de este Tratado.
Dos hechos marcan el modo en que se está dando el tratamiento en ambos Congresos. Por un lado, el Senado argentino, donde recientemente ha entrado el TLC para su ratificación, sólo envió el tratado a una comisión, la de Relaciones Exteriores, en donde en representación de la “sociedad civil” sólo fueron invitados la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de Biocombustible, la Cámara de Exportadores y la Unión de Industriales de la Argentina (UIA). Quedaron afuera de este “debate” representantes de los sectores afectados por los capítulos regulatorios del Tratado, que como dijimos son su fuerte: representantes de organizaciones de la salud, de la educación, de mujeres; organizaciones sindicales; organizaciones de PyMEs, del campo; etc.
Por otra parte, en el Congreso chileno, la bancada de diputados de Revolución Democrática, parte del Frente Amplio, presentó un proyecto de Resolución que fue aprobado por amplia mayoría el día 2 de agosto [8], donde se “solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores una evaluación de los tratados de libre comercio existentes y un mayor estándar de evaluación para los acuerdos de futuros tratados de este tipo y sus modificaciones”. Este pedido de los diputados, sin precedentes en Chile y podríamos aseverar en toda la región, se realiza en el país que ha firmado la mayor cantidad de tratados a nivel global, por lo cual señala la existencia de un malestar en ciertos sectores políticos y sociales sobre los efectos que estos TLC han tenido sobre el país desde su entrada en vigencia.
Estos hechos nos señalan dos elementos clave: 1) la falta de transparencia en la discusión de un TLC [9] que, como señalamos, tiene impactos directos sobre la capacidad de regulación de los Estados en una gran cantidad de materias; 2) el reclamo creciente acerca de la necesidad de que no se adopten estos TLC sin los estudios de impacto previos pertinentes que muestren los efectos sobre un amplio abanico de sectores sociales y económicos [10], así como sin consulta previa y de carácter vinculante a las comunidades afectadas.
 

 

 Notas:[1] http://www.t13.cl/noticia/politica/video-alianza-del-pacifico-pinera-anuncia-intenciones-converger-alianza-mercosur
[2]

Artículo “Las reglas para la facilitación de inversiones: un análisis desde los mecanismos de cooperación reguladora”, por Luciana Ghiotto y Adoración Guamán, de próxima publicación, CLACSO.

[3] Reporte “La negociación sobre reglas para la Facilitación de Inversiones” por Luciana Ghiotto, 2016, Transnational Institute; en: https://www.tni.org/es/publicacion/la-negociacion-sobre-reglas-para-la-facilitacion-multilateral-de-las-inversiones
[4] Por ejemplo, los casos de Chevron vs. Ecuador, Metalclad vs. México o Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA y Vivendi Universal SA vs. Argentina. Ver todos los casos en: www.isds-americalatina.org
[5] https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/201712061074526207-tlacan-influencia-en-mujeres-hispan-tv-youtube-bloqueo/
[6] Ver reporte de McKinsey Global Institute: The power of parity, 2015, en: https://www.mckinsey.com/featured-insights/gender-equality/the-power-of-parity-advancing-womens-equality-in-the-united-kingdom
[7] https://www.policyalternatives.ca/publications/monitor/how-canada-can-tackle-gender-inequality-through-trade
[8] Cámara de Diputados, Chile, Proyecto de Resolución número 119, 2 de agosto de 2018.
[9] https://chilemejorsintlc.cl/senador-juan-ignacio-latorre-con-los-tlcs-hay-una-perdida-de-soberania-del-estado-respecto-a-las-empresas-transnacionales/
[10] Declaración conjunta de la Asamblea Argentina mejor sin TLC y la Plataforma Chile mejor sin TLC: “Tratado de Libre Comercio entre Chile y Argentina: ¡Basta de Tratados sin debate y a espaldas de los pueblos!”, junio de 2018; en: https://mejorsintlcorg.files.wordpress.com/2018/06/declaracion-tlc-chile-argentina-junio2018.pdf
 - Luciana Ghiotto es investigadora de CONICET-Argentina con sede en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Miembro de ATTAC Argentina y de la Asamblea “Argentina mejor sin TLC”. Colaboradora de Transnational Institute (TNI).  
- Patricio López es periodista chileno, ha participado en la Plataforma Chile Mejor sin TLC. Es director de Radio Universidad de Chile.
URL de este artículo: https://www.alainet.org/es/articulo/194817


vía:
  http://rebelion.org/noticia.php?id=245550

México: Anuncian juicio popular comunitario contra las empresas mineras y el estado....Ciudadanía Express

Este importante trabajo se realizará durante los días 11 y 12 de octubre del presente año en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña y contará con la presencia de jueces y juezas internacionales y peritos expertos en minería.

El juicio popular comunitario pretende articular las resistencias y llevar a juicio a las empresas mineras y al estado. El juicio popular recibirá las denuncias que presenten las comunidades y organizaciones afectadas por la minería en sus territorios y al final juezas y jueces internacionales y nacionales emitirán su veredicto.


Recordamos que estos proyectos mineros han ocasionado en las comunidades y pueblos división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares que hostigan a las y los defensores, además de graves impactos ambientales y a la salud comunitaria. Aun así, se estima que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.


En el caso de Oaxaca, la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros (3 en etapa de explotación comercial: San José, El Águila y Alta Gracia). Estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios ancestralmente.


Por otro lado, se encuentran una diversidad de experiencias comunitarias, de organización social y creación de alternativas frente a la minería. Los pueblos y comunidades están impulsando acciones de reapropiación y reivindicación de sus territorios, pese a estos trabajos que dignifican la vida comunitaria, el Estado y las empresas se encuentran criminalizando dichas acciones.
Debido a todas las consecuencias negativas, la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se hace necesario juzgar la actuación del Estado Mexicano y las empresas mineras (nacionales y extranjeras), es momento de articularnos entre los pueblos. Exijamos el respeto a nuestros derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales.


¡SI A LA VIDA NO A LA MINERIA!
¡NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA!
¡DE LA SIERRA HASTA EL DESIERTO, NI EN TUNEL, NI A CIELO ABIERTO!
¡NO QUEREMOS ANILLO DE ORO VER, QUEREMOS TLAYUDA PARA COMER!
CONVOCAN

 
Comunidades y Organizaciones asistentes al Segundo Encuentro de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”


Comité Organizador:

 
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Asamblea Regional de los Valles Centrales contra la Minería; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh); Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC); Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; Comisión de Seguimiento de la Asamblea Chontal; Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI); Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac; Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA); Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO); Coordinadora Indígena Popular Autónoma (CINPA); ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.; Grupo de Investigación-Acción Autónoma; Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO); Oxfam México A.C.; Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER); Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA); Tequio Jurídico A.C., Unión Campesina Indígena de Oaxaca – Emiliano Zapata (UCIO-EZ); Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO).

- Para más información consultar: http://endefensadelosterritorios.org/category/juicio-popular-vs-mineria/
Fuente: Ciudadanía Express


vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Mexico_Anuncian_juicio_popular_comunitario_contra_las_empresas_mineras_y_el_estado

México-Pueblos Originarios: Rarámuris desdén persistente... Editorial La Jornada...TransCanada es una gigantesca compañía que integra el transporte de hidrocarburos con el uso de éstos en plantas de generación de electricidad; fue la primera compañía privada en operar gasoductos en México y actualmente cuenta con una red de más de 91 mil kilómetros de ductos de gas natural en América del Norte. No es ajena a los conflictos con pueblos indígenas cuyos territorios se "atraviesan" con los terrenos donde la trasnacional decide desplegar sus negocios

El sábado pasado, policías estatales de Chihuahua realizaron un desalojo violento contra indígenas rarámuris de la comunidad La Laguna, municipio de Bocoyna, quienes bloqueaban el sitio donde se encuentra una válvula del gasoducto El Encino-Topolobampo, propiedad de TransCanada. Durante el operativo se hizo uso excesivo de la fuerza y se detuvo ilegalmente a 15 ejidatarios, quienes fueron liberados al día siguiente. A raíz de estos actos de fuerza de la administración del panista Javier Corral, desde el lunes se instaló un plantón frente al palacio de gobierno en exigencia de que los policías estatales salgan de la comunidad, así como en denuncia de que los efectivos nada hacen ante las actividades del crimen organizado que azotan a toda la región.

