Los Tratados de Libre Comercio (TLC) han sido constantemente
cuestionados por movimientos sociales, aun así los gobiernos de turno
insisten en suscribirlos. Quizás las autoridades chilenas sean de las
más entusiastas, pues son las que con más fuerza insisten en
promoverlos, como ha pasado con el polémico Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11, suscrito
la tarde de este jueves en nuestro país.
El TPP-11 incluye a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. Y es considerado uno de los mayores tratados comerciales a nivel global de los últimos años.
Quienes se oponen a este tipo de acuerdos argumentan que las únicas ganadoras son las compañías transnacionales, en desmedro de los Estados nacionales, los comerciantes locales y la población en general.
Para Lucía Sepúlveda, parte de Red de Acción en Plaguicidas e integrante de la plataforma Chile Mejor sin TLC, este tipo de tratados obedece principalmente al interés de los grandes inversores extranjeros, quienes, a su juicio, “no tienen ningún respeto por el Estado”.
“Resulta que estos tratados establecen el llamado Sistema Internacional de Resolución de Controversias. Este sistema permite que si los inversores encuentran una ley que no les gusta, o una situación en la cual sienten que están perdiendo, demandan al Estado. Por eso decimos que el Estado chileno pierde autonomía, ya que a su vez si el detecta que un inversor no está cumpliendo las reglas, no puede demandar en ese mismo tribunal de resolución de controversias”.
Es por lo mismo que, amparados en estos acuerdos, las compañías pueden demandar al Estado si sienten que sus inversiones están en riesgo. En este punto se encuentra la explicación de que la empresa operadora del Transantiago, Alsacia, haya demandado este martes al Estado chileno.
La acción fue interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), y exige el pago de 330 millones de dólares, porque según la empresa, los nuevos contratos de concesión del Transantiago firmados el 2011 –durante la administración de Sebastián Piñera- le causaron millonarios daños.
En ese sentido, Lucía Sepúlveda dijo que los TLC son una suerte de cambio de reglas, o más aún, una Constitución global en que los gobiernos no se atreven a impulsar transformaciones sociales porque “saben que les caerá encima una demanda”.
Tomando en cuenta lo anterior, el poder legislativo y el poder judicial local también quedan de manos atadas, pues su capacidad queda inhibida ante las reglas que imponen los TLC.
Juan Hernández Zubizarreta, especialista en derecho internacional, dijo para www.omal.info que los TLC quiebran la soberanía de los Estados, pues llevan a la privatización de la justicia y el poder legislativo. Así se conforma lo que él llama “arquitectura jurídica de la impunidad”.
“Es decir, las normas de comercio e inversión son de obligado cumplimiento y quien no las cumple sufre el impacto del carácter ejecutivo de la norma: bloqueos, embargos, sanciones. Un ejemplo es lo que sucedió con la renegociación de la deuda argentina, donde un fondo buitre que no aceptó la negociación demandó al país en un tribunal de EE.UU., cuyo juez le dio la razón. Esto subraya el carácter imperativo de los tratados de comercio e inversión”, aseguró.
Para la investigadora argentina Luciana Ghiotto, especialista en comercio e inversiones, los TLC no son solo un instrumento que garantiza mayores flujos de comercio, sino que los considera como elementos de liberalización masiva. Al respecto ejemplifica con el TPP, pues precisa que este mega acuerdo cuenta con tan solo cinco capítulos de temáticas comerciales, mientras que el resto de los 25 capítulos no se concentran directamente en el comercio, sino que en aspectos relativos al comercio, también llamados temas detrás de las fronteras, es decir temas que tienen que ver con regulación doméstica.
En ese sentido, Ghiotto recalcó que este tipo de acuerdos limita notablemente las atribuciones de un Estado.
“Los TLC tienen un impacto directo sobre la capacidad del Estado de regular en aspectos como acceso a la salud, a los medicamentos y a la educación. También afecta políticas medioambientales, porque los capítulos de inversión permiten que una empresa denuncie a un Estado en el caso que no se respeten sus licencias para desarrollar un enprendimiento, por ejemplo, como una mina”.
