Carga con acusación constitucional y petición de renuncia
Al
ministro del Interior se le achaca la responsabilidad de acciones
represivas contra ciudadanos que incluyeron el asesinato del joven
Manuel Gutiérrez y el no respetar derechos constitucionales. De perfil
agresivo, es protegido por Sebastián Piñera, a pesar de tener fracasos
como el combate a la delincuencia.
Este reportaje fue publicado en la edición impresa Nº109 de El Ciudadano, primera quincena de septiembre 2011.
Se sigue salvando el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter Kirberg. Si antes diversos sectores políticos, incluidos personeros de la Unión Demócrata Independiente (UDI), criticaron su gestión como jefe de gabinete del Gobierno y pedían su salida del cargo, algo que fue mencionado por diversos analistas cuando Sebastián Piñera
cambió ministros, ahora legisladores y organizaciones sociales
emplazaron a Hinzpeter con acusación constitucional y petición de
renuncia por la aplicación de medidas represivas y contravenir
articulados de la Constitución.
De
ser el jefe del equipo de ministros del gobierno peor evaluado en la
etapa pos dictatorial (26%), pasó a ser la cara visible de un accionar
en contra del movimiento estudiantil y las manifestaciones sociales.
Específicamente, a Hinzpeter se le achaca la responsabilidad de la
actuación represiva de Carabineros ya que,
institucionalmente, él está a cargo de las actuaciones de ese cuerpo
policial. La situación es sensible considerando que un suboficial de
Carabineros aparece como responsable del asesinato del joven Manuel Gutiérrez,
lo que se suma a denuncias como torturas y golpes a manifestantes, un
ataque con gases lacrimógenos al sindicato de carteros, lesiones y
agresiones a fotógrafos y corresponsales extranjeros, así como a
estudiantes, ingreso a centros escolares para desalojar a alumnos, uso
excesivo de la fuerza, etcétera.
En ese cuadro, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech)
emitió un comunicado donde expresó que “ante estos gravísimos hechos,
exigimos la renuncia del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter”.
Antes, una decena de parlamentarios presentó la acusación constitucional contra el personero, militante de Renovación Nacional
(RN), argumentando que “se han infringido tres aspectos fundamentales
en materia de garantías constitucionales y derechos ciudadanos por parte
de este ministro. El primer capítulo dice relación con infracción de la
Constitución por desviación del poder al negar autorización para la
manifestación. En segundo lugar, fundamentamos esta presentación en
infracción de la Constitución por no velar adecuadamente por la
preservación del orden público”. A pesar de estos antecedentes, esta
acusación no prosperó.
Lautaro Carmona, diputado del Partido Comunista,
expresó que “el ministro del Interior ha decretado que la defensa de la
educación es un delito y por tanto, a todo quien porte esa idea debe
ser tratado como delincuente, reprimido, detenido y acosado”. La
senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, le
expresó a Hinzpeter la inquietud por la represión, ya que “no queremos
hechos que haya que lamentar y no puede ser que la autoridad política,
el que está a cargo de orden y seguridad, no entienda que hay derechos
básicos que se garantizan”. El senador del Movimiento Amplio Social, Alejandro Navarro,
le dijo a la prensa que “estamos en presencia de un ministro del
Interior muy especial, que ha perdido toda capacidad de gobernabilidad y
eso es muy peligroso para el país”.
Rodrigo
Hinzpeter no se inmuta. Mantiene su perfil agresivo e incluso
prepotente, como cuando mandó a decir a un grupo de legisladores que
fueron a verlo a La Moneda que “no los voy a atender
porque estoy ocupado”. Claro que últimamente se quiso cuidar, porque
después de agredir verbalmente a dirigentes de la Concertación porque apoyaban el Paro Nacional, mantuvo silencio toda esa semana convulsionada.
Lo
cierto es que el ministro del Interior está sentado en el banquillo.
Hace rato. Y todos los análisis y comentarios apuntan a que lo sigue
salvando el presidente Sebastián Piñera, quien lo quiere a su lado… como
su brazo derecho más duro.
ESTRATEGIAS FALLIDAS
Desde
que llegó al cargo de Interior, Rodrigo Hinzpeter le quiso dar un
perfil autoritario y conservador a su gestión. Su prioridad era la
seguridad pública y el combate a los terroristas y subversivos.
A
los pocos meses de sentarse en La Moneda vino la oportunidad para
demostrar sus obsesiones. El 10 de mayo del 2010 el paquistaní Mohamed Saif Ur Rehmam fue a la embajada de Estados Unidos.
