- Las acciones de la Policía Comunitaria y los retos que enfrenta.
I. Introducción
México se encuentra sumido en una grave crisis de inseguridad y
violencia. Tan solo en este sexenio, más de 50,000 personas han sido
privadas violentamente de la vida y la CNDH registra más de 7,000 quejas
en contra del Ejército mexicano.
Frente a este panorama, es frecuente encontrar voces que se preguntan por las alternativas que existen al modelo de seguridad que impulsan las autoridades de los tres niveles de gobierno. Desde las regiones Costa Chica y Montaña de Guerrero, las comunidades Me’phaa y Na Savi responden esta interrogante cotidianamente fortaleciendo el sistema de procuración de justicia y seguridad que han construido: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria (CRAC-PC).
Frente a este panorama, es frecuente encontrar voces que se preguntan por las alternativas que existen al modelo de seguridad que impulsan las autoridades de los tres niveles de gobierno. Desde las regiones Costa Chica y Montaña de Guerrero, las comunidades Me’phaa y Na Savi responden esta interrogante cotidianamente fortaleciendo el sistema de procuración de justicia y seguridad que han construido: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria (CRAC-PC).
Creada hace más de 16 años, sobre el fundamento del derecho de los
pueblos indígenas a la autonomía y a la autodeterminación, el sistema de
la CRAC – PC es una muestra de que el éxito de cualquier política de
seguridad pasa por la proximidad con la población, el cuidado del tejido
comunitario y la legitimidad eregida en la honestidad, la rendidción de
cuentas y el servicio a la comunidad. Aún así la Policía Comunitaria de
las comunidades indígenas guerrerenses no ha estado exenta de las
consecuencias de la crisis de violencia que México padece. Nuevos retos
se advierten en el horizonte para el sistema de justicia y seguridad que
abatió los índices de seguridad en la Costa – Montaña de Guerrero.
Con la finalidad de mostrar esta realidad y anticipar mediante la
difusión las amenazas que se ciernen sobre la CRAC-PC, en las siguientes
líneas preparadas por Tlachinollan - Centro de Derechos Humanos de la
Montaña, en diálogo con la CRAC - PC, se presentan acontecimientos
recientes que simultáneamente muestran los logros y los retos de la más
relevante alternativa comunitaria a la inseguridad y la violencia.
II. Los hechos
La noche del 13 al 14 de octubre de 2011, integrantes de la Policía
Comunitaria de Zitlaltepec, Municipio de Metlatónoc, recibieron una
llamada telefónica en la que les solicitaba que a cambio de una suma de
dinero permitieran el paso sin revisión de dos camionetas por territorio
comunitario. Los coordinadores rechazaron la propuesta, fieles a la
honestidad que caracteriza a los servidores comunitarios de la CRAC-PC.
En respuesta, fueron severamente amenazados, sin que sus interlocutores
brindaran mayor información.
A pesar de lo anterior, integrantes de la Policía Comunitaria se
trasladaron a la ruta, por la que supuestamente pasarían los vehículos,
para establecer un punto de control. Posteriormente, detuvieron una
camioneta tripulada por cuatro personas que llevaba en la batea un
cargamento con paquetes que se encontraban cerrados. Al ser interrogados
los pasajeros sobre el contenido de los paquetes, se negaron a
proporcionar información, por lo que fueron detenidos los cuatro hombres
que iban en el coche. Posteriormente, otro grupo de la Policía
Comunitaria ubicó en el camino otra camioneta sospechosa, en la que se
encontraba otra persona, quien al ser interrogado dijo tener vínculos
con los otros detenidos.
Las cinco personas detenidas fueron trasladadas a la sede en
Zitlaltepec de la Casa de Justicia de la Policía Comunitaria. Enseguida
se les sometió al proceso de justicia comunitaria. Los detenidos
tuvieron oportunidad de relatar su versión de lo ocurrido y al hacerlo
cuatro de ellos dijeron ser de la región Montaña, mientras que un
quinto, resultó no ser oriundo del estado. Adicionalmente, la camioneta
que contenía los paquetes fue confiscada por la Policía Comunitaria,
junto con los paquetes. Posteriormente, se contabilizaron 33 paquetes
que se encontraban cerrados, con un peso total de 720 kilos. Era la
primera vez que la CRAC-PC se enfrentaba a un caso de esta envergadura,
justamente en el momento en el que la llamada guerra contra el
narcotráfico se ha vuelto el asunto primordial de la agenda pública,
estatal y nacional.
