Honduras: Asesinan a líder campesino José Ángel Flores | Servindi

Servindi- El presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), José Ángel Flores, murió acribillado este martes 18 de octubre en la comunidad La Confianza, en Tocoa, Honduras. Su acompañante Silmer George también falleció a causa de los disparos.
Las primeras informaciones que se manejan indican que cuatro personas encapuchadas entraron al taller de mecánica de la comunidad La Confianza y dispararon a quemarropa al líder campesino y a su acompañante.
Es necesario precisar que en marzo de este año, la Policía Nacional de Honduras  allanó la vivienda de José Ángel Flores sin una orden judicial. A pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Internacional de  Derechos Humanos (CIDH), no se le prestó atención cuando denunció que estaba en una lista de personas que serían asesinadas.
Asimismo, diversas versiones señalan que el líder era objeto de amenzas constantes.
Vale destacar que en este año, Bertha Cáceres y  Lesbia Yaneth Urquía, dos importantes lideresas ambientales e indígenas, también fueron asesinadas en el país centroamericano.

El conflicto no cesa en Honduras

Diversas comunidades indígenas siguen manifestándose en contra de la Ley Monsanto, postulado que regula los productos vegetales. Los campesinos demandan que el Estado exige inspeccionar sus parcelas y multarlos si no usan las semillas transgénicas.
Del mismo modo, aseguran que el consumo de semillas transgénicas, además de atentar contra su salud y economía, atropella su legado ancestral en el cultivo de las semillas criollas.

vía:https://www.servindi.org/20/10/2016/asesinan-lider-campesino-en-honduras

Guatemala: Hidroeléctricas insaciables en Guatemala...por OMAL

Una investigación expone el conflicto social y ambiental de la industria hidroeléctrica en Guatemala, y analiza en profundidad la coyuntura política y económica que ha inducido la apertura del país a la inversión extranjera sin garantías para los derechos humanos y la preservación del medio ambiente.




OMAL-Paz con Dignidad, Amigos de la Tierra, Asociación de Mujeres de Guatemala-AMG, Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca, Diakonia y Protection International




Una investigación muestra el conflicto ambiental y social, así como la vulneración múltiple y sistemática de derechos humanos, generados por la industria hidroeléctrica en Guatemala. Llevada a cabo por los investigadores Antonio Rodríguez Carmona y Elena de Luis Romero, se lanzó ayer públicamente en Guatemala. Este documento cuenta con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio de Multinacionales en América Latina-Paz con Dignidad, Amigos de la Tierra, Asociación de Mujeres de Guatemala-AMG, Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca, Diakonia y Protection International.

El estudio “Hidroeléctricas insaciables en Guatemala” analiza en profundidad la coyuntura política y económica que ha inducido la apertura del país a la inversión extranjera sin garantías para los derechos humanos y la preservación del medio ambiente. Así, se exponen todas las aristas de dos casos paradigmáticos de los proyectos hidroeléctricos en las cuencas de ríos de alto valor ambiental y que proporcionan sustento a un gran número de comunidades indígenas y locales: los casos de Ecoener-Hidralia y Renace.

Los investigadores, apoyados en el terreno por organizaciones locales, han recogido los hechos acontecidos, reflejando el asentamiento de las empresas españolas Ecoener-Hidralia y Grupo Cobra-ACS para la construcción de presas hidroeléctricas en territorio indígena. La llegada de estas empresas ha supuesto la violación del derecho a una consulta previa e informada, tal y como recoge la legislación internacional, pero también han vulnerado los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, derechos Civiles y Políticos, y derechos como el acceso al agua y saneamiento. Estas vulneraciones se producen a la vez que se criminaliza y se persigue a los líderes y defensores de derechos humanos, y se establecen estrategias para desarticular a la sociedad civil.

“Estos casos evidencian las violaciones de derechos humanos vinculadas a la actividad de empresas transnacionales que cuentan con la connivencia del antiguo Gobierno de Guatemala de Otto Pérez Molina, ejerciendo violencia y desprotegiendo a la población indígena”, sostienen los autores. Afirman también que “estos casos han provocado una fractura social muy profunda, no solo entre las comunidades urbanas y rurales, sino dentro de las propias familias que se han opuesto a los proyectos en los ríos Cahabón y Canbalam”. Y en relación a la criminalización explican que “las detenciones y procesos judiciales contra líderes de la defensa del territorio y algunos episodios de asesinatos, lejos de ser experiencias aisladas, son patrones que se repiten en muchos proyectos relacionados con la extracción de recursos naturales. Es necesario introducir en el debate internacional la responsabilidad real de las empresas en la garantía y respeto de los derechos humanos. Los programas de responsabilidad social de las empresas pueden llegar a encubrir violaciones de derechos humanos”.

Las organizaciones que respaldan el estudio recuerdan la necesidad de reforzar de forma urgente el marco legal para ejercer un control efectivo sobre las empresas nacionales y transnacionales y garantizar el cumplimiento de las garantías de los derechos humanos, el acceso a la tierra y a los recursos naturales. En ese sentido, reclaman actuaciones por parte de los organismos internacionales y de la cooperación para reforzar las garantías en el país.

Fuente: OMAL

Para acceder a la publicación (PDF) haga clic en el informe a continuación y descargue el archivo:
Hidroeléctricas insaciables en Guatemala

vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Hidroelectricas_insaciables_en_Guatemala

Honduras: El documental ‘Guardiana de los ríos’ muestra la lucha de Berta Cáceres en defensa del agua en Honduras....por movimientom4.org

Seis comunidades en defensa de los ríos. Decenas de defensores amenazados a muerte. Todos y todas unidos por el espíritu de la Guardiana de los ríos, Berta Cáceres, líder social y ambiental asesinada en marzo de 2016. Este documental nos traslada al interior de Honduras, uno de los países más peligrosos para defender los bienes naturales, gobernado por una idea de desarrollo extractivista que se enfrenta a la cosmovisión de los pueblos y no les permite decidir sobre su entorno. Una producción de Campaña Madre Tierra, nuestra casa común ¡defendámosla! impulsada por el ERIC, Radio Progreso y organizaciones populares de Honduras.

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Es común decir que en Honduras no se hace mucho periodismo que logre traspasar las fronteras de esa pequeña nación caribeña.
Pero el asesinato de Berta Cáceres provocó que un gran número de ambientalistas y defensores de los derechos humanos de todo el mundo volvieran su mirada a Honduras y ahora, cuando han pasado poco más de seis meses del crimen, también que se haga periodismo hondureño.
Radio Progreso, una pequeña emisora de radio situada en El Progreso, al norte del país, nos muestra el trabajo de Cáceres y la organización que lideraba, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en el documental Guardiana de los ríos.
El asesinato de Cáceres se enmarca en el enfrentamiento que varias comunidades indígenas por todo el país mantienen con el gobierno y empresas privadas debido a la ley general de aguas de Honduras, que abrió la posibilidad de licitar la construcción de embalses en los ríos para generar energía eléctrica.
En 2009, el gobierno salido del golpe de Estado licitó 47 proyectos y, en menos de un año, se habían firmado 40 de los contratos. La oposición de las comunidades fue frontal.
El documental sigue el papel que Cáceres jugó en esa oposición, muestra la resistencia a la privatización de los ríos (figuras ancestrales y de alto valor simbólico en la cosmovisión del pueblo lenca). Da foro al habla, la cultura, las amenazas, los miedos y la violencia contra los habitantes de comunidades enclavadas en la montaña del interior de Honduras, que hablan con los duendes de los ríos, duendes que les piden que defiendan el agua. Se da voz también a las empresas, que argumentan y explican su modelo de generación de energía hidroeléctrica, alternativo al consumo de combustibles fósiles.
Jennifer Ávila, de 26 años, la periodista que ha coordinado el documental, explica que el objetivo de Radio Progreso es informar sobre la lucha de los movimientos sociales contra “el gobierno y los intereses empresariales que privatizan Honduras”. Radio Progreso cumple ya 60 años de existencia como proyecto de comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras.
Ávila cree que el mensaje que deja el asesinato de la ambientalista hondureña es unívoco. “Estamos en tierra de nadie. El planeta entero puede brincar y decir lo que quiera, pero si le hicieron esto a Berta, qué le van a hacer a cualquier persona de una comunidad a la que nadie conoce. El mensaje es de impunidad total. Es la imposición de la ley del más fuerte”.
Es una sensación a la que están acostumbrados en el país, porque ese miedo no se instala en la nada sino en un sentimiento que muchos arrastran desde hace tiempo.
“A veces hay una sensación de abandono de Honduras”, añade Ávila. “O al mundo no le importa o desde Honduras no se está contando bien lo que sucede”.
Fuente: New York Times en español


vía:http://movimientom4.org/2016/10/el-documental-guardiana-de-los-rios-muestra-la-lucha-de-berta-caceres-en-defensa-del-agua-en-honduras/

Guatemala: Jimmy Morales, remedo de dictador...Ilka Oliva Corado

Ilka Oliva Corado
Rebelión

Le faltaba entre sus personajes ponerse el saco de dictador, pero en esta ocasión al Moralejo se le olvidó que no estaba en sus interpretaciones faranduleras de arribista fingiendo ser actor. Se le pasó por alto un pequeño detalle; que aunque le queda grande la poltrona, es el presidente de Guatemala (no por mucho tiempo si las masas lograran despertar de a de veras ) y no está en su set de grabación para hacer lo que se le ronque la gana. Es un empleado de gobierno como cualquier hijo de vecina. Y eso él lo debe tener muy claro, pero nosotros más.

Duele decir esto y no es echar en cara, pero se los dijimos hasta el cansancio: no vayamos a elecciones, no voten por Jimmy Morales. Pero en un país como Guatemala puede más la doble moral, el clasismo, el racismo, el patriarcado, la misoginia, la homofobia y la indolencia. Votaron por un candidato que los representaba a cabalidad y los resultados son evidentes.

Es pocas palabras y dibujándolo con yeso (para que lo entiendan los estudiantes universitarios y egresados de universidad), votaron por la continuidad del régimen militar que representaba el genocida Otto Pérez Molina. Con las votaciones sólo cambiaron de títere. Porque no es insulto, es la verdad, Jimmy Morales es un títere del ejército de Guatemala, de la oligarquía y de la embajada de Estados Unidos en el país.

Lo más triste de todo es que estos votantes sabían muy bien lo que representaba el Moralejo y por esa razón votaron por él. Aquí nadie los engañó: bueno sí, por si se creyeron aquello de “ni corrupto ni ladrón”.

Jimmy Morales no ha hecho absolutamente nada para el bien del país en lo que lleva de presidente. A sus anchas eso sí, dormir y llorar. Y encima viene y firma al pedalazo, pícaro y ruin, un decreto de Estado de Prevención donde limita la libertad de locomoción, manifestación y libre expresión. ¿Se necesita explicar con dibujos para entender lo que esto significa? Ya le perdonaron una clara que era para tarjeta roja y expulsión directa, en la que salió inmediatamente al paso con su "que no yo fui, que fue teté, péguele, péguele a quien fue. Que fue fulano que fue mengano pero no zutano".

