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martes, 26 de noviembre de 2019
Chile-La Dictadura-Genocidio: LO HERMIDA RESISTE... Sistema de violencia contra una población en lucha....Lo Hermida es una población históricamente movilizada, que hoy se encuentra en una incesante lucha por la vivienda. Entre el 11 y el 15 de Noviembre, a raíz de la toma pacífica que realizó en la Viña Cousiño, la población fue sitiada y brutalmente reprimida por Carabineros, Fuerzas Especiales y el Gope, dejando a más de 500 heridos. Otros pobladores y pobladoras fueron allanados ilegalmente, torturados, y amedrantados por las fuerzas represivas.
domingo, 24 de noviembre de 2019
miércoles, 20 de noviembre de 2019
martes, 19 de noviembre de 2019
jueves, 14 de noviembre de 2019
miércoles, 13 de noviembre de 2019
domingo, 2 de septiembre de 2018
Ecuador-La Dictadura: Cadáveres en Ecuador .....Amauri Chamorro * E l gobierno de Lenín Moreno cometió dos asesinatos esta semana. Uno fue el de un joven desarmado, acribillado por la espalda por un policía. El otro fue contra la Constitución, al destituir ilegalmente a los miembros de la Corte Constitucional.
Amauri Chamorro *
El gobierno de Lenín Moreno cometió dos asesinatos esta semana. Uno fue el de un joven desarmado, acribillado por la espalda por un policía. El otro fue contra la Constitución, al destituir ilegalmente a los miembros de la Corte Constitucional. Ambos fueron transmitidos en tiempo real por las redes sociales y su impacto social fue disminuido por las empresas de comunicación que, de una manera u otra, blindan al gobierno del presidente Moreno de cualquier intemperie política.
Moreno acribilló el artículo 431 de la Constitución, que directamente indica que los miembros de la Corte no pueden ser enjuiciados políticamente, mucho menos ser destituidos de sus funciones. Así como lo hicieron todos los dictadores de América Latina y el Caribe, Moreno cesó a los jueces que fungen de guardianes de la carta magna para poder instalar una agenda económica y social que beneficia a pocas familias. Destituir a la Corte Constitucional y nombrar a dedo a los nuevos jueces es un paso indispensable para la arremetida neoliberal, que en este momento camina fuertemente en dirección a la privatización de todo lo que la revolución ciudadana pudo construir: carreteras, empresas públicas e inclusive las hidroeléctricas que permitieron a Ecuador transformarse en un competitivo exportador de energía eléctrica en América del Sur.
Moreno ya ha anunciado la posibilidad de la privatización del seguro social público para implementar las desastrosas AFP. Todo lo citado anteriormente es inconstitucional.
En la contabilidad del gobierno conservador de Moreno ya están la ilegal condena del vicepresidente Jorge Glas, los inconstitucionales nombramientos del fiscal general, los consejeros de Control Social, la vicepresidenta de la República y la presidenta de la Asamblea, entre otros. Moreno no gobierna el país dentro del marco jurídico establecido en la Constitución. Para que Moreno pudiera avanzar en estos terribles atropellos al estado de derecho, primero se protegió con la instalación de la FBI, la fuerza aérea y la inteligencia estadunidense, que desde hace pocos meses operan oficialmente en el país. Ecuador se transformó en un país sin Dios ni ley.
Eso se refleja en el actuar de la Policía Nacional, que asesinó a sangre fría a un joven afro en el norte del país. Fue durante un incidente en una carretera que el policía le disparó por la espalda, directamente a la cabeza, sin motivo alguno. El joven cayó frente a los celulares que registraban un desentendimiento entre policías y ciudadanos.
Desde hace una década Ecuador vivía una ejecución sumaria de la policía a un ciudadano. Esto sólo ocurría durante los gobiernos neoliberales, que inclusive premiaban a los agentes de la ley que usaran sus armas.
Los medios de comunicación no informaron sobre el asesinato del joven, pese a los innumerables videos en las redes sociales. Apenas publicaron un suceso con la policía.
El funcionario responsable del crimen en este momento se encuentra detenido, a disposición de la fiscalía. La comandancia de la Policía Nacional apenas informa que se están investigando los hechos.
Días después de destituir a la Corte Constitucional, Moreno anunció el aumento del precio de la gasolina, el despido de más de 20 mil servidores públicos, la optimización del funcionamiento del Estado que representa la implementación de las etapas del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Las calles comenzaron a calentarse, se anuncian paros de agricultores y la inflación vuelve a dar la cara.
Moreno sabe que la respuesta será social, masiva y de resistencia. Matar a un inocente por la espalda y destituir a la máxima corte del país fueron mensajes claros a todos aquellos que de alguna forma reclamaran.
* Comunicólogo
vía:
https://www.jornada.com.mx/2018/09/01/opinion/022a1mun
jueves, 30 de agosto de 2018
Ecuador: Condenamos un crimen de Estado...Manifiesto a la ciudadanía y al gobierno nacional....Denunciamos el asesinato del ciudadano Andrés Padilla Delgado, de 24 años de edad, por parte de la Policía Nacional....Organizaciones afroecuatorianas
Denunciamos el asesinato del ciudadano Andrés Padilla Delgado, de 24 años de edad, por parte de la Policía Nacional.