A partir de este momento, las autoridades comunitarias se enfrentaron a
la dificultad de decidir las acciones a seguir. Por un lado, presentar a
los detenidos ante el sistema de justicia estatal significaba un
retroceso dentro del proceso de construcción de un sistema de justicia
comunitaria, amén de que la experiencia indicaba la alta posibilidad de
que, como ocurría en el pasado, la imperante corrupción derivara en la
liberación de los detenidos. Pero por otro lado, mantener a los
detenidos en sede comununitaria y someterlos a proceso abría nuevos
riesgos en razón del antecedente de amenazas.
Cabe señalar que el procedimiento en la Policía Comunitaria, implica
una sucesión de etapas caracterizadas por lo público, la oralidad, la
orientación restaurativa y la participación comunitaria. Existen tres
sedes de la Casa de Justicia de la Policía Comunitaria: San Luis
Acatlán, Espino Blanco y Zitlaltepec. Normalmente, el procedimiento se
sigue en las Casas de Justicia de la Policía Comunitaria e implica oír
la declaración del detenido; reunir las pruebas; escuchar las
declaraciones de los familiares; asegurar la defensa del acusado; y, en
su caso, realizar asambleas en la comunidad de la cual los detenidos son
originarios, para que posteriormente el órgano colegiado de la CRAC
haga justicia. Lo anterior supone que, de encontrarse responsable a la
persona y requerirse una sanción, la asamblea impone dicha sanción, la
cual consiste en someter al sentenciado a un proceso de re-educación:
realizar trabajos comunitarios en varias comunidades jurisdicción de la
CRAC. A solicitud de los familiares o del detenido, es posible abrir una
segunda instancia para revisar el caso ante la Asamblea Regional.
La Asamblea Regional es la máxima instancia de toma de decisiones de la
CRAC-PC y está compuesta por los Comisarios municipales de todas las
comunidades ubicadas dentro de Territorio Comunitario[1],
Coordinadores de las Sedes de la Casa de Justicia de la CRAC (tres por
cada sede), Comandantes Regionales y Policías de cada sede, Comisariados
de Bienes Comunales y Ejidales de las Comunidades en Territorio
Comunitario así como las y los Consejeros de la CRAC - PC.
Es así que, en un escenario inédito, las autoridades comunitarias
determinaron que iniciarían un proceso de consulta con los Consejeros de
la CRAC, conformado por fundadores de la Policía Comunitaria y personas
de amplia experiencia y reconocimiento en el ámbito comunitatio, para
determinar la situación en qué quedarían los detenidos del pasado 13 de
octubre de 2011. Por lo que se determinó llevar de manera inmediata el
caso ante la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias.
La Asamblea Regional sesionó el 23 de octubre determinando que el
sistema de la CRAC conocería el caso por haber ocurrido dentro del
territorio comunitario. También se decidió que, por cuestiones de
seguridad, los detenidos fueran cambiados de la sede de Zitlaltepec,
donde se encontraban en un inicio, a la de San Luis Acatlán; que se
siguieran recabando pruebas y que el 5 de noviembre se decidiría el caso
en Asamblea Regional.
Hasta ese momento, si bien no se confirmaba la información del
contenido de los paquetes, las llamadas con amenazas que se recibieron
antes y después de la detención, prácticamente confirmaban la
posibilidad de que se tratara de un cargamento de enervantes.
Habiéndose decidido que el caso sería resuelto el 5 de noviembre, el
clima se enrareció en los días previos a esa fecha, pues un operativo
conjunto conformado por elementos del Ejército Mexicano, de la
Procuraduría General de la República y de la Policía Preventiva Estatal,
incursionaron sorpresivamente en Territorio Comunitario con la
pretensión de asegurar a los detenidos y al cargamente. El operartivo
fracasó, pero en ese marco fue detenido Agustín Barrera, indígena
Me’phaa fundador de la CRAC, acusado de un delito de diversa naturaleza,
en lo que las autoridades de la CRAC – PC interpretaron como un acto de
amedrentamiento.
La Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias se llevó a cabo el 5
de noviembre del 2011, en Santa Cruz El Rincón, Municipio de
Malinaltepec. La audiencia se llevó a cabo en un auditorio abierto, con
la presencia de todos los Comisarios, Coordinadores de las Sedes de la
CRAC Comandantes Regionales, Policías de cada sede, Comisariados de
Bienes Comunales y Ejidales y Consejeros. Asimismo, se extendió
invitación a organizaciones sociales, observadores independientes y
algunos funcionarios públicos en calidad de testigos.
La Asamblea comenzó a sesionar alrededor de las 12:30 de la tarde.
Primeramente se informó a todos los presentes sobre los hechos
ocurridos, las declaraciones de los detenidos, las pruebas recabadas.
Posteriormente, fueron presentados y escuchados los detenidos. También
se mostró a todas las personas los objetos y paquetes asegurados.
Enseguida, se dio oportunidad a los familiares de los detenidos para
que intervinieran. Familiares de los 4 detenidos originarios de la
región Montaña, reconocieron los hechos y solicitaron el perdón y
consideración para los detenidos a toda la Asamblea.
Posteriormente, se abrieron los 33 paquetes decomisados y se comprobó
que contenían marihuana. En total, sumaron 720 kilos de este enervante.
Tras testimoniar el hallazgo, la Asamblea en su conjunto decidió quemar
el contenido de los paquetes el mismo día y ante la presencia de los
medios de comunicación. La determinación sobre la pena de reeducación
que se impondrá a los detenidos se programó para una asamblea pública
que tendrá lugar en los días siguientes.
Al término de la Asamblea, Comisarios y autoridades de la CRAC – PC
reiteraron su rechazo a la violencia y a cualquier actividad vinculada
con la delincuencia organizada; asimismo, reafirmaron su derecho a
procurar e impartir justicia en el ámbito comunitario conforme a sus
usos y costumbres.
III. Consideraciones
El caso relatado pone de relieve algunas cuestiones que es fundamental subrayar en el presente contexto mexicano:
Los detenidos fueron apresados sin violencia, mediante un despliegue táctico que no generó violencia.
Cuatro de los detenidos son indígenas, provenientes de dos de las
comunidades más pobres del país. Sus familiares, indígenas monolingües
también, acudieron ante el sistema de justicia comunitario porque lo
reconocen en su relevancia y legitimidad. Los detenidos fueron juzgados
ante la asamblea, en un proceso transparente que envía un claro mensaje a
todas las comunidades de la región.
Si bien se les impondrá una pena, esta será enfocada al trabajo
comunitario y no a la mera privación de la libertad carcelaria como es
norma en la justicia estatal.
Autoridades estatales y federales buscaron hasta el último momento que
los detenidos y la droga les fueran entregados para procesarlos en la
justicia ordinaria, recurriendo incluso al amedrentamiento. Con ello,
mostraron su reticencia a reconocer cabalmente el derecho de los pueblos
a la autonomía y la autodeterminación.
Las autoridades comunitarias de la Costa-Montaña de Guerrero mostraron
que es posible pensar en alternativas comunitarias a la crisis de
inseguridad y violencia que azuela al país, a pesar de los riesgos.
Éstas, como muestra el caso reciente, no pueden pensarse si las
instituciones no cuentan con una legitimidad fundada en la proximidad
con la población en general, el respeto a la dignidad de las personas,
la honestidad y la trasparencia.
Desde Tlachinollan apoyamos la decisión de la CRAC - PC: su visión de
la justicia y la seguridad, es la que anhelamos para todo México.
No obstante, también externamos nuestra preocupación. En el contexto
actual, la firme postura de las autoridades de la CRAC – PC es sin duda
un desafío para un Gobierno empecinado en sostener una violenta guerra
donde lo que cuenta es la seguridad de las instituciones y no de las
personas y comunidades. Por eso hacemos un llamado a la solidaridad con
la CRAC – PC y pedimos su seguimiento estrecho a los sucesos que puedan
acontecer en el futuro inmediato.
Más Información: Policía Comunitaria
Consulta las galerías de imágenes de la Policía Comunitaria CRAC-PC
Para mayor información de la Policía Comunitaria consulta su sitio oficial
Seguimiento en medios sobre los hechos reciente:
[1] Territorio Comunitario es la forma en que se denomina a la extensión territorial en donde tiene influencia la CRAC – PC.
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
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