Explico con manzanas la incoherencia de sus votantes, salieron a manifestar por corrupción el año pasado pero no dicen ni pío ahora que el Moralejo se ve envuelto en un asunto claro de la misma corrupción que denunciaron en las plazas devanándose en el suelo para las fotografías del recuerdo. Una sociedad mediocre tiene lo que se merece.

Explicando con plasticina lo que Jimmy Morales firmó, significa que si en el futuro la sociedad guatemalteca quiere salir a tomar las plazas para manifestaciones masivas, que podría ser una de éstas para exigir la renuncia del presidente; la policía y el ejército (también los paramilitares) pueden disolverlas por la fuerza y sin previo aviso. De igual manera se refiere a reuniones de carácter privado. O sea que si usted se reúne con un grupo de amigos en su casa y a alguien del gobierno (o de la sociedad, donde abundan los ojetes y los orejas) se le ocurre pensar que usted está conspirando contra la entidad, ya estuvo que le cayeron encima los esbirros y se los llevaron al calabozo y se inventaron cargos y se los dejan unos sus años en la mazmorra. Eso sin contar la tortura que es característica de las dictaduras. Y si le volamos pluma también las desapariciones forzadas. Cuidadito que vayan a ser estudiantes universitarios de la USAC porque los acusarán de agitadores y sino aparecen torturados, enfilarán las listas de desaparecidos. Es decir; este gobierno le apuesta a un retroceso de 30 años, qué tu Firma de la Paz ni pura estaca, se van de lleno a los años en los que la CIA hizo pozoles Guatemala. Es sin duda una versión renovada y continuada del Plan Cóndor el país, que no sorprende porque se está aplicando con agenda particular en toda Latinoamérica. Centroamérica y México a la cabeza como ejemplo de la devastación.

Esto también va dirigido hacia los medios de comunicación donde prácticamente los censura. Pobre de aquel medio (y si es comunal e independiente le va peor) entonces que se atreva a criticar al gobierno y mucho menos a mostrar pruebas de asuntos delicados que aquejan al pueblo y que tengan que ver con impunidad gubernamental. Es claramente un régimen totalitario y estamos a tiempo para evitar que se implemente de lleno en el país.

Guatemala aún no cura sus heridas, aún no logra restaurar el tejido social. Aún no se ha juzgado a los culpables del Genocidio. Guatemala vive en absoluta impunidad. Guatemala apenas da pequeños respiros en busca de justicia y libertad.

Y aquí es donde entra aquello de “somos la generación del cambio, se metieron con la generación equivocada, USAC es pueblo, los landivarianos también somos pueblo”. Aquí es cuando se necesita la inteligencia, la conciencia y los arrestos que pregonaron quienes anduvieron dictando conferencias por doquier aprovechando la llamarada de las manifestaciones del año pasado. Aquí es cuando se verá el carácter de los docentes universitarios y de los líderes políticos que le apuestan a una Guatemala distinta. Aquí es cuando el periodista mostrará de qué está hecho y para qué lado patea.

Aquí es donde se pide a gritos la presencia de la izquierda que recita versos de Otto René Castillo y conmemora a Jacobo Árbenz. Esa izquierda que habla de estudiantes mártires de la USAC. Es ahora, cuando las circunstancias preguntan, ¿qué es la patria? La patria no es un costal de tuza como pretenden hacérnoslo creer los vasallos.

La oportunidad para renovar Guatemala se nos presenta con claridad, nos reta, nos cuestiona y nos la presenta nada más y nada menos que Jimmy Morales con sus aires de aprendiz de dictador. Quienes votaron por él gritaron a los cuatro vientos en la plaza, que lo ponían ahí de prueba pero sino daba la talla también lo podían quitar. También lo dijeron las masas que viven en el extranjero y que lo apoyaron. Quienes votaron por él en Estados Unidos. Bueno, ahora es cuándo hay que rajar ocote. Ya pasó el 15 de septiembre y la patria sigue aquí, desangrándose ante nuestra doble moral. Sigamos así de apáticos y nos van a aplicar la pena de muerte al pedalazo.

Que todo lo que se gritó, recitó y actuó en las manifestaciones del año pasado se respalde con la acción consecuente, política y humana de una sociedad que ama Guatemala y le apuesta al cambio radical. Tristín…




Audio: https://soundcloud.com/ilka-oliva-corado/jimmy-morales-remedo-de-dictador

Blog de la autora: https://cronicasdeunainquilina.com/2016/09/21/jimmy-morales-remedo-de-dictador/





vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=217106

Mèxico-Centramèrica-Represiòn: La migra mexicana... Elena Poniatowska............Los mexicanos nos indignamos ante el discurso antimigrante de Donald Trump y desde 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alertó de los abusos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. El menor error es motivo de aislamiento, despojo de pertenencias, cateo y trato de delincuente. A la agresión verbal se suma la física, que incluye empujones y jaloneos. Testimonios de quienes pasan por este infierno confirman que los agentes jamás cumplen con avisar a los familiares o amigos que esperan. Algunos tienen la desgracia de permanecer allí días enteros sin agua ni alimento, sin traductor y hasta sin zapatos.

Elena Poniatowska


Los mexicanos nos indignamos ante el discurso antimigrante de Donald Trump y desde 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alertó de los abusos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. El menor error es motivo de aislamiento, despojo de pertenencias, cateo y trato de delincuente. A la agresión verbal se suma la física, que incluye empujones y jaloneos. Testimonios de quienes pasan por este infierno confirman que los agentes jamás cumplen con avisar a los familiares o amigos que esperan. Algunos tienen la desgracia de permanecer allí días enteros sin agua ni alimento, sin traductor y hasta sin zapatos.

Si estos abusos se cometen en el aeropuerto más importante del país, con un constante flujo de servidores públicos que resguardan la integridad de viajeros con cierto nivel económico (porque no todos pueden volar), imaginen lo que sucede en la frontera sur, por la que pasan miles de indocumentados provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Belice, a quienes los aduaneros maltratan.

La doctora en leyes argentina María Eloísa Quintero hizo su tesis doctoral sobre la trata de personas en México relacionada con la migración. Las cifras son alarmantes. Según la Secretaría de Gobernación, al año ingresan a México un aproximado de 150 mil centroamericanos indocumentados, pero los organismos civiles hablan de 400 mil. Para llegar a Estados Unidos, el riesgo de atravesar México implica robos, extorsiones, amedrentamientos, golpes, violaciones y demás hechos ilícitos. A esto se ha sumado recientemente otro fenómeno: el secuestro.

No sólo migran hombres, sino familias enteras, cuyas mujeres son secuestradas por agentes migratorios mexicanos y entregadas a Los Zetas, La familia michoacana y demás. El caso de los niños es escalofriante: 57 mil mexicanos y centroamericanos cruzaron la frontera sufriendo golpes, violaciones y explotación. En su tesis doctoral, María Eloísa Quintero anota que en 2014 más de 10 mil menores no acompañados fueron presentados ante el Instituto Nacional de Migración (INM) en México, pero sólo 752 fueron repatriados. ¿Qué destino tuvieron los otros niños?

Es lamentable que el INM se encuentre entre las instancias migratorias más corruptas del mundo, cuando en el pasado México se caracterizó por su generosísima hospitalidad. ¿Recuerdan a los republicanos españoles, a los argentinos víctimas de la dictadura, a los chilenos perseguidos por Pinochet y a todos los europeos durante la Segunda Guerra Mundial? Es lamentable que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México vulnere los derechos humanos y justifique la incomunicación y la agresión física y verbal a los migrantes. Es lamentable que los organismos encargados de actuar con justicia se quejen del discurso xenófobo de Donald Trump, y traten a los migrantes como basura, igual o quizá peor que sus pares estadunidenses.

A la estudiante argentina Elizabeth

vìa: http://www.jornada.unam.mx/2016/09/07/opinion/a09a1cul

El Salvador: MARAña de violencia....El Salvador ha entrado en un círculo vicioso de violencia contra violencia al que nadie encuentra salida: las fuerzas del orden tentadas de apartarse de la ley a un lado.

El Salvador ha entrado en un círculo vicioso de violencia contra violencia al que nadie encuentra salida: las fuerzas del orden tentadas de apartarse de la ley a un lado. Al otro las maras, miles de jóvenes sin futuro dispuestos a pagar con su sangre por el espejismo de una razón para vivir. En medio, un país desangrado en el que el discurso de la fuerza conquista el voto del miedo. Gonzalo Wancha, junto con un equipo de RT, se ha asomado al infierno de las maras…

Guatemala: La paz negada para los indígenas....Genaro Bautista - AIPIN

Genaro Bautista - AIPIN



Guatemala, GT.- El respeto a los derechos de sus pueblos y comunidades, mayores presupuestos, armonización legislativa, protección y defensa de la Madre Tierra, la inclusión en espacios de tomas de decisión, son los acuerdos a que llegaron parlamentarios y parlamentarias de América, en la XVI Asamblea del Parlamento Indígena de América (PIA), que concluyó el 19 de agosto, en la Antigua Guatemala.

Legisladores de nueve países analizaron, durante dos días, el futuro de las sociedades originarias de Abya Yala, que viven de manera cotidiana discriminación, racismo, exclusión, despojo de sus territorios, depredación del medio ambiente y el riesgo permanente ante la implacable explotación de los recursos naturales, minerales, hídricos y energéticos.

A veinte años de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, los liderazgos señalaron, que en otras latitudes como México, la paz y la conciliación está negada para los pueblos indígenas.

Ante ello, el PIA se comprometió a promover enmiendas legislativas, generar políticas públicas y presupuestales para sus pueblos y comunidades. Lo anterior aunado a generar condiciones para la reconstrucción del tejido social.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de los 20 años de la firma de paz entre el movimiento armado y el gobierno guatemalteco, la XVI Asamblea del Parlamento Indígena de América resaltó que “no habrá paz, hasta que se reconozcan y respeten los derechos de nuestros pueblos indígenas”.

En el encuentro, coincidieron que en la actualidad persiste la ausencia del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público; el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, además de la armonización legislativa con instrumentos o pactos internacionales.

Entre los asistentes estuvo el diputado federal mexicano Guillermo Rafael Santiago, en representación de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de La Unión, y la diputada local presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso de Chiapas.

La Asamblea destacó que los pueblos indígenas, enfrentan el riesgo de piratería de la propiedad intelectual en bordados y textiles, el reto de incidir en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, una Coordinación Interregional entre legisladores, e incorporar a los Afrodescendientes.

En principio el PIA estableció que, a partir de este 19 de agosto, cambia su denominación y adopta el nombre de Parlamento Indígena y Afrodescendiente de América.

Para los asistentes a la asamblea del PIA, es claro que mientras los países no asuman un compromiso real, una voluntad política con recursos económicos, será muy difícil alcanzar indicadores óptimos en el combate a la pobreza.

Por ello, los asambleístas juegan un papel preponderante para hacer visible a sus pueblos indígenas.

Ausencio Palacio Pineda, presidente del PIA, expuso que el reto que enfrentan es inmenso para garantizar esto y que siguen siendo discriminados y despojados de sus territorios con el contubernio y complicidad de los gobiernos.