De acuerdo con los indígenas de la sierra Tarahumara que protestan desde junio pasado contra la instalación del gasoducto que fue puesto en operación hace un mes, la empresa realizó una consulta simulada para lograr la aprobación del proyecto, negoció con caciques para pagar cantidades irrisorias por los terrenos ocupados, e incumplió sus compromisos de mitigación ambiental e indemnización por las actividades económicas que los habitantes deben abstenerse de efectuar en las inmediaciones del ducto que atraviesa y divide sus territorios. Desde octubre pasado solicitan una reunión con directivos de la empresa; hasta ahora han sido ignorados.


TransCanada es una gigantesca compañía que integra el transporte de hidrocarburos con el uso de éstos en plantas de generación de electricidad; fue la primera compañía privada en operar gasoductos en México y actualmente cuenta con una red de más de 91 mil kilómetros de ductos de gas natural en América del Norte. No es ajena a los conflictos con pueblos indígenas cuyos territorios se atraviesan con los terrenos donde la trasnacional decide desplegar sus negocios: desde hace más de dos años ha estado en la mira a escala internacional por su pretensión de construir el oleoducto Keystone XL sobre la reserva y sitio sagrado sioux de Standing Rock, en Dakota del Norte.

Dado el historial de agresiones contra los habitantes indígenas de la sierra Tarahumara, donde el año pasado fueron asesinados los activistas ambientalistas Juan Ontiveros e Isidro Baldenegro, es imperativo que el gobierno estatal deponga la actitud desdeñosa y confrontativa hacia las comunidades rarámuris y, en cambio, asuma su deber de garantizar la plena vigencia de los derechos colectivos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la trasnacional.


vía:
http://www.jornada.com.mx/2018/08/18/edito

Argentina-Las Corporaciones: Coca Cola, un espónsor poco saludable....Por Silvana Melo

Por Silvana Melo

(APe).- El esponsoreo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 por parte de Coca Cola es una de las grandes contradicciones sistémicas: el estado publicita la vida saludable asociado con la imagen de la bebida azucarada por excelencia. Responsable, junto a sus pares de marcas laterales, de la pandemia de obesidad infantil que atraviesa el planeta. Además del reparto de latas y botellas con la estética legendaria, la marca Powerade será Hidratador Oficial de los juegos de octubre. Una bebida deportiva con un alto contenido en sodio (300 mg en una botella de 500cc), sumado a otro alto contenido en azúcar (30gr), que equilibra el sabor a sal predominante. Una sola botella implica el 60% de la ingesta máxima admitida por la Organización Mundial de la Salud. Las niñas y niños de 15 a 18 años que participarán en los JJOO –y aquellos millones que lo mirarán por TV y lo aprehenderán en el sistema educativo- son blanco de un doble discurso de un estado que organiza competencias que exaltan deporte y salud pero incita a consumir bebidas que producen obesidad, aceleran la diabetes y condicionan la vida futura.

La alimentación basura atraviesa todos los estratos sociales pero también determina un trazo divisorio de la desigualdad, entre el acceso a los alimentos de calidad y la chatarra de tercera marca, que profundiza el sabor adictivo en una profusión de grasas, sodio y azúcares, de ínfimo valor nutricional. La escasa actividad física corona un escenario de ingestas de energía que nunca se gastan. La industria alimenticia –que incluye las bebidas dulces- suele construir una vecindad amigable entre la actividad deportiva y el consumo de golosinas, snacks superindustrializados y refrescos acompañantes. Ídolos que entran a los estadios reforzados con gaseosas o bebidas deportivas y papas fritas amenazan con devorarse el mundo y vestirse de gloria. Ídolos que en sus vidas reales nunca consumen esos alimentos porque son definitivamente perjudiciales. Sin embargo participan activamente de una farsa publicitaria de la que son víctimas las niñas y los niños anónimos cuyo sueño es jugar como superhéroes y superheroínas.

La Fundación Interamericana del Corazón (FIC) analizó 21.085 publicidades televisivas en canales infantiles entre 2013 y 2014 y detectó que “la mayoría de los alimentos publicitados (85,3%) tienen un bajo valor nutritivo por su alto contenido en grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, azúcares libres, sal y calorías”.

Para quitarse la cantidad de azúcar que se consume en una lata de Coca Cola no alcanza con un picado en un potrero. “La teoría ´no importa lo que comas, lo importante es que te muevas´, que repiten cada vez que pueden Coca Cola o Pepsi a modo de deslindarse de cualquier responsabilidad sobre la epidemia de obesidad y diabetes tipo 2, es mentira”, asegura Soledad Barruti, autora de Malcomidos.
Según la Organización Mundial de la Salud, 41 millones de niños, niñas y adolescentes padecen sobrepeso y obesidad. El problema se ha triplicado en los últimos treinta años. Y dejó de ser una característica de las clases altas, sino que aparece como un símbolo de la alimentación deficiente en los sectores más vulnerados, plagada de grasas, azúcares e hidratos de carbono y mezquina en nutrientes.
En Argentina, según la Encuesta Mundial de Salud Escolar de 2012, en cinco años aumentó el exceso de peso en los adolescentes de 13 a 15 años del 24,5% al 28,6%. El territorio de las desigualdades golpea duramente a los más frágiles: según la investigación de FIC Argentina y Unicef, los niños y las niñas de los sectores más populares tienen un 31% más de probabilidades de sobrepeso que los del nivel socioeconómico más alto.

Marketing e intereses

El esponsoreo de Coca Cola a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 desnuda el desinterés del Estado en la disputa necesaria frente a las causas de problemas de salud que se han vuelto endémicos: el consumo de azúcares libres, especialmente en la forma de bebidas azucaradas aumenta el riesgo de desarrollo de sobrepeso y obesidad, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, y presión arterial. En todo el mundo unas 184.000 muertes por año podrían ser atribuibles al consumo de bebidas azucaradas: 133.000 casos de diabetes mellitus, 45.000 de enfermedad cardiovascular y 6.450, de cánceres.

La relación entre el consumo de bebidas azucaradas y el aumento de la obesidad infantil está en algunas agendas. En otras, se escapa velozmente cuando prevalecen otros intereses: en la última apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente de la Nación citó la preocupación: la Argentina es “uno de los cuatro países que más azúcar consumen en el mundo”. Cuatro meses antes la posibilidad de aumentar la carga tributaria sobre las bebidas azucaradas se había desactivado por presión de la Coca Cola a las provincias productoras de limón.



La marca todopoderosa logró frenar el aumento impositivo y, en el caso de los JOJ, determinó que el convenio de marketing con el Comité Olímpico Internacional fuera secreto. Incluso la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el contrato de ciudad sede sin tener acceso al acuerdo marco de marketing. Durante los juegos de 2016 en Río, se filtró por alguna ranura de los cercos informativos que protegen estos acuerdos, que los patrocinadores no pagaban impuestos desde tres años antes. En Londres 2012, los colegios médicos reaccionaron fuertemente ante la paradoja de la campaña por una vida saludable patrocinada por Coca Cola y McDonald`s.