Nosotros, mujeres y hombres de la Comisión Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Afroecuatoriana por el Decenio, frente al asesinato con saña y alevosía, en la vía pública, del ciudadano Andrés Padilla Delgado, de 24 años de edad, en el sector de Mascarilla, cantón Mira, provincia del Carchi, por parte de la Policía Nacional el 23 de agosto del presente, expresamos lo siguiente:
Condenamos el triste evento acaecido, en Mascarilla, el cual causó conmoción, afectaciones psicológicas y terror en la ciudadanía, y que por sus características se adecúa a la categoría de ‘crimen de estado’. A las vez, en la misma consonancia, rechazamos las expresiones descalificadoras y racistas del Ministro del Interior Mauro Toscanini, quien en rueda de prensa el día 23 de agosto, reduce el hecho a “un problema de contrabando” restándole rigurosidad trágica y seriedad humana como debería ser un pronunciamiento del Estado ecuatoriano garante de la vida de ciudadanos y ciudadanas.Exigimos a la Fiscalía General del Estado esclarezca los hechos del 23 de agosto en la comunidad Mascarilla, se indague sobre las responsabilidades penales y civiles de los servidores públicos de la Policía Nacional, quienes perpetraron tan execrable y repudiable acto, que configura el delito, insistimos en ello, como CRIMEN DE ESTADO.
Emplazamos al Estado ecuatoriano a implementar en un lapso no mayor a 4 meses, políticas públicas de desarrollo (acceso a créditos, desarrollo agrícola, auténticos emprendimientos, más allá de la cansina retórica) y reparación urgente a las comunidades de la zona fronteriza de las provincia del Carchi e Imbabura, donde los índices de desarrollo humano muestran muy bajos niveles para la población Afroecuatoriana en contraste con la población general.
Resaltamos la necesidad de sancionar con todo el rigor de la ley, al General de Distrito Juan Jaramillo, Comandante de la Zona 1 de la Policía Nacional, frente a la actitud sospechosa de prohibir la difusión en redes sociales de imágenes y videos de los hechos suscitados el 23 de agosto en la comunidad de Mascarilla, mediante Memorando Cir. No. 9323-CZ1-PN con fecha Ibarra 23 de agosto de 2018. Parecería que se intentó ocultar tan gravísimo suceso.
Exigimos a la Asamblea Nacional, se ejecute la Resolución Defensorial 073-DD-DPE-2018 del 16 de agosto de 2018, tal como establece en el inciso TERCERO de dicha Resolución, en donde la Defensoría del Pueblo; “EXHORTA a la Asamblea Nacional para que expida una ley que garantice los derechos de los pueblos afroecuatorianos y que contengan acciones afirmativas como una medida de reparación por la discriminación histórica y exclusión de la estructura del estado a la que el pueblo afro ha sido sometido”.
Emplazamos al Gobierno del Ecuador, para que en un plazo no mayor a 3 días luego de publicado el presente manifiesto, se pronuncie sobre los hechos con absoluta claridad, previa investigación con participación de las Defensorías del Pueblo y Pública, de personalidades y organizaciones afroecuatorianas para conocer las verdaderas causas de los eventos del fatídico 23 de agosto. También la Policía Nacional, Ministerio del Interior y Gobernación de Carchi se disculpen públicamente con los familiares del hermano asesinado, con la Comunidad de Mascarilla y con todo el Pueblo Afroecuatoriano. Pero también se otorguen las reparaciones materiales que fueren necesarias y obligatorias.
En las anteriores líneas de juridicidad constitucional demostramos que el Estado ecuatoriano, en el conjunto de sus Funciones, quebranta los derechos humanos y los derechos constitucionales del Pueblo Afroecuatoriano. La Comisión Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Afroecuatoriana del Decenio se mantendrá vigilante de aquello que ocurra con la Comunidad de Mascarilla y nos reservamos el derecho de implementar cuantas acciones legales correspondan, frente a la responsabilidad del Estado en este trágico evento.
Dado y firmado, en los territorios ancestrales Afroecuatorianos, a los 24 días del mes de agosto del 2018.
Atentamente,
La Comisión Nacional de OSC Afroecuatorianas por el Decenio.
Organizaciones firmantes: Consejo Nacional de la Unidad Afroecuatoriana. Organización Pueblo Negro. Comarca Afroecuatoriana Borbón. Palenke San Lorenzo. Federación Jaime Hurtado Gonzáles. Frente Integración Afrodescendiente del Ecuador FIADE. Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas CANE. Confederación Nacional Afroecuatoriana CNA. Movimiento Plurinacional Diversidad Libre. Red Cultural Afroecuatoriana. Escuela Cultural Madera Metálica MM. Federación de Organizaciones y Grupos Negros de Pichincha. Comité Nacional del Decenio de la Sociedad Civil Afroecuatoriana. Red de Mujeres Negras de Imbabura y Carchi. Colectivo Urbano Barrial de Guayaquil. Colectivo Afroecuatoriano de Azuay. C-CONDEM. Federación de Afrodescendientes de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Doctor David Quiñónez
SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL AFROECUATORIANAS DEL DECENIO
cc. Vicepresidencia de la república del Ecuador
cc. Asamblea Nacional del Ecuador
vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=245816
http://rebelion.org/noticia.php?id=245816
miércoles, 22 de agosto de 2018
Argentina: Periodistas de C5N arrinconan en vivo al fiscal que negaba la represión
En medio de la represión de la policía de María Eugenia Vidal hacia los trabajadores que se manifestaban pacíficamente frente a la Gobernación en La Plata, el fiscal interviniente, Marcelo Martini negaba, por C5N, el violento accionar de las fuerzas de seguridad mientras los periodistas emitían las imágenes que lo contradecían.
