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Boletín de prensa
Iniciativa Ciudadana
Iniciativa Ciudadana
Si bien, la guerra contra las drogas ha generado un desgaste social con
dolorosas consecuencias como la creciente violencia, la corrupción e
impunidad – más de 60.000 muertes y 10.000 desapariciones desde 2006,
también genera daños colarerales severos: 230,000 desplazados internos,
10,000 heridos y lisiados, 10,000 personas con problemas sicológicos,
500,000 sin empleo, entre otros.
La migración forzada en México y el mundo es un fenómeno
creciente en el que no hay cifras oficiales, tampoco existe una política
gubernamental que se proponga atenderlo.
El 21 de agosto se recuerda con dolor un año más de la muerte de las
hermanas y los hermanos centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas,
otro caso de violencia que no debió ocurrir.
En este tenor, retomamos el artículo publicado por Jésica Zermeño en
Enfoque del periódicoReforma el 24 de julio del año pasado, donde
muestra un claro panorama de los impactos de la guerra en nuestro país.
La migración forzada es un fenómeno creciente en el que no hay cifras
oficiales, ni una política gubernamental que se proponga atenderlo
El caso más conocido y medido es Ciudad Juárez y el Valle que la rodea,
pero el problema puede rastrearse en por lo menos ocho entidades más.
En un corredor de municipios que comienza en Monterrey y prácticamente
toda la frontera oriente de Nuevo León. En el centro de Tamaulipas y su
llamada “frontera chica”. En algunas alcaldías de la sierra tarahumara.
En zonas de la tierra caliente que comparten Michoacán y Guerrero y en
enclaves en Durango, Sonora y San Luis Potosí. En estos lugares la
población ha optado por migrar para huir de la violencia y de las
amenazas del crimen organizado.
No hay cifras oficiales, pero el desplazamiento forzado de personas a
causa de la violencia es un fenómeno creciente en el país. Por lo menos
230 mil este sexenio, según el informe 2010 del Observatorio de
Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés), centro que
monitorea el fenómeno a nivel global y que depende del Consejo Noruego
de Refugiados. De éstos, 120 mil migraron el año pasado, de acuerdo con
el organismo.
Hoy, el desplazamiento forzado por la presencia de la delincuencia
organizada y la violencia amenaza con salpicar más territorios. El
mecanismo de abandono tiene dos vertientes. En algunas zonas, donde los
enfrentamientos a fuego son lo cotidiano, la migración ha sido masiva y
ha respondido a amenazas directas del crimen organizado. Habitantes de
poblados, casi siempre rurales, son obligados a abandonar su hogar lo
más pronto posible. Estorban para el negocio y la operación del crimen.
En otros casos, el desplazamiento ha sido a cuentagotas, tras decisiones familiares tomadas a puerta cerrada, sigilosamente. Así, familias completas han desaparecido de un día para otro para que nadie pueda seguirles los pasos. La suma de estas decisiones, con el paso del tiempo, ha dejado pueblos enteros sin actividad comercial, agrícola y ganadera sustantiva ante las continuas extorsiones y los secuestros.
En otros casos, el desplazamiento ha sido a cuentagotas, tras decisiones familiares tomadas a puerta cerrada, sigilosamente. Así, familias completas han desaparecido de un día para otro para que nadie pueda seguirles los pasos. La suma de estas decisiones, con el paso del tiempo, ha dejado pueblos enteros sin actividad comercial, agrícola y ganadera sustantiva ante las continuas extorsiones y los secuestros.
El resultado en ambos casos es el mismo: pueblos y ciudades sin vida,
muertos, para que sus antiguos pobladores no compartan esa suerte.
La mayoría de los migrantes se han trasladado a otra parte del
territorio nacional. Otros, los que han podido, se han refugiado en
Estados Unidos.
Enfoque logró identificar por lo menos 70 municipios en todo el
territorio nacional en los que se han registrado desplazamientos
forzados, tomando como base los datos demográficos proporcionados por el
INEGI, testimonios, opiniones de autoridades locales, activistas de
derechos humanos y especialistas.
Estos municipios están concentrados en Chihuahua, Guerrero, Durango,
Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
La radiografía estatal de estos territorios es el mosaico del éxodo interno que vive el país.
Chihuahua
El Valle de Juárez, que rodea a la ciudad más violenta del mundo,
cuenta con municipios donde la migración masiva es evidente, en las
calles y en las cifras.