El presidente del Parlamento Indígena, originario de Panamá y quien fue nombrado por Guatemala “Embajador de la Paz”, estima que los Estados y organismos multilaterales deben mostrar su compromiso y atender las necesidades de los pueblos indios, que vaya más allá de simples apoyos asistenciales, que lo único que generan es mayor dependencia.

Al igual que el senador Guaraní Luis Alberto Cayetano Wagner Lezcano, presidente de la Comisión Asesora Permanente de Pueblos Indígenas del Senado de la República de Paraguay, y Marcos Fernando Yax, diputado presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República de Guatemala, Ausencio manifestó que, para ello, deben destinarse financiamiento para el desarrollo de las sociedades originarias y no cercenar las iniciativas estratégicas de las comunidades en materia alimentaria.

Los parlamentarios recordaron que para el 2030, la comunidad internacional pretende que no exista el hambre según lo estipulado en la Agenda de Desarrollo Sostenible.

Pero para ello, apuntaron que es necesario que los países cumplan con los procesos normativos ya establecidos como el Convenio 169 de la OIT, los acuerdos de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas de 2014, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.

Y una forma de ese cumplimiento consideran es la ejecución de esos compromisos que se vean reflejados en políticas públicas y presupuestales.

La falta de voluntad política, recalcaron, es lo que impide la concreción de las reformas legislativas y de políticas públicas.

Definieron buscar fortalecer el diálogo con los pueblos indígenas y que estos cuenten con una representación en los parlamentos.

La Asamblea de congresistas, tiene claro que la sostenibilidad de la Agenda 2030, no debe de amenazar el futuro y desarrollo de los pueblos indígenas.

La reunión que transcurrió en medio de amplios debates, resolvieron respaldar la Séptima Carrera Continental “Jornadas de Paz y Dignidad 2016”. De igual forma declararon el 12 de octubre Día de la Descolonización Continental.

A propuesta del Diputado Marcos Fernando Yax Guinea, el PIA aprobó una resolución reconociendo el Juego de la Pelota Maya como deporte ancestral”.

En su valoración, Ausencio Palacios, se muestra optimista.

El parlamentario panameño afirma los avances sustantivos del PIA durante el año nueve meses que lleva al frente del organismo.

Menciona que antes del concluir 2016, firmarán un Convenio con la Organización de las Naciones Unidas, un programa permanente de capacitación e incidencia dentro de esta instancia internacional.

Como parte de este acuerdo con la ONU, detalla, trabajarán proyectos conjuntos referentes a una política de consulta de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT).

Para el legislador los países no deben ejecutar proyectos de desarrollo que carezcan de la autorización de los pueblos indígenas.

Enfatizó que los Estados deben promulgar leyes donde se reconozca las tierras y territorios de los pueblos indígenas que van ligados al “Buen Vivir”, “Vivir en Paz”.

Junto con el convenio con Naciones Unidas, abundó, debe ir acompañado del diseño de estrategias por país, donde se garantice la participación de las autoridades tradicionales y políticas indígenas en la elaboración de iniciativas legislativas que sean políticas de Estados, no de períodos de gobierno.

Parte de esta estrategia, Ausencio Palacios la está instrumentando en Panamá donde firmaron un Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Originarios y creación un Fideicomiso con un capital inicial de 200 millones de dólares.

El legislador dice que los parlamentarios no pueden ir contra los intereses de sus pueblos y comunidades, deben estar comprometidos con sus regiones de origen, no de los grupos políticos que los llevaron al parlamento.

La estrategia regional está orientada al empoderamiento de autoridades tradicionales y parlamentarias indígenas.

Así mismo, empoderar al ahora Parlamento Indígena y Afordescendiente de América; fortalecer su estatuto jurídico, impulsar la creación de grupos de trabajo; la armonización legislativa, la ratificación del Convenio 169 de la OIT, además de las Declaraciones Americana y de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; promover la cultura de la Paz y elaborar un Plan Operativo.

Embajador de La Paz

A veinte años de la firma de los acuerdos de paz, los pueblos indígenas continúan padeciendo la pobreza, el racismo y la discriminación. Como parte de las actividades del XVI Encuentro del Parlamento Indígena de América, Guatemala nombró al diputado Asencio como Embajador de la Paz.
En el acto de Cambio de la Rosa, en el Patio de la Paz, del Palacio Nacional de la Cultura, se resaltó la importancia de los Acuerdos de Paz firmados en Guatemala en 1996.

Palacios resaltó la relevancia de la lucha indígena, la cual “ha sido pacífica” y recordó que, desde esa generación, “se convirtió en un amigo del mundo”.

En el reconocimiento participó el expresidente de Guatemala Vinicio Cerezo, quien pidió recordar los valores de los Acuerdos de Paz en Centroamérica y luchar por cumplirlos, por el desarrollo y la igualdad.

Durante el acto, los panelistas dijeron que, en Guatemala, los objetivos de la paz no se han cristalizado, y es evidente la injusticia social en que se encuentran los pueblos indígenas y afrodescendientes. El desafío, afirmaron, es la inclusión de los excluidos para lograr un nuevo país.

Marcos Fernando Yax, indicó que, en honor a La Paz, se debe traducir los buenos propósitos en hechos concretos en beneficio de los pueblos indígenas:

“Si se tiene la voluntad política, esta debe verse reflejada en un presupuesto digno para la creación de políticas públicas en beneficio de los pueblos indígenas”.

Desde que en 1996 finalizó la guerra civil que dejó 200.000 personas muertas o desaparecidas, “continuó una cadena de vicios que han hecho posible mucho sufrimiento”, ha declarado la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum.

Los Acuerdos de Paz en Guatemala, firmados entre la guerrilla y el Ejército en 1996, permitieron poner fin a la guerra civil pero aún queda pendiente combatir la desigualdad para construir una nación equitativa, dijeron líderes en el VII Foro Regional Esquipulas, que hace tres semanas tuvo lugar el pasado mes de julio en España.

“Fracasamos” en la consecución de un país “más justo y equitativo”, afirmó Marco Vinicio Cerezo, el primer mandatario de la era democrática en Guatemala, durante su intervención en el VII Foro Regional Esquipulas, que se celebra en el país para discutir sobre democracia, integración y desarrollo.

Cerezo, uno de los promotores de los Acuerdos de Esquipulas, recordó que el espíritu de esos tratados condujeron a la paz en Centroamérica.

“No podíamos ser una isla de democracia en una región de conflicto”, pero la construcción de un Estado no ha terminado de completarse, indicó.

En Guatemala, alrededor del 60 % de la población vive en una situación de pobreza y el país necesita urgentemente afrontar el problema de la desigualdad como una prioridad, remarcó el expresidente, citado por EFE.

Cerezo, alertó que su país puede acabar con los monopolios que se apropian de los recursos y exigir a las industrias extractivas que compartan los beneficios.

Para ello, es imprescindible incorporar a los pueblos indígenas, a las mujeres, y recuperar el papel de los partidos políticos como representantes ideológicos, lejos de su actual rol como “partidos de ocasión”, finalizó.



vía:
http://www.attac.es/2016/08/29/la-paz-negada-para-los-indigenas/

Honduras: Represión en Río Blanco...Por COPINH

Exigimos que los bancos cancelen de inmediato su relación con el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. Ya son demasiados los asesinatos de miembros del COPINH quienes defienden el Río Gualcarque. No queremos mas amenazas ni asesinatos.




El COPINH de nuevo se ve en la necesidad de denunciar las constantes amenazas e intimidaciones en contra del pueblo Lenca de la comunidad de Río Blanco que lucha en contra del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. En los meses posteriores al asesinato de nuestra Coordinadora General Berta Cáceres, han ocurrido una serie de incidentes y amenazas que reflejan el fuerte clima de violencia y represión en contra de las y los miembros del COPINH que se oponen a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, estos incidentes están directamente vinculados a miembros de la empresa DESA y los órganos represivos del Estado.

Denunciamos lo siguiente:

El 23 de julio del 2016, alrededor de las 6pm, Alan García, miembro del COPINHquien fue herido por las balas del ejército durante el asesinato de su padre Tomás García hace 3 años, fue amenazado con un arma de fuego; estando en la comunidad un hombre sacó un arma y la apuntó hacia Alan.

En los últimos meses, un grupo de sicarios afiliados a DESA ha llegado a la comunidad de La Tejera, Río Blanco alrededor de la medianoche y ha amenazado de incendiar las casas de los miembros del COPINH mientras duermen.

Integrantes de la organización fueron informados que Jorge Ávila, el jefe de seguridad de DESA, tiene fotos de los miembros del COPINH en Río Blanco con el objetivo de identificarlos y agredirlos, sumado a lo que el mismo Jorge Ávila ha expresado a terceras personas acerca de que va a buscar las casas de ciertos miembros del COPINH para asesinarlos. De igual forma, denunciamos que un trabajador de DESA ha amenazado con matar a Armando Pineda Sánchez, miembro del COPINH.
Denunciamos la colusión de la Policía Nacional con la empresa DESA en reprimir a los miembros del COPINH, especialmente un miembro de la Policía Nacional quien dijo ser trasladado a la zona desde el Bajo Aguán. En Abril, este elemento de la Policía Nacional golpeó a un miembro del COPINH, diciéndole, “estoy acostumbrado a matar gente. No solo a uno he matado, tengo un cementerio. Los COPINHes más fácil se puede matar.” Mientras tanto, el jefe de seguridad deDESA y dos guardias de seguridad de DESA miraron y se burlaron.

En los campos de cultivos que fueron ilegítimamente vendidos a DESA en Río Blanco, siguen las amenazas en contra de los miembros del COPINH quienes están cultivando maíz y frijoles en su tierra ancestral. A finales de junio, fueron rociados con veneno en los cultivos de frijoles de dos miembros del COPINH, destruyendolos. El 23 de mayo, Aquilino Madrid, quien ha sido vinculado conDESA y tiene una larga historia de amenazas en contra de miembros del COPINHque se oponen al Proyecto Agua Zarca, apuntó un rifle hacia un grupo de 25 miembros del COPINH quienes llegaron a trabajar la tierra en la Vega del Achotal. También, amenazó a un menor de edad con hacerle daño si le encontraba. El 10 de junio, apareció otra vez armado en la Vega del Achotal. A pesar de la destrucción de cosechas y las amenazas, el pueblo Lenca sigue cultivando su tierra ancestral que fue ilegítimamente acaparado.
Denunciamos los intentos de silenciar a los que informan a la comunidad internacional sobre la realidad del Proyecto Agua Zarca. Unas semanas después de que Rosalina Domínguez y Francisco Javier Sánchez, líderes del Consejo Indígena de Río Blanco, regresaron de Europa donde exigieron el retiro definitivo de los Bancos FMO y Finn Fund del Proyecto Agua Zarca, en horas de la noche, 4 hombres encapuchados estaban en Río Blanco preguntando por ellos dos.