Al ingresar, en su ropa, le descubrieron trazas de TNT. De inmediato
quedó incomunicado y la policía allanó su casa. Hinzpeter no dudó en
decir que Khan representaba un “peligro para la sociedad” y sin contar
con más antecedentes recurrió a la Ley Antiterrorista.
Al
pasar los días, el ministerio del Interior filtró información a la
prensa, mencionando lazos con musulmanes radicales, conexiones con el Mapu Lautaro, vinculaciones con el asesinato del Cabo Moyano,
con los “anarquistas” del “caso bombas” y hasta con la lucha mapuche.
La película de una red de terroristas islámicos en el país era perfecta.
Aprovechando
el impulso, Hinzpeter anunció que en menos de un año se aclararían los
bombazos que desde el 2006 se produjeron en el país y sobre el que la
policía tenía escasas pistas. Para ello, presionó para que quedara a
cargo del caso el entonces fiscal metropolitano sur, Alejandro Peña, conocido por haber desarticulado redes de narcos.
El 14 de agosto detuvieron a 14 personas en allanamientos a casas okupa de Santiago y
el fiscal Peña celebró, al igual que Hinzpeter. El fiscal valoró “los
peritajes científicos estrictamente indispensables, para poder imputar
de manera seria y estricta la infracción por sus conductas a la Ley
Antiterrorista”.
Por esos mismos días
el Ministro se la jugaba por la aplicación de la Ley Antiterrorista
contra comuneros mapuches que estuvieron en huelga de hambre durante 87
días.
Pasó el tiempo y las pruebas
presentadas en todos estos casos se fueron diluyendo una a una. El
fiscal Peña se vio obligado a dejar libre a Mohamed por falta de
pruebas; el Gobierno se vio obligado a reconocer que no podía afirmar la
culpabilidad de los comuneros mapuches y entre las pruebas de la
Fiscalía, en el caso bombas, llamaban la atención un póster de Axel Rose, la copia del libro El Arte de la Guerra, de Sun Tzu o el documental La Batalla de Chile. Más de tres mil pruebas fueron las desestimadas por el 8º Juzgado de Garantías.
Antes
que los jueces dictaminaran la reclusión domiciliaria de los 14
imputados, Hinzpeter procuró sacar a Peña del caso y se lo llevó a
trabajar como jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior.
Las
funciones de Peña se definieron como “elaboración y desarrollo de
estrategias orientadas a la mantención del orden público”, como
identificar fechas emblemáticas de protesta y levantar información para
adelantarse a los conflictos sociales. Eso, a principios de abril de
2011. El 28 del mismo mes, se realizó la primera marcha de
universitarios en protesta por la crisis del sistema educativo heredado
de la dictadura.
UN MAL POLICÍA
La
sensación de inseguridad, machacada por los medios masivos, fue la
punta de la lanza con que la derecha enfrentó a los candidatos de la
Concertación. No en vano, durante los últimos años, la delincuencia ha
sido la principal preocupación de los chilenos, según las encuestas. La
promesa del gobierno de Piñera fue acabar con “este flagelo” y su
lugarteniente sería el sheriff a cargo.
Las
propuestas para frenar los delitos fueron incrementar el número de
policías, promover el uso de pulseras electrónicas y poner más dinero en
rehabilitación. Su estrategia replica lo desarrollado por el ex alcalde
de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien se hizo famoso
como gestor de la llamada estrategia de ‘Tolerancia Cero’ para combatir
el delito y sostuvo una reunión con Hinzpeter en junio pasado.
Pero a ya más de un año de Gobierno, las promesas chocaron con una escurridiza realidad. El último informe de Paz Ciudadana-Adimark
refleja que el número de hogares víctimas de delitos o intento de robo
aumentó 4,9 puntos en los últimos seis meses, según el índice, pasando
de un 33 a un 37,9 por ciento, siendo la Región Metropolitana la más afectada. Sólo en el sector surponiente de la capital hay un 43% de victimización.
Otro informe hecho por la Intendencia Metropolitana
en junio da cuenta que los asaltos aumentaron en un 27% respecto del
año anterior, siendo la mayor alza los delitos de robo con violencia y
robo con intimidación.
EL INTENTO DE FRENAR LA PROTESTA SOCIAL
Tal
como el énfasis puesto por los medios masivos en la delincuencia llevó
votos a la candidatura de Piñera, la insistencia en las imágenes de
violencia a la hora de cubrir las movilizaciones sociales de las últimas
semanas es la esperanza del Ejecutivo para desactivar el conflicto.
