La
muerte del joven que cumplía sanción en un centro del Sename en
Rancagua, reafirma las críticas al actuar uniformado contra menores de
edad. Aunque su rehabilitación era ascendente, una sola equivocación
bastó para dar paso a una historia de frustración y olvido, en la que
sólo su familia exige justicia, ante la inercia y abulia de las
instituciones.
La madrugada del 5 de junio de 2011, cuatro adolescentes robaron desde el centro de Rancagua un Fiat 147. Lo llevaron hasta la Población Dintrans, al sur oriente de la ciudad, su territorio.
A las 11 de la mañana, fueron interceptados por Carabineros. Arrancaron en diferentes direcciones. Óscar Mora fue perseguido por el sargento 2º de la 3era Comisaría de Rancagua, Juan Carlos Escárate Salazar, quien tras cien metros de carrera le disparó por la espalda, hiriéndolo mortalmente.
La
versión policial afirma que los menores arrancaron y uno de ellos
extrajo un arma de fuego y disparó a los uniformados. Un policía repelió
el ataque, alcanzando con un tiro a Óscar Daniel Mora Bravo, de 16 años recién cumplidos.
TROPIEZOS
Óscar fue sancionado por el Tribunal de Rancagua a cumplir tres años y un día en el Centro Semicerrado a cargo del Servicio Nacional del Menor (Sename) regional. Había participado en un robo a fines de 2010 e ingresó al Centro en enero de 2011.
En marzo, comenzó a asistir al colegio Los Robles para cursar primer y segundo medio, junto a otros siete desertores escolares de dicho Centro.
Se
destacó por su asistencia, comportamiento y notas. Su asistencia desde
el 22 de marzo hasta esa mañana fue de un cien por ciento, por lo que
fue autorizado a dormir en su casa los fines de semana. Este beneficio
lo consiguió, también, cumpliendo su asistencia al programa de drogas:
Presentaba adherencia diaria y hace siete meses que no consumía pasta
base. Participaba, además, de talleres, cumplía con las labores internas
de aseo, y tenía buenas relaciones con sus compañeros y educadores.
“Logró cumplir con naturalidad todos los aspectos normativos y socioeducativos que favorecen la reinserción”, explica Rodrigo Manzo, psicólogo que estuvo a cargo de su caso en el Centro.
De
acuerdo al ex funcionario del Sename, en su tiempo libre, Óscar ayudaba
a su madre en su trabajo, limpiando áreas verdes, “impulsado por un
instinto reconciliador”.
“El cariño
de su familia, la necesidad de no repetir un encarcelamiento, y el
demostrarse que podía ser mejor, lo llevaron a renunciar a delinquir, a
alejarse del consumo problemático de drogas y reorientar sus esfuerzos
en cumplir su sanción y reinsertarse”, afirma Manzo, muy afectado por su
fallecimiento.
DESMIENTEN A CARABINEROS
Uno
de los jóvenes que estaba al interior del auto, con Óscar, recuerda:
“Corrimos los dos, nos seguían y antes que dispararan me escondí en el
patio de la casa de un vecino. No estábamos con armas, nunca tuvimos”.
Y agrega: “Había dejado de juntarse con nosotros hace como seis meses. Ya no era el mismo, ya no era como nosotros”.
Un
vecino que presenció los hechos –y en cuya casa se refugió este menor,
desarmado- explica que cuando escuchó el disparo y se asomó, vio a Óscar
corriendo por fuera de su casa, perseguido por dos uniformados. Uno de
ellos le disparó de unos quince o veinte metros de distancia, y el menor
cayó a pasos de su puerta.
Cuando se
acercó, el cuerpo convulsionaba y no había armas. “Le dispararon y
corrieron del lugar sin prestarle atención. Después, no dejaron pasar a
la prensa”, recuerda.
Otra testigo lo
confirma: “El carabinero que le disparó paró, lo miró y siguió
corriendo; no le prestó ayuda. Nos acercamos con algunos vecinos cuando
todavía estaba con vida ¡Y no tenía ninguna arma!”.
La
sensación de injusticia se apoderó del sector y motivó a que los
pobladores cortaran la carretera con barricadas. Por su parte, los foros
virtuales de los medios regionales El Rancagüino y El Cachapoal, se llenaron de comentarios de vecinos que desmentían y criticaban a Carabineros.
EL DISÍMIL ACTUAR DEL SENAME
El
6 de diciembre del 2011, el Sename regional presentó en los Tribunales
de Rancagua una querella contra un padre que mató a su hijo de 16 años,
quien además era discapacitado.
El director regional del organismo, Francisco Moreno,
declaró a la televisión local que el hecho tenía “la gravedad
suficiente para hacernos parte como Sename en la persecución penal
contra esta persona (…) Nosotros estamos en la campaña ‘No es su culpa’,
donde enseñamos a la gente que debemos erradicar el maltrato infantil
en todas sus formas (…) en este caso aún más, por las consecuencias de
muerte”.