Para explicar el impacto que han tenido los TLC en la soberanía de los Estados, el Transnational Institute publicó en diciembre pasado un informe con las demandas que transnacionales han puesto a los distintos países firmantes. Entre los puntos más importantes se encuentran que:
Fue este martes el día en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que las cláusulas de arbitraje comunes a casi 200 acuerdos de inversión entre los países miembros de la UE violan su legislación y, por ende, dejó en entredicho los acuerdos alcanzados por el bloque.
Esto a raíz de que el organismo jurídico del viejo continente determinó que la concesión de una indemnización por daños a la aseguradora holandesa Achmea por parte de Eslovaquia, en virtud de un Tratado Bilateral de inversiones (TBI) heredado de la antigua Checoslovaquia, violaba la legislación de la UE.
Según consignó el Tribunal, “la cláusula arbitral incluida en el TBI vulnera la autonomía del Derecho de la Unión y, por tanto, no es compatible con éste”.
Para Luciana Ghiotto, este hecho hay que ubicarlo en un plan que la UE viene desarrollando por lo menos hace un par de años, y que tiene que ver con que estos países comienzan a hacerse cargo de las críticas que los tratados de inversión tienen por parte de la población.
“Es interesante lo que se abre ahora, porque el impacto que tendrá es justo cuando los países de la UE comienzan a renegociar sus tratados de inversión con el resto del mundo. Es un proceso que recién está empezando y será muy lento, porque deberá negociarse muy tediosamente con todos los Estados, pero es un primer paso para revisar este mecanismo”.
Es, de todos modos, una ventana de esperanza la señal dada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues los intereses de los Estados, que representan a todos los habitantes de una nación, se impusieron al de las trasnacionales.
El TPP-11 incluye a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. Y es considerado uno de los mayores tratados comerciales a nivel global de los últimos años.
Quienes se oponen a este tipo de acuerdos argumentan que las únicas ganadoras son las compañías transnacionales, en desmedro de los Estados nacionales, los comerciantes locales y la población en general.
Para Lucía Sepúlveda, parte de Red de Acción en Plaguicidas e integrante de la plataforma Chile Mejor sin TLC, este tipo de tratados obedece principalmente al interés de los grandes inversores extranjeros, quienes, a su juicio, “no tienen ningún respeto por el Estado”.
“Resulta que estos tratados establecen el llamado Sistema Internacional de Resolución de Controversias. Este sistema permite que si los inversores encuentran una ley que no les gusta, o una situación en la cual sienten que están perdiendo, demandan al Estado. Por eso decimos que el Estado chileno pierde autonomía, ya que a su vez si el detecta que un inversor no está cumpliendo las reglas, no puede demandar en ese mismo tribunal de resolución de controversias”.
Es por lo mismo que, amparados en estos acuerdos, las compañías pueden demandar al Estado si sienten que sus inversiones están en riesgo. En este punto se encuentra la explicación de que la empresa operadora del Transantiago, Alsacia, haya demandado este martes al Estado chileno.
La acción fue interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), y exige el pago de 330 millones de dólares, porque según la empresa, los nuevos contratos de concesión del Transantiago firmados el 2011 –durante la administración de Sebastián Piñera- le causaron millonarios daños.
En ese sentido, Lucía Sepúlveda dijo que los TLC son una suerte de cambio de reglas, o más aún, una Constitución global en que los gobiernos no se atreven a impulsar transformaciones sociales porque “saben que les caerá encima una demanda”.
Tomando en cuenta lo anterior, el poder legislativo y el poder judicial local también quedan de manos atadas, pues su capacidad queda inhibida ante las reglas que imponen los TLC.
Juan Hernández Zubizarreta, especialista en derecho internacional, dijo para www.omal.info que los TLC quiebran la soberanía de los Estados, pues llevan a la privatización de la justicia y el poder legislativo. Así se conforma lo que él llama “arquitectura jurídica de la impunidad”.
“Es decir, las normas de comercio e inversión son de obligado cumplimiento y quien no las cumple sufre el impacto del carácter ejecutivo de la norma: bloqueos, embargos, sanciones. Un ejemplo es lo que sucedió con la renegociación de la deuda argentina, donde un fondo buitre que no aceptó la negociación demandó al país en un tribunal de EE.UU., cuyo juez le dio la razón. Esto subraya el carácter imperativo de los tratados de comercio e inversión”, aseguró.