Desde 1928 Coca-Cola patrocina los Juegos Olímpicos. Y durante su desarrollo monopoliza la comercialización y la publicidad de las bebidas, además del sistema de hidratación. En Río 2016 la campaña llegó a 500 millones de personas. Un negocio formidable a costa de la salud de las niñas y los niños. “Nuestro objetivo es claro: utilizar el poder de los Juegos Olímpicos (...) para acelerar nuestros planes de crear un negocio aún más fuerte en los próximos años. Los Juegos Olímpicos son el mayor activo en el sistema Coca-Cola", han escrito los activos Ceos de la multinacional.

En octubre 4000 chicos y chicas de 15 a 18 años de 206 países jugarán en Buenos Aires. Según la Guía Educativa de los Juegos, el concepto surgió por “la preocupación por el aumento mundial de la obesidad infantil y la baja participación de los jóvenes en actividades deportivas”. Pero Coca Cola es el patrocinador. Es la paradoja del estado cómplice, que no juega a lo que pregona, sino a lo que oculta.




vía:
https://www.pelotadetrapo.org.ar/coca-cola,-un-esp%C3%B3nsor-poco-saludable.html

Chile: Agresivo lobby de laboratorios contra resolución que baja millonario precio de medicamento....Por Nicolás Sepúlveda......HEPATITIS C: EN JAQUE MONOPOLIO QUE PERMITE COBRAR HASTA $25 MILLONES POR TRATAMIENTO

Dos días antes del cambio de gobierno, la entonces ministra de Salud, Carmen Castillo, firmó una resolución que derriba la patente de un eficaz medicamento contra la Hepatitis C y que permitiría bajar los precios de un tratamiento que hoy cuesta hasta $25 millones. La resolución está parada debido al fuerte lobby de los laboratorios ante el gobierno, estrategia que incluye la vocería de un ex subsecretario de Economía de la ex presidenta Michelle Bachelet y la asesoría del abogado Francisco Zúñiga, connotado colaborador de la administración de la ex mandataria. A los laboratorios les preocupa que este sea el primer paso para liberar otras patentes farmacéuticas vigentes en Chile.

El 9 de marzo, dos días antes de que se iniciara el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la entonces ministra de Salud, Carmen Castillo, firmó una resolución que, en los hechos, termina con el monopolio que ejerce el Laboratorio Gilead (estadounidense) sobre la venta en Chile de un eficaz y nuevo tratamiento para la Hepatitis C. Más de 50 mil chilenos padecen esa infección, la que, de no ser tratada, puede derivar en cirrosis hepática, cáncer y causar incluso una dolorosa muerte.

A pesar de que el moderno tratamiento está disponible desde 2015, siguen muriendo chilenos afectados por Hepatitis C. ¿La razón? El sofosbuvir, componente clave del tratamiento, puede costar $25 millones en farmacias. Fue patentado por el Laboratorio Gilead, que es, por tanto, el único autorizado para su comercialización en Chile. Ese monopolio explica el alto costo de la medicina.

La decisión de la entonces ministra Carmen Castillo puso en jaque ese monopolio y encendió la alerta roja en la industria farmacéutica, la que de inmediato planificó una agresiva estrategia para anularla.

La resolución abrió -por primera vez en Chile- la puerta a que otros laboratorios vendan este y otros medicamentos, a pesar de estar patentados. Lo hace a través de una “licencia obligatoria”, que bajaría drásticamente los precios. Esto, porque la ley faculta al Estado a pasar por sobre una patente por razones de salud pública o emergencia sanitaria. De aprobarse esta resolución, sería la primera vez que se aplica esta norma, vigente desde 2005.

Un ejemplo de lo que ocurre cuando la patente es “derribada”: en India, donde se comercializa como genérico, el mismo tratamiento para la Hepatitis C puede conseguirse por $1,5 millón, 16 veces más barato que en Chile.

El lobby que desplegó la industria farmacéutica en Chile y en el extranjero ha sido efectivo. A casi cinco meses de la firma de la resolución, su trámite está congelado. El Laboratorio Gilead, dueño de la patente, presentó dos recursos ante el Ministerio de Salud que paralizaron la tramitación de la “licencia obligatoria”. La amenaza que esgrimen los laboratorios es que si Chile la aprueba, puede ser castigado por organismos internacionales por vulnerar tratados comerciales.

CIPER accedió a documentos internos de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), que agrupa a laboratorios multinacionales con presencia en Chile, y reconstruyó la ruta del lobby que ha ejercido sobre las autoridades. Al menos nueve reuniones han sostenido con los ministerios de Economía, Salud y Relaciones Exteriores.

El agresivo lobby incluye la asesoría del abogado Francisco Zuñiga (PS), un hombre cercano al gobierno de Bachelet, y la visita al país de un connotado lobista estadounidense, Carl Meacham, representando la industria de Estados Unidos. Representantes de los laboratorios se han reunido con embajadas de la Unión Europea y con la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (Amcham), alertando sobre las consecuencias de la decisión del gobierno. Este lobby que incluye al principal gremio empresarial del país, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y cuenta con la asesoría comunicacional de la periodista Gloria Stanley.
PRESIÓN INTERNACIONAL

A las cinco de la tarde del martes 13 de marzo el directorio de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) se reunió de emergencia en sus oficinas en calle Hernando de Aguirre (Providencia). No solo les preocupaba que la resolución del Minsal derribara la patente para el tratamiento de la Hepatitis C, el temor era que ese fuera el primer paso liberar otras patentes vigentes en Chile.

Los ocho miembros del directorio participaron de esa asamblea, cuatro en persona y los restantes por video conferencia. Cada uno de ellos representa a un laboratorio integrante de la CIF.

En la reunión se informó que la resolución del Minsal afecta al Laboratorio Gilead (no forma parte de la CIF) y a Bristol–Myers Squibb (BMS), un laboratorio que sí es socio y que produce uno de los compuestos con el que se puede aplicar la terapia contra la Hepatitis C. Luego delinearon su estrategia: acercarse a las autoridades pertinentes, en particular del área económica; mantener un bajo perfil comunicacional; reunirse con los representantes de las embajadas y pedirle a sus abogados que elaboraran un documento con los posibles cursos legales para detener la decisión de la autoridad (revise aquí el acta de ese directorio).

Las gestiones estaban mucho más avanzadas el 22 de marzo (ver acta), cuando volvió a reunirse el directorio de la CIF. Entonces ya se había concretado (14 de marzo) una reunión con su poderoso símil estadounidense: Phrma, gremial que agrupa a los más grandes laboratorios de Estados Unidos. El objetivo era que Phrma informara a la USTR (Oficina del representante comercial de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) lo que estaba ocurriendo en Chile, y le enviara una copia de la resolución del Ministerio de Salud. También despachó minutas a la European Federation of Pharmaceutical Industries (Effpia).

Otra acción internacional destinada a presionar al Estado de Chile fue la gestión del Laboratorio GSK (británico, con presencia en 70 países) ante el Department for a International Trade (DIT), del Reino Unido. El plan fue que se incluyera las “licencias obligatorias” en la agenda de las negociaciones entre Chile y la Unión Europea para actualizar los Acuerdos de Asociación, un tratado comercial vigente hace 15 años.

Con el mismo objetivo, el 11 de abril la CIF se reunió con el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, a quien le plantearon los riesgos para la agenda comercial de Chile que representa la resolución del Minsal que autoriza una “licencia obligatoria”. Las actas de la CIF indican que tuvieron una buena recepción del líder empresarial.

El problema lo había anunciado el vicepresidente ejecutivo de la CIF, Jean Jacques Duhart, quien fue subsecretario de Economía en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Lo hizo el 26 de marzo en las mismas dependencias de la Sofofa, cuando se realizó una reunión informativa sobre los avances de la negociación para actualizar el acuerdo comercial de Chile con la Unión Europea. Allí Duhart planteó también las inquietudes de la CIF por la tramitación del proyecto de Ley de Fármacos II, que representa, dijo, un “riesgo para la posición negociadora de Chile”.