Argentina: Videos de la violenta represión en La Plata....El momento en que un patrullero atropella a un manifestante....pagina12.com.ar
Estas son algunas de las filmaciones que circularon en las redes
sociales y en los noticieros de la jornada tras la represión de la
policía de Buenos Aires contra los trabajadores de Astillero Río
Santiago, quienes esperaban en la puerta de la Casa de Gobierno
provincial ser atendidos por los funcionarios de la administración de
María Eugenia Vidal, tal como les había solicitado un vocero oficial que
actuó como mediador.
https://www.pagina12.com.ar/136755-el-momento-en-que-un-patrullero-atropella-a-un-manifestante
Leer más y videos:
https://www.pagina12.com.ar/136755-el-momento-en-que-un-patrullero-atropella-a-un-manifestante
Argentina: Vidal responde con balas de goma.....La policia embistió contra los trabajadores de Río Santiago...Por Marcelo Rudaeff (Rudy).
Agentes de la Policía bonaerense reprimieron con gases lacrimógenos, agua y balas de goma a los trabajadores del Astillero Río Santiago que se movilizaron hacia La Plata para denunciar la parálisis de la empresa. Los empleados se concentraron desde las 8 en la puerta del complejo y desde allí marcharon hacia la capital de la provincia de Buenos Aires para hacerle llegar su “mensaje de resistencia” a la gobernadora María Eugenia Vidal.
"Estábamos manifestándonos pacíficamente y empezaron a reprimirnos primero con agua y después con balas de goma", denunció Francisco Banegas, secretario general de ATE Ensenada. Banegas advirtió que la crisis que vive el Astillero es parte de “un plan” porque el mismo Presidente “dijo que había que dinamitarlo”. “Estamos preocupados porque este ajuste en las empresas del Estado solo pasa con represión”, insistió, al explicar que la gobernadora María Eugenia Vidal y el titular del astillero Daniel Capdevila, "nos obligan a estar en las calles reclamando nuestras conquistas de 25 y 30 años".
“Macri, no rompas las pelotas que el astillero es nuestro, se mira y no se toca”, gritaban los trabajadores en medio de la represión, que comenzó frente a la casa de gobierno provincial y luego se trasladó a los alrededores. Roberto Cipriano García, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, confirmó que la policía detuvo al menos a cinco trabajadores, entre los que se encuentran Denis Rubén Bilardo, Luis Romano, Leonardo Daniel Nievas, Mauro Emilio Dubini y Gustavo Villa, acusados de "resistencia a la autoridad y daños calificados" por haber roto supuestamente tres patrulleros.
Todo comenzó ante la falta de respuesta del Ministerio de Economía provincial, que se negó a recibir a los trabajadores en conflicto a pesar de que la reunión estaba acordada previamente. “No nos atendieron ni nos dieron ninguna respuesta y decidimos trasladarnos a la casa de Gobierno; estábamos esperando en el portón de entrada cuando avanzó la policía desde un costado y nos desalojó". "Estamos acá después de haber recibido montaña de gases, perdigones de goma y de plomo", agregó García. Juan Contrisciani, delegado ATE, por su parte, denunció que uno de los trabajadores fue "atropellado por un patrullero”.
"El gobierno, en vez de recibirnos en la reunión paritaria como teníamos establecido, nos esperó con la Bonaerense. No hay ninguna respuesta para nuestro reclamo. La respuesta fue una represión lisa y llana. Lo que estamos reclamando es el vaciamiento que está haciendo la gestión de Vidal sobre nuestra fuente de laburo y que en los últimos meses empezó a descontarnos de nuestro sueldo rubros de salario en blanco en forma totalmente unilateral e ilegal".
Banegas, a su turno, precisó que "estuvimos esperando en la puerta de casa de Gobierno diez minutos, tal como nos pidió un mediador y, sin previo aviso, empezaron a reprimir". "Lo sucedido es responsabilidad de la gobernadora y del presidente del astillero", agregó el dirigente gremial, quien advirtió que lo sucedido le recordaba al 2001. "Este gobierno nos hace acordar a las políticas de los 90. Quiere llevar adelante la reforma laboral llevándose por encima nuestros convenios colectivos, que tienen más de 30 años”.
Marcelo Martini, el fiscal a cargo de la investigación, por último, dijo que luego de tomar contacto "con gente de la Policía" lo único que pudo ver es que hay "muchos policías lesionados", y que no vio "ninguna represión”.
