Íngrid Vergara durante la entrevista con Periodismo Humano (Diego Sandoval)
No en vano Íngrid Vergara es una curtida defensora de
derechos humanos en Colombia, una superviviente de mil exterminios, que
recibe regularmente amenazas atroces contra ella y su familia, pero
que ha decidido que la palabra está de su lado, del lado de los que
sufren la violencia, y no del lado de los que la perpetran. Íngrid
conversó con PERIODISMO HUMANO en Bruselas, adonde viajó el pasado 9 de
noviembre para participar en un evento público y para reunirse con ONG,
europarlamentarios y otros representantes del Parlamento Europeo.
Llegaba de Bilbao el día anterior y volaba al siguiente a Oslo antes de
ir a Barcelona.
“La UE está en óptima situación para ayudar a los defensores de derechos humanos
en Colombia, pues tiene una gran relación y una influencia sobre el
gobierno de Santos que casi nadie más tiene”, señala Íngrid Vergara.
“Los europeos pueden hacer mucho para que Santos acabe con la impunidad
y provea al final al pueblo colombiano verdad, justicia, reparación y
garantía de no repetición de las violaciones de derechos humanos. Aunque
Europa no se dé cuenta, la voz y la acción de sus instituciones, ONG y
ciudadanos pesa mucho en Colombia, donde la oposición carece de
garantías y a menudo es tildada de comunista, señalada y objetivo de la
violencia”.
Vergara durante su conferencia en Bruselas (D. S.)
La restitución de tierras robadas por los paramilitares, en
efecto, es una reivindicación clave del activo tejido social
colombiano. En la última década han sido asesinados al menos 44
dirigentes de comunidades desplazadas que reclamaban la restitución de
sus tierras. Hablamos de un robo de tierras perpetrado a punta de cañón
y a gran escala: muchos de los 5’3 millones de desplazados forzosos
que contabiliza CODHES (Consultoría
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) se vieron simplemente
obligados un día a escapar sobre la marcha y con lo puesto, dejando
atrás proyectos y propiedades, incluidas sus tierras. Codhes cifra en
6’6 millones de hectáreas arrebatadas por este procedimiento a lo largo
de los años: ocho veces la Comunidad de Madrid, o una Suiza y media, o
un tercio de Gran Bretaña. Una superficie inmensa de tierra fértil
arrebatada a los ojos de todos, tras el telón de la balacera y las
atrocidades. Ese es el botín visible y duradero de la guerra que la
alianza de terratenientes y narcotraficantes ha perpetrado, y sigue
perpetrando hoy, contra la población civil colombiana.
Crímenes responsabilidad del Estado
La
tesis de Íngrid y de Movice es que los desplazados, y en general los
colombianos víctimas de violaciones de derechos humanos (más de la mitad
cometidas por paramilitares, un tercio por el estado y el resto por
los guerrilleros, según las principales ONG internacionales) son en
última instancia víctimas de la acción u omisión del estado. “El Estado
es responsable directo o indirecto de todas las transgresiones a los
derechos, y es legítimo pedirle cuentas. Somos víctimas de crímenes de
Estado, y nuestro esfuerzo en Movice es el de ayudar a tomar conciencia
de ello, organizarlos, empoderarlos y visibilizar a las víctimas, que
son millones y millones”, explica Íngrid. “Cada día que permanecen
invisibilizadas todas esas víctimas es un día más en que son
vulnerables al señalamiento y su posible eliminación. Son víctimas
revictimizadas”.
Íngrid es una resistente endurecida por el peligro. De
joven logró sobrevivir al sistemático exterminio que sufrieron los
líderes y cuadros del partido Unión Patriótica (UP), un genocidio
político (según han reconocido ya el Consejo de Estado, la Corte
Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)
iniciado en los años 80 y nunca concluido: dos candidatos
presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes, 70
concejales y entre 4.000 y 7.000 militantes de UP fueron asesinados por
paramilitares, militares y narcotraficantes.
Ahora sufre el hostigamiento contra Movice, que sólo en el
diminuto departamento de Sucre lleva contabilizadas 104 agresiones
violentas, incluidas el asesinato de dos de sus líderes: Rogelio
Martínez y Eder Verbel Rocha. “Exigimos que el gobierno reconozca
oficialmente los crímenes de Estado, que pida perdón a los familiares
de las víctimas y al país, y que articule políticas eficaces para
investigarlos hasta las últimas consecuencias”, reclama Íngrid. Y que
proteja de manera específica al colectivo mayoritario de víctimas, las
mujeres”, colectivo que según la Defensoría del Pueblo suponen el 54%
de los desplazados, o el 80% si se incluye a los niños que dependen de
ellas.
Reconocer el conflicto sin afrontarlo
“La situación de la gente sigue y seguirá empeorando si no
hay negociación. Cada día de guerra es un día malgastado”, enfatiza
Íngrid para subrayar lo intolerable de la situación que sufre la
población. “El gobierno nuncaha tenido una agenda de paz negociada de
verdad, solo momentos en que cada administración ha dado pasos
erráticos en función de sus intereses. La reciente Ley de Restitución
de Tierras ha sido un avance, aunque no se consultó a las víctimas, y
revela una contradicción radical: el Estado reconoce el conflicto
armado y sus consecuencias, pero se niega a atajar sus causas y
negociar su final”. Y añade: “Nosotros no estamos con ninguno de los
actores armados, tampoco con la guerrilla. No coincidimos con ellos
porque nosotros no creemos en una solución armada. El conflicto tiene
que negociarse. Nosotros apostamos por un acuerdo negociado en el que
tiene que participar la sociedad, los actores civiles. No podemos
sentarnos a negociar nada con los actores armados”, sostiene. Sus ojos
centellean al constatar que algo tan evidente no debería necesitar
mayor aclaración.
