Extracto de informeHRW
Han transcurrido casi cinco años desde que el Presidente Felipe
Calderón declaró la “guerra” contra la delincuencia organizada en
México. Desde entonces, México ha sufrido un incremento dramático de la
violencia. Tras un descenso sostenido que se mantuvo durante casi dos
décadas, la tasa de homicidios aumentó más del 260 por ciento entre 2007
y 2010. El gobierno estima que hubo casi 35.000 muertes relacionadas
con la delincuencia organizada entre diciembre de 2006 y fines de 2010,
incluido un aumento drástico cada año: pasó de 2.826 muertes en 2007 a
15.273 en 2010. En lo que va de 2011, la prensa mexicana informó sobre
más de 11.000 muertes vinculadas con el narcotráfico.
Ni Seguridad, Ni Derechos
Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México
Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México
Este incremento alarmante de la violencia ha sido consecuencia, en gran
parte, de la rivalidad entre poderos carteles que compiten por el
control del narcotráfico y otras actividades lucrativas ilícitas, como
la trata de personas, así como de enfrentamientos internos entre sus
propios miembros. Estas organizaciones han cometido graves
delitos contra integrantes de bandas rivales y también contra miembros
de las fuerzas de seguridad. Sus actividades ilícitas también han
afectado prácticamente todas las esferas de la vida pública, e incluyen
las más variadas modalidades, como extorsión de pequeñas empresas,
bloqueos de las principales autopistas, cierre de escuelas, toques de
queda nocturnos, secuestros en masa y asesinatos de funcionarios
públicos. Han apelado a demostraciones públicas de violencia —desde
dejar cabezas de personas decapitadas en plazas públicas hasta colgar
cuerpos mutilados de puentes sobre carreteras— con el fin de infundir el
terror, no sólo entre sus rivales, sino también en la población
general. Han tenido un profundo impacto en la sociedad mexicana.
El gobierno de México tiene el deber de adoptar medidas para proteger a
sus ciudadanos frente al delito; y cuando estos sean víctimas de la
delincuencia, el gobierno tiene la obligación de asegurar que el sistema
de justicia penal funcione de manera adecuada para brindarles recursos
efectivos. Cuando el Presidente Calderón asumió en 2006, heredó un país
donde los carteles consolidaban progresivamente su presencia y
las fuerzas de seguridad —militares y civiles— tenían extensos
antecedentes de abusos e impunidad en el cumplimiento de esta importante
función.
En lugar de adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer
las deficientes instituciones de seguridad pública de México, Calderón
decidió emplearlas para llevar adelante una “guerra” contra
organizaciones delictivas que ostentaban cada vez mayor poder en el
país. Asignó al Ejército un rol central en su estrategia de seguridad
pública, que se enfocó principalmente en enfrentar a los carteles
mediante el uso de la fuerza.
Actualmente, más de 50.000 soldados están asignados a operativos de
gran escala contra el narcotráfico en todo México. En los lugares donde
se han desplegado estas fuerzas, los soldados han asumido varias de las
responsabilidades propias de la Policía y de los agentes del Ministerio
Público —como patrullar zonas, intervenir cuando hay enfrentamientos
armados, investigar delitos y obtener datos de inteligencia
sobre organizaciones delictivas—. A su vez, se ha reducido el control
civil de las actuaciones militares. A los operativos de las Fuerzas
Armadas se han sumado miles de miembros de la recientemente
reconstituida Policía Federal y más de 2.200 fuerzas policiales
distintas de los estados y los municipios, si bien la cooperación entre
estas fuerzas de seguridad es a menudo limitada o superficial.
¿Cuál ha sido el desempeño de las fuerzas de seguridad? Hace dos años,
Human Rights Watch se propuso responder a este interrogante. Para ello,
realizamos investigaciones exhaustivas en cinco estados profundamente
afectados por la violencia vinculada al narcotráfico: Baja California,
Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. Se efectuaron más de 200
entrevistas a un amplio espectro de funcionarios gubernamentales,
miembros de las fuerzas de seguridad, víctimas, testigos, defensores de
derechos humanos y otros actores. También se analizaron estadísticas
oficiales, se recabaron datos a través de pedidos de información pública
y se examinaron expedientes, procedimientos legales y denuncias de
violaciones de derechos humanos, además de otras pruebas.
Mediante este análisis, Human Rights Watch pudo observar que existe una
política de seguridad pública que fracasa seriamente en dos aspectos.
No sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado
un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos,
que casi nunca se investigarían adecuadamente. Es decir, en vez de
fortalecer la seguridad pública en México, la “guerra” desplegada por
Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y
temor en muchas partes del país.
Mira el video con comentarios sobre los casos y el informe
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