Sin embargo, cuando el
Sename se enteró de la muerte de Óscar Mora, “no convocó a la televisión
ni se expresó en la prensa: Guardó silencio y no informó a la
ciudadanía que uno de sus jóvenes había sido vulnerado en el derecho más
valioso, la vida”, afirma Rodrigo Manzo.
A
su juicio, el Servicio no actuó en coherencia con los principios que lo
orientan. “Él estaba cumpliendo sanción en el Centro Semicerrado, cuyo
régimen privativo de libertad responsabiliza a Sename de su integridad”,
pero éste no se hizo parte ni en la investigación ni presentó una
querella por homicidio ante quienes resulten responsables, dejando en el
desamparo legal a su familia, de escasos recursos e ignorante de los
procesos jurídicos.
“Cuando el Servicio Médico Legal nos entregó el cuerpo de mi sobrino, don Osvaldo Garay,
director del Centro Semicerrado, nos prometió que el apoyo iba a ser
incondicional, que no nos dejarían solos y que por lógica iban a
participar del proceso”, explica su tío, Sabino Bravo.
“Le
entregamos todos los antecedentes que necesitaba para actuar y nos dijo
que nos iban a contactar, lo que nunca fue, ni siquiera para
preguntarnos qué pasaba. Ahí empezamos a dilucidar que la cuestión era
difícil, y que lo nuestro era igual que la pelea entre un rottweiler y un quiltrito”, expresa desilusionado.
¿QUIÉN SE HACE CARGO?
“Como
Sename, no tenemos autorización legal para intervenir, porque la
sanción se acaba con el fallecimiento. Pero recomendamos a la familia un
camino. Y eso lo trabajamos con la Defensoría, quien hizo un contacto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por ser los más competentes”, explica Francisco Moreno, director regional, al lado de Osvaldo Garay.
Sin embargo, el Defensor Penal Juvenil de Rancagua y Graneros, Rodrigo Cabezas, indica que no hubo asesoría jurídica de ningún tipo a la familia, ni siquiera informativa.
Afirma
desconocer si hay alguna querella o alguien formalizado en el caso y
que la Defensoría se hace parte sólo cuando el adolescente es imputado,
no víctima. En ese caso, el Ministerio Público o la Justicia Militar lo representa.
Por su parte, el INDH, a través de su Unidad de Comunicaciones, informa que no ha recibido ningún antecedente sobre el caso.
La familia, desconociendo los procesos, no se acercó a la Corporación de Asistencia Judicial,
confiando las diligencias al Ministerio Público. Luego decidió
contratar un abogado particular, pero tuvo que reunir el dinero para sus
honorarios.
Nueve meses después, el abogado Alex Ruz tomó
el caso. “Efectivamente, Sename no está facultado legalmente para
hacerse parte del proceso, pero tampoco actuó muy ágilmente para apoyar a
la familia”, explica.
De acuerdo al
director regional, el Servicio se puede querellar en algunos casos, no
en todos, “porque mientras otras áreas del Estado garanticen el
esclarecimiento de los hechos, no debiera haber complicaciones”. Sin
embargo, ningún organismo se hizo parte.
“En el Semicerrado, los jóvenes no están bajo nuestra representación legal, por eso no podemos intervenir”, continúa.
Consultado
por otros casos, explica que se hacen parte cuando se puede defender a
otra víctima menor de edad, como en el caso de un parricidio, cuando hay
otros hermanos pequeños.
“Hicimos
tres peticiones para que el Fiscal nos atendiera, pero nunca nos
recibió”, señala el tío de Óscar. Fueron atendidos por una asistente
que, según él, no les explicó qué podían hacer.
En octubre de 2011, la Fiscalía se declaró incompetente y traspasó la causa a la Fiscalía Militar de la Región de O’Higgins, quedando el fiscal Gino Alvarado a cargo de la investigación.
“Nosotros
entendimos que era más eficiente que se hiciese parte un organismo
especializado (el Instituto Nacional de Derechos Humanos -INDH), porque
no tenemos la capacidad de ser garantes en la Justicia Militar”, aclara
Moreno.
“Pero pasaron seis meses para
que la Justica Militar tomara el caso, todo ese tiempo la familia
estuvo desamparada”, replica Manzo, criticando la inmovilidad del
Sename.
Moreno explica que el
Servicio tiene la obligación de hacerse parte sólo en el caso que se
cometa un delito adentro de un recinto, que involucre a personas que
estén bajo su cuidado. “Ahí yo me puedo querellar, pero tampoco es
obligación. La decisión se toma considerando cuál es la opción más
eficiente”, comenta.