El 23 de marzo los directivos de la CIF se reunieron con Amandine Montredou, representante para Latinoamérica del Instituto de Propiedad Industrial de Francia, y con Florence González, la jefa de políticas sectoriales de la embajada de Francia en Chile. Por la CIF asistieron Jean Jacques Duhart y Henry Ordóñez, gerente en Chile del Laboratorio Sanofi Adventis (franco-alemán), líder de Europa.

Por esos mismos días, Jean Jacques Duhart llegó hasta la embajada de Estados Unidos en Chile. Lo acompañó el abogado Cristián Barros. Ambos se reunieron con James McCarthy, consejero comercial, Megan Schildgen, agregada comercial y Verónica Pinto, la asesora comercial de esa embajada.

En paralelo, Mathieu Gilbert, director de la CIF y gerente del Laboratorio Novo Nordisk en Chile (la mayor empresa de Dinamarca y uno de los laboratorios líderes de Europa), se reunió con un representante de la embajada de Canadá. En otro lugar de Santiago, Ignacio Lombardero, también director de la CIF y gerente del Laboratorio AstraZeneca (con sede en Londres y la quinta empresa farmacéutica del mundo), estaba reunido con personeros de la embajada del Reino Unido.

También hubo reuniones con la embajada de Bélgica (asistió Jean Jacques Duhart con Jorge Arévalo, director de la CIF y gerente en Chile del Laboratorio GSK); con la embajada de Suiza (fue Duhart con Sandra Cabezas Hurtado, del Laboratorio suizo Novartis), y de Dinamarca (Duhart con Gilbert, de Novo Nordisk). Estaban planificadas gestiones ante las embajadas de Alemania y Suecia, pero CIPER no pudo confirmar si se concretaron.


Lobby desplegado por la CIF en Europa
LA INDUSTRIA PRESIONA EN CHILE

Lo que sí se concretó fue la asistencia de dos directores de la CIF, Henry Ordoñez y Cesar Millán, del Laboratorio Janssen (belga), a una reunión de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (Amcham). En la cuenta que rindieron ante el directorio de la CIF, allí plantearon su preocupación por las “licencias obligatorias”.

El objetivo era sumar el poder y la influencia de Amcham a la presión para anular la decisión del Ministerio de Salud. Para asegurar ese respaldo, Duhart se reunió en forma previa con el presidente de Amcham, el abogado Guillermo Carey.

En la planificación de la CIF, a la Amcham le correspondió presionar al ministro de Salud, Emilio Santelices, como registra el acta del directorio de la CIF del 20 de abril (ver acta). Según información de Ley de Lobby, el 16 de abril tres representantes de la Amcham (entre ellos Guillermo Carey) se reunieron con el ministro Santelices. Cuatro días antes, el 12 de abril, hicieron lo mismo con el ministro de Economía, José Ramón Valente.


Lobby de la CIF en Norteamérica

Las actas de la CIF revisadas por CIPER revelan que la industria farmacéutica multinacional estaba muy interesada en que el ministro Valente asistiera al encuentro Roundtable discussion and public fórum, convocado por la US Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de Estados Unidos), el 20 de abril en Washington. Valente acudió (estuvo en Washington entre el 18 y el 23 de abril).

Ante una primera consulta de CIPER, en el Ministerio de Economía respondieron que el ministro no había sostenido ninguna reunión formal ni informal con alguien de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) de Chile durante su paso por Estados Unidos. Pero luego, al preguntar si el tema de las “licencias obligatorias” había sido planteado, respondieron que en ese tipo de instancias “se plantean muchos temas, pero eso es distinto a sostener una reunión formal o informal”.

En Chile si hubo reuniones sobre el problema, y algunas no quedaron registradas en la plataforma de Ley de Lobby. Desde el Ministerio de Economía explican que la CIF solicitó una reunión formal con el ministro Valente, pero que este optó por derivar esa solicitud a Andrés Osorio y Teresita González, dos asesores en materia de competitividad y regulación. La reunión se concretó el 16 de junio. Como esos dos funcionarios no están registrados como sujetos pasivos en la plataforma de transparencia, no quedó huella de esa cita.

La que sí quedó registrada fue la reunión del ministro Valente con los representantes de los laboratorios Gador y Gilead (el distribuidor de la terapia y el poseedor de la patente, respectivamente), la que se realizó el 30 de mayo en el ministerio. El registro público solo anuncia que se conversó sobre la “revisión de planes nacionales sobre Hepatitis C”.

Los mismos representantes de los laboratorios Gador y Gilead se reunieron con el director de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon, dependiente de la Cancillería), Rodrigo Yáñez, el 24 de abril. La solicitud de esa reunión, dice:


De: Laboratorio Gador y Laboratorio Gilead

Para: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon)

“Expresar nuestra preocupación por los eventos relacionados a Hepatitis C, en particular por las exigencias de la reciente resolución exenta N° 399 del 9 de marzo de 2018 del Minsal, y nuestra propiedad intelectual, que nos afecta directamente, y sus repercusiones para las relaciones comerciales con la compañía norteamericana Gilead, y las relaciones comerciales entre nuestros países”.

La misma delegación estuvo el 20 de abril en el Ministerio de Salud, donde se reunieron con la jefa de la División de Políticas Públicas Saludables, María Godoy Gabler. El 16 de mayo el Laboratorio Bristol Myerss Squibb (BMS, que forma parte de la CIF), también acudió al Minsal a una cita con asesores. El registro de esta última reunión incluye la respuesta de los personeros del Ministerio de Salud al laboratorio:


De: Ministerio de Salud

Para: Laboratorio Gador y Laboratorio Gilead

“Se indica que la resolución se emitió por solicitudes externas y que está bajo análisis. Se respetará el marco legal vigente y se les invita a mantener sus inversiones en sus distintas líneas de investigación, y que mantengan su interés en participar en los distintos programas de salud del Ministerio“.
LOBISTAS IBAN, LOBISTAS VENÍAN

El 10 de abril la plataforma de Ley de Lobby registra la primera reunión de lobistas con autoridades nacionales por este problema. Ese día el vicepresidente ejecutivo de la CIF, Jean Jacques Duhart, llegó hasta las oficinas de la Direcon para reunirse con la jefa de gabinete del organismo, Katherine Lama. Acudió en compañía de Luz Sosa, abogada del Laboratorio Johnson & Johnson, y del estadounidense Carl Meacham, vicepresidente de Phrma (la gremial de los laboratorios de Estados Unidos) para Latinoamérica.

El registro de aquella reunión solo informa que se trató el tema de “las licencias obligatorias para productos farmacéuticos”. Esa gestión tuvo el respaldo de Meacham, un hombre clave en la ofensiva desplegada por los laboratorios en Chile. El gobierno ha señalado que uno de sus objetivos económicos es incrementar la inversión extranjera en el país, por lo que los representantes de los intereses económicos de Estados Unidos podrían tener en Meacham un micrófono más potente ante nuestras autoridades. Eso va en la misma línea estratégica trazada por la CIF: anular la “licencia obligatoria” para la Hepatitis C para no espantar a los inversionistas.

Meacham es uno de los representantes clave de los intereses estadounidenses en Latinoamérica. Tiene 46 años, con estudios en ciencias políticas, relaciones internacionales y administración pública. Creció en Chile (su madre es chilena) pero desarrolló su carrera en Estados Unidos. Entre 2002 y 2013 trabajó en el influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Allí también asesoró al senador republicano Richard Lugar. Luego se desempeñó en el Center for Strategic and International Studies, dependiente del mismo comité del Senado, como encargado de América Latina. Desde esa plataforma recorrió el continente y fue prolífico en entrevistas sobre las coyunturas de Cuba, Venezuela y Argentina.