Según los datos del INEGI, Práxedis G. Guerrero, el municipio que se
hizo célebre por tener de jefa de seguridad pública a Marisol Valles,
una estudiante de criminología de 20 años, ha perdido 3 mil 715
habitantes. Muchos, como Marisol, se fueron a Estados Unidos.
Otro municipio azotado por el desplazamiento forzado es Guadalupe: hoy tiene 2 mil 690 habitantes menos que en 2005.
Rodolfo Rubio, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, asegura
que la mayoría de los desplazados en el Valle de Juárez, donde se
encuentran ambos municipios, se han trasladado a Ciudad Juárez, que
también enfrenta un problema de desplazamiento forzado mayúsculo. Por
eso en las cifras oficiales la población de esa ciudad no se ha
reducido.
“El tipo de población que se ha movido es básicamente rural, con pocos
recursos, como puede. También hay desplazamientos en las zonas serranas,
pero ésos, como están lejos, son menos visibles”, dice el académico.
Con base en la última Encuesta de Percepción Ciudadana sobre
Inseguridad de la ciudad, se calcula que alrededor de 230 mil personas
han abandonado su hogar en Juárez, municipio de tradición migrante, a
causa de la violencia.
La situación de la violencia en Juárez es tal que en el 2010 el
gobierno de Veracruz ayudó a salir de la ciudad a más de 300
“juarochos”: veracruzanos que se habían trasladado allá desde hacía años
para trabajar, dándoles el pasaje aéreo de retorno y becas para sus
hijos. El gobierno de Fidel Herrera aseguró entonces que podían regresar
más de 15 mil.
Otros municipios con migración por violencia asociada a falta de
oportunidades laborales, de acuerdo con el investigador, son Madera
(menos 2 mil 420 habitantes), Bocoyna (mil 141 habitantes menos),
Maguarichi (menos 195), Temósachi (menos 108) y Matachí (menos 65). Otro
municipio es guanahuiriachi, aunque oficialmente no ha perdido
población.
Guerrero
En Puerto Las Ollas, en Coyuca de Catalán, existe hoy un poblado
improvisado conformado por gente que huyó de la comunidad de La Laguna,
del Ejido Los Huajes, en la tierra caliente guerrerense.
Según Raymundo Díaz, del Colectivo contra la Tortura -organización que
ha monitoreado la situación-, actualmente 177 personas hacen su vida ahí
como pueden, pues huyeron masivamente de la amenaza directa de los
grupos del crimen organizado. La afrenta: impedir que talaran los
árboles. Primero huyeron las mujeres y los niños, después los alcanzaron
los hombres.
“En febrero de 2011 asesinaron a Rubén Santana, un líder natural en la
zona, y en abril, justo el Domingo de Ramos, hubo otra emboscada, y
asesinaron a un hijo de Santana y a otras dos personas más. La gente
decidió salirse entre el 20 y el 21 de abril. Dejaron todo”, sostiene
Díaz.
De acuerdo con el activista, el desplazamiento en esta zona tiene un
tinte distinto al de otros lugares: el Ejército cataloga el territorio
como de acción contrainsurgente, por lo que los desplazados son
considerados enemigos lo mismo por los delincuentes que por los
uniformados. Los casos de tortura son constantes.
Pero este caso no es el único en la región y, por cifras, no es el más
grave. De acuerdo con el INEGI, Coyuca de Catalán no reporta pérdida de
población. El foco rojo más brillante está en Zirándaro: mil 240
habitantes menos entre 2005 y 2010.
Los pobladores de ese municipio de tierra caliente no dudan en
calificar la reducción de población como éxodo, por la llegada de La
Familia a la zona junto con su régimen estricto de extorsiones. Cuentan
incluso que un grupo de comuneros intentó defender sus tierras con armas
de fuego, pero la insurrección no duró ni tres días. Los comuneros
huyeron. Hoy los comercios están cerrados y la tierra ociosa.
Según pobladores, otros dos municipios en los que existe desplazamiento
por la delincuencia organizada son Coahuayutla (que perdió 266
habitantes según el INEGI) y Pungarabato, que no ha perdido población de
manera oficial. Sin embargo, quienes han visitado Ciudad Altamirano, su
cabecera municipal, aseguran que el problema es evidente.
Existen también indicios de que en las zonas periféricas de ciudades
grandes, como Acapulco y Zihuatanejo, la gente ha huido. Esto todavía no
se refleja en cifras.