Sin embargo, nada es evidente en el entorno en el que se
mueven las víctimas del conflicto armado en Colombia. “El escándalo de
la parapolítica [la revelación de que cientos de políticos afines y
simpatizantes del ex presidente Uribe son culpables o acusados de
paramilitarismo] revela que Colombia la ha gobernado una democracia
genocida, con millones de votos llevados a las urnas bajo la amenaza de
las armas”, denuncia la portavoz de Movice.
La política local, emponzoñada
“Y el problema no ha desaparecido. Con Santos ya ha habido
20 defensores de DDHH asesinados”, advierte Íngrid, que no hace
referencia a la campaña internacional lanzada el pasado abril, que
denunciaba que solo durante el primer trimestre de este año hubo 96
agresiones a defensores de DDHH, entre ellas nueve asesinatos, 68
amenazas graves y cuatro desapariciones. La plataforma Oidhaco, que
agrupa a 32 ONGs europeas y americanas de defensa de los DDHH, viene
denunciando estos incidentes insistentemente ante la indiferencia
oficial europea y colombiana.
La dimensión del problema la revela Íngrid al descender a
la pequeña escala. Movice agrupa a nivel nacional 700 organizaciones de
víctimas de la guerra, estructuradas en 15 “capítulos regionales”.
Ella pertenece al de Sucre, “un pequeño departamento caribeño de
800.000 habitantes cuyos cinco últimos gobernadores han sido detenidos,
y el último recientemente condenado por la Corte Constitucional a 48
años de cárcel”, resume. “Pero es que entre la fiscalía y las
autoridades locales suman otros 84 imputados. Decenas de testigos de
estos juicios han sido a su vez asesinados en total impunidad”. Y esto
en un departamento periférico de 800.000 habitantes. “Falta depurar la política local, que hoy sigue en manos de una mafia de paramilitares y narcotraficantes”,
demanda Íngrid. “No podemos avanzar si nos tenemos que sentar cada
mañana con alcaldes y gobernadores condenados o acusados de
parapolítica. Es un ambiente irrespirable y muy peligroso”.
“Si quieren tierra la tendrán, pero sobre sus cajones”
Esta es la transcripción literal de una amenaza
electrónica remitida a la oficina de Íngrid Vergara en Movice Sucre el
pasado 9 de junio, desde el email aguilasnegras3rageneracion@yahoo.com.ar
[‘Águilas Negras’ es un conocido escuadrón de la muerte, entre los más
sanguinarios de los paramilitares]. El asunto del correo era “MUERTE A
MIEMBROS DEL MOVICE”:
JUAN DAVID DIAZ
LO ESTAMOS DECLARANDO OBJETIVO MILITAR AL IGUAL QUE A LOS
OTROS MIEMBROS DEL MOVICE EN SUCRE. NO DESCANSAREMOS HASTA
EXTERMINARLOS A TODOS YA ESTE AÑO HEMOS DADO DE BAJA A DOS DE USTEDES Y
PRONTO SERAN MAS.
A USTED LO TENEMOS UBICADO Y PRONTO LE DAREMOS DE BAJA YA
NOS ESTAMOS IMAGINANDO LAS CARAS DE LAS RATAS DEL PETRO Y EL CEPEDA
CUANDO ACABEMOS CON USTED SI ES QUE LOS PAISAS NO SE NOS ADELANTAN.
SI QUIEREN TIERRA LA TENDRAN PERO SOBRE SUS CAJONES.
AGUILAS NEGRAS
PD: SU MUJER CADA DIA ESTA MAS BUENA, SU HIJO LO SACAN POCO ¡PERO LO SACAN¡,SU HERMANA REGRESO Y SU MADRE ESTA ESCONDIDA.
POR UNA COLOMBIA MEJOR
¡¡PATRIA O MUERTE¡¡
* * *
Esta es la transcripción literal de otra amenaza, dirigida
personalmente contra Íngrid Vergara, su pareja Franklin Torres y sus
colegas Candelaria Barrios y Pedro Geney, recibida el 10 de junio desde
la dirección sangrecorre2011@hotmail.com bajo el lema “aguilas volando”:
HAGA PATRIA, MATE A UN GUERRILLERO!!!
NO HABRA QUIEN LOS SALVE, HACEMOS UN ULTIMO LLAMADO DE
ADVERTENCIA: TIENEN UN ULTIMO PLAZO PARA SALIR DE LA ZONA…DESDE ESTE
PRECISO MOMENTO HASTA EL DIA MARTES DEBERAN ABANDONAR LA ZONA O SERAN
EJECUTADOS DE UNA VEZ POR TODA….EN LOS MONTES DE MARIA NADIE LOS
LLAMO…SAPOS GUERRILLEROS GONORREAS HIJUEPUTAS
CANDELARIA BARRIOS ACOSTA
PEDRO GENEY ARRIETA
FRANKLIN TORRES
INGRID VERGARA CHAVEZ ALIAS LA GORDA TU TENDRAS QUE
LAMENTAR CONTINUAMOS CON LA CAMPAÑA: HAGA PATRIA, MATE A UN
GUERRILLERO!!! ESTAN ADVERTIDOS…NADIE LES DIJO QUE SE METIERAN DONDE NO
SE LES NECESITABA
Fuente, vìa :
http://periodismohumano.com/en-conflicto/%E2%80%9Cel-gobierno-colombiano-ha-de-reconocernos-como-victimas-de-sus-crimenes-de-estado%E2%80%9D.html
http://periodismohumano.com/en-conflicto/%E2%80%9Cel-gobierno-colombiano-ha-de-reconocernos-como-victimas-de-sus-crimenes-de-estado%E2%80%9D.html
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