Carl Meacham, lobista estadounidense (captura de Youtube)

Sus visitas no se limitaron a la política, el acento fue defender los intereses comerciales de su país. En 2008 dijo a El Mercurio que el objetivo de sus viajes de ese año era elaborar un informe para el G-8 donde se analizara si en los países estudiados “hay corrupción o impuestos injustificados” (revise esa entrevista).

Carl Meacham es un experto lobista estadounidense. En 2016 era gerente de Asuntos Públicos para el cono sur (Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay) de Uber. En ese rol sostuvo al menos cinco audiencias con autoridades chilenas. Este 2018 registra dos reuniones con autoridades, pero ahora en representación de la Cámara de Innovación Farmacéutica de Chile (CIF) y de su par del norte, Phrma.

Un mes después de su primera gestión ante la Direcon, Carl Meacham llegó a la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera (InvestChile, del Ministerio de Economía), y se reunió con el jefe del organismo, Ian Frederick. La tabla se mantuvo: las “licencias obligatorias” y la Ley de Fármacos II, que se tramita en el Congreso (vea el registro).
EL ABOGADO BACHELETISTA

A las 10:10 del jueves 22 de marzo, el abogado Francisco Zúñiga Urbina (PS) intervino en una reunión del directorio de la CIF. Lo hizo junto a Felipe Peroti, abogado del estudio que Zúñiga comparte con Jaime Campos, ex ministro de Justicia de Bachelet.

Al igual que Campos, Francisco Zúñiga jugó un rol importante en el gobierno pasado. En 2013 integró el comando de campaña de Michelle Bachelet, coordinando la comisión encargada de elaborar una propuesta para modificar la Constitución. En 2014 asesoró al Ministerio de Hacienda durante la tramitación de la Reforma Tributaria (recibió $24 millones por esa labor). Entonces también tenía un pie en el sector privado: en paralelo asesoraba a la Asociación de Bancos en su oposición a la ley que fortalecía el Sernac. En 2015 presentó en el Congreso un informe encargado por Parque Arauco en contra del proyecto que establecía dos horas y media de gratuidad en los estacionamientos de centros comerciales, y en esa misma época era el asesor legal de la empresa Morpho, que presta servicios al Registro Civil.

Ante el directorio de la CIF, Francisco Zúñiga enumeró los “vicios de juridicidad” e “infracciones constitucionales y legales” que, a su parecer, tiene la resolución firmada por la ex ministra Castillo. Zúñiga dijo a los representantes de los 22 laboratorios que forman parte de la gremial que, además, la decisión del Minsal infringe el principio de competencia, que la motivación económica que esgrimen no es válida y que se cometió infracción en el procedimiento administrativo, porque no se le permitió al laboratorio participar de la decisión.


Abogado Francisco Zuñiga (PS)

Luego, Zúñiga recomendó vías de acción para revertir la decisión de la ministra Carmen Castillo. En su propuesta figuró acudir a la Contraloría y solicitar que se anule la decisión. Según dijo Zúñiga, invalidar la resolución podía demorar entre seis a ocho meses.

El directorio de la CIF decidió ese mismo día acudir a la Contraloría y solicitar a Zúñiga su tarifa por hacerse cargo del trámite. El acta de la reunión de directorio de la CIF del 3 de abril (ver acta), indica los honorarios que se le pagarán a Zúñiga por la presentación ante la Contraloría: 200 UF más un bono de 100 UF si la operación es exitosa (unos $8,7 millones en total). Zúñiga recibe además otros pagos de la CIF, ya que es su asesor permanente al menos desde 2016.

La última semana de abril se presentó ante la Contraloría la impugnación a la resolución del Ministerio de Salud. El órgano fiscalizador aún no se pronuncia.

CIPER intentó comunicarse con Francisco Zúñiga a través de su oficina de abogados, pero no hubo respuesta.
“LA ESPERA NOS MATA”

Actualmente el sofosbuvir (compuesto principal de la cura para la Hepatitis C) se vende en el país bajo el nombre de Sovaldi, la denominación utilizada por el Laboratorio Gilead, propietario de la patente. Su precio en farmacias oscila entre los $3,8 y los $5,2 millones para una caja de 28 comprimidos, que solo sirve para un tercio del tratamiento. La dosis completa –tres de esas cajas­– puede llegar a costar $15,6 millones.

Pero Sovaldi no se toma solo, sino que se combina con otros compuestos. La Farmacia Salcobrand ofrece el Harvoni (sofosbuvir más ledispasvir) a $6,6 millones la caja de 28 pastillas. En Farmacias Ahumada cuesta $7,5 millones. Multiplicado por tres, el tratamiento puede costar $22,5 millones. Otra opción es Epclusa (sofosbuvir más velpatasvir) que en Salcobrand cuesta $6,6 millones.

El alto costo de estos medicamentos ha impedido el acceso a ellos de todos los enfermos que los han necesitado.

Julia, la esposa de Álvaro Villagrán, se enteró que su marido estaba infectado con Hepatitis C a mediados de 2016, cuando le hicieron un examen de sangre en un servicio hospitalario de San Antonio. Recién seis meses después lo ingresaron al AUGE. A pesar de que los síntomas en su cuerpo se manifestaban hace más de tres años (líquido en sus piernas, tono amarillento en su piel), ningún examen médico lo advirtió.

No es un caso aislado, las estimaciones de los hepatólogos es que existen alrededor de 50 mil personas infectadas con Hepatitis C en Chile, y que de ellas solo mil están diagnosticadas en el sistema público (que atiende al 80% de la población). Eso significa que solo poco más de un 2% de los infectados sabe el mal que padece. El hepatólogo Alejandro Soza lo explica en este video que subió a Youtube la Fundación de Pacientes con Hepatitis C:

En marzo de 2017, Julia y su esposo Álvaro comenzaron los trámites para acceder al tratamiento:

Actualmente, se puede comprar el tratamiento en la India como persona natural, con la guía de un médico y los contactos necesarios. Hay pacientes que relatan que los han estafado, porque pagan y después los medicamentos no llegan. No hay ninguna protección legal, pero es la única opción que tienen: en la India las pastillas son 16 veces más baratas que en Chile.

Cuando Álvaro Villagrán empezó a tomar las pastillas de la India, tenía 63 años. Alto y corpulento, comenzó a debilitarse rápidamente. En noviembre pesaba 44 kilos. Su esposa Julia, relata:

Lo que Julia dolida reclama es que nadie le dijo que si la terapia no se aplica a tiempo, puede ser inútil.

Además de tristeza y dolor Julia hoy está con mucha ira: “Fue una lucha dispareja, porque si yo no hubiera llegado donde Marcos Aguirre (dirigente de la Fupahep) no habría tenido los medicamentos. Esto no se ha difundido lo suficiente, y menos la precaución. Porque la gente no sabe, y usted puede tener Hepatitis C durante años y no saber”.
VUVUZELAS AFUERA DEL MINSAL

Marcos Aguirre también estuvo infectado con Hepatitis C. Hace cuatro años se la diagnosticaron. Preguntando y navegando en internet llegó a Fupahep. Cuenta que en ese momento el tratamiento para la enfermedad costaba entre $25 millones y $99 millones, dependiendo de la mezcla de fármacos que el paciente debía ingerir según el tipo de Hepatitis C que padecía.

Marcos realizó un bingo junto a su familia y amigos en septiembre de 2015. Juntaron $1,2 millón. No alcanzaba para las pastillas, pero él le dio otra utilidad y de paso se convirtió en dirigente de la Fupahep:

-Con esa plata compré vuvuzelas, pancartas y unas poleras que dicen “la espera nos mata”. Me paré con dos personas más afuera del Minsal y nos dijeron que pidiéramos una reunión vía Ley de Lobby. Nosotros convocamos a todas nuestras familias y con las vuvuzelas y las pancartas llegamos a protestar. A los 15 minutos estábamos con el entonces subsecretario Jaime Burrows –cuenta Marcos Aguirre a CIPER.