El bloque de diputadas y diputados del FPV repudió la actuación de la fuerza de seguridad y envió su solidaridad “con los trabajadores del Astillero que reclaman su estabilidad laboral y fueron brutalmente reprimidos por el gobierno de María Eugenia Vidal”. “Hace mucho tiempo que no veíamos una represión con la virulencia de la llevada a cabo hoy en La Plata por orden de la gobernadora Vidal. Es demencial responder de esta manera al temor de los trabajadores a perder su fuente laboral”, destacaron en un texto que se titula “El gobierno dialoga con palos, gases y balas”.
Los legisladores provinciales relacionaron lo sucedido con las recetas que el FMI impone y destacaron: “No queremos que los justos reclamos de los trabajadores contra las políticas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Internacional terminen en una tragedia”.
“El presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal deberían escuchar a los sectores más perjudicados por el ajuste y buscar soluciones mediante el diálogo que predican, pero que en la práctica se traduce en palos, gases y balas contra los trabajadores”, concluyeron.
vía:
https://www.pagina12.com.ar/136746-vidal-responde-con-balas-de-goma
miércoles, 16 de mayo de 2018
México-La Dictadura: Amenzas contra el derecho a comunicar... Miguel Concha
Miguel Concha
El 26 de abril, el Senado de la República aprobó intempestivamente una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, por la cual se adiciona el artículo 213 bis y un segundo párrafo al artículo 215, que supuestamente tiene como objetivo brindar mayores y mejores herramientas judiciales especiales en materia de derechos de autor, que permita la generación de medidas precautorias o preventivas en beneficio de los titulares de dichos derechos.
A pesar de estos argumentos, las modificaciones han sido denunciadas por la falta de claridad en sus preceptos y un ejercicio legislativo poco transparente. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización social especializada en temas de libertad de expresión e Internet, se pronunció en contra, utilizando para ello el hashtag #MadrugueteAInternet, y un pronunciamiento en el que señaló que se le otorga la facultad a cualquier tribunal de ordenar que una comunicación pública sea censurada, y que los servidores, enrutadores u otros instrumentos sean asegurados sin que medie investigación u orden judicial.
Denunció, además, la falta de discusión previa en Comisiones legislativas, y sin llevarse a cabo un proceso de consulta abierto en el Congreso de la Unión (https://bit.ly/2I6fsFF). En efecto, dentro de un proceso que fue calificado como irregular por diversos medios de comunicación y organizaciones, debido a la nula convocatoria y falta de consulta, la reforma se aprobó con 63 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones.
Esta iniciativa tiene sus antecedentes en 2015, cuando luego de la aprobación de un dictamen en la Cámara de Diputados, se dio a conocer la propuesta de la diputada del PRI Araceli Guerrero Eruviel. En 2016, este dictamen se tornó a la Cámara de Senadores, donde supuestamente quedó para su análisis y debida dictaminación en Comisiones.
No obstante, por iniciativa del PRI y del PVEM y de senadores como Javier Lozano y Ernesto Cordero, el proyecto se retomó hasta abril del presente año. Senadores distintos a esos partidos señalaron que no se les convocó a sesión de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y que tampoco existió una convocatoria, con el tiempo necesario, para su análisis.
Por la falta de claridad en todo el proceso legislativo, señalaron también un dejo de impunidad y corrupción procesal; incluso algunos denunciaron que se intentó que firmaran el dictamen sin que pasara por un debate serio y abierto.
Resulta cuestionable que la aprobación de la reforma se haya dado de manera tan rápida después de estar dos años en espera, sin participación ciudadana, y en un contexto electoral que bien podría beneficiar a algunos poderes fácticos que buscan censurar y lastimar derechos relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la información y la búsqueda de la verdad.
Tampoco se consideraron los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema, como la tesis de junio de 2017, relacionada con que la protección de derechos de autor no justifica en sí y por sí misma el bloqueo de la página web, y que estas prohibiciones no se consideran constitucionalmente válidas, salvo situaciones excepcionales (https://bit.ly/2KOeYWr).
Entre los puntos críticos de la reforma destacan las medidas que pretenden contrarrestar las violaciones a los derechos de autor, las cuales permitirían la suspensión de la representación, comunicación o ejecución públicas, el embargo de las entradas o ingresos y el aseguramiento cautelar de los instrumentos materiales, equipos o insumos, con poca claridad en la interpretación de estas acciones, y limitando el derecho a la libertad de expresión.
Es evidente que en las últimas horas de la Legislatura saliente existen grupos que están dispuestos a atentar contra los derechos humanos, como el libre acceso a la información por cualquier medio, sea físico o digital. Intento claro y manifiesto con la aprobación de todo el paquete de medios en semanas recientes.
Recordemos que en esos mismos días se aprobó en términos similares la ley relacionada con la publicidad oficial, de la que me ocupé en La Jornada el pasado 14 de abril, aprobada igualmente de manera rápida e intencionada, mediante procesos legislativos irregulares, sin transparencia y sin consultas ni participación de actores importantes.
