Distintas organizaciones sociales y de Derechos Humanos reunidas en la
campaña “Alto Ahí, Basta de Violencia Policial" manifestaron su alta
preocupación por las denuncias de uso excesivo de la fuerza contra los
civiles en manifestaciones públicas y anunciaron que expondrán este tema
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El próximo viernes 28 de octubre a las 15 horas se realizará en
Washington la exposición sobre la situación de violencia policial que se
está viviendo en nuestro país a raíz de las movilizaciones y la
violación a los Derechos Humanos en cuanto a la integridad física y
síquica de miles de ciudadanos.
También se expondrá la criminalización de la protesta social y las
faltas al derecho a manifestarse y al derecho a la libertad de reunión
pública que hoy está muy limitado por un decreto de ley va en el sentido
directamente opuesto
En este sentido, Alberto Coddou, abogado del Centro de Derechos
Humanos de la Universidad Diego Portales, señaló que “nuestra
Constitución garantiza el derecho a reunión sin permiso previo, eso es
muy importante porque es una cuestión que se ve obstruida por la
utilización de un Decreto Supremo 1.086 que fue dictado al principio de
las movilizaciones políticas de los ’80 en el contexto de la dictadura,
que puede llegar a prohibir manifestaciones sociales convirtiendo los
actos de autoridad en verdaderos permisos de nuestra autoridad
política”.
El jurista destacó la paradoja que se verifica en estos temas,
explicando que “mientras nuestra Constitución y los tratados
internacionales garantizan el derecho a reunirse sin permiso previo,
este Decreto 1.086 prohíbe de facto cualquier movilización, que de
acuerdo al gobierno de turno pueda poner en peligro sus propios
intereses”.
Por su parte, Nicolás Facuse de Asesoría Ciudadana, organización que
expondrá ante la Corte, añadió que el decreto es vergonzoso para una
sociedad democrática, ya que incluso al pedir autorización para hacer
una marcha se debe indicar quién va a tomar la palabra en el acto, por
lo tanto, las fuerzas de orden tienen la facultad de acabar con una
movilización si no se respeta el orden de la palabra.
Además de que se debe pedir permiso a la autoridad para manifestarse
en su contra, lo que es una contradicción en sí misma. Facuse añadió que
el aceptar mecanismos como este ha implicado también aceptar una
cultura represiva donde nadie tiene claros los procedimientos.
En tanto, Pablo Villar, abogado defensor de la Federación Nacional de
Pobladores (Fenapo) denunció que en “los procedimiento policiales, a
veces ni los abogados defensores tenemos muy claro cuáles son. Además,
es muy difícil obtener la información sobre en qué consisten los
procesos respecto de cuándo debe actuar o no la policía. Si los abogados
no sabemos, cómo esperamos que los manifestantes sepan dónde ajustar
sus conductas, hay una falta de socialización de cómo son los
procedimientos y debido a la cantidad de requerimientos, que incluso
nosotros hemos hecho como agrupación, entre las instituciones se
traspasan la respuesta y no nos entregan nunca una repuesta
satisfactoria a los abogados que tenemos que manejar esos parámetros”.
La crítica pasa principalmente porque Chile adscribió al protocolo de
Estambul, que fija el procedimiento en las detenciones y hoy no se está
aplicando, con cientos de denuncias de detenciones ilegales, además del
uso desmedido de la fuerza y muchas veces, actos de tortura que han
sido constadas por distintas organizaciones.
Violencia sexual de Carabineros
Marta Cisternas, de los Observadores de Derechos Humanos, quienes se
han constituido en las marchas para fiscalizar, denunció además el uso
de violencia sexual de uniformados en contra de menores de edad en las
movilizaciones estudiantiles.
“Queremos denunciar el maltrato físico y sexual dirigido hacia
menores de edad. Hemos visto escolares manoseadas, hemos recibido
denuncias de mujeres que han sido golpeadas en sus pechos y vaginas
(adolescentes y adultas). Hay menores que han sido desnudadas en las
comisarías a vista de sus compañeros y carabineros. También hemos visto
detenciones con maltratos y torturas. Sabemos de posiciones obligadas y
privación de libertad, sin información a ningún tribunal”, indicó Marta
Cisternas.
Para José Miguel Guzmán del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos
(CINTRAS) afirmó que, luego de realizar controles a menores detenidos
en las marchas, se pueden constatar claros síntomas de estrés post
traumático e inhibición en la resolución de movilizarse “es lo que
persigue la tortura”, advirtió.
Por todas estas razones, se llegará entonces el día viernes 28 a la
Comisión Interamericana a exponer estos casos, además de presentar
diversas querellas individuales por parte de estas organizaciones ante
la justicia nacional e internacional....
Fuente, vìa :
http://radio.uchile.cl/noticias/127345/
http://radio.uchile.cl/noticias/127345/
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