Las versiones de prensa que se han conocido
hacen referencia a un ataque de narcotraficantes que tenían cuentas
pendientes con el dueño de la finca atacada, en el norteño departamento
guatemalteco de Petén.
Más precisamente, le atribuyen el ataque -que
dejó el trágico saldo de 27 jornaleros rurales asesinados- a un grupo
denominado Z200, que sería un ramal de los Zetas, originarios de México,
fronterizo con esta zona de Guatemala.
Este lunes, el presidente guatemalteco Alvaro Colom decretó el Estado de sitio por los próximos 30 días. Eso implica entre otras cosas que, dentro de ese plazo, las autoridades militares pueden detener a personas sin una orden judicial previa, y que el derecho a reunión queda severamente restringido.
Pero más allá de esta polémica respuesta gubernamental ante la masacre en la finca Los Cocos, en el municipio de Libertad, resulta significativa la lectura que hacen del triste episodio las organizaciones campesinas.
Para ellas el centro del problema es claramente otro y no se soluciona con un estado de sitio. La CLOC Vía Campesina de Guatemala señala que la muerte de campesinos inocentes refleja “una vez más” la incapacidad del Estado para garantizar “los derechos individuales y colectivos plasmados en la Constitución Política de la República de Guatemala”, entre ellos los empleos dignos.
Según afirman, estos 27 campesinos asesinados, entre ellos dos mujeres, lo único que hicieron “fue dejar a su familia, su comunidad por un tiempo para vender su mano de obra y así satisfacer las necesidades inmediatas”.
Esta tesis es avalada por el único sobreviviente a la masacre, que fue entrevistado esta semana por el matutino Prensa Libre. “Nos habían contratado por un mes y nos iban a pagar 50 quetzales (siete dólares) el día, y estábamos trabajando en la siembra de zacate (hierba para el ganado)", relató este joven de 23 años, que había llegado una semana antes a la finca en la que luego viviría una pesadilla.
La CLOC considera que estos hechos lamentables están relacionados a la “incapacidad” de los gobiernos para satisfacer las necesidades de todas las familias