El ejercicio de la libertad de expresión, la existencia de medios libres y confiables, y el acceso a diferentes medios de comunicación e información, son necesarios para el fortalecimiento de la democracia. Acciones violatorias como las reformas recién aprobadas, que benefician a monopolios de comunicación y control, y a grupos de poder con intereses particulares deben, sin duda, denunciarse.
Y por ello las organizaciones de la sociedad civil buscarán impulsar un juicio de amparo, y vía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y posiblemente también por medio de un grupo de legisladores, acciones de inconstitucionalidad, para ir en contra de esta reforma.
Además, es importante evidenciar que existen fallas internas que reflejan la impunidad existente en todas las esferas gubernamentales, incluso en el Poder Legislativo. Fallas que como puede observarse en este caso, derivan de bancadas dominantes y falta de apertura por parte de los legisladores.
Dada la falta de legitimidad del proceso legislativo para aprobar esta reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, el Ejecutivo Federal debiera abstenerse de publicarla, para que se reponga el proceso en el Congreso. De lo contrario, son más que oportunas todas las acciones legales en su contra.
vía:http://www.jornada.unam.mx/2018/05/12/opinion/019a1pol
El 26 de abril, el Senado de la República aprobó intempestivamente una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, por la cual se adiciona el artículo 213 bis y un segundo párrafo al artículo 215, que supuestamente tiene como objetivo brindar mayores y mejores herramientas judiciales especiales en materia de derechos de autor, que permita la generación de medidas precautorias o preventivas en beneficio de los titulares de dichos derechos.
A pesar de estos argumentos, las modificaciones han sido denunciadas por la falta de claridad en sus preceptos y un ejercicio legislativo poco transparente. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización social especializada en temas de libertad de expresión e Internet, se pronunció en contra, utilizando para ello el hashtag #MadrugueteAInternet, y un pronunciamiento en el que señaló que se le otorga la facultad a cualquier tribunal de ordenar que una comunicación pública sea censurada, y que los servidores, enrutadores u otros instrumentos sean asegurados sin que medie investigación u orden judicial.
Denunció, además, la falta de discusión previa en Comisiones legislativas, y sin llevarse a cabo un proceso de consulta abierto en el Congreso de la Unión (https://bit.ly/2I6fsFF). En efecto, dentro de un proceso que fue calificado como irregular por diversos medios de comunicación y organizaciones, debido a la nula convocatoria y falta de consulta, la reforma se aprobó con 63 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones.
Esta iniciativa tiene sus antecedentes en 2015, cuando luego de la aprobación de un dictamen en la Cámara de Diputados, se dio a conocer la propuesta de la diputada del PRI Araceli Guerrero Eruviel. En 2016, este dictamen se tornó a la Cámara de Senadores, donde supuestamente quedó para su análisis y debida dictaminación en Comisiones.
No obstante, por iniciativa del PRI y del PVEM y de senadores como Javier Lozano y Ernesto Cordero, el proyecto se retomó hasta abril del presente año. Senadores distintos a esos partidos señalaron que no se les convocó a sesión de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y que tampoco existió una convocatoria, con el tiempo necesario, para su análisis.
Por la falta de claridad en todo el proceso legislativo, señalaron también un dejo de impunidad y corrupción procesal; incluso algunos denunciaron que se intentó que firmaran el dictamen sin que pasara por un debate serio y abierto.
Resulta cuestionable que la aprobación de la reforma se haya dado de manera tan rápida después de estar dos años en espera, sin participación ciudadana, y en un contexto electoral que bien podría beneficiar a algunos poderes fácticos que buscan censurar y lastimar derechos relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la información y la búsqueda de la verdad.
Tampoco se consideraron los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema, como la tesis de junio de 2017, relacionada con que la protección de derechos de autor no justifica en sí y por sí misma el bloqueo de la página web, y que estas prohibiciones no se consideran constitucionalmente válidas, salvo situaciones excepcionales (https://bit.ly/2KOeYWr).
Entre los puntos críticos de la reforma destacan las medidas que pretenden contrarrestar las violaciones a los derechos de autor, las cuales permitirían la suspensión de la representación, comunicación o ejecución públicas, el embargo de las entradas o ingresos y el aseguramiento cautelar de los instrumentos materiales, equipos o insumos, con poca claridad en la interpretación de estas acciones, y limitando el derecho a la libertad de expresión.
Es evidente que en las últimas horas de la Legislatura saliente existen grupos que están dispuestos a atentar contra los derechos humanos, como el libre acceso a la información por cualquier medio, sea físico o digital. Intento claro y manifiesto con la aprobación de todo el paquete de medios en semanas recientes.
Recordemos que en esos mismos días se aprobó en términos similares la ley relacionada con la publicidad oficial, de la que me ocupé en La Jornada el pasado 14 de abril, aprobada igualmente de manera rápida e intencionada, mediante procesos legislativos irregulares, sin transparencia y sin consultas ni participación de actores importantes.
El ejercicio de la libertad de expresión, la existencia de medios libres y confiables, y el acceso a diferentes medios de comunicación e información, son necesarios para el fortalecimiento de la democracia. Acciones violatorias como las reformas recién aprobadas, que benefician a monopolios de comunicación y control, y a grupos de poder con intereses particulares deben, sin duda, denunciarse.