Protesta de Fupahep

Lograron impacto mediático y pudieron instalar el problema. Como una medida de emergencia, en junio de 2016 el Minsal compró 50 dosis del tratamiento. La Fupahep se encargó de contactar a las 50 personas más graves en ese momento. Según la Fupahep, el Minsal pagó $12 millones por cada tratamiento al laboratorio: $600 millones en total.

Todos los que habían protestado y luego recibieron el tratamiento, se fueron para sus casas. En la Fupahep solo quedó Marcos Aguirre y el directorio.

-En 2017 descubrimos que en la India los remedios eran más baratos, que se podían conseguir por $1,5 millón, así que un paciente se ofreció a probarlos, y funcionaron –recuerda Marcos Aguirre.

De ahí en adelante se especializaron en los trámites burocráticos: el permiso del Instituto de Salud Pública (ISP), las redes de distribución, el seguimiento médico. Las pastillas se demoran 25 días en llegar a Chile. A pesar de la efectividad de los remedios, Marcos se lamenta: “Igual en el camino se han muerto tres personas, porque los medicamentos no llegaron a tiempo”.

Marcos Aguirre dice que el tratamiento que cura la Hepatitis C fue ingresado a la canasta de la garantía GES a fines de 2017, pero solo para 350 personas. “Fupahep pide un tratamiento para todos”, señala el dirigente.

Quien también se acercó a la Fupahep fue la periodista Patricia Espejo, a quien le diagnosticaron Hepatitis C en 2016. Espejo se había especializado en temas de salud, realizando diversos programas en TVN. Dice que lo primero que le impactó cuando fue diagnosticada fue el costo que tenía el tratamiento:

-El doctor me dijo: es caro. Yo pensé que el tratamiento completo era de $10 millones, pero nunca pensé que fueran $45 millones. Era impactante el precio. Sé que después esos precios bajaron –cuenta Patricia Espejo a CIPER.


Cotización que recibió Patricia Espejo. Solo considera pastillas para un tercio del tratamiento

La periodista pudo resolver su tratamiento gracias a la compra de medicamentos en Argentina y a un trato privilegiado que recibió del Laboratorio Gilead. “Yo estaba jubilada en ese tiempo, por lo que tuve que echar mano a mis ahorros. Esos ahorros para mi vejez se fueron”, señala. Espejo dice que entiende el reclamo de los laboratorios, porque si no recibieran una retribución “no habrían incentivos para investigar, y en estricto rigor, quienes más investigan en fármacos para las enfermedades son los laboratorios multinacionales, más que las universidades”.

Patricia Espejo sí resalta un problema:

-Lo que sí me resulta molesto es que quieran recuperar la inversión en una semana. Aunque lo pongo en forma caricaturizada. Porque no puedo creer que una pastilla pueda llegar a costar mil dólares… ¡una pastilla! No puedo creer que tenga ese valor. No me consta que haya sobreganancia, pero puedo presumir que quieren recuperar la inversión en muy poco tiempo y luego comenzar a ganar (lea aquí la entrevista completa a la periodista Patricia Espejo).
DECISIÓN PARALIZADA

Los que impulsaron la decisión del Minsal sobre las “licencias obligatorias” para la Hepatitis C fueron la Corporación Innovarte (dedicada a temas de propiedad industrial), la Fundación Nuevo Renacer (de pacientes con cáncer) y los diputados Giorgio Jackson (RD) y Karla Rubilar (actual intendenta de Santiago). Y aunque han seguido presentando recursos, el Ministerio de Salud mantiene la resolución paralizada.

Hemos tenido conversaciones informales en las que nos han ratificado que hay un problema político que escaló incluso a La Moneda, y ahora estamos solicitando formalmente información sobre los plazos del proceso de “licencia obligatoria

Entre marzo y abril el Laboratorio Gilead presentó un recurso de reposición (ver) y un téngase presente en contra de la resolución del Minsal (ver). El abogado de la Corporación Innovarte, Luis Villarroel, quien respondió esos recursos el 19 de junio (ver respuesta), señala a CIPER:

El Ministerio de Salud tiene una gran oportunidad para terminar con la Hepatitis C en Chile y, a la vez, enviar una señal que evite abusos en precios de fármacos. Solo debe finalizar el procedimiento de “licencias obligatorias” contemplado en nuestra legislación respecto de los medicamentos requeridos, tal como ya lo ha hecho Malasia con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud.

La ruta que podría seguir la Resolución N°399 es compleja. Si el Minsal decide avalar la “licencia obligatoria”, deberá solicitarla al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), el que podría tomarse hasta año y medio para resolver, según dijeron a CIPER en ese organismo. Luego, la decisión es apelable ante el Tribunal de Propiedad Industrial y finalmente ante la Corte Suprema.

La posibilidad de estirar la decisión, es una maniobra que forma parte del plan de la CIF. Fue uno de los datos que les entregó el abogado Francisco Zúñiga, quien conoce al dedillo el funcionamiento de la institucionalidad por su constante ir y venir del mundo público al privado.

El vicepresidente ejecutivo de la CIF, Jean Jacques Duhart, asegura a CIPER que la resolución firmada por la ex ministra Carmen Castillo distorsiona la ley, porque a su juicio el criterio económico no es una causal para emitir “licencias obligatorias”.


Jean Jacques Duhart (captura CNN Chile)

-La preocupación del Minsal es muy válida, pero que el ministro de Hacienda reconozca entonces que el gobierno tiene otras prioridades. No pongamos a los pacientes de rehenes de esta situación. Esto no debe afectar a los pacientes, ya que estos deben recibir sus tratamientos del Estado. Alguien habrá hecho bien los estudios para decidir incluir este tratamiento en el GES. No se puede a la hora 25 tomar otro tipo de decisiones. Este no es un tema humanitario: está cubierto y el Estado tiene que responder. Si no revisaron bien la plata, tendrán que hacer las revisiones del caso. Aquí se quiere sacar las castañas con la mano del gato –dice Jean Jacques Duhart a CIPER.

El argumento de Duhart es el mismo que enarbola en todo el mundo la industria farmacéutica: el Estado debe pagar por los tratamientos, no los pacientes. Pero, a fin de cuentas, alguien debe pagarles lo que cobran. Duhart reconoce que les preocupa el “antecedente” que esta decisión puede sentar:

-La decisión se tomó de forma bien liviana, bien superficial. Bajo esta misma lógica, tú podrías aplicar esta situación a cualquier producto protegido por patentes. Y eso sería perforar el sistema de patentes en Chile de la A a la Z. Eso puede ser una opción país, pero tiene consecuencias.

– ¿Cuáles?

-Que con ello se va a vulnerar reglas básicas sustentadas en compromisos internacionales que ha asumido Chile, y que le han permitido insertarse en el concierto internacional. Puede que le digan a Chile que va a tener que renegociar múltiples tratados, como los TLC. Ahora está de moda Trump, que se le ocurre echar abajo todos los acuerdos y empezamos una escalada… Con la diferencia de que Chile es un país pequeño que ha sustentado todo su avance con su inserción internacional. Si empezamos a soltarnos las trenzas…

– Si esta resolución se hace efectiva, ¿puede haber sanciones para Chile?