De igual forma, denunciamos un acto de intimidación a la prensa internacional durante una visita a Río Blanco. Cuando los periodistas viajaban hacia el río Gualcarque por carro, encontraron algunas ramas bloqueando el camino, y aunque pareció extraño, movieron las ramas y siguieron. Después de visitar el río Gualcarque, empezaron su recorrido de regreso y se encontraron que alguien había puesto nuevos troncos de madera en la calle para bloquear el camino. Más arriba, otra vez encontraron el camino bloqueado; alguien había colocado varias piedras de gran tamaño en medio de la calle, no estaban unas horas antes. Este acto de intimidación en contra de la prensa internacional responde a los intereses de quienes no quieren que los medios de comunicación informan sobre la realidad del Proyecto Agua Zarca, un proyecto que ha resultado en muerte y violencia.

El COPINH alerta a la solidaridad nacional e internacional sobre las amenazas en contra el pueblo Lenca de Río Blanco organizado en oposición al Proyecto Agua Zarca. Exigimos la cancelación definitiva del Proyecto Hidroeléctrico y el retiro inmediato y definitivo de todos los bancos que financian al proyecto Agua Zarca.

Exigimos al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el FMO y el Finn Fund que se cancelen definitivamente sus préstamos al Proyecto Agua Zarca. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo Ngäbe Bugle de Panamá, quienes también están defendiendo su territorio ante otro proyecto financiado por el Banco FMO, el Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco. Hacemos un llamado a que el FMO y todos los bancos dejen de invertir en proyectos que violan los derechos de los pueblos Indígenas, especialmente el derecho a la consulta libre, previa e informada.

De igual forma, denunciamos que Deutsche Bank Trust Company Americas, registrado en Wall Street, Nueva York, es el Agente de Garantía Fuera de Plaza para el Proyecto Agua Zarca y de igual manera tiene responsabilidad en todas las violaciones a los derechos humanos al pueblo Lenca desde el establecimiento del proyecto hidroeléctrico, incluyendo el asesinato de nuestra lideresa Berta Cáceres.
Exigimos que los bancos cancelen de inmediato su relación con el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. Ya son demasiados los asesinatos de miembros del COPINH quienes defienden el Río Gualcarque. No queremos mas amenazas ni asesinatos.

El COPINH reafirma la lucha por la vida en defensa del Río Gualcarque, un río sagrado donde el espíritu de nuestra Berta vive, junto con los espíritus de las niñas y todos los mártires de Río Blanco.

Exigimos la cancelación inmediata y definitiva del Proyecto Agua Zarca.

Alto a la represión contra el COPINH y el pueblo Lenca.

No queremos más asesinatos por defender el Río Gualcarque.

La Esperanza, Intibuca, 27 de julio de 2016
Con la fuerza ancestral de Berta, Iselaca, Etempica y Mota se levantan nuestras voces llenas de Vida, Justicia, Paz, Dignidad y Libertad.

¡Berta vive la lucha sigue!
COPINH

https://copinh.org/article/copinh-denuncia-represion-en-rio-blanco/

vìa:http://kaosenlared.net/honduras-copinh-denuncia-represion-en-rio-blanco/

Honduras: La tierra tiembla...Por Claudia Korol

Cuatro meses después del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, el cuerpo de la lideresa hondureña Lesbia Janeth Urquía Urquía fue encontrado en un basurero municipal. El hecho es considerado un nuevo feminicidio político para acallar las voces de las mujeres que defienden la tierra en contra de un sistema patriarcal, racista y capitalista. Honduras es considerado el país más peligroso per cápita para lxs activistas ambientales, con 101 asesinatos entre 2010 y 2014.




Por Claudia Korol




Dice el pueblo lenca –que habita territorios de Honduras y El Salvador– que los ríos están habitados por espíritus femeninos. Dicen que las niñas protectoras de las aguas son guardianas de los ríos. Dicen que el agua es un bien fundamental, y no dudan en defenderla... con su propia vida.

Hace más de cinco siglos que los poderes neocoloniales destruyen las montañas, los bosques, las lagunas, la biodiversidad, en nombre de la “civilización” y del “desarrollo”. En el siglo veintiuno, el genocidio y el ecocidio continúan.

En Honduras, a partir del golpe de Estado que destituyó a Mel Zelaya, se aprobó la Ley General de Aguas, que habilita la privatización de los ríos. La mayoría se encuentra dentro de los territorios de los pueblos indígenas, y en ningún momento se efectuaron las consultas previas, libres e informadas, que indica el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El estado racista de Honduras se caracteriza por una negación sistemática de este derecho. El 18 de diciembre de 2015 fue condenado en la CIDH, por haber omitido la consulta previa en comunidades Garífunas afectadas por proyectos turísticos y mineros.

Sin embargo, la voracidad del capital transnacional es la que manda, y el grupo del poder sigue adelante con su necropolítica, al punto de convertir a Honduras en uno de los países más violentos del planeta. De acuerdo con el informe “¿Cuántos más?” de la organización Global Witness, Honduras es el país más peligroso per cápita para lxs activistas ambientales y de la tierra, con 101 asesinatos entre 2010 y 2014. En 2015, se señala en el informe “En terreno peligroso”, más de tres personas a la semana murieron asesinadas por defender su tierra, sus bosques, sus ríos. La violencia estatal viene acompañada de una estrategia mediática que identifica la defensa de la tierra, como expresión del “atraso”.

¿Civilización o barbarie? Los “civilizadores” matan. La criminalización de las defensoras de la naturaleza se volvió una práctica sistemática, que se descarga de manera brutal sobre las mujeres, que tienen un pacto particular con la tierra, el agua, el aire. Así como en las dictaduras de los 70, las mujeres salieron a defender la vida que desaparecían, en estas dictaduras institucionalizadas del siglo XXI, que han sabido combinar terrorismo de Estado con farsas electorales que llaman democracia, son las mujeres, especialmente las de los pueblos originarios, las que asumieron el lugar de cuidadoras de la vida. Son las mujeres invisibles, las “locas”, las brujas, a las que el capitalismo patriarcal y colonial, que atraviesa tanto la cultura opresora como la de los pueblos oprimidos, las ha vuelto “descartables”.

El asesinato de Berta Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), en la noche del 2 de marzo de este año fue realizado materialmente por un ejecutivo de DESA –empresa constructora de la hidroeléctrica de propiedad del clan Atalas–, por un mayor activo del ejército –instructor de la policía militar–, por un militar en retiro, y por un sicario. Una auténtica alianza mafiosa nacida del narcoestado. Frente a la presión mundial, el gobierno apresó a estos implicados directos en el crimen, pero no revela a los autores intelectuales. El crimen de Berta fue un mensaje mafioso dirigido a todas las mujeres guardianas de los ríos y de los pueblos, que indicaba la decisión del poder capitalista y patriarcal, de no detenerse ante nada. De desafiar a los mismos espíritus del agua.

Este 5 de julio, fue asesinada en Marcala, Lesbia Janeth Urquía Urquía, defensora del río Chinacla. Señala la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), que el río “fue concesionado en el 2010, en una piñata realizada por el Congreso Nacional, en la cual entregó más de medio centenar de ríos a personajes ligados a la élite de poder”. Lesbia Janeth, de 49 años, madre de dos hijas y un hijo, estaba vinculada al Copinh. Había salido de su casa con su bicicleta. Su cuerpo fue hallado el siguiente día en un basurero municipal, con múltiples heridas cortantes en la cabeza y otras partes del cuerpo. El Copinh denunció que esta muerte constituye un “feminicidio político, que busca callar las voces de las mujeres que, con coraje y valentía, defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más nos acerca a la destrucción del planeta”.

Lesbia Janeth lideraba una fuerte lucha en el departamento occidental de La Paz, donde las comunidades lencas llevaban adelante una oposición férrea al proyecto hidroeléctrico Aurora I, sobre el río Chinacla, proyecto al que está vinculada la presidenta del Partido Nacional, y vicepresidenta del Congreso, Gladys Aurora López, y su marido Arnold Castro. Lesbia venía activando además la consulta que realizaría la comunidad lenca de Santa Elena, de La Paz, para evitar la construcción de la represa Los Encinos S.A.

Una multitud despidió a Janeth. Un río de pueblo la acompañó en su viaje. Si al matarla pensaron que asustarían a las mujeres, al pueblo lenca, es que no lo conocen. Aferrado a la tierra, a los ríos, a los bosques, el pueblo resiste con la fuerza que le dan las guardianas de las aguas. Con ellas y con la fuerza de sus ancestras, este domingo ganó en la consulta el “No a la represa”. El gobierno terrorista de Honduras no logró derrotar la energía rebelde que nutre la raíz.

En otros lugares del continente se intenta la misma estrategia. En enero, fue desaparecida Nilce de Souza, dirigente del Movimiento de Afectados por las Represas de Brasil. En Colombia fue asesinada la líder campesina Maricela Tombé. Otras defensoras están siendo hostigadas y amenazadas, como Aura Lolita Chaves y Lorena Cabnal, de Guatemala; Piedad Córdoba en Colombia, Miriam Miranda en Honduras. Tres campesinas acaban de ser condenadas en Paraguay, en una sentencia absurda por la Masacre de Curuguaty: María Fany Olmedo, María Dolores López y Lucía Aguero.

Nuestro Ni Una Menos no reconoce las fronteras coloniales, y hace visibles también a estas mujeres, a las que el patriarcado y el colonialismo capitalista niegan. Escribe los nombres de ellas, y de las que no conocemos, que están en cada rincón de nuestro continente, haciendo lo que las mujeres hicieron desde tiempos ancestrales: cuidar la vida. Como las Madres de Plaza de Mayo, como las Abuelas, como las machis del sur del mundo, como las guardianas de los ríos. Cuidar la vida. Para que siga fluyendo y nutriendo un tiempo y un horizonte, en el que no sea más necesario dedicar toda la vida ¡a cuidarla!

Fuente: Página 12

vìa: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Honduras_La_tierra_tiembla
 

Guatemala - Quiché: Lolita Chávez y la batalla por los bosques...Nelton Rivera / Desinformémonos

"Frente al negocio de la tala inmoderada de los bosques, el CPK y Lolita Chávez hacen frente a otra de las formas de despojo que se vive en Guatemala, en palabras de Rigoberto Juárez Mateo autoridad ancestral maya Q’anjob’al uno de los presos políticos del país: “estamos viviendo el sexto despojo”. La movilización comunitaria puso públicamente ante la sociedad guatemalteca un tema que las autoridades gubernamentales y sus instituciones hacen de oídos sordos, el negocio ilegal de la tala de los bosques. Detrás podría estar la corrupción facilitandose desde distintas redes de empresas y empresarios que se benefician de la tala de los bosques, con la complicidad de los funcionarios públicos."

“En el pueblo del Quiché se está librando la guerra, en defensa de la tierra y el pan para no morir, en el pueblo del Quiché. Pueblo aguerrido y valiente, que en tus montañas dormidas, el despertar de la vida y el nuevo canto se siente…” Kin Lalalat.