Y por ello las organizaciones de la sociedad civil buscarán impulsar un juicio de amparo, y vía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y posiblemente también por medio de un grupo de legisladores, acciones de inconstitucionalidad, para ir en contra de esta reforma.
Además, es importante evidenciar que existen fallas internas que reflejan la impunidad existente en todas las esferas gubernamentales, incluso en el Poder Legislativo. Fallas que como puede observarse en este caso, derivan de bancadas dominantes y falta de apertura por parte de los legisladores.
Dada la falta de legitimidad del proceso legislativo para aprobar esta reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, el Ejecutivo Federal debiera abstenerse de publicarla, para que se reponga el proceso en el Congreso. De lo contrario, son más que oportunas todas las acciones legales en su contra.
vía:http://www.jornada.unam.mx/2018/05/12/opinion/019a1pol
miércoles, 9 de mayo de 2018
México: Encarcelan a defensor del agua en Baja California; organizaciones denuncian criminalización....Por Sididh/Centro Pro
Por Sididh/Centro Pro
Advierten que la intención es frenar las protestas contra la privatización del agua.
La aprehensión del activista León Fierro es un claro ejemplo de criminalización dirigido a frenar las movilizaciones del movimiento Mexicali Resiste, que defiende el agua, consideró el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS).
La aprehensión del activista León Fierro es un claro ejemplo de criminalización dirigido a frenar las movilizaciones del movimiento Mexicali Resiste, que defiende el agua, consideró el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS).
El jueves 3 de mayo, León Fierro fue detenido en un auto
sin insignias visibles que permitieran identificar si se trataba de un
vehículo oficial. Posteriormente, se informó a la familia que León
estaba acusado por homicidio doloso en grado de tentativa: presuntamente
había intentado atropellar con su auto a 6 elementos de la policía
municipal el día 16 de enero de 2017, día en que Mexicali Resiste se
manifestaba en contra de la construcción de un acueducto en el ejido El
Choropo, a las afueras de Mexicali.
Según testimonios recabados por el Frente por la Libertad
de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), en medio del operativo
coordinado entre policía municipal, estatal y ministerial, el automóvil
de León Fierro había sido gravemente afectado por elementos municipales,
de modo que León procedió a retirar el vehículo sin causar ningún daño.
Este acto es el que la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Baja California (PGJEBC) utiliza para formular la acusación, a pesar de
que hay documentación que muestra que el retiro del auto se dio acorde a
la versión de sus familiares.
“Mexicali Resiste, junto con otros colectivos afines, son
parte de un movimiento que se manifiesta contra las medidas que el
gobierno de Baja California ha tomado para privatizar el agua,
beneficiando a empresas como la cervecera Constellation Brands, a costa
del pleno goce del derecho al agua de las personas y comunidades de
Mexicali y su comarca. La respuesta de las autoridades municipales,
estatales y federales al ejercicio de la protesta social, ha consistido
en hostigar, reprimir y criminalizar a integrantes de Mexicali Resiste”,
señaló el FLEPS.
Las organizaciones del FLEPS señalaron que estos hechos
constituyen un intento de obstaculizar el ejercicio de la protesta de
las y los integrantes de Mexicali Resiste, por lo que exigieron a la
PGJE y al Poder Judicial de Baja California que se respete el debido
proceso de León Fierro y se le otorgue la libertad.
vía:http://kaosenlared.net/mexico-encarcelan-a-defensor-del-agua-en-baja-california-organizaciones-denuncian-criminalizacion/
sábado, 14 de abril de 2018
España-La Dictadura-Cataluña: Homenaje a Mariano Rajoy y compañía..... José M. Murià
José M. Murià
Hace casi una década que fui invitado a participar en un programa de televisión allá en Barcelona. Hubo varios especialistas sobre la situación política contemporánea de Cataluña y su futuro. Extranjeros éramos solamente dos y, según pude confirmar, el otro estaba menos enterado que yo de las particularidades del momento, aunque es un conocedor de la historia del sur de Europa.
Como habrán observado los entusiastas de la televisión peninsular, en este tipo de programas se suele hablar al mismo tiempo y, además, arrebatarse la palabra. Ello en México lo consideramos una gran falta de educación que, desgraciadamente, ya emulan nuestros comunicadores.
Los contertulios se dieron vuelo en lo que el alemán y yo callábamos y abríamos los ojos como platos.
En un receso nos preguntaron por qué estábamos mudos y nuestra respuesta los obligó a darnos prioridad cuando volvimos al aire. Quizá por venir yo de más lejos, el teutón me cedió el paso.
Con ánimo de abreviar y decir algo nuevo, proclamé que si los catalanes, como parece, saben ser agradecidos, deberían cambiarle el nombre a la gran avenida Diagonal de Barcelona, que durante la dictadura recibió el nombre de Generalísimo, en honor a quien llamaban sus lambiscones Caudillo de España por la Gracia de Dios.
En este caso habría que ponerle Mariano Rajoy, pues no había quienes trabajaran más y mejor que él y sus corifeos en favor de la independencia de Cataluña.
