Racismo y violaciones a los derechos humanos enfrentan en España los migrantes que huyen de la pobreza, el hambre y la represión política. Los “centros de internamiento de extranjeros” son en realidad cárceles que castigan a los migrantes y que desdicen la supuesta promoción de los derechos humanos de la Unión Europea
Inés Benítez/IPS
Málaga, España. “Fue muy duro; como estar en una cárcel”, dice,
pausadamente en español, el inmigrante argelino Sid Hamed Bouziane, de
29 años, sobre los 28 días que pasó en el Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) de la sureña ciudad de Málaga.
Éste está ubicado, desde su creación en 1990, en un antiguo cuartel
militar en el desfavorecido barrio de Capuchinos. Es uno de los nueve
centros concebidos para retener a inmigrantes indocumentados. Los CIE
son definidos en la Ley de Extranjería como “establecimientos públicos
de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior
español, para la detención y custodia a disposición de la autoridad
judicial de extranjeros sujetos a un expediente de expulsión”.
Organizaciones sociales, expertos e instituciones denuncian una y
otra vez la vulneración de los derechos humanos en esos lugares. “Son
cárceles encubiertas”, dice a la Agencia de Noticias Inter Press Service
(IPS) el presidente de la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes
de Málaga, Luis Pernía. Hay un “déficit democrático, jurídico y humano”
en dichos centros, que “sólo sirven para justificar las políticas
migratorias hipócritas de la Unión Europea”.
En diciembre de 2009, el informe Situación de los centros de Internamiento para Extranjeros en España,
elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
denunció problemas “graves” de habitabilidad y de defensa jurídica en
los Centros de Málaga, Valencia y Madrid, y constató casos de torturas a
internos en este último.
“El hecho mismo de encerrar a una persona por haber emigrado es
inaceptable”, señala a IPS la responsable del área de incidencia
política de la CEAR, Salva Lacruz, desde la Suroriental ciudad de
Valencia, donde se celebró el Primer Encuentro Estatal de Colectivos en
Lucha contra los CIE, del 21 al 23 de octubre pasado.
El objetivo de esta reunión, que convocó a una treintena de
asociaciones de todo el país, es coordinar una campaña en el plano
estatal por el cierre de los centros de internamiento. Éstos que también
existen en Libia, Marruecos, Líbano, Mauritania, Chipre y Malta, son “agujeros
del estado de derecho”, describe Lacruz, y se inscriben en un
“circuito” que comienza en el control de las fronteras, empujando a los
inmigrantes a viajar en condiciones penosas, como la travesía por el mar
desde las costas de África.
Bouziane, amenazado de muerte en Argelia, huyó a bordo de una
embarcación a España en 2008. Tuvo miedo de pedir asilo ante la falta de
pruebas sobre la persecución en su país y permaneció en situación
irregular hasta que fue detenido y recluido en el CIE, en julio. Pero la
orden de deportarlo fue revocada tras la intervención de un grupo de
Indignados del Movimiento 15 de Mayo (15M), que protestó durante 11 días
para lograr su liberación.
Su abogado e integrante del 15M, José Cosín, dice a IPS que las
autoridades siguen efectuando redadas “racistas”, pese a que el Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de
las Naciones Unidas instó al Estado en marzo pasado a “tomar medidas
efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación
basados en perfiles étnicos y raciales”.
A los extranjeros que se encuentran en situación irregular se les
priva de libertad hasta por 60 días por carecer de documentación, pese a
que se trata de una falta administrativa equiparable a no portar la
licencia de conducir mientras se maneja.
Por ello, los CIE no son centros de detención sino de retención: a
los inmigrantes “sin papeles” se los recluye no por haber infringido el
Código Penal, sino como medida “cautelar” para asegurar su expulsión del
país. Pero, a diferencia de las cárceles, los Centros no tienen
regulación específica que garantice derechos y libertades, explica a IPS
el abogado experto en inmigración José Luis Rodríguez Candela, de la
organización no gubernamental Andalucía Acoge. Asegura que “en los CIE
hay más inseguridad jurídica que en las cárceles”, quien cree
imprescindible aprobar una ley orgánica que regule su funcionamiento y
el estatuto jurídico de los internos.
Aunque la Ley de Extranjería establece que éstos deben contar con
asistencia letrada, ya sea de oficio o privada, 58 por ciento no sabe
quién ejerce su defensa o no puede acceder a ésta, según el informe de
la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
La privación de libertad se lleva a cabo en barracones o en
edificios antiguos, sin condiciones mínimas para habitarlos. En Málaga
es un antiguo cuartel militar; en Algeciras, en el extremo Sur de
España, es una cárcel que fue clausurada por su mal estado.
Todas las dependencias de los CIE, desde la seguridad hasta los
aspectos médicos y la alimentación, están a cargo de la policía, que los
gestiona y financia, mientras en las cárceles ejerce únicamente
funciones de seguridad.
En 2010 fueron deportados 30 mil 163 inmigrantes, casi 21 por
ciento menos que en 2009, cuando las expulsiones sumaron 38 mil 129,
según el Balance de la lucha contra la inmigración ilegal del Ministerio del Interior.
“El edificio tiene humedad, es viejo y no está acondicionado para
tener gente allí. Una cárcel es mejor que eso”, cuenta a IPS un médico
que trabajó en el CIE de Málaga y que prefiere no ser identificado. Este
Centro tiene una historia plagada de incidentes y ya fue cerrado dos
veces para realizar reparaciones.
Hubo casos de reclusión de “mujeres embarazadas a término y de
personas con enfermedades mentales y depresión”, menciona Pernía.
Además, faltan intérpretes y trabajadores sociales, sostiene la
Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga.
Xavier Torregrosa, trabajador social de Valencia Acoge y voluntario
de la CEAR en Valencia, duda de la efectividad de los centros. Estudios
indican que no más de 30 por ciento de los inmigrantes retenidos son
finalmente expulsados, lo que evidencia lo inútil del gasto en la
persecución de la inmigración irregular.
La diferencia entre órdenes de expulsión dictadas y materializadas
se debe a que el gobierno no cuenta con los recursos necesarios para
efectuarlas, no puede identificar la nacionalidad de un extranjero o se
encuentra con inmigrantes procedentes de países con los que España no
tiene convenios de repatriación.
Rodríguez Candela apunta que quienes no pueden ser deportados
quedan en libertad, pero con una orden de expulsión abierta que les
impide regularizar su residencia en España y los deja “en una situación
de absoluta desprotección”.
El defensor del pueblo andaluz (ombudsman), José Chamizo, pidió en
2006 el cierre de estos centros porque “se trata a los internos como
delincuentes, y tienen un marcado carácter carcelario”.
La Ley de Extranjería prevé otras medidas que evitarían la
internación en un CIE, como el retiro del pasaporte o la obligación de
presentarse ante un juez cada semana. “Los CIE son un monstruo”,
concluye Pernía. “Un animal ciego que hemos creado y obligamos a
caminar”.
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