 
En los últimos dos meses en el Quiché uno de los departamentos del país, la batalla por la protección de los bosques y contra la tala inmoderada de estos es una de las luchas principales de las comunidades del pueblo maya K’ich’e, del Consejo de los Pueblos K’ich’es –CPK- y de Aura Lolita Chávez Ixcaquiq.
El Instituto Nacional de Bosques (Inab) en representación de sus encargados para este departamento realizan acciones en contra del CPK y de una de las mujeres que les representa, la batalla por los bosques es una de las luchas que se libran en este territorio, empresarios y funcionarios de los programas del INAB aumentan sus esfuerzos por deslegitimar y desacreditar el derechos de las comunidades para defender los bosques y el territorio.
Frente al negocio de la tala inmoderada de los bosques, el CPK y Lolita Chávez hacen frente a otra de las formas de despojo que se vive en Guatemala, en palabras de Rigoberto Juárez Mateo autoridad ancestral maya Q’anjob’al uno de los presos políticos del país: “estamos viviendo el sexto despojo”.
La movilización comunitaria puso públicamente ante la sociedad guatemalteca un tema que las autoridades gubernamentales y sus instituciones hacen de oídos sordos, el negocio ilegal de la tala de los bosques. Detrás podría estar la corrupción facilitandose desde distintas redes de empresas y empresarios que se benefician de la tala de los bosques, con la complicidad de los funcionarios públicos.
En el departamento del Quiché existe una de las redes criminales más sofisticadas, en el año 2015 se publicó una investigación que confirma la existencia de esta red: En Guatemala, el viejo poder paramilitar reencarna a favor de los megaproyectos.
Aquí se mezclan y complementan viejas estructuras militares y paramilitares vinculadas a los años de mayor represión contra el pueblo K’ich’e e Ixil durante la guerra y que actualmente se entrelazan con los partidos políticos, funcionarios públicos, con la presencia de empresas nacionales y transnacionales vinculadas a los proyectos extractivos o megaproyectos, si esto fuera poco al negocio de la tala inmoderada e ilegal de madera.
La problemática social en este departamento es seria, hidroeléctricas, represas, fincas, la Franja Transversal del Norte FTN, los ejecutores del Genocidio, sumado a la presencia del Partido Patriota PP y a personajes vinculados con el ex general Otto Pérez Molina deberían de poner la atención del Ministerio Publico y la CICIG para investigar que está ocurriendo alrededor de la batalla por los bosques, la criminalización y los ataques en contra de Aura Lolita Chávez y el CPK.
Desde las comunidades y sus formas de autoridad y organización comunitaria la voz de alerta esta puesta, los señalamientos van directamente contra funcionarios del INAB y personeros de varios programas de este.


Las amenazas de muerte en contra de Lolita Chávez

 
El día jueves 23 de junio 2016 sobre la carretera en Santa Cruz del Quiché vieron transitar uno de esos tantos camiones que llevan grandes cantidades de árboles talados, las comunidades dieron el aviso y el camión fue detenido. Representantes del CPK llamaron inmediatamente a varios delegados del INAB para que hicieran la cubicación de la totalidad de la madera que transportaban, por alguna razón estos delegados demoraron mucho tiempo en llegar.
Paralelamente fueron avisados los dueños del camión, esto se confirma porque un grupo de hombres armados llego desde la carretera interamericana hasta Santa Cruz del Quiché, Lolita Chávez narró que eran aproximadamente 10 y que varios de ellos iban armados.
Lolita Chávez se encontraba en el Parque Central a la espera que los delegados del INAB se presentaran, dos hombres se acercaron a ella, uno de estos de forma violenta le gritó:
“¿Y vos quien sos para hacer lo que haces? Vas a ver que no vales nada. El otro de los sujetos estando tan solo un paso atrás del primer atacante le grito: “a esta mujer le vamos a quebrar el culo”.
Lolita inmediatamente busco auxilio, a escasos 10 metros habían varios agentes de la Policía Nacional Civil –PNC-, varias personas que la acompañaban al darse cuenta de las agresiones la acuerparon, llamaron a la PNC, haciéndoles presión los agentes le pidieron a los dos hombres que se identificaran, el más viejo se negó en todo momento a presentar sus documentos.
Bajo la presión de los agentes el agresor más joven finalmente entrego su DPI y dio los datos del otro atacante, resultaron ser padre e hijo. Francisco Par Bala y su hijo Sergio Orlando Par Reyes, del resto de hombres que llegaron la PNC se negó a identificarlos.
Lolita ahí mismo les explico a los agentes las amenazas de muerte en su contra y de las agresiones verbales hechas por los dos sujetos, tuvo que hacer presión varias autoridades comunitarias que llegaron en apoyo a Lolita Chávez para que los agentes de la PNC asumieran realizar una parte del trabajo que por mandato constitucional tienen que hacer, velar por la seguridad e integridad de toda persona.
Desde ese día varios sujetos armados anduvieron por varios lugares del Quiché amedrentando con sus armas a los comunitarios, exigiendo que vendieran sus tierras, los testimonios de varias personas apuntan que los mismos sujetos que llegaron a amenazar a Lolita Chávez estuvieron presentes en una de las concentraciones organizadas por los trabajadores del INAB el día 4 de julio 2016. Una concentración organizada por el INAB para acusar y amenazar directamente a Aura Lolita Chávez de expulsarla del departamento por denunciar la tala ilegal de árboles.


¿Qué está pasando con el INAB?

 
Fue desde el día de la concentración organizada por esta institución el día 4 de julio, varios representantes de los Comités Municipales de Desarrollo COMUDES del departamento le avisaron a Lolita Chávez que Byron Lec y Abelardo Monjaras, están llegando para difamarla y acusarla frente a los beneficiarios de los programas del INAB, buscan a través del recurso del rumor desinformar a las personas y crear división comunitaria. Byron Lec fungía como Director regional del INAB del Quiché y Abelardo Monjaras es director subregional.
Las comunidades supieron que hubo recientemente cambios en el interior del INAB del Quiché, al parecer removieron a Byron Lec del puesto y nombraron al ingeniero Carlos Castillo como director regional.
Las comunidades han denunciado que el INAB desatiende las denuncias por los casos de tala ilegal de los bosques, contrario a esto, están intentando incitar a los beneficiarios de los programas para agredir e intimidar a Lolita Chávez y al CPK.
En el reportaje Quiché: realizan nuevas amenazas en contra de Aura Lolita Chávez defensora del territorio se explica la continuidad de las agresiones y amenazas en contra del CPK y específicamente en contra de la integridad de Lolita Chávez. Detrás de las agresiones están los representes de los programas del INAB.
Varios representantes de los programas del INAB son señalados de promover el traslado de beneficiarios de los programas para realizar concentraciones en el centro de Quiché, la primera la realizaron el día 4 de julio, durante esta concentración públicamente los señores Jorge Quezada representante de regentes forestales, Vitalino Muchuch, representante de Silvicultores y Benedicto Pérez Azañon, representante de la RED PINPEP.
¿De dónde están saliendo los fondos para pagar el traslado de los beneficiarios de estos programa? ¿La alimentación? ¿Alquiler de un sonido móvil?
En la concentración del 4 de julio apareció Ana Rivera Bernal, quien dice representar a la junta directiva del PINPEP de ese departamento, según lo documentó Prensa Libre, es una de las principales detractoras del CPK por el trabajo que impulsa para detener la tala ilegal de los bosques. Rivera Bernal aparece en documentos del ministerio de educación como directora contratada, en otros documentos aparece como trabajadora en la Fundación CALMECAC. Varios vecinos del departamento comentaron que Rivera Bernal es de las personas que defiende públicamente al general Efraín Ríos Montt y que también rechazó los procesos de justicia que el pueblo Ixil impulsa en tribunales como la sentencia por el caso de Genocidio del 2013.


¿Qué papel está jugando el Ministerio Público?

 
Lolita Chávez luego de las amenazas de muerte recibidas por Francisco Par Bala y su hijo Sergio Orlando Par Reyes se dirigió a la fiscalía del MP en el departamento del Quiché, de esa denuncia se abrió un expediente, la denuncia es por un delito grave. Lolita Chávez cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
El día 11 de julio, Lolita Chávez recibió una citación de la fiscalía distrital del departamento del Quiché, en el documento es citada para el día miércoles 13 de julio para una reunión de conciliación por dos hechos distintos, uno es una denuncia que ella coloco en el MP contra dos personas por amenazarla de muerte el día 23 de junio 2016 en el Parque Central de Quiché y el otro caso corresponde a una denuncia hecha en su contra por un trabajador del INAB y un representante legal de varias fincas que forman parte de los programas de esta institución.
La fiscalía distrital conexo dos expedientes entro del MP226-2016-2134 que contiene las denuncias MP226-2016-2184 y el MP226-2016-2207. Una de las causas penales es por amenazas de muerte recibidas en el mes de junio 2016 por los señores Francisco Par Bala y Sergio Orlando Par Reyes.
La otra causa penal que el MP conexo es una denuncia hecha en contra de Aura Lolita Chávez, Rubén Samayoa y Martín Grijalva, el documento no explica porque tipo de delito. Los denunciantes son Jorge Efraín Montealegre Vicente y Byron Felipe Lec De León.
Montealegre Vicente es representante legal de dos de las fincas de Juan Pu en El Rincón, Chicaman con expedientes (PO-2156 y 2157) también es representante legal una finca de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CHIMEL -ASODICH- en la aldea Chimel, Uspantan y finalmente aparece como propietario de dos fincas en la aldea XIX en Chajul Quiché, de acuerdo a documento de Plantaciones Obligatorias del INAB
Lolita Chávez acudió a la fiscalía distrital pero no le entregaron una copia del expediente completo, tampoco describe porqué delitos es que está citando el MP a una primer reunión de conciliación, sin describir a qué personas convocó la fiscalía distrital.


Nelton Rivera
Texto y foto publicados en Prensa Comunitaria
Fuente: Desinformémonos

vìahttp://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Guatemala_-_Quiche_Lolita_Chavez_y_la_batalla_por_los_bosques:
 

Guatemala: ¿Por qué creer en la “verdad” de un reo confeso? Ollantay Itzamná

Ollantay Itzamná
Rebelión

Quienes vengan después de nosotros se asombrarán de cómo en pleno siglo XXI la creencia nos embarga más que la razón. Al igual de cómo muchos de nosotros/as hacemos mofa de las generalizadas supersticiones religiosas que paralizaron las historias de los pueblos en pasadas generaciones.

Quienes nos resistimos a engrosar las estadísticas de la “ciudadanía teledirigida”, observamos estupefactos de cómo la coyuntura nacional de “la lucha contra la corrupción” que endilga a propios y extraños es definida y dinamizada nada más y nada menos que por los testimonios judiciales de Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la ex Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti (también reo encarcelada), ahora “colaborador eficaz” del Ministerio Público. Reo

Aunque Ud. no lo crea, las declaraciones de este reo confeso son asumidas (creídos) y reproducimas por los medios de información como “evidencias” para definir quién es y quién no es corrupto en Guatemala.

Resulta que en días pasados, por “descuido” de los operadores de justicia, se filtró in extenso las declaraciones testimoniales de Juan Carlos Monzón ante la Fiscalía Especia Contra la Impunidad sobre el caso de la “Cooptación del Estado” que involucra al partido político Patriota que gobernó al país en pasada gestión.