Todo
hace pensar que Hinzpeter confía en que tantas imágenes de jóvenes
lanzando molotov, autos incendiados y encapuchados arrojando piedras a
la policía terminen por horadar la solidaridad espontánea de la
población con las demandas de los estudiantes. Por ello, el ministro del
Interior aprovecha cada oportunidad para insistir en la tesis del orden
público para frenar la protesta, algo que está en el ideario
conservador que se quiere instalar desde el Gobierno, por cierto, con
ayuda de los medios de prensa privados y de derecha. Así fue durante los
días del paro convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuando dijo en su visita a policías heridos que la intención de los manifestantes que agredieron a carabineros era matarlos.
Otra
estrategia es la del miedo. Días previos a la jornada de paro se
difundió en todos los servicios públicos un instructivo que llamaba a
los jefes a revisar celosamente la presencia de los funcionarios y
establecer duras sanciones en caso de ausencia. Incluso el Gobierno dijo
en horas previas a la movilización que podría invocar la Ley de
Seguridad Interior del Estado con funcionarios que se plegaran a la
movilización.
El actuar de la policía en las últimas movilizaciones, que dejó el saldo de un adolescente muerto la noche del 25 de agosto en Macul –y de un joven en Huechuraba-, además de múltiples heridos tanto civiles como de carabineros, le ha significado llamados a declarar ante el Congreso.
Aún
hay un pedazo de historia por escribir relacionada con Rodrigo
Hinzpeter, ante el momento que vive el país, con una sociedad civil
creciendo en fuerza y resistencia a esta ‘nueva forma de gobernar’.
Por Mauricio Becerra Rebolledo
RECUADRO
CHADWICK: “GOBIERNO RESPALDA PLENAMENTE A CARABINEROS”
El lunes que fallecía la actriz María Maluenda, madre de José Manuel Parada, militante comunista degollado por personal de Carabineros, la población se enteraba que un suboficial de esa institución estaba detenido en relación al asesinato del joven Manuel Gutiérrez, la madrugada del viernes 26 de agosto en una acción represiva contra manifestantes.
Ocurre
que Carabineros, como se explica en nota aparte en esta edición, sigue
con procedimientos que provocan muertes y heridos civiles. No fue
gratuito que el vocero de la Corte Suprema, Jaime Rodríguez,
afirmara que “no es tranquilizador que ocupen (los uniformados) el
armamento contra la población civil”. En efecto, el sargento segundo Miguel Millacura accionó una subametralladora UZI,
que es parte del armamento que llevan los policías durante las
manifestaciones. En otra de las modalidades de los carabineros, como
ocurría en la dictadura, sus integrantes mienten e intentan esconder su
responsabilidad en los hechos. Fue el caso de la subteniente Claudia Iglesias, los cabos Patricio Bravo y Francisco Vásquez y el carabinero William Rodríguez,
quienes estaban junto a Millacura y nada hicieron o dijeron sabiendo
que había muerto el joven Gutiérrez. Todos ellos fueron dados de baja. A
eso se agrega la declaración del general Sergio Gajardo,
quien aseveró: “Descarto de plano la participación de Carabineros” en
el asesinato del muchacho. Y adelantó que la institución no haría
“investigación interna”. Al cierre de esta nota, se anunciaba su
destitución.
La preocupación ciudadana puede aumentar si se recuerda que frente a esos hechos, el vocero de La Moneda, Andrés Chadwick, no vaciló en afirmar que “el Gobierno respalda plenamente a Carabineros”.
Dramático resulta recordar que la familia de Manuel Gutiérrez, entre ellos su hermano Gerson,
que iba en silla de ruedas con él al momento de ser asesinado, insistió
siempre que carabineros habían disparado, lo que el alto mando de la
policía y personeros del Gobierno quisieron minimizar y descartar.
El
muerto en las manifestaciones sociales de este año, sería
responsabilidad de Carabineros. Como de los asesinatos anteriores de
jóvenes estudiantes y mapuches (ver nota aparte).
Y las agresiones a fotógrafos y jóvenes heridos en los ojos, el ataque
con gases al sindicato de carteros, las denuncias de torturas, golpes,
insultos y “violencia desmedida”, son hechos que se siguen produciendo.
Por Hugo Guzmán
El Ciudadano Nº109, primera quincena septiembre 2011
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