Guatemala.
La proclamación del estado de sitio decretada por el presidente de la
República, Otto Pérez Molina, el día 2 de mayo de 2012, no sirvió para
detener a los responsables de la muerte de Andrés Francisco y de las
lesiones de Pablo Antonio y Sebastián Bernabé, pero sí para detener a
12 personas, la mayoría líderes comunitarios que desde 2009 se
oponían abiertamente a las acciones de la empresa Ecoener Hidralia
Energía. Estas detenciones se suman a la lista de otros 23 líderes cuya
orden de captura se dio a conocer el 17 de abril.
Después de aquellos trágicos días de
inicios de mayo, los barillenses hicieron lo posible por volver a su
vida diaria, y el 18 de junio participaron en la Jornada por la Paz y la
Unidad, convocada en memoria de don Andrés Francisco Miguel.
Sin embargo, las autoridades y la
empresa Ecoener Hidralia Energía no parecen dispuestos a cejar en su
empeño de desmovilizar a las comunidades que se oponen a sus
actividades. El miércoles 25 de julio, sorpresivamente, el Juzgado de
Primera Instancia de Santa Eulalia dio a conocer que existen órdenes de
captura contra 33 personas más por “plagio y secuestro, amenazas e
instigación a delinquir”, en la causa 65‐2012, la misma que ya había
emitido las 23 órdenes previas.
Con la misma impunidad con la que se
hicieron las detenciones el 2 de mayo y después se catearon tres aldeas,
ahora presentan a un nuevo testigo que es capaz de recordar a 33
personas más por hechos de hace meses, y que casualmente también son
todos líderes y activistas por la vida y los bienes naturales,
reconocidos en la comunidad.
Sergio Vives, abogado de tres de los
acusados, considera: “la persecución penal que se da bajo el pretexto de
este caso es en contra de líderes, hombres y mujeres que han asumido
la reivindicación por los hechos ocurridos el 1 de mayo de este año,
cuando fue asesinado un líder y resultaron heridos dos más”.
Hermelinda Claret Simón Diego, una de
las defensoras de derechos humanos que tiene orden de captura y es
criminalizada por luchar a favor de la vida y la paz, señala: “me
acusan de otras cosas donde nunca he estado, porque me acusan de que yo
he participado en la quema de maquinaria, en la detención de la
seguridad de la empresa. Y prácticamente ahorita, en el municipio los
líderes y lideresas estamos siendo perseguidos por lo que otras
personas han causado o por lo que ha pasado y hay mucha
preocupación, mucho miedo, porque me acusan de algo que no he hecho”.
A las personas detenidas el 2 de
mayo, a pesar de que nadie las reconoció como responsables de las
acciones que se les imputa, se les acusa de formar parte de una
asociación clandestina: “lo están enfocando con base a la ley de
combate al narcotráfico”, advierte el abogado. Y afirma rotundamente:
“Los acusan sin mayor fundamento, es una tergiversación de la figura
delictiva que está enfocada para actividades de narcotráfico, ahora
contra una organización de carácter comunitario que se opone a un
proyecto”
Por todo esto, los abogados defensores
no dudan en considerar que “se está utilizando el proceso penal como un
instrumento punitivo para criminalizar, perseguir y desarticular a los
líderes del movimiento social de Barillas que se oponen a la
construcción de la hidroeléctrica por parte de la empresa Hidro‐Santa
Cruz, en la cual son accionistas personas españolas. Lo que están
logrando básicamente con la estrategia de criminalización y
persecución penal es desarticular al movimiento de oposición a la
construcción de la hidroeléctrica, en principio”.
Hermelinda Claret Simón Diego corrobora
esta impresión: “Lo único que hemos hecho con las comunidades es
defender nuestro territorio, defender la tierra, defender la madre
naturaleza”.
La Asamblea Departamental por la Defensa
del Territorio – Huehuetenango (ADH) denuncia que mientras desarticulan
a la población opuesta a sus planes, la empresa está tratando de
eximirse de sus responsabilidades en la muerte de Andrés Francisco
Miguel con base en la compra de testigos. También ha organizado una
“mesa de diálogo” sólo con asociaciones locales cooptadas, en la que
evidentemente no hay presencia de las comunidades afectadas, que son las
que se oponen. De esta manera, continúa actuando por encima de ley
–obviando las dos veces que la municipalidad de Barillas le ha negado el
permiso de construcción‐ y mostrando todo lo que está dispuesta a hacer
para lograr sus fines.
Finaliza Hermelinda: “Nunca en la
historia de Barillas hemos sufrido persecución, hasta que llegó la
empresa. Nunca como líderes, nunca como lideresas habíamos sido
perseguidos, hasta que la empresa llega y hace todo eso a las
comunidades”.
Vía,fuente:
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2012/08/criminalizacion-de-defensores-de-la-tierra-en-guatemala/http://desinformemonos.org
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