En dicha narrativa fluida de cerca de 180 páginas, el reo confeso, que ahora es legitimado como “testigo protegido” por los agentes principales de la lucha contra la corrupción en Guatemala, deja fluir toda su imaginación y su estrategia discursiva para convencer a la audiencia que lo que dice es “la verdad, y sólo la verdad”. Y el problema no es tanto la capacidad narrativa (bien ensayada en la prisión) del reo, sino que la audiencia nacional le crea.

En dicho testimonio desfilan nombres de funcionarios públicos, empresarios privados, bancos, Embajada norteamericana, hasta de dirigentes indígenas campesinas aportando o desviando millones de quetzales en la industria de la corrupción. Casi siempre oleadas de muletillas sacramentales como “gracias a Dios”, “yo comuniqué”, “yo obedecía órdenes”.

Sería de ingenuos creer que dicho testimonio no obedece a la promesa de otros millones de quetzales por recibir, protegiendo a unos delincuentes y hundiendo a la competencia en la industria de la corrupción.

Más sin embargo, los medios de información masiva, en especial cuyos dueños o cofinancistas salieron mencionados en dicha declaración, utilizaron y utilizan dicha fuente declarativa para auto encubrirse atacando a sus adversarios, o endilgar a su audiencia teledirigida haciendo cápsulas informativas mal intencionadas y descontextualizadas.

Los sectores empresariales que monopolizan el discurso en el país no sólo generan el teatro mediático de la lucha contra la corrupción, utilizando a sus peones como “chivos expiatorios”, y convirtiendo en héroes legendarios en vida a sus aliados externos, sino también, con su maquinaria mediática, tienen la capacidad de hipnotizar casi al país entero, e intentar limpiar en el imaginario colectivo el rostro criminal de sus delincuentes y convertir en delincuentes a los y las defensoras de derechos.

Este discurso prefabricado en la prisión y muy bien financiada por la delincuencia empresarial, en el contexto racista, clasista y machista del país se convierte en un súper combustible para exacerbar estas taras coloniales presentes que configuran las estructuras psicológicas y sociales de la guatemalticidad, y así mantener al país en el embrollo instalado. Mientras, el saqueo, el despojo y la destrucción de las tramas de vida se sedimenta en Guatemala como la única opción terrenal.

vìa:
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=213948

Honduras: Asesinan a dos líderes campesinos juveniles en el Aguán...Vìa Campesina

Lo que era una fiesta entre la comunidad que disfruta del fútbol local, terminó en un hecho violento, llanto y más derramamiento de sangre campesina en el país. Esta tarde, un vecino de la Comunidad Panamá, Tocoa, Colón, acabó con la vida de dos jóvenes que pertenecían a un grupo en recuperación de tierras, y que departían en la cancha de fútbol, cuando se detonaron los disparos en medio de la población, entre ellos niños y niñas, que habitan en la región del Bajo Aguán, conocida a nivel nacional e internacional por las constantes violaciones a los derechos humanos, más de 129 muertes violentas en torno a un conflicto agrario, militarización, impunidad y la parcialización de los operadores de Justicia en cuanto a la criminalización de los y las campesinas.


Defensores y defensoras de DDHH del Bajo Aguán, lamentan el asesinato de Allan Reyneri Martínez Perez (19) y Manuel Milla (25), miembros del movimiento campesino "Gregorio Chávez", hoy a las 4:00 p.m. informó Glenda Chávez, lideresa de la comunidad y coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA).

Según, testigos presenciales, el hechor es Denis Mejía, un vecino de la comunidad, oriundo de Olancho, quien, si bien no es de los campesinos en procesos de recuperación de tierras, tampoco había manifestado diferencias con ellos, por lo que el hecho debe ser investigado, pues se temen más ataques similares.

Pese a que los jóvenes fueron trasladados al hospital público de Tocoa, a unos 15 minutos de la Panamá, Martínez falleció en el camino y Milla en el hospital.

Ellos eran parte de un grupo que está recuperando una parcela inculta junto a la comunidad, que es de 10 hectáreas y prevén que sirva para solares donde puedan tener acceso a viviendas. La colonia fue bautizada como "26 de Mayo" y Manuel Milla era el coodinador del grupo.

Cabe señalar que esa tierra pertenece a la cooperativa Panamá pero está en poder de la empresa COFRUCO, dedicada a la producción de Naranja.

El grupo Campesino "Gregorio Chávez" surge en el 2012, cuando asesinan a su líder, de quien lleva su nombre; don "Goyo" era celebrador de la Palabra de Dios y defensor del derecho a la tierra, quien fue ejecutado en la finca Paso Aguán, custodiada por guardias de seguridad privada del palmero Miguel Facussé, por lo que la población decidió recuperar ese predio, ya que no era el primer caso de ejecución y desaparición que ahí sucedió, pero una y otra vez fueron desalojados violentamente, quedando desde hace mas de un año, bajo custodia de guardias privados y militares que rondan la región.

Hace dos meses, en esa finca, fue encontrada una calavera humana, supuestamente con tres o cuatro meses de ejecutada, pero según vecinos, tiene más tiempo. No se halló el resto de la osamenta, tampoco se ha dado informe de las investigaciones de esos paisajes de muerte en las tierras de los palmeros.

El mes pasado, dos jóvenes fueron ejecutados por militares, cerca de las tierras de los naranjales, uno de ellos era desconocido, y el otro iba para la Panamá a visitar a unos parientes.

En enero, dos menores de edad iban a buscar leña, estando en los predios de COFRUCO, unos hombres armados, los acusaron de andar robando leña, por lo que los torturaron todo el día, encapuchándolos, golpeándolos y amenazándolos a muerte con sus fusiles.

En 2014, Cristian Martínez, (hermano de Allan, uno de los asesinados hoy) fue secuestrado por guardias de la empresa Dinant (de la familia Facussé) junto a miembros de la fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, quedando esa violación en la impunidad.

Por estos hechos sangrientos, la criminalización a la protesta social y la estigmatización contra los y las defensoras de Derechos Humanos, es que la región del Bajo Aguán, continua en la mirada del mundo. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) junto a la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), denunciaron estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en abril pasado.

A inicios de Mayo, una delegación Internacional de observadores de DDHH de más de 12 países de Europa y América, que coordinó el COFADEH, con el apoyo de OXFAM-UE, visitó la zona, compartiendo con víctimas y defensores.

Entre sus conclusiones preliminares, destaca que la situación de violaciones a ddhh sigue igual o peor que en el año 2010, expresó Luís Guillermo Pérez Casas, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Hace dos semanas, 16 campesinos del Bajo Aguán, representados por el COFADEH y un ciudadano por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), fueron absueltos de lo cargos de participación en protestas públicas como meros espectadores, y daños en perjuicio del Estado de Honduras, después de cuatro años con medidas sustitutivas, desde el 21 de agosto del 2012, cuando fueron brutalmente desalojados en una protesta cerca de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Tegucigalpa, por ello hasta su abogado Antonio Trejo Cabrera fue criminalizado, tras no ser atendidos por su presidente Jorge Avilés, quien les prometió una cita, para hablar sobre un fallo de tierras que favorecía a los campesinos, pero que nunca se ejecutó. Un mes después el defensor fue asesinado en Comayagüela.

Fuente: Vía Campesina

vìa:http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Honduras_Asesinan_a_dos_lideres_campesinos_juveniles_en_el_Aguan
 

Guatemala: Contra el “secuestro” de un río indígena por una empresa española en Guatemala....biodiversidadla

La campaña TieRRRa de Alianza por la Solidaridad lanza una recogida de firmas para frenar la construcción de un complejo que vulnera los derechos de 29.000 indígenas quekchí en Guatemala hasta que la empresa Cobra-ACS, propiedad de Florentino Pérez, no se haga un estudio de sus graves impactos sociales y ambientales.




Alianza por la Solidaridad presentó ayer tarde el lanzamiento de un nuevo caso dentro de su campaña TieRRRa con la quiere sensibilizar y presionar sobre el caso del ‘secuestro’ de un río indígena por un complejo hidroeléctrico en territorio indígena de Guatemala cuya obra realiza la empresa española Grupo Cobra-ACS, presidida por Florentino Pérez. La campaña pretende recoger más de 10.000 firmas en los próximos días, como muestra de solidaridad con los afectados, firmas que se harán llegar a la empresa y a su máximo responsable.

El complejo, promovido por el grupo guatemalteco Corporación Multi-Inversiones (CMI) desarrolla la construcción de la hidroeléctrica más grande del país afectando a una población de 29.000 quekchís, una obra que se realiza a lo largo de unos 30 kilómetros del cauce del río Cahabón, en Alta Verapaz, sin que se haya realizado una consulta a las comunidades indígenas, como exige el convenio internacional 169 de la OIT, ratificado por Guatemala. El flujo de agua en el río prácticamente desaparece junto a las comunidades que viven sin servicios tan básicos como la energía eléctrica o el acceso al agua potable.



El acto contó con la presencia de Julio González, de la ONG Madre Selva de Guatemala, quien explicó los impactos que suponen este tipo de acaparamiento de los ríos en Centroamérica. González reclamó con urgencia “la realización de un informe independiente que evalúe el impacto global económico, social y ambiental que la hidroeléctrica Renace, distribuida en cinco fases diferentes está provocando, porque no se ha hecho y ya están pensando en una sexta fase”. “La presión que ustedes hacen aquí con estas firmas es muy importante allí, a miles de kilómetros. Nos protegen”, señaló.



Por otro lado, Karen Ramírez, de la asociación Pro-Vida/Foro del Agua de El Salvador denunció que muchos gobiernos en Centroamérica “ponen por encima” de los derechos humanos de los pueblos indígenas la ayuda a las transnacionales: “Las comunidades denuncian un atropello y el Estado tarda años en contestar, en el caso de que quiera contestar. Con las empresas, tarda 24 horas en dar respuesta”. Además, criticó la existencia, de lo que llama “presos políticos” en Centroamérica, por defender los derechos de la población y del medio ambiente.



En relación con la hidroeléctrica Renace, González destacó la importancia del río Cahabón para la cultura quekchí y criticó la restricción del acceso al agua que la empresa Renace, ha impuesto: “La empresa sólo deja coger agua desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, pero el agua es fundamental para la vida. No tiene horario”. Asimismo, dejó clara la responsabilidad del grupo Cobra-ACS: “Una empresa que elige contribuir a este desastre, es cómplice de las muertes que se puedan producir, no puede lavarse las manos respecto a lo que pasa en el territorio”.



En el acto, hubo un especial recuerdo al defensor de los derechos humanos Daniel Choc Pop, asesinado el pasado 9 de junio en Alta Verapaz, tras sufrir hostigamiento y amenazas por su defensa del medio ambiente.



Almudena Moreno, responsable de la campaña TieRRRa de Alianza, por su parte destacó que el trabajo de investigación de este caso Renace ha llevado dos años y recordó que, debido a la información falseada que facilitaba la empresa CMI, en un principio se entendió como una buena práctica empresarial. “Pero no es así. El desastroso estado actual del río Cahabón, la división social que ha generado en la zona el proyecto y la falta de una consulta informada a los afectados y un estudio real de impactos son algunos de los elementos que nos indican que no es así y debe por ello debe pararse”, indicó.