Michoacán
A finales de mayo del 2011, pobladores de El Chamizal, La Huída, Razo
del Órgano, Eréndira, Santana, Pinzándaro, Vicente Guerrero, Catalina,
Paredes y otros poblados comenzaron un desplazamiento masivo hacia
albergues en las cabeceras municipales de Buenavista Tomatlán,
Apatzingán y Tuzantla. Según estimaciones de autoridades locales, 2 mil
500 personas podrían haber huido de los enfrentamientos entre La
Familia, Los Caballeros Templarios y la Policía Federal, que se
tradujeron, el 28 de mayo del 2011, en el derribo de un helicóptero de
la Fuerza Aérea Mexicana que iba en apoyo de la PF.
Autoridades locales aseguran que esos albergues improvisados hoy están
vacíos. Que las familias, la mayoría pobres y campesinas, regresaron a
cuentagotas a sus hogares. Pero aceptan que el miedo persiste y los
desplazamientos pueden darse en cualquier momento.
En Michoacán las cifras oficiales no dejan ver pérdidas importantes de
población a nivel municipal, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos
no reporta desplazamientos. Sin embargo, el Consejo Estatal de Población
reconoce que la violencia está entre las causas de la reducción de
población en Coalcomán (menos 541 habitantes), Tumbiscatío (menos 473),
Morelos (menos 434), Chucándiro (menos 350), Tzitzio (menos 228),
Carácuaro (menos 125 habitantes) y Chinicuila (menos 72).
Activistas de derechos humanos aseguran que el problema también existe en Huetamo, Múgica y Churumuco.
Activistas de derechos humanos aseguran que el problema también existe en Huetamo, Múgica y Churumuco.
Otros municipios, como Cherán, todavía resisten el embate de los delincuentes.
Nuevo León
El 25 de octubre de 2010, la comandancia de la policía municipal de Los
Ramones fue rafagueada. Más de mil 200 cartuchos y seis granadas de
fragmentación lanzadas en menos de 20 minutos a las instalaciones
hicieron que los 14 agentes de la corporación renunciaran un día
después. Eran los últimos policías municipales que quedaban en todos los
municipios de la frontera nuevoleonesa con Tamaulipas.
Los Ramones es la alcaldía de esa zona que más población expulsó. Según
cifras del INEGI, entre 2005 y 2010 perdió 868 habitantes. Autoridades
municipales aseguran que el éxodo es aun mayor. Se unen a la lista Los
Aldamas (menos 301 habitantes), General Treviño (menos 199), Melchor
Ocampo (menos 190), Cerralvo (menos 154) y Agualeguas (menos 94), todos
en territorio de disputa entre Los Zetas y el Cártel del Golfo.
Según José Juan Cervantes, especialista en violencia de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, el éxodo en la zona se extiende hasta General
Bravo, China y Anáhuac, aunque todavía no se reporte oficialmente
pérdida de población en esos sitios.
Su experiencia le dice que otras zonas que han registrado un éxodo
silencioso en la entidad son Santiago, Allende, Montemorelos y Linares,
donde personas de clase media y alta que salieron de Monterrey años
atrás buscando una vida campirana están regresando a la urbe por
protección.
“A pesar de que aquí (en Monterrey) hay la matanza más fuerte, allá la
inseguridad se huele, se percibe más en toda la zona citrícola. Hemos
conocido gente de Santiago que ha preferido mudarse a San Pedro o a
Monterrey. Es gente que puede desplazarse, que tiene recursos”, dice
Cervantes en entrevista telefónica.
El investigador recalca que también muchos han dejado la Sultana del Norte, pero todavía no hay mediciones al respecto.
Tamaulipas
En noviembre de 2010, el país se enteró del drama que vivía Mier,
municipio localizado en la frontera chica tamaulipeca, cuando alrededor
de 300 de sus habitantes llegaron a la alcaldía vecina de Miguel Alemán
pidiendo cobijo, pues Los Zetas habían amenazado con matar a todos los
que se quedaran en el pueblo. También se unieron a la migración masiva
pobladores de Guerrero y Valle Hermoso. Se instaló un albergue temporal
para atenderlos.
Las autoridades aseguran que la mayoría de los desplazados regresaron a
sus hogares días después, pero los datos del INEGI para 2010 confirman
la migración en Mier, que tiene mil 777 habitantes menos que en 2005.
