México DF.
El aumento de la presencia de fuerzas militares y policiacas a lo largo
y ancho del país no ha logrado reducir el tráfico de drogas ni los
crímenes; al contrario, en ciertas ciudades, como Ciudad Juárez, la
presencia castrense y policial ha desatado una ola de violencia sin
precedentes y el número de ejecuciones, extorsiones y secuestros aumentó
de forma alarmante desde la llegada de las “fuerzas del orden”,
coinciden en entrevista con Desinformémonos
el activista y miembro del Frente Nacional Contra la Represión, Julián
Contreras Álvarez, y el estudiante del posgrado en Estudios
Latinoamericanos con especialidad en militarización, David Barrios.
En días
pasados, los medios anunciaron con pompa y ceremonia la llegada de un
convoy formado por dos helicópteros Black Hawk, 20 vehículos blindados,
30 camionetas pick up y cerca de 600 elementos de la policía al estado
de Michoacán. Su objetivo, informó la Secretaría de Seguridad Pública,
es “reforzar la seguridad de la entidad” debido al incremento de
enfrentamientos entre policías y grupos del crimen organizado. Además,
se prevé el arribo de al menos otros 400 agentes federales en días
próximos.
Mientras
tanto, en Coahuila, el director de Seguridad Pública, Amando Gómez
Caballero, anunció que como “parte las acciones para combatir la
inseguridad” cinco capitanes retirados de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) operarán tres casetas policiacas –que ya estaban en
desuso–, una en el Oriente, otra en la colonia Obrera y una tercera en
la colonia Las Flores.
La llegada
de elementos de la policía y el ejército a Michoacán y Coahuila forma
parte de un operativo más amplio –que dicho sea de paso, ni siquiera
tiene nombre– con el que el gobierno federal aumentará en 15 mil el
número elementos de la policía federal que desde el 2007 –cuando inició
la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón–
patrullan el país. Los policías “reforzarán la seguridad” en Michoacán,
Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas, estados
en los que durante las últimas semanas se han registrado enfrentamientos
entre grupos de delincuentes y elementos de las fuerzas armadas o de la
policía federal.
“La guerra
al narco fue en un primer momento el argumento para desplegar las
fuerzas federales en territorio nacional; ese discurso se fue
modificando sobre la marcha hasta establecer que se trataba de un
combate contra el crimen organizado”, señala en entrevista con Desinformémonos Julián Contreras Álvarez, quien también es miembro de la asamblea Ciudad Juárez Contra la Militarización.
De acuerdo
con Contreras Álvarez, la militarización de nuestro país se da en el
contexto de una crisis global multifactorial (económica, ambiental,
alimentaria y energética) que ha debilitado la hegemonía norteamericana.
“A partir del 9-111,
se dan una serie de modificaciones en la legislación de Estados Unidos
que traen consigo un retroceso civilizatorio al desplazar el respeto
incondicional a los derechos humanos (Ley patriota) que formalmente
estaban garantizados; al mismo tiempo, Estados Unidos inicia un
incremento acelerado de su presencia militar en zonas geoestratégicas
(aquellas con recursos naturales, petróleo, ubicación comercial,
etcétera) estableciendo y/o afianzando su colonialismo.
“México no
escapa a la política imperial norteamericana. Su proceso de
militarización está engranado a los intereses de Washington; no se puede
explicar el despliegue de fuerzas armadas, por ejemplo, a unos metros
de la frontera sur de Estados Unidos, sin el aval del país más poderoso
del mundo.
“Es de
conocimiento público que Estados Unidos apoya y financia las llamadas
guerras contra el narco. La potencia imperial norteamericana, como lo
han hecho todos los imperios en periodos de crisis económicas graves,
recurre a la guerra para reactivar su economía, al despojo de los
territorios y sus recursos naturales, al combate a la disidencia
política, a restringir derechos, a las razzias sociales, a los negocios a partir de la muerte”, asegura Julián Contreras.
David
Barrios, estudiante de posgrado en Estudios Latinoamericanos, cuya
investigación está enfocada en el tema de la militarización, explica que
“el objetivo explícito del despliegue policiaco es combatir a un
determinado cártel –Los Zetas, en el norte o Los Templarios, en
Michoacán. Pero detrás de eso hay, desde hace cinco años, una
recurrencia al efectismo, es decir, una apuesta por el efecto mediático
que se produce al anunciar el número de efectivos que se trasladarán a
un lugar determinado, así como describir con detalle el equipo que
utilizarán, como los helicópteros Black Hawk que fueron enviados a
Michoacán en esta ocasión, y que seguramente forman parte del apoyo
obtenido mediante la Iniciativa Mérida”.
Barrios
agrega que, después del periodo electoral en el que hubo aparente calma,
el reciente operativo trae consigo un mensaje muy claro para la próxima
administración: la estrategia de fuerza y de lucha frontal se mantiene;
el siguiente gobierno tiene que darle continuidad.
“La
estrategia de guerra contra el narcotráfico aparenta la decisión de
combatir en el ámbito de la capacidad de fuego a un enemigo difuso y no
homogéneo; sin embargo, detrás está un objetivo de adiestramiento
social, de hacer que ciertas prácticas que coartan libertades sean
vistas como normales”, advierte el estudiante.