Moreno indicó que la primera fase de la campaña será la recogida de firmas, desde España, para exigir al presidente de Cobra-ACS Florentino Pérez la supresión de las obras. A continuación, se presentará la campaña TieRRRa en Guatemala, donde se exigirá a la Corporación Multi-Inversiones que realice la consulta preceptiva e independiente en las comunidades indígenas y, si el resultado es negativo, paralice las fases en construcción de Renace y desestime las que están pendientes.

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Honduras: Militarización, sicarios, negocios y Alianza por la Prosperidad en Honduras...Por Aldo Santiago, Heriberto Paredes y Susana Norman

Por Aldo Santiago, Heriberto Paredes y Susana Norman
Mapa de Geocomunes



A raíz de la resistencia contra el proyecto de Agua Zarca por los habitantes de Rio Blanco, la región ha sido militarizada para imponer la construcción del proyecto hidroeléctrico. No es sorpresa, por tanto, que altos miembros de DESA posean influencia en la actuación de las fuerzas estatales de seguridad hondureñas. El presidente de la junta directiva, David Castillo Mejía fue ministro de gobernación durante el mandato de Ricardo Maduro, mientras el secretario de DESA, Roberto Pacheco Reyes, es un oficial de inteligencia militar. Pacheco también posee conexiones en el sector de energía pues actuó en 2008 como coordinador de desarrollo para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), institución propiedad del gobierno hondureño, la única restante controlada por el aparato estatal en la región centroamericana.

La respuesta militarizada va de la mano con la trayectoria del proyecto neoliberal promovido en 1992 tras la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola. Dictada por el Banco Mundial (junto a un paquete de políticas de ajustes estructurales) redujo los apoyos a los productores agrícolas locales y a su vez incrementó el respaldo al sector de exportaciones, pero sobre todo permitió vender tierras colectivas a inversores privados, lo cual ha aumentado las luchas territoriales con muestras extremas de represión por parte de empresas aliadas al estado hondureño como en la masacre de campesinos en el valle del Bajo Aguán por parte de Dinant.


Existe una estrategia de parte de empresas y organismos multinacionales para fomentar el saqueo de recursos y la propagación de proyectos de “desarrollo” que son un atentado en contra de la biodiversidad que resguardan las comunidades originarias. Panorámica de la extensión de palma africana en la región atlántica hondureña. Foto: Lucia Ramírez.

El conflicto por la tierra se remonta hacia inicios de los cincuentas del siglo pasado. El presidente guatemalteco Jacobo Arbenz promovió una reforma que otorgaba parcelas sin usar de compañias fruteras hacia campesinos sin tierra, afectando los interesés de la estadounidense United Fruit Company, lo cual provocó el respaldo de Washington al golpe de estado de 1954. Al tiempo que la marina de los EU patrullaban la costas centroamericanas en preparación del ataque militar a Guatemala, estalló una huelga de trabajadores de la United en Honduras; como respuesta la compañía decidió mecanizar la producción y despedir a 15 mil trabajadores. Con el apoyo del gobierno hondureño, muchos de los obreros comenzaron a trabajar las tierras abandonadas por la empresa en tierras nacionales (propiedad del gobierno) o ejidales (títulos colectivos, algunos con origen en tiempos coloniales), las cuales hasta antes de 1990 fueron protegidas contra la titulación a privados. Con la Ley de Municipalidades de inicios de los noventas y la reforma agrícola de 1992 se aceleró la invasión de tierras indígenas.

Y en 2009 el proyecto de saqueo tomó un salto exponencial con el golpe de estado planeado por las trece familias oligarcas hondureñas con la ayuda del departamento de estado de los Estados Unidos, en ese tiempo con Hillary Clinton a la cabeza; el plan incluyó utilizar el avión privado de Miguel Facussé, presidente de Dinant para trasladar a Manuel Zelaya a la base militar de los EU conocida como Palmerola y de ahí expulsarlo hacia Panamá. Con ello la riqueza de Honduras se trasladó a la elite local y sus aliados estadounidenses engrosando sus cuentas en bancos offshore mientras los niveles de pobreza incrementaban. De acuerdo al Centro de Investigación en Economía y Política, desde el golpe prácticamente 100% de los ingresos se han concentrado en el 10% del sector más rico del país.

Las elecciones de 2013, compradas por Juan Orlando Hernández, vinieron a sellar la consumación del golpe financiero militar, el cual se mantiene a fuego bajo el corrupto sistema judicial hondureño (financiado por USAID), aparato direccionado a brindar protección a la élite empresarial que criminaliza a más de 4 mil campesinos (mil de ellos sólo en 2014) y es cómplice de los asesinatos de terratenientes como Facussé, quienes utilizan a su antojo los cuerpos de seguridad estatales. El gobierno de Hernández, bajo el mandato neoliberal norteamericano, ha demostrado la necesidad de utilizar la violencia y militarización para mantener los privilegios y aumentar las ganancias de corporaciones globales, al establecer alianzas con fuerzas israelíes y colombianas –además de estadounidenses– para entrenar al ejército y policía hondureña en su tarea de reprimir a comunidades indígenas, campesinas, negras y populares bajo estrategias de guerra de baja intensidad donde actúan los fondos de apoyo de la USAID y la Fundación Nacional para la Democracia, todo para consolidar lo que las reformas de 1992 agudizaron: los tratados de libre comercio de América del norte y de centroamérica, precedentes clave en el asalto corporativo en el cual los acuerdos transpacífico y transatlántico representan su fase global actual.

«La empresa ha exigido al Estado que dote de equipo técnico y logístico a la policía y el ejércto porque ahí se ve donde tienen toda la logística, tienen suficientes carros para poderse movilizar y cuidar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Cada uno de los militares y policías les dan 1,000 lempiras por cada día y a parte de darles la comida. La policía nacional, policía militar y ejército se convierten en empleados de la empresa. Por eso ellos no actúan contra los sicarios que ha contratado la empresa. Nosotros decimos con argumentos que en diciembre de 2015 la policía agarró a uno de los sicarios, que se llama Olvín y lo vino a sacar Jorge Ávila, el jefe de seguridad de la empresa DESA. Le levantaron un expediente, lo agarraron con fuertes armas, de grueso calibre, le preguntaron para que las andaba, él dijo que para matar a los copines. Ahí esta la evidencia y nosotros vemos que al ministerio público, le dieron 100 mil lempiras para que desistiera, a la jueza también le dieron 100 mil lempiras y este Olvin ya tiene tres personas que ha matado, uno de ellos está ahí en la comunidad de Valle de Ángeles pero la empresa le dio 40 mil lempiras a la familia para bonificarle o supuestamente indemnizarla para que no pusieran la denuncia contra él y lo dejaran preso. Se ve como la policía y los sicarios, impunemente pueden actuar frente a ellos y no hay decisión de quitarle nada. Vemos que en este país, los poderes los tienen el poder económico y político, osea la empresa privada y los políticos que son títeres» continua relatando Tomás Gómez a Subversiones durante la entrevista realizada en el contexto del Encuentro Internacional Berta Cáceres Vive.


Apoyadores del proyecto hidroeléctrico se manifiestan al momento de la visita de organizaciones nacionales e internacionales al río Gualcarque en el contexto del Encuentro Berta Cáceres Vive. A pesar de las amenazas hacia miembros del COPINH, la policial y ejército presente se negó a desarmar a los agresores. Durante el regreso hacia los transportes que los llevarían a Tegucigalpa, personas agredieron e hirieron a observadores extranjeros, reporteros y miembros del COPINH. Abril 2016. Foto: Aldo Santiago

«Las comunidades ya tienen electricidad pero no es por hidroeléctrica Agua Zarca sino por la misma ENEE, pero ellos lo van a utilizar para decir que si les estan dando. Y esta es una interconexión centroamericana, esta la venden y las pruebas ya las han estado haciendo. No, el proyecto Agua Zarca sino a nivel de Cohep (Consejo hondureño de la empresa privada), que es la empresa privada que mantiene la interconexión para Centroamérica en Santa Rosa Copán; por eso hay apagones porque hacen pruebas. Eso (la energía) no va a ser para las comunidades para esas listas que aparecen, sino eso ¿va a ser para quién? Si allá los hermanos de Guatemala están luchando contra un proyecto minero, esa luz va a ir ahí para generar energía eléctrica, si en Santa Rosa del Copán hay una empresa minera esa luz la van a llevar ahí, no es para la gente sino es para la misma empresa privada. Esa lista que está ahí en el comunicado de FMO ya tienen luz eléctrica, es solo para decir que sí (la empresa) están apoyando».

«Nosotros como COPINH hemos denunciado a los EU que están por certificar el nuevo desembolso de la Alianza por la Prosperidad que anda en alrededor de 750 millones de dólares para toda la región del Noratlántico (El Salvador, Honduras y Guatemala). Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para que este proyecto lo puedan parar porque no es más que la militarización, esto significa la intervención de los EU hacia nuestro país para tener el control. Porque estan asegurándose que todas estas concesiones que hay, sean instaladas los proyectos y las hidroeléctricas y mineras. Por eso les interesa mucho que avance el proyecto con el apoyo económico a Honduras con el tema de la seguridad, la guerra contra las drogas, o sea con ese papel, con ese lema quieren decir combatir la droga y criminalidad del país, pero el interés de los EU es que hay empresas gringas, canadienses, que se quieren instalar en nuestro país para sacar el oro, la plata, tierras raras para hacer equipos de última tecnología, como teléfonos, computadoras, etc».

«Pero el efecto que está generando es, a nosotros como pueblo y comunidades indígenas, nos afecta con su lucha contra las drogas como dicen los mismos EU, por lo tanto nosotros creemos que la Alianza para la Prosperidad es una alianza para generar más genocidio, más muerte a los defensores y defensoras que quedan en total desprotección y asesinan».

«Las personas que contrata el sicario Olvin, que tiene 20 personas a su alrededor; Olvin es el jefe de sicarios o paramilitares. La empresa siempre contrata a empresas de seguridad del país. Lo que les funciona es tener a los sicarios por un lado que hacen rondines y amenazan, y que hacen listas, porque los compas de Río Blanco encontraron unas listas donde aparece la compañera Berta, en primer lugar que la iban a asesinar, luego apareciamos nosotros, luego personas de la comunidad. A Berta le habían puesto un precio de 30 mil lempiras, a otro compañero 20 mil lempiras, a mí 10 mil lempiras y a los miembros de la coordinación del consejo indígena 5 mil lempiras o sea precio por cada una de las cabezas. Si mataban a alguien tenían el pago inmediato».

Tras la presentación a los medios de comuniación de los detenidos implicados en el asesinato de Berta Cáceres, y de realizada una primer audiencia el 6 de mayo, donde se impuso detención preventiva a los indicados, el COPINH continuó con las acciones de protesta para demandar la instauración de una comisión internacional e independiente para encabezar las diligencias sobre el esclarecimiento de los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, su antigua coordinadora. El 9 de mayo durante una movilización a casa presidencial en Tegucigalpa, cientos de indígenas lencas fueron brutalmente reprimidos por agentes militares y el comando de operaciones Cobra, quienes lesionaron de gravedad a tres miembros del COPINH, incluido un menor de edad con heridas de gravedad en la cabeza. Además cuatro compañeros fueron secuestrados con destino al CORE 7, conocido centro de torturas y detenciones arbitrarias durante los años ochenta y noventa. Gracias a la persistencia de los manifestantes los compañeros fueron liberados.