Hoy la ciudad sigue solitaria, a pesar del patrullaje de las Fuerzas
Armadas. Los municipios de Guerrero y Valle Hermoso no reportan pérdida
de población.
En otra alcaldía, de manera desapercibida, se ha reducido la población
con creces. Camargo, ubicada también en la frontera chica, ha expulsado a
2 mil 654 personas, según datos oficiales. Videos colgados en la red
atestiguan la situación del municipio: camionetas incendiadas
abandonadas en las carreteras y casquillos percutidos tirados en el piso
por días, falta de luz, agua, teléfono…
Otra zona en la que se ha reportado migración forzada es San Fernando y
su periferia. Tras la ejecución de 72 migrantes en agosto de 2010, y el
hallazgo de fosas clandestinas después, se destapó la situación. En
2010, según el INEGI, había 536 habitantes menos en el municipio, y 173
ejecutados, según datos del SNSP.
De acuerdo con un académico, que prefiere omitir su nombre, otros
municipios de los que puede comprobarse una reducción en su población en
la zona aledaña a San Fernando por la violencia son Cruillas (menos 257
habitantes), Méndez (menos 255), Burgos (menos 193), Villagrán (menos
141) y San Nicolás (menos 13). También se han registrado movimientos en
Jiménez, todavía no reflejados en las cifras oficiales.
Otros enclaves
El desplazamiento por la violencia se ha extendido a otros estados,
aunque todavía no de manera tan dramática como en las entidades
anteriores.
En Durango, habitantes de diversos poblados de los municipios de San
Dimas, Mezquital, Nuevo Ideal y Pueblo Nuevo han tenido que desplazarse a
albergues de manera itinerante, pues los delincuentes han quemado sus
casas y cosechas. Los ataques, según autoridades, han sido perpetrados
por elementos de La Línea, el brazo armado del Cártel del Golfo.
Según estimaciones de autoridades locales, en la zona serrana hay por lo menos mil 500 desplazados.
Es el caso de alrededor de 300 habitantes de La Lagunita, El Coscate y
El Campamento, en Pueblo Nuevo, que en septiembre pasado tuvieron que
dejar sus casas y trasladarse a un albergue en la cabecera municipal
después de tratar de hacerle frente a los delincuentes y ser derrotados.
Incluso, el 12 de diciembre de 2008, en Santa Gertrudis, en la alcaldía
de San Dimas, delincuentes reunieron a todos los hombres en la
plazoleta comunitaria, seleccionaron a seis, los hicieron correr frente a
todos hacia una dirección y los mataron por la espalda. Los familiares
de los muertos recibieron el ultimátum de dejar el pueblo en tres días.
Así lo hicieron.
Ninguno de estos desplazamientos tiene sustento en cifras oficiales.
En Sonora, el paradigma de la migración forzada es el municipio de
Tubutama, un verdadero pueblo fantasma. Las instalaciones de la policía y
de la clínica están cerradas. La desolación en la cabecera es tal que
el Congreso estatal decidió sesionar ahí el pasado 21 de junio. Aunque
el pueblo luce totalmente deshabitado, el INEGI reporta sólo 16 personas
menos viviendo ahí entre 2005 y 2010.
Otras alcaldías que sufren de desplazamiento forzado son Atil y Sáric.
Según el censo, la primera cuenta con 109 habitantes menos; la segunda
no reporta pérdida de población.
También en San Luis Potosí hay migrantes forzados. En el pueblo de
Salitral de Carrera, municipio de Villa de Ramos, la gente ha comenzado a
salir por los constantes enfrentamientos entre grupos delincuenciales.
Las cifras del INEGI no reflejan nada.
La única entidad que ha sufrido desplazamiento forzado por violencia
antes de este sexenio ha sido Sinaloa, pero continúa hoy. Según Tomás
Guevara, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, parte de la
reducción de población en Badiraguato, Cosalá, Elota y San Ignacio,
todos municipios serranos, puede atribuirse a la presencia de crimen
organizado en la región. También se ha presentado abandono de
comunidades en Sinaloa, Salvador Alvarado (Guamúchil) y Culiacán, pero
su población no se ha reducido, según las cifras oficiales.
Sin embargo, la migración amenaza con expandirse.
Sin embargo, la migración amenaza con expandirse.
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C
Voces de Paz
México D.F., 20 de agosto de 2012
Convocatoria: Persiste la Impunidad al Conmemorar el Segundo Aniversario de la Masacre de San Fernando; se Presentará el caso ante el TPP
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
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