Para la investigadora argentina Luciana Ghiotto, especialista en comercio e inversiones, los TLC no son solo un instrumento que garantiza mayores flujos de comercio, sino que los considera como elementos de liberalización masiva. Al respecto ejemplifica con el TPP, pues precisa que este mega acuerdo cuenta con tan solo cinco capítulos de temáticas comerciales, mientras que el resto de los 25 capítulos no se concentran directamente en el comercio, sino que en aspectos relativos al comercio, también llamados temas detrás de las fronteras, es decir temas que tienen que ver con regulación doméstica.
En ese sentido, Ghiotto recalcó que este tipo de acuerdos limita notablemente las atribuciones de un Estado.
“Los TLC tienen un impacto directo sobre la capacidad del Estado de regular en aspectos como acceso a la salud, a los medicamentos y a la educación. También afecta políticas medioambientales, porque los capítulos de inversión permiten que una empresa denuncie a un Estado en el caso que no se respeten sus licencias para desarrollar un enprendimiento, por ejemplo, como una mina”.
Para explicar el impacto que han tenido los TLC en la soberanía de los Estados, el Transnational Institute publicó en diciembre pasado un informe con las demandas que transnacionales han puesto a los distintos países firmantes. Entre los puntos más importantes se encuentran que:
- Los países de América Latina y el Caribe han sido demandados 234 veces por inversores extranjeros, representando 28,6% de todas las controversias Inversor-Estado conocidas a escala global.
- Argentina, Venezuela, México, el Ecuador, Bolivia y el Perú, en concreto, representan el 77,3% del total de demandas presentadas contra países de América Latina y el Caribe.
- Los inversores han ganado en el 70% de los casos presentados contra países de América Latina y el Caribe.
- Los países de América Latina y el Caribe ya han sido condenados a pagar a compañías extranjeras US$20.600 millones, una suma que hubiera cubierto diez veces el coste total de reconstruir México después de los terremotos de 2017, o que podría cubrir el presupuesto de salud y educación de Bolivia durante cuatro años completos.
- Inversores de los Estados Unidos, Canadá y Europa han interpuesto el 89% del total de demandas.
- El 23% de las demandas están relacionadas con los sectores de la minería, el gas y el petróleo, muchas contra medidas que buscaban proteger el ambiente y los derechos de las comunidades.
Fue este martes el día en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que las cláusulas de arbitraje comunes a casi 200 acuerdos de inversión entre los países miembros de la UE violan su legislación y, por ende, dejó en entredicho los acuerdos alcanzados por el bloque.
Esto a raíz de que el organismo jurídico del viejo continente determinó que la concesión de una indemnización por daños a la aseguradora holandesa Achmea por parte de Eslovaquia, en virtud de un Tratado Bilateral de inversiones (TBI) heredado de la antigua Checoslovaquia, violaba la legislación de la UE.
Según consignó el Tribunal, “la cláusula arbitral incluida en el TBI vulnera la autonomía del Derecho de la Unión y, por tanto, no es compatible con éste”.
Para Luciana Ghiotto, este hecho hay que ubicarlo en un plan que la UE viene desarrollando por lo menos hace un par de años, y que tiene que ver con que estos países comienzan a hacerse cargo de las críticas que los tratados de inversión tienen por parte de la población.
“Es interesante lo que se abre ahora, porque el impacto que tendrá es justo cuando los países de la UE comienzan a renegociar sus tratados de inversión con el resto del mundo. Es un proceso que recién está empezando y será muy lento, porque deberá negociarse muy tediosamente con todos los Estados, pero es un primer paso para revisar este mecanismo”.
Es, de todos modos, una ventana de esperanza la señal dada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues los intereses de los Estados, que representan a todos los habitantes de una nación, se impusieron al de las trasnacionales.