El Director del
Centro Semicerrado, dice que éste ejecuta condenas, “la que terminó con
el fallecimiento de Óscar, por lo que no podríamos intervenir en la
familia, porque ya no son usuarios nuestros. Además, la propia psicóloga
del Centro recomendó a la madre del menor dar vuelta la página y vivir
el duelo”.
Boriana Benev es coordinadora del programa Justicia de Infancia y Adolescente de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales
(UDP). Según la investigadora, es complejo que el Sename se querelle
contra otra institución del Estado, aunque puede hacerlo. Confirma,
también, que al morir el menor, la obligación de Sename desaparece, pero
que “éticamente sería recomendable que monitoreasen el caso, en qué
está la investigación”, situación que el propio Director Regional
reconoce inexistente.
“Quiero dejar
claro que el hecho que no nos hayamos hecho parte, no tiene que ver ni
cerca con que haya estado involucrado Carabineros”, sostiene Moreno.
“La
mamá de Óscar quedó satisfecha con la gestión que nosotros hicimos, en
virtud del lazo que nos unía”, señala Garay, pero la aludida, señora Teresa Bravo, no concuerda.
“Me
siento defraudada. Tengo rabia. Si voy al Centro Semicerrado y todos me
hablan tan bien de Óscar, ¿por qué no se querellaron? A mí no me sirve
de nada que hablen puras maravillas si no hicieron nada por aclarar su
muerte”, replica tajante y confundida ante los sinsentidos de la
burocracia.
“Nosotros evaluamos y
comprendimos que el Tribunal nos iba a decir que no teníamos
legitimación para participar. No éramos ni víctimas ni representantes de
la víctima”, concluye el Director de Sename, sin aclarar con qué
criterios, entonces, se hicieron parte en el parricidio anteriormente
citado. Óscar también tiene una hermana y sobrinos pequeños.
La Unicef,
por su parte, garante internacional de los derechos de los niños, no
quiso referirse al tema, por haber una investigación en curso.
CULTURA DEL ABUSO
La Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por Chile en
1990, reconoce el derecho de todo niño de quien se alegue que ha
infringido las leyes penales, de ser tratado de manera acorde con el
fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el
respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales
de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la
importancia de promover su reintegración.
Además,
el artículo 30 de la Ley de Responsabilidad Juvenil, afirma que las
instituciones policiales incorporarán dentro de sus programas de
formación y perfeccionamiento, los estudios necesarios para que los
agentes conozcan los objetivos y contenidos de la ley, de la Convención y
los fenómenos criminológicos asociados a la ocurrencia de estas
infracciones.
La investigadora de la UDP explica
que Carabineros tiene cursos de formación de derechos humanos en sus
mallas curriculares, y debería aplicar un trato diferenciado en sus
procedimientos cuando detiene a menores de edad.
“Pero existe un problema de control y uso de la fuerza, lo que contraviene los parámetros internacionales recomendados por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, reflexiona.
El Informe Anual 2011 del INDH reconoce avances en la formación de las Fuerzas Armadas y de Orden,
pero critica que, por ejemplo, no se contemplen temas derivados de la
Convención Contra la Tortura. Además, no se hace una revisión histórica
de sus violaciones a los derechos humanos, “por lo que no queda
claramente establecido que los procesos formativos estén encaminados
hacia la garantía de no repetición”, dado que trabajan desde un enfoque
discursivo ajeno al quehacer práctico y cotidiano de los uniformados.
Por
otro lado, Boriana Benev indica que este y otros casos reafirman la
necesidad de contar con un Defensor del Niño, “una figura que represente
a los familiares, que permita tener un rol más activo en las causas”.
Recién
esta semana, el abogado Ruz entablará una querella por homicidio
calificado, “ya que el disparo se hizo sobre seguro y de manera
premeditada”. Además, señala, el informe de la PDI descartó que Óscar tuviese residuos de pólvora en sus manos y no se encontraron disparos que no fuesen de Carabineros.
Por
otra parte, la investigación en la Fiscalía Militar aún está en etapa
de sumario, que puede llegar a demorar hasta diez meses. Una vez que sea
entablada la querella, pasado diez días pueden iniciarse las
diligencias, la más importante de ellas, la reconstitución de escena.
Más
allá de vericuetos legales, la madre de Óscar Mora mantuvo todo este
tiempo su necesidad de justicia. Juntó la plata para un abogado,
caminando todos los días la enorme distancia que hay desde su casa a su
trabajo. Así ahorraba 1.000 pesos diarios.
Para
ella es fundamental que no se juegue con su muerte, exige respeto, y
espera que el procedimiento se realice bajo la mayor transparencia
posible. Aunque menos confiada que antes, aún espera lograr justicia y
esclarecer los hechos que provocaron la muerte del menor de sus hijos.
Por Cristóbal Cornejo
Fotografía: Oscar con algunos de sus compañeros a la salida del Colegio Los Robles.
El Ciudadano Nº121, segunda quincena marzo 2012
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