-Se genera un precedente que significa vulnerar reglas fundamentales a las que Chile se ha comprometido (lea aquí la entrevista completa a Jean Jacques Duhard).



vía:
https://ciperchile.cl/2018/07/24/agresivo-lobby-de-laboratorios-contra-resolucion-que-baja-millonario-precio-de-medicamento/

Indignado: Cibiogem y el negocio de los mosquitos transgénicos ....Silvia Ribeiro*

Silvia Ribeiro*




Les urgía. Ante la inminencia del cambio de autoridades, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) se apresuró a lanzar una convocatoria para crear mosquitos transgénicos con fines comerciales. No para analizar riesgos y considerar si deberían liberarse al ambiente, como sería el rol de una comisión gubernamental de bioseguridad ante una tecnología de alto riesgo, sino lo contrario, para alentar la creación de mosquitos transgénicos y subsidiar con dinero público a empresas nacionales o extranjeras que, como dice explícitamente el llamado, lo puedan patentar y vender. Cibiogem, después de una década de aprobar que Monsanto nos fumigue y alimente con agrotóxicos cancerígenos como el glifosato, se convirtió de pronto en paladín de la salud: el llamado, afirma, es porque existen pruebas de que los mosquitos transgénicos han sido exitosos en el combate del dengue. Esto es directamente falso: las evidencias muestran lo contrario (https://tinyurl.com/yc83wuuw).

La convocatoria pública está abierta hasta fin de julio de 2018, para luego firmar un convenio con la opción elegida por Cibiogem, poco antes del cambio de gobierno, pero con una duración de tres años (https://tinyurl.com/y95lj6g7). Entre las muchas aberraciones del llamado está que Cibiogem no tiene mandato para este tipo de actividades, que implican desarrollar proyectos con el propósito de crear o favorecer a una empresa con fines de lucro para construir transgénicos como negocio. Además, implica experimentar con mosquitos transgénicos en la naturaleza, para lo cual se debe solicitar autorización a la Cibiogem, que será entonces juez y parte.

Decir convocatoria pública es una formalidad, porque está hecha de forma tan estrecha que parece diseñada para subsidiar con fondos públicos a alguna compañía y/o grupo académico al cual se ha contactado previamente, ya que los requisitos son muy complejos de cumplir en muy poco tiempo. Podría ser un contrato con la compañía Oxitec (propiedad de la empresa estadunidense de biología sintética Intrexon) o quizá con algún grupo promovido por la Fundación Bill y Melinda Gates. Podría también ser un estímulo a proyectos que existen –con apoyo del ejército de Estados Unidos– para desarrollar mosquitos con impulsores genéticos ( gene drives), tecnología altamente riesgosa y controvertida diseñada para extinguir especies enteras (https://tinyurl.com/ybtrud4y).

Llaman a desarrollar mosquitos transgénicos para combatir al dengue y otras enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti, con construcciones genéticas para disminuir las poblaciones de ese mosquito, impedir biológicamente que sean vectores de enfermedades o para que produzcan descendencia monosexual (sólo machos), ya que son las hembras las que pican. En este último caso abren la puerta a experimentar en México los impulsores genéticos, una técnica para engañar las leyes naturales de la herencia y conseguir que un carácter transgénico se expanda rápidamente, dirigida a manipular especies silvestres y diseñada para reproducirse agresivamente en el medio ambiente. El Convenio de Diversidad Biológica discute esta misma semana sobre los impactos de tal tecnología, cuya liberación no ha sido autorizada en ninguna parte del mundo (https://tinyurl.com/hp2gph5).

La convocatoria cita como ejemplo exitoso el de los mosquitos transgénicos de Oxitec (OX513A), con los que la empresa ha hecho pruebas en Malasia, Panamá, Islas Caymán y Brasil. Los resultados reales de sus experimentos –no la propaganda de la empresa a la que se refiere Cibiogem– muestran altísimos costos, falta de consulta a las comunidades afectadas y, sobre todo, ninguna evidencia de reducción del dengue u otras enfermedades e incluso ¡aumento de los mosquitos transmisores!

El modelo de operación de Oxitec ha sido conseguir una contraparte universitaria y/o institución pública, incluyendo municipios, para liberar mosquitos con letalidad condicionada, supuestamente sólo machos (las hembras son las que pican y trasmiten la enfermedad) que aunque se crucen, no puedan desarrollar cría. Para ello liberan miles de millones de mosquitos transgénicos para abrumar a los ejemplares locales, muchísimo menores en número, pero se han escapado miles de hembras picadoras. Las pruebas en Malasia fueron suspendidas por incertidumbre sobre los impactos y por altos costos. En Panamá fueron suspendidas por razones similares. En Brasil, aunque la muy parcial comisión de bioseguridad (CNTBio) aprobó experimentos, las autoridades de inocuidad en salud (Anvisa) no lo han permitido. Un documento reciente de la organización GeneWatch, basado en informes obtenidos por el acta de libertad de información, muestra que en Islas Caymán la población de mosquitos hembras (picadoras, trasmisoras de enfermedad) en las áreas de experimentación ¡aumentó 150 por ciento! La idea del negocio es captar los fondos dedicados a prevención de salud en municipios para desviarlos a estos dudosos proyectos, que además de no ser eficaces contra la enfermedad, son de alto riesgo para la salud de los ecosistemas. Urge cancelar esta absurda convocatoria.

*Investigadora del Grupo ETC
vía:http://www.jornada.com.mx/2018/07/07/opinion/018a1eco

Ecuador-Pueblos Originarios: Nadie está sobre la ley. Indígenas de la Amazonía ecuatoriana hacen un llamado de apoyo en su lucha contra la impunidad corporativa ....biodiversidadla

Los ecuatorianos afectados por Chevron hacen un llamado para cambiar las leyes y comportamientos que sostienen la estructura de impunidad corporativa a nivel mundial. 350 mil dólares canadienses es el precio a pagar en unas pocas semanas para que los pobladores de la Amazonía puedan acceder a la Corte Suprema de Justicia de Canadá. Apoya a los afectados para ganar este histórico juicio y dona para obtener acceso a la justicia.

Quito 18 de junio de 2018. 350 mil dólares canadienses es el precio a pagar en unas pocas semanas para que los pobladores de la Amazonía puedan acceder a la Corte Suprema de Justicia de Canadá. Su intención es hacer cumplir la sentencia ecuatoriana para la reparación de una de las mayores contaminaciones ambientales en el mundo y que fue causada por la negligente operación de Chevron Corp.
Los ecuatorianos afectados por Chevron hacen un llamado para cambiar las leyes y comportamientos que sostienen la estructura de impunidad corporativa a nivel mundial. Compañías como Chevron son una amenaza para el ambiente y la supervivencia de nuestro planeta.
La Corte Nacional de Ecuador condenó a Chevron a pagar más de 9.500 millones de dólares para la reparación de las tierras y aguas que fueron seriamente envenenados por Chevron. Sin embargo, esta empresa retiró todas sus inversiones y bienes de Ecuador, por lo que las comunidades se vieron forzadas a cobrar la sentencia en Argentina, Brasil y Canadá.
En el caso de Canadá, la Corte Suprema ha reconocido que esta demanda es de interés público. Sin embargo, los jueces del tribunal inferior de Ontario declararon que, a pesar de que la realidad económica de Chevron no se corresponde con a la realidad jurídica, las leyes vigentes no deberían modificarse porque consideran que la demanda de los ecuatorianos podría afectar a las empresas canadienses. De este modo han subordinado los derechos humanos a los intereses empresariales. Este juicio ha provocado un largo debate entre los miembros de la judicatura canadiense y los abogados practicantes. La apelación de la UDAPT ante la Corte Suprema de Canadá sería el escenario en el que los jueces definan si van a adoptar un enfoque innovador respecto a la responsabilidad corporativa, la justicia y la equidad, o seguirán con la aplicación de las leyes actuales que favorecen la impunidad de las compañías transnacionales.
En este proceso la UDAPT se ha sumado a campañas internacionales, con cientos de organizaciones que luchan por los derechos humanos, especialmente para la creación de un instrumento internacional vinculante que obligue a las corporaciones a respetar los derechos humanos. La emblemática batalla de los ecuatorianos ha permitido desenmascarar la estructura de impunidad que permite la violación de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales.
Los afectados ecuatorianos consideran que la Corte Suprema de Canadá es un juzgado confiable, pues sus siete miembros han reconocido previamente el derecho que tienen de homologar la sentencia y buscar justicia en Canadá. Sin embargo, el acceso a esa Corte está condicionado económicamente, puesto que el Tribunal de Ontario ha dispuesto que las víctimas ecuatorianas cancelen 350 mil dólares canadienses hasta finales de junio si desean continuar con esta importante batalla. Para los indígenas y campesinos que viven e la Amazonía y no tienen fondos, recolectar este monto es muy difícil. Si no lo consiguen, la impunidad habrá prevalecido.
Por otro lado, su victoria podría representar un importante avance para las poblaciones indígenas que son víctimas de violaciones a los derechos humanos en todo el mundo. Po esta razón se ha iniciado un movimiento a nivel mundial para recolectar los 350 mil dólares canadienses que podrían dar un vuelco a esta historia de impunidad corporativa. Esta es la oportunidad de finalmente romper el cerco que impide a los pobladores del mundo a reclamar sus derechos humanos a las empresas transnacionales a nivel mundial.
El juicio contra Chevron es promovido por más de 30 mil campesinos e indígenas de 6 nacionalidades, organizados en la UDAPT (Unión de Afectados por Texaco).
Apoya a los afectados para ganar este histórico juicio y dona para obtener acceso a la justicia.
https://www.thecrowdversus.org...
http://texacotoxico.net...

vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Campanas_y_Acciones/Nadie_esta_sobre_la_ley._Indigenas_de_la_Amazonia_ecuatoriana_hacen_un_llamado_de_apoyo_en_su_lucha_contra_la_impunidad_corporativa

Las Corporaciones: La transparencia de Bayer....se nota que sos MONSANTO....Acción por la Biodiversidad

Apenas concluida la adquisición de Monsanto, Bayer ha lanzado una campaña para justificar como seguirá envenenando al mundo en nombre de las necesidades de alimentación de la humanidad. Lo que pretende esconder Bayer es que los venenos que vende se acumulan en el ambiente y en nuestros organismos y que los mismos tienen efecto por su aplicación crónica que muchas investigaciones científicas ya han demostrado.




Apenas concluida la adquisición de Monsanto, Bayer ha lanzado una campaña (La apuesta de Bayer por la transparencia: son nuestros alimentos seguros? *) para justificar como seguirá envenenando al mundo en nombre de las necesidades de alimentación de la humanidad. Pero lo que claramente transparenta esta publicidad son las mentiras, tomadas casi como un calco de anteriores publicidades de Monsanto, con las que pretende engañar a los navegantes por la web desprevenidos.

Desenmascaremos una vez más estas mentiras:

- En primer lugar Bayer apela a dos recursos publicitarios que nada tienen que ver con la transparencia si no con engañar al público: el uso de humor y el absurdo para generar empatía con quien mira la publicidad y señalar al mismo como “un tipo informado”.

- A partir de allí el conjunto de mentiras con las que tratan de engañarnos se acumula como se acumulan los venenos en nuestro organismo: Bayer sugiere que hace falta comer enormes cantidades de alimentos (850 manzanas por ejemplo) para que estos tengan efecto tóxico (incluso cancerígeno). Lo que pretende esconder Bayer es que los venenos que vende se acumulan en el ambiente y en nuestros organismos y que los mismos tienen efecto por su aplicación crónica que muchas investigaciones científicas ya han demostrado. Para explicarlo de manera simple: puede ser que comer una manzana con restos de agrotóxicos no tenga efectos por esa sola ingestión; pero es claro que el consumo continuo de alimentos con restos de agrotóxicos (manzanas y muchos otros) puede provocar efectos tóxicos en nuestros organismo. Mucho más cuando esos mismo tóxicos están presentes en nuestro medio ambiente de manera extendida y allí también estamos expuestos a ellos.

- También parece ignorar Bayer que en recientes informes del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) a una solicitud de la organización Naturaleza de Derechos, se reconoce la presencia de más de un agrotóxico en frutas y verduras y en muchos casos superando los “límites permitidos”. El caso de las manzanas es contundente: se encontraron 22 agrotóxicos superando la presencia de seis de ellos los “límites permitidos”.

- Finalmente la apelación a que hace falta producir más alimentos para alimentar a los 7 mil millones de personas que somos; cae una vez más (ese fue el argumento usado por Monsanto por décadas) en la mayor de las mentiras: se producen suficientes alimentos en el mundo para alimentar a toda la humanidad. El problema es su distribución, la mala calidad de los alimentos ultraprocesados y el hecho de que casi el 40 % de estos alimentos van a parar a la basura de la mano del sistema agroalimentario actual.

Pero en el video Bayer reconoce claramente que los químicos que venden para “proteger” a los cultivos son tóxicos y producen cáncer y que los mismos están presentes en los alimentos. O sea que expone explícitamente que vende agrotóxicos y que los mismos no desaparecen luego de ser aplicados.

Veamos que dicen los verdaderos expertos sobre el tema:

Extractos del Informe de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas a la Asamblea de la ONU el 24 de enero del año 2017:

“Preocupan gravemente los efectos de la exposición crónica a los plaguicidas peligrosos. La exposición a plaguicidas se ha vinculado al cáncer, a la enfermedad de Alzheimer y a la enfermedad de Parkinson, a trastornos hormonales, a problemas de desarrollo y a esterilidad. Los plaguicidas también pueden tener numerosos efectos neurológicos, como pérdida de memoria o de coordinación o reducción de la capacidad visual o motriz. Otros posibles efectos son, por ejemplo, el asma, las alergias y la hipersensibilidad. Con frecuencia estos síntomas son muy sutiles y la comunidad médica puede no reconocerlos como un efecto clínico de los plaguicidas 12 . Además, los efectos

crónicos de los plaguicidas pueden tardar meses o años en manifestarse tras la exposición, lo cual plantea un desafío importante a la hora de tratar de exigir cuentas y acceder a un recurso efectivo, incluidas intervenciones preventivas”.

“Es muy difícil evaluar el riesgo de los plaguicidas que se presentan para registro, sobre todo porque a menudo los estudios de toxicidad no analizan los múltiples efectos crónicos relacionados con la salud”.

“La alta exposición acumulativa de los consumidores a los plaguicidas resulta particularmente preocupante, sobre todo en el caso de los plaguicidas lipofílicos, que se adhieren a la grasa y se bioacumulan en el cuerpo”.

“Los plaguicidas también pueden bioacumularse en los animales de granja como consecuencia de piensos contaminados. A menudo se aplican insecticidas a las aves de corral y los huevos, y a su vez la leche y otros productos lácteos pueden contener diversas sustancias por bioacumulación y almacenamiento en el tejido adiposo de los animales”.

Es notable que toda la publicidad está dirigida a hombres (un tipo informado). ¿Se habrán dado cuenta que después de la marea verde las mujeres ya no se dejarán engañar por sus historias?

La posibilidad de alimentar a toda la humanidad sin usar agrotóxicos, sin destruir ni contaminar el ambiente es hoy una posibilidad concreta: la agroecología abre las puertas para hacerlo y hay ya millones de productores practicándola. Informate y sumá tu grano de compost para un mundo sin venenos.

Nota

* La apuesta de Bayer por la transparencia: son nuestros alimentos seguros?, aquí

En Twitter: ¿Sabías que deberías comer 850 manzanas al día para que los residuos de pesticidas que protegen a los cultivos puedan generarte algún efecto evidente en tu cuerpo? #Transparencia

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires

Hecho en Bs. As. / empresa social

Acción por la Biodiversidad


vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/La_transparencia_de_Bayer_se_nota_que_sos_MONSANTO