Los Tratados de Libre Comercio (TLC) han sido constantemente
cuestionados por movimientos sociales, aun así los gobiernos de turno
insisten en suscribirlos. Quizás las autoridades chilenas sean de las
más entusiastas, pues son las que con más fuerza insisten en
promoverlos, como ha pasado con el polémico Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11, suscrito
la tarde de este jueves en nuestro país.
El TPP-11 incluye a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. Y es considerado uno de los mayores tratados comerciales a nivel global de los últimos años.
Quienes se oponen a este tipo de acuerdos argumentan que las únicas ganadoras son las compañías transnacionales, en desmedro de los Estados nacionales, los comerciantes locales y la población en general.
Para Lucía Sepúlveda, parte de Red de Acción en Plaguicidas e integrante de la plataforma Chile Mejor sin TLC, este tipo de tratados obedece principalmente al interés de los grandes inversores extranjeros, quienes, a su juicio, “no tienen ningún respeto por el Estado”.
“Resulta que estos tratados establecen el llamado Sistema Internacional de Resolución de Controversias. Este sistema permite que si los inversores encuentran una ley que no les gusta, o una situación en la cual sienten que están perdiendo, demandan al Estado. Por eso decimos que el Estado chileno pierde autonomía, ya que a su vez si el detecta que un inversor no está cumpliendo las reglas, no puede demandar en ese mismo tribunal de resolución de controversias”.
Es por lo mismo que, amparados en estos acuerdos, las compañías pueden demandar al Estado si sienten que sus inversiones están en riesgo. En este punto se encuentra la explicación de que la empresa operadora del Transantiago, Alsacia, haya demandado este martes al Estado chileno.
La acción fue interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), y exige el pago de 330 millones de dólares, porque según la empresa, los nuevos contratos de concesión del Transantiago firmados el 2011 –durante la administración de Sebastián Piñera- le causaron millonarios daños.
En ese sentido, Lucía Sepúlveda dijo que los TLC son una suerte de cambio de reglas, o más aún, una Constitución global en que los gobiernos no se atreven a impulsar transformaciones sociales porque “saben que les caerá encima una demanda”.
Tomando en cuenta lo anterior, el poder legislativo y el poder judicial local también quedan de manos atadas, pues su capacidad queda inhibida ante las reglas que imponen los TLC.
Juan Hernández Zubizarreta, especialista en derecho internacional, dijo para www.omal.info que los TLC quiebran la soberanía de los Estados, pues llevan a la privatización de la justicia y el poder legislativo. Así se conforma lo que él llama “arquitectura jurídica de la impunidad”.
“Es decir, las normas de comercio e inversión son de obligado cumplimiento y quien no las cumple sufre el impacto del carácter ejecutivo de la norma: bloqueos, embargos, sanciones. Un ejemplo es lo que sucedió con la renegociación de la deuda argentina, donde un fondo buitre que no aceptó la negociación demandó al país en un tribunal de EE.UU., cuyo juez le dio la razón. Esto subraya el carácter imperativo de los tratados de comercio e inversión”, aseguró.
Para la investigadora argentina Luciana Ghiotto, especialista en comercio e inversiones, los TLC no son solo un instrumento que garantiza mayores flujos de comercio, sino que los considera como elementos de liberalización masiva. Al respecto ejemplifica con el TPP, pues precisa que este mega acuerdo cuenta con tan solo cinco capítulos de temáticas comerciales, mientras que el resto de los 25 capítulos no se concentran directamente en el comercio, sino que en aspectos relativos al comercio, también llamados temas detrás de las fronteras, es decir temas que tienen que ver con regulación doméstica.
En ese sentido, Ghiotto recalcó que este tipo de acuerdos limita notablemente las atribuciones de un Estado.
“Los TLC tienen un impacto directo sobre la capacidad del Estado de regular en aspectos como acceso a la salud, a los medicamentos y a la educación. También afecta políticas medioambientales, porque los capítulos de inversión permiten que una empresa denuncie a un Estado en el caso que no se respeten sus licencias para desarrollar un enprendimiento, por ejemplo, como una mina”.