Protesta del COPINH y organizaciones hondureñas e internacionales durante el Encuentro Berta Cáceres Vive en Tegucigalpa. Abril 2016. Foto: Aldo Santiago.

Durante las agresiones, uno de los jefes militares del operativo exclamó que si el COPINH no se retiraba iban a haber consecuencias graves y funestas. También ordenó a sus subalternos que capturaran a Tomás Gómez, coordinador general del COPINH y a Gaspar Sánchez, miembro de la Coordinación General de COPINH. De igual manera mediante un comunicado la organización indígena denunció que después de la movilización, miembros del COPINH han sido objeto de detenciones sin fundamento así como de seguimientos y hostigamientos por parte de agentes de la policía en un automóvil de placas CPDÑ 5419.

Estos hostigamientos se suman al intento de asesinato de Alexander García Soto. El 6 de mayo el integrante del COPINH de la comunidad de Llano Grande, Colomoncagua fue atacado a balazos por un militar y guardia de seguridad que actúa contra miembros del COPINH que defienden los ríos Negro y Chinacla, amenazados por una represa hidroeléctrica de Gladys Aurora López, vice presidenta del Congreso Nacional de Honduras. Alexander reportó la agresión a la policía de Colomoncagua quienes capturaron al atacante a quien posteriormente liberaron. Existe una amenaza permanente contra Alexander pues el sicario se encuentra libre.

«[Las acusaciones] son el mismo señalamiento, estando Berta ya nos señalaban, nos ofendían, nos amenazaban y esto va en el mismo camino de la compañera Berta, ellos quieren asesinar. El Estado de Honduras con sus aparatos del poder judicial, el ministerio público, eso no hace nada, lo que podemos hacer como COPINH es tomar medidas de seguridad pero también acusarlos y evidenciar a estos tipos para que los conozcan publicamente quienes amenazan, porque a estos no les importa amenazar o asesinarnos. Ese es un patrón que las empresas impulsan porque se ven perdidas, si hacen acusaciones a nosotros, pierden. Como no pierden es asesinando a la gente, porque los intimidan y desaparecen del mapa, porque la empresa, el papel que tenía era, que Berta desaparecia del mapa, o se fuera a la cárcel o exiliada a otro país para que no estuviera en la comunidad. Son los mismos patrones para intimidar y decir ‘lleven el mismo camino y los vamos a seguir jodiendo o amenazarlos para que no esten en la lucha’».

«Eso a nosotros no nos va a intimidar sino que nos va a reanimar para seguir tomando estrategias, posicionandonos y seguir con esa dinámica del COPINH, clara, desde su visión y misión de enfrentar al sistema neoliberal como una organización antipatriarcal, antineoliberal, antiracista, buscando nuevas formas de alternativas para las comunidades indígenas. El COPINH se convierte en una esperanza para el pueblo, para sus miembros y miembras».

«Un mensaje para los compas y organizaciones, medios alternativos, es que primero deben de sumarse a este esfuerzo y lucha, a difundir la información pero las organizaciones a movilizarse a no dejar que se privaticen nuestros territorios, nuestra agua, nuestro aire, nuestras tierras y territorio pero también a tener una solidaridad militante, con acciones de movilizaciones, con solidaridad de propuestas para enfrentar este sitema neoliberal, al modelo extractivista que asesina, extermina la población y que está enriqueciendo cada vez más a costa y sangre de los pueblos de latinoamérica y del mundo que son los que sufren estos embates por las concesiones mineras o por cualquier otro tipo de concensionamiento» concluye el coordinanor interino del COPINH..

Honduras: ante la ola de criminalización al Movimiento Campesino, Indígena y Afro Hondureño...........por CLOC LA VIA CAMPESINA

Expresamos nuestra profunda preocupación por la reiterada violación de los derechos humanos de miles de campesinos/as, indígenas y afro hondureños, en cuya lucha se ha criminalizado a más de 5,000 campesinos/as, que se encuentran procesados en los Tribunales de la República, por problemas agrarios, entre ellos más de 1,700 mujeres, alrededor de 200 campesinas y campesinos asesinados y muchos sometidos a una persecución sistemática."




La Coordinación Política de CLOC -La Via Campesina Centroamericana, integrada por representantes de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, reunidos en Tegucigalpa, Honduras, después de hacer un exhaustivo análisis de la situación social y especialmente del movimiento campesino e indígena nos pronunciamos de la manera siguiente:



1.- Somos centroamericanos, unidos/as por el mismo ideal que lucho Francisco Morazán Quezada y otros héroes centroamericanos, cuyos ideales fueron la integración plena de la región.



2.- Expresamos nuestra profunda preocupación por la reiterada violación de los derechos humanos de miles de campesinos/as, indígenas y afro hondureños, en cuya lucha se ha criminalizado a más de 5,000 campesinos/as, que se encuentran procesados en los Tribunales de la República, por problemas agrarios, entre ellos más de 1,700 mujeres, alrededor de 200 campesinas y campesinos asesinados y muchos sometidos a una persecución sistemática.



3.- Nos ha impactado el vil asesinato de la hermana, compañera, luchadora indígena por la defensa de la tierra y el territorio, de los ríos, bosques y demás bienes naturales, de los derechos ancestrales como lo fue la compañera Berta Cáceres, de igual manera el asesinato del dirigente del COPIHN Nelson García, asesinado días después y otros.



4.- Estamos preocupados porque no avanza la investigación, mucho menos el castigo a los responsables del asesinato de la compañera Margarita Murillo, en Agosto del 2014, miembro fundadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).



5.- Denunciamos los constantes desalojos violentos a grupos campesinos, destruyéndoles los cultivos, sus viviendas, negándoles el derecho a la soberanía alimentaria y el derecho a la vida.



6.- La conflictividad agraria indígena y campesina es producto de la implementación del modelo neoliberal, concentrador, extractivista que acapara los bienes naturales a costa de la violencia institucionalizada.



La Vía Campesina Centro Americana que aglutina miles de campesinos, campesinas, mujeres, jóvenes, indígenas, afro mesoamericanos, se solidariza plenamente con las organizaciones campesinas e indígenas, es por ello que nos encontramos reunidos en este país hermano.



Demandamos al Gobierno de la República de Honduras cese al derramamiento de sangre en el área rural y exigimos se castigue con todo el peso de la Ley a los responsables, actores materiales e intelectuales de dichos crimines y la cancelación inmediata de la concesión minera DESA; que es un proyecto de muerte para las comunidades indígenas.



Invitamos al Congreso Nacional que proceda a aprobar el proyecto de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, propuesta de Ley de Despenalización de la Lucha Campesina e Indígena, Ley de consulta previa, libre e informada para proteger los territorios y los recursos de los pueblos originarios y declare al Río Gualcarque Patrimonio Nacional de los pueblos y la humanidad.



Por la integración de los pueblos de Centroamérica, por la soberanía alimentaria, por el respeto a la vida, nos más criminalización para los campesinos/as, indígenas y afro hondureños.



Tegucigalpa, Honduras, 03 de Mayo del 2016.

CLOC LA VIA CAMPESINA CENTRO AMERICANA

Fuente: CLOC - VC

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  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Honduras_ante_la_ola_de_criminalizacion_al_Movimiento_Campesino_Indigena_y_Afro_Hondureno

Guatemala: Niños de primera, niños de segunda.....CAROLINA VÁSQUEZ ARAYA

He visto muchas veces el gesto de desprecio ante un menor pobre, mal vestido, sucio y hambriento. No es un gesto de desprecio hacia quienes de una u otra forma lo han condenado a una vida de miseria, sino hacia la víctima: ese niño o niña cuyo destino está en manos de adultos cuyo poder de decidir, de acuerdo con sus propios intereses y visión de las cosas, marcará el rumbo de su existencia.

En una avenida cualquiera, cuando el semáforo marca el alto, se acercan, botellita de plástico en ristre, a lavarle el parabrisas del auto por lo que usted quiera darle. Quizá usted le siga el juego por una moneda de a veinticinco, pero por lo general lo que esos menores reciben es un gesto de rechazo y una mirada severa que se puede traducir como: “cuidado y me tocás el carro”, antes de reemprender la marcha con las ventanillas herméticamente cerradas por el temor a ser víctimas de un asalto.

En el semáforo siguiente, otros más audaces realizan modestos espectáculos de acrobacia con la esperanza de recibir algo de dinero. Son niñas y niños de edades que oscilan entre 4 y 9 años, cuyo magro estado físico apenas les permite ejecutar unas tímidas piruetas. Se sabe de la existencia de redes de explotación que utilizan a decenas de niños y niñas para mendigar durante largas y extenuantes jornadas, razón por la cual muchos les dan la espalda, convencidos de actuar correctamente para no alimentar esa forma de explotación.

Sin embargo, la realidad de la niñez en situación de calle rebasa esos marcos. La profundización de la pobreza en grandes sectores de la población, sumado a la falta de atención en salud reproductiva, la ausencia de políticas de población, el estigma religioso contra los anticonceptivos y los obstáculos para ofrecer educación de calidad han condenado a las familias a un régimen de sobrevivencia tan extremo, que en él no cabe el lujo de ofrecer un mejor pasar a sus propios hijos.

Esa niñez abandonada a su suerte no parece tener espacio en las prioridades del Gobierno como tampoco en las de una comunidad humana más centrada en mantener su estatus que en ocuparse de problemas ajenos. El caso es que esa niñez arrojada a las calles no es un tema ajeno, sino uno concerniente a toda la ciudadanía. ¿Cómo se podrá avanzar en el combate a la violencia con un contingente tan numeroso de candidatos a integrar pandillas? Porque en ellas reside una de las escasas salidas de estos niños a la situación de extrema necesidad en la cual transcurre su vida.

Desde una perspectiva tan estrecha como deshumanizante, la sociedad suele observar a la niñez en situación de calle como un problema ajeno en cuya solución no tiene responsabilidad alguna. A pesar de existir oenegés y algunas instituciones del Estado cuya labor para paliar la situación de estos menores resulta insuficiente ante la abrumadora realidad, cada día son más los niños desprotegidos, enfrentados a perder la vida entre drogas, violencia callejera y presiones de las organizaciones criminales para obligarlos a engrosar sus filas.

Estos son los niños “de segunda”: nacidos en circunstancias de miseria, víctimas de numerosas formas de violencia dentro y fuera de su hogar, sin capacidad para encauzar su vida por una ruta de progreso y mucho menos para desarrollar su potencial físico, intelectual y humano. Ellos representan la gran deuda de la sociedad. Una deuda que pesa como un inmenso lastre contra cualquier esfuerzo por alcanzar el desarrollo y salir de la espiral de retraso en que se encuentra el país. CAROLINA VÁSQUEZ ARAYAelquintopatio@gmail.com @carvasar
Blog de la autora: https://carolinavasquezaraya.com
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 http://www.portaloaca.com/opinion/11751-ninos-de-primera-ninos-de-segunda.html