Ahora, para completar el reconocimien-to por su ayuda al crecimiento de la vocación republicana, pienso que al famoso Paseo de Gracia, se le debería bautizar como Felipe VI.
La verdad es que, con el tiempo, además de hacer pedazos la lengua española cada vez que habla, Rajoy se ha esmerado de manera creciente a fortalecer el espíritu republicano catalán. Hay que reconocerle la eficiencia con que operan su espíritu neofascista y sus procedimientos policiacos represores, junto con el espionaje sistemático a los disidentes, lo que tanto utilizó su paisano Francisco Franco.
La última jugada maestra de Rajoy, que mucho se le aplaude por doquier, ha sido la Operación Puigdemont, con la cual Rajoy consiguió de una manera magistral que este personaje, en vías de perder terreno en el horizonte de la prensa internacional, volviera a la primera página de muchos periódicos o, por lo menos, a tener presencia en casi todos ellos.
No le podía salir mejor a este talentoso prócer de la independencia de Cataluña. ¡Felicidades Mariano! Hay gente ahora que ya me propone que busquemos algo más importante que una simple calle para ponerle su dignísimo nombre.
A mi correo ya hay quien ha depositado la propuesta, para que la haga también mía, de que se le cambie el nombre a Barcelona y se le imponga Ciudad del muy ilustre Mariano Rajoy….
Lo estoy pensando. De momento todavía no estoy del todo convencido de que la gran masa de los catalanes lo acepte, pero puede ser posible si continúa el hombre por este atinado camino que, además, le granjea la buena voluntad de todos los grupos progresistas del mundo.
Nunca se sabe. De continuar así, tal vez los catalanes lo propongan para el Premio Nobel de la Paz.
Señor Rajoy: Hoy es 14 de abril, aniversario de la proclamación de la República Catalana, en 1931. Mañana habrá una grandísima manifestación en Barcelona, podría usted aprovecharla para una espectacular represión masiva.
vía:
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/14/opinion/011a1pol
martes, 10 de abril de 2018
México-El Imperio: Cómo atacarían EEUU y Trump a México, ¿Rusia entraría?....
Permítame rescatar mis fragmentos de introducción dentro del programa para presentar este Detrás de la Razón especial de una hora dividido en dos capítulos.
Es especial por dos cosas, porque Estados Unidos decide militarizar la frontera con México, y porque en el programa tuvimos el gran honor de tener a dos de los más grandes periodistas y analistas de la realidad de México y del mundo.
Son dos grandes amigos, uno que si bien, no he tenido amistad física, estoy unido desde hace tiempo a su gran propósito de mover conciencias: Julio Hernández “Astillero”, columnista y periodista. El otro amigo, es alguien que usted ya conoce y que hemos estado sentados en la mesa horas discutiendo, Alfredo Jalife, analista geopolítico.
El tema es grave porque en este momento 4000 militares de la Guardia Nacional norteamericana están siendo enviados hacia México, hacia su frontera. Esa fue la orden del presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario de Defensa de EE.UU. (el Pentágono), James Mattis.
No es la guerra, pero como si lo fuera: detrás de esa marcha militar se esconde el veneno de la humillación y el menosprecio al espíritu latinoamericano, a los morenos, a los mexicanos, centroamericanos, sudamericanos.
Es Donald Trump sí, pero es también el pueblo de Estados Unidos que votó por él, y otros mercenarios del poder que lo solapan. El magnate no está solo, está acompañado de la historia del odio a quien no es blanco. Los mexicanos, los hermanos centroamericanos, y los críticos del mundo, no somos criminales por nuestra genética, pero lo seremos, si nos quedamos de brazos cruzados.
En Detrás de la Razón, nosotros preguntamos, los analistas contestan y usted en su casa concluye. Y si la realidad hace lo que quiere, entonces nosotros volveremos a preguntar. Lo importante es detectar las aristas que no nos dicen.
El análisis, las preguntas y respuestas a las diez treinta de la noche, desde los estudios de Teherán; Londres, seis y Madrid, siete de la tarde; México, doce del día, y Colombia, una de la tarde.
Por: Roberto de la Madrid.
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domingo, 25 de marzo de 2018
México-Corrupción-La Dictadura: ICA-Pensionissste...sí hay presuntos responsables... Gustavo Leal F.*
Por activos –la otrora empresa constructora más grande de México: ICA, pero también la de menor valor en Bolsa– se ha visto perjudicada por elevado apalancamiento (7.6 veces su deuda neta a flujos de operación); alta dependencia o menor ritmo de adjudicación de obra pública y dificultades para cobrar pagos de obras pendientes. Lógicamente, entre 2012-2015, su valor de capitalización se redujo 69 por ciento ( El Financiero-Bloomberg, 12/3/15).
Para el tercer trimestre de 2015, Moody's bajó su calificación a B3, por ese alto nivel de apalancamiento; modesta cobertura de intereses y ajustada liquidez (Reuters, 5/11/15). En círculos financieros, la situación no era secreto. Mucho menos para inversionistas institucionales, como Afore, entre ellas, Pensionissste.