Julián
Contreras coincide: “La razón de mantener tantos militares y policías
militarizados en las calles, es introducir en la sociedad la lógica de
la guerra, con las garantías que da la impunidad de estar supuestamente
combatiendo a un ‘enemigo interno’ y cuyo combate lo justifica todo,
porque en la guerra todo se vale. Lo anterior no deja de lado (antes se
explican mutuamente) que la militarización del país vino a afianzar un
régimen político debilitado por su ilegitimidad tras el proceso
electoral de 2006. Felipe Calderón muy probablemente no hubiese podido
terminar su mandato si no fuera por la fuerza de las bayonetas
desplegadas en las calles como mecanismo de disuasión y, en muchos
casos, de represión a movimientos sociales y a comunicadores”.
Lo anterior
no significa que no haya narcotráfico, crimen organizado y un problema
grave de violencia generalizada que provoca una real preocupación en la
sociedad, pero “significa es que las explicaciones dadas desde la
oficialidad a través de los grandes medios de comunicación del porqué de
estos problemas y los planteamientos del cómo solucionarlos dejan de
lado una serie de razones de fondo e incluso omiten información y la
distorsionan, lo que da como resultado un engaño a la sociedad que
reacciona según los intereses de quien la manipula en torno a la idea de
deshumanizar y volver prescindible y ejecutable a todo aquel que pueda
ser relacionado con esta idea construida de enemigo interno (narcos,
cholos, ladrones, extorsionadores, activistas, etcétera). El enemigo
interno, todo aquel que las autoridades logran posicionar como tal, es
susceptible de ser exterminado sin el mayor brote de inconformidad. Pero
los grandes narcoempresarios y narcopolíticos de la oligarquía nacional
jamás se verán a sí mismos como enemigos internos del país”, explica el
activista juarense.
“La
estrategia de militarización”, asegura David Barrios, “incrementa la
violencia y las ejecuciones y hace tolerables ciertas prácticas como las
ejecuciones y levantones. Hace también que la sociedad asuma que los
asesinados o secuestrados (ya sea por parte de las autoridades o de los
grupos criminales) son culpables a priori”.
Las
consecuencias de la militarización del territorio nacional son muchas.
Entre ellas, se encuentra el aumento de delitos que antes no se cometían
en ciertas áreas. En Ciudad Juárez, por ejemplo, existe una relación
directa entre la llegada de la policía federal, en 2008, y el aumento de
los secuestros por extorsión y de las extorsiones en negocios, además
de que los homicidios se incrementaron a razón de casi mil más cada año.
Por otro lado, desde que los federales se retiraron de esta localidad,
se redujeron considerablemente las cifras de ejecuciones.
En Juárez,
los militares disminuyeron su presencia en las calles, pero continúan en
los cuarteles. Además, se incrementó la presencia de policías
municipales y estatales. Por otro lado, agrega Julián Contreras, el
teniente coronel Julián Leyzaola, quien está al mando de la policía
municipal -y es egresado de la Escuela de las Américas, célebre por
entrenar grupos de contrainsurgencia donde la tortura es implementada–
se ha posicionado dentro de los asuntos del comercio local y mantiene
una política de cero tolerancia en las zonas populares.
En la
lógica de la militarización, los resultados son los mismos para el
grueso de la población, sin importar el estado o región del país en
donde se encuentren: miedo generalizado, despojo de bienes y
propiedades, desplazados, muerte de civiles, impunidad en los crímenes,
razias sociales, paramilitarismo, incremento de las actividades
comerciales ilícitas, represión de movimientos sociales, activistas y
periodistas, incremento del tráfico de drogas e incremento del consumo.
Tras el
supuesto combate el crimen, que los medios presentan con montajes
propagandísticos, la realidad demuestra que la única guerra que se está
librando es contra la sociedad en general que aún no alcanza a entender
que lo que el Estado mexicano desarrolla es una política de represión
preventiva, de la mano del posicionamiento de los negocios de los
sectores que representa por la vía de la fuerza militar.
“Los
resultados de la militarización son claros”, dice Contreras Álvarez, “el
tráfico de drogas no disminuyó y el consumo tampoco, pero se
incrementaron las ejecuciones extrajudiciales tanto en número como en
saña, la impunidad ha sido escandalosa, los desplazamientos de
pobladores se incrementaron y la especulación a partir de la tragedia se
convirtió en un excelente negocio”.
“Ha quedado
claro que esta guerra no es una guerra contra el narco, sino contra los
pobres. La evidencia es que los sectores marginados son los que ponen
los muertos y los presos, mientras los grandes criminales de cuello
blanco se dan el lujo de incluso ‘colaborar’ con esta supuesta guerra.
Tras la devastación del Valle de Juárez, y el centro de la ciudad, hoy
vemos la implementación de megaproyectos que benefician a sectores
empresariales que apoyaron la estrategia de guerra, como Carlos Slim.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2012/08/entre-mas-militarizacion-mas-ejecuciones-mas-trafico-de-drogas-y-mas-secuestros-en-las-calles-de-mexico/
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