México D.F (Cencos).- En el
último mes se han cometido numerosos actos que violentan la libertad de
expresión en México. Desde desapariciones de periodistas hasta compras
masivas y ataques con explosivos en contra de instalaciones. Es por ello
que el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) manifiesta su
especial preocupación por los medios y periodistas que han sido atacados
físicamente, amenazados o vetados con la intensión de inhibir su labor
periodística.
Cabe mencionar que, los meses de junio y julio fueron en los que se
perpretaron mayor número de agresiones a la libertad de expresión y que
en las últimas semanas estos han incrementado sus niveles de violencia,
misma que ha provocado incluso, que la defensora de derechos humanos y
periodista, Lydia Cacho, tuviera que abandonar el país debido a las amenzas de muerte que sufrió en días anteriores.
A continuación, hacemos un recuento de las agresiones más graves registradas en el último mes:
El 9 de julio el semanario Proceso fue almacenado en bodegas de la
cadena de tiendas de autoservicio Soriana, evitando así su exhibición y
compra por órdenes del corporativo mediante un comunicado que envió a
todas sus tiendas. En la edición de esa semana, el semanario publicó
reportajes sobre la relación de grupo Soriana con el Partido de la
Revolución Institucional (PRI) en el contexto de las elecciones.
Un día después se registraron atentados a los periódicos El Mañana de Nuevo Laredo y El Norte
en dos de sus sucursales de Monterrey, La Silla y Linda Vista. No hubo
heridos que lamentar, sin embargo los daños a las instalaciones fueron
cuantiosos.
El lunes 16 fue allanado el domicilio del periodista sonorense Hiram González
en donde además, los agresores dejaron una amenaza escrita sobre su
mesa. El periodista había sufrido anteriores robos en su domicilio sin
que estos tuvieran una correcta investigación.
También, la periodista Cecilia Cota Carrasco
fue amenazada por Serapio Vargas excandidato a diputado y líder
campesino en el estado de Sinaloa cuando este hacía uso de su derecho de
réplica por las notas publicadas por la periodista. Organizaciones se
sumaron al repudio de dicho acto.
El domingo 29 de julio, la periodista Lydia Cacho recibió de nueva
cuenta amenazas de muerte por su ejercicio periodístico y defensa de
derechos humanos. Es de resaltar que el perpetrador posee tecnología
suficiente para intervenir sus aparatos de comunicación. Esta es una
amenaza más que se suma a la lista de intimidaciones que ha recibido la
periodista y defensora de los derechos humanos debido a su labor.
Ese mismo día fueron incendiadas las oficinas pertenecientes al diario
El Norte de grupo Reforma, esta vez a sus instalaciones de Sierra Madre,
donde empleados que se encontraban laborando tuvieron que escapar
rompiendo los vidrios del inmueble.
Un día después, el 30 de julio, la distribuidora de revistas DIPSA
recibió la llamada de una persona que no se identificó, misma que
pretendía comprar todo el tiraje del número 1865 del semanario Proceso
en Monterrey. Días después se registró una compra masiva en las calles
de la ciudad. El 31 de julio la distribuidora DIPSA fue incendiada por
un grupo armado que amagó al equipo de seguridad con armas largas y robó
pertenencias a los empleados, luego rociaron gasolina y prendieron
fuego a las instalaciones.
El 2 de agosto el semanario Zeta de Tijuana fue intimidado por el
presidente municipal Carlos Bustamante Anchondo en un desplegado que
publicó en diveros medios donde descalifica la labor periodística del
semanario; ordenó además a sus oficinas no permitir la entrada de sus
reporteros. Lo anterior debido a la inconformidad que provovó la edición
2000 del semanario.
Finalmente, el director de Playboy México denunció en un vídeo que
circuló por varios medios de comunicación y redes sociales que el lunes 3
de agosto recibió un correo electrónico que lo amenazaba de muerte. Él
mismo, considera que puede estar relacionado con las recientes
publicaciones periodísticas de la revista.
En este contexto, es importante no dejar del lado que durante el
proceso electoral y poselectoral, el contéo de agresiones físicas contra
periodistas en cobertura se elevó de manera importante, de al menos 2
casos por semana, provenientes de grupos afiliados u afines,
principalmente al Partido de la Revolución Institucional (PRI),
funcionarios públicos municipales y estales así como de las distintas
policías.
Estos actos de violencia repetida y acrecentada que pretenden silenciar
a las y los comunicadores atentan directamente con el derecho
fundamental de la libertad de expresión; debilitan el libre flujo de
información y violan el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Estos atentados contra la prensa en su conjunto, son resultado de la
inefeicacia, hasta el momento, de las autoridades correspondientes para
implemetar planes de protección a quienes ejercen la labor periodística,
politícias públicad integrales y sobre todo de la profunda impunidad en
la que prevalecen lo casos de agresiones a la libertad de expresión en
México.
Es fundamental, que tanto el gobierno federal como los gobiernos
estatales y locales, atiendan implementen las acciones necesarias para
frenar esta ola de agresiones. Asi mismo que el mecanismo para la
protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas sea
implementado correctamente y de la mano de la sociedad civil experta en
la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
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Información adicional: Para mayor información favor de comunicarse con Daniela Hernández, Área de Educación e Investigación de Cencos, +52 (55) 55 33 64 75 / 76 Ext. 108 educacion@cencos.org
Información adicional: Para mayor información favor de comunicarse con Daniela Hernández, Área de Educación e Investigación de Cencos, +52 (55) 55 33 64 75 / 76 Ext. 108 educacion@cencos.org
Cencos fue la primera organización en denunciar las agresiones contra
periodistas en México, iniciando está actividad a mediados de los años
setenta. Busca promover la libertad de expresión y la libertad de prensa
como un derecho individual de los y las periodistas y como derecho
colectivo de la sociedad en su conjunto.
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