En agosto-octubre 2015, Pensionissste decidió invertir recursos para el retiro de los trabajadores en acciones de ICA, a pesar de la caída de su valor de capitalización. Integrantes del Comité de Inversión: el entonces vocal ejecutivo de Pensionissste, José María de la Torre Verea –cercano al, entonces, secretario de Hacienda, Videgaray– y Silvia Espinosa Elguea, jefa del departamento de inversiones, decidieron –en la opacidad y sin debidas alertas prudenciales– salir al rescate de ICA, antes que cumplir el mandato de la Ley-SAR: atender exclusivamente al interés de los trabajadores y asegurar que todas las operaciones que efectúen para la inversión de los recursos de dichos trabajadores se realicen con ese objetivo.
Pensionissste invirtió, justo cuando ICA se dirigía a la insolvencia: gastó 400 millones de pesos en acciones a un precio promedio cercano a 7 pesos por acción (Reuters, 11/3/18). En su último día de operación en Bolsa (25/8/17), ICA se acogió a concurso mercantil: las acciones se cotizaron en 1.48 pesos por título, antes de ser suspendidas. Su valor actual es: 0.32768 centavos ( El Economista, 8/3/18).
Reuters desenmascaró el manto opaco, discrecional y sin las debidas alertas prudenciales con que las Afore operan el destino de las inversiones que realizan con cargo a los recursos de los trabajadores. Consar y la Afore pública Pensionissste se encogen de hombros, en lugar de ofrecer respuestas claras y contundentes como lo exigen trabajadores dueños de los fondos y otros actores de la arena de la política pública.
Aún peor: para Carlos Ramírez, presidente de Consar, lo que Pensionissste invirtió –y que probablemente se esfumó– fue muy poco, 0.20 por ciento del monto total de los activos administrados. La operación, declaró, se llevó en condiciones normales. Puede o no gustar la decisión. Pero al final del día, se cumplió con la normatividad (Imagen Radio, 13/3/18) ¡Vaya normatividad, que justifica la pérdida discrecional, sin las debidas alertas prudenciales de cuantiosos fondos para el retiro de los trabajadores y que diluye la responsabilidad supervisora de Consar!
El Issste informó que el Órgano Interno de Control inició una auditoría sobre la inversión y, en caso de que ésta reflejara alguna anomalía, se fincará responsabilidad, incluso penal, a quien resulte responsable. Si bien señala que la inversión se hizo en apego a la normatividad aplicable, reconoce que la empresa suspendió pagos cuatro meses después (20/3/18).
De inmediato, el PRD presentó una proposición para que el Senado citara a comparecer al actual vocal ejecutivo de Pensionissste: Rodolfo Campos, y explique la inversión; si los títulos cumplían con la calidad exigida por Consar-CNBV para garantizar la seguridad/rentabilidad de los fondos de pensiones; el daño patrimonial y/o minusvalías registradas y, si acaso, los funcionarios en turno de Pensionissste cumplieron la normatividad externa e interna aplicable. Por su parte, el PAN apenas solicitó un informe al vocal ejecutivo sobre el gasto realizado en la adquisición de las acciones (15/3/18).
Ambas proposiciones merecieron un trato burocrático por el senador panista Ernesto Cordero –presidente de la mesa directiva y ex secretario de Hacienda de Calderón–: las turnó a la congeladora de las comisiones ¡en lugar de dictar trámite de urgente resolución!
Pero la novedad novedosa llegó por la vía de una iniciativa del instantáneo senador perredista Celestino Cesáreo Guzmán –suplente de Armando Ríos Piter– leída el 20 de marzo y quién propone reformar el régimen de inversión de Pensionissste, siguiendo a la letra, las ¡recomendaciones de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP): la voz del negocio de administradoras privadas en el mundo! Horas después, Guzmán solicitó licencia: ya encabeza la lista de plurinominales perredistas en Guerrero.
En otro momento, esa iniciativa hubiera detonado el inaplazable debate sobre los usos, abusos y destino de los recursos propiedad de los trabajadores; usos, abusos y destino como el de rescatar discrecionalmente y sin alertas prudenciales empresas emproblemadas.
Pero, por la celeridad con que se turnó la iniciativa Guzmán –desplazando proposiciones parlamentarias presentadas previamente–, la pieza sólo encaja como estrategia cortafuegos frente a revelaciones periodísticas que iluminan un asunto de fondo: la responsabilidad de quienes, discrecionalmente, pudieran favorecer intereses particulares más que cumplir, antes, con su cometido profesional al administrar, cobrando no poco, los recursos de los trabajadores.
Ese cometido consiste en ganarle rentabilidad a esos recursos frente a un más que nublado horizonte pensionario que ha quedado enteramente comprometido por el patente fracaso de la reformas Zedillo-IMSS (1997)-Calderón-Beltrones Issste (2007) y que reclama urgente revisión integral del SAR.
La iniciativa Guzmán, como la respuesta de Ramírez desde Consar y la del Issste, sólo normaliza la responsabilidad del ex vocal de Pensionissste, José María de la Torre Verea y su equipo. Hasta ahora.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
vía:
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/24/opinion/016a1pol
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