Para explicar el impacto que han tenido los TLC en la soberanía de los Estados, el Transnational Institute publicó en diciembre pasado un informe con las demandas que transnacionales han puesto a los distintos países firmantes. Entre los puntos más importantes se encuentran que:
Fue este martes el día en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que las cláusulas de arbitraje comunes a casi 200 acuerdos de inversión entre los países miembros de la UE violan su legislación y, por ende, dejó en entredicho los acuerdos alcanzados por el bloque.
Esto a raíz de que el organismo jurídico del viejo continente determinó que la concesión de una indemnización por daños a la aseguradora holandesa Achmea por parte de Eslovaquia, en virtud de un Tratado Bilateral de inversiones (TBI) heredado de la antigua Checoslovaquia, violaba la legislación de la UE.
Según consignó el Tribunal, “la cláusula arbitral incluida en el TBI vulnera la autonomía del Derecho de la Unión y, por tanto, no es compatible con éste”.
Para Luciana Ghiotto, este hecho hay que ubicarlo en un plan que la UE viene desarrollando por lo menos hace un par de años, y que tiene que ver con que estos países comienzan a hacerse cargo de las críticas que los tratados de inversión tienen por parte de la población.
“Es interesante lo que se abre ahora, porque el impacto que tendrá es justo cuando los países de la UE comienzan a renegociar sus tratados de inversión con el resto del mundo. Es un proceso que recién está empezando y será muy lento, porque deberá negociarse muy tediosamente con todos los Estados, pero es un primer paso para revisar este mecanismo”.
Es, de todos modos, una ventana de esperanza la señal dada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues los intereses de los Estados, que representan a todos los habitantes de una nación, se impusieron al de las trasnacionales.
vía:
http://radio.uchile.cl/2018/03/08/tratados-de-libre-comercio-cuando-se-da-a-las-empresas-mas-poder-que-a-los-estados/
El TPP-11 incluye a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. Y es considerado uno de los mayores tratados comerciales a nivel global de los últimos años.
Quienes se oponen a este tipo de acuerdos argumentan que las únicas ganadoras son las compañías transnacionales, en desmedro de los Estados nacionales, los comerciantes locales y la población en general.
Para Lucía Sepúlveda, parte de Red de Acción en Plaguicidas e integrante de la plataforma Chile Mejor sin TLC, este tipo de tratados obedece principalmente al interés de los grandes inversores extranjeros, quienes, a su juicio, “no tienen ningún respeto por el Estado”.
“Resulta que estos tratados establecen el llamado Sistema Internacional de Resolución de Controversias. Este sistema permite que si los inversores encuentran una ley que no les gusta, o una situación en la cual sienten que están perdiendo, demandan al Estado. Por eso decimos que el Estado chileno pierde autonomía, ya que a su vez si el detecta que un inversor no está cumpliendo las reglas, no puede demandar en ese mismo tribunal de resolución de controversias”.
Es por lo mismo que, amparados en estos acuerdos, las compañías pueden demandar al Estado si sienten que sus inversiones están en riesgo. En este punto se encuentra la explicación de que la empresa operadora del Transantiago, Alsacia, haya demandado este martes al Estado chileno.
La acción fue interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), y exige el pago de 330 millones de dólares, porque según la empresa, los nuevos contratos de concesión del Transantiago firmados el 2011 –durante la administración de Sebastián Piñera- le causaron millonarios daños.
En ese sentido, Lucía Sepúlveda dijo que los TLC son una suerte de cambio de reglas, o más aún, una Constitución global en que los gobiernos no se atreven a impulsar transformaciones sociales porque “saben que les caerá encima una demanda”.
Tomando en cuenta lo anterior, el poder legislativo y el poder judicial local también quedan de manos atadas, pues su capacidad queda inhibida ante las reglas que imponen los TLC.
Juan Hernández Zubizarreta, especialista en derecho internacional, dijo para www.omal.info que los TLC quiebran la soberanía de los Estados, pues llevan a la privatización de la justicia y el poder legislativo. Así se conforma lo que él llama “arquitectura jurídica de la impunidad”.
“Es decir, las normas de comercio e inversión son de obligado cumplimiento y quien no las cumple sufre el impacto del carácter ejecutivo de la norma: bloqueos, embargos, sanciones. Un ejemplo es lo que sucedió con la renegociación de la deuda argentina, donde un fondo buitre que no aceptó la negociación demandó al país en un tribunal de EE.UU., cuyo juez le dio la razón. Esto subraya el carácter imperativo de los tratados de comercio e inversión”, aseguró.
Para la investigadora argentina Luciana Ghiotto, especialista en comercio e inversiones, los TLC no son solo un instrumento que garantiza mayores flujos de comercio, sino que los considera como elementos de liberalización masiva. Al respecto ejemplifica con el TPP, pues precisa que este mega acuerdo cuenta con tan solo cinco capítulos de temáticas comerciales, mientras que el resto de los 25 capítulos no se concentran directamente en el comercio, sino que en aspectos relativos al comercio, también llamados temas detrás de las fronteras, es decir temas que tienen que ver con regulación doméstica.
En ese sentido, Ghiotto recalcó que este tipo de acuerdos limita notablemente las atribuciones de un Estado.
“Los TLC tienen un impacto directo sobre la capacidad del Estado de regular en aspectos como acceso a la salud, a los medicamentos y a la educación. También afecta políticas medioambientales, porque los capítulos de inversión permiten que una empresa denuncie a un Estado en el caso que no se respeten sus licencias para desarrollar un enprendimiento, por ejemplo, como una mina”.
Para explicar el impacto que han tenido los TLC en la soberanía de los Estados, el Transnational Institute publicó en diciembre pasado un informe con las demandas que transnacionales han puesto a los distintos países firmantes. Entre los puntos más importantes se encuentran que:
- Los países de América Latina y el Caribe han sido demandados 234 veces por inversores extranjeros, representando 28,6% de todas las controversias Inversor-Estado conocidas a escala global.
- Argentina, Venezuela, México, el Ecuador, Bolivia y el Perú, en concreto, representan el 77,3% del total de demandas presentadas contra países de América Latina y el Caribe.
- Los inversores han ganado en el 70% de los casos presentados contra países de América Latina y el Caribe.
- Los países de América Latina y el Caribe ya han sido condenados a pagar a compañías extranjeras US$20.600 millones, una suma que hubiera cubierto diez veces el coste total de reconstruir México después de los terremotos de 2017, o que podría cubrir el presupuesto de salud y educación de Bolivia durante cuatro años completos.
- Inversores de los Estados Unidos, Canadá y Europa han interpuesto el 89% del total de demandas.
- El 23% de las demandas están relacionadas con los sectores de la minería, el gas y el petróleo, muchas contra medidas que buscaban proteger el ambiente y los derechos de las comunidades.
Fue este martes el día en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que las cláusulas de arbitraje comunes a casi 200 acuerdos de inversión entre los países miembros de la UE violan su legislación y, por ende, dejó en entredicho los acuerdos alcanzados por el bloque.
Esto a raíz de que el organismo jurídico del viejo continente determinó que la concesión de una indemnización por daños a la aseguradora holandesa Achmea por parte de Eslovaquia, en virtud de un Tratado Bilateral de inversiones (TBI) heredado de la antigua Checoslovaquia, violaba la legislación de la UE.
Según consignó el Tribunal, “la cláusula arbitral incluida en el TBI vulnera la autonomía del Derecho de la Unión y, por tanto, no es compatible con éste”.
Para Luciana Ghiotto, este hecho hay que ubicarlo en un plan que la UE viene desarrollando por lo menos hace un par de años, y que tiene que ver con que estos países comienzan a hacerse cargo de las críticas que los tratados de inversión tienen por parte de la población.
“Es interesante lo que se abre ahora, porque el impacto que tendrá es justo cuando los países de la UE comienzan a renegociar sus tratados de inversión con el resto del mundo. Es un proceso que recién está empezando y será muy lento, porque deberá negociarse muy tediosamente con todos los Estados, pero es un primer paso para revisar este mecanismo”.
Es, de todos modos, una ventana de esperanza la señal dada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues los intereses de los Estados, que representan a todos los habitantes de una nación, se impusieron al de las trasnacionales.
vía:
http://radio.uchile.cl/2018/03/08/tratados-de-libre-comercio-cuando-se-da-a-las-empresas-mas-poder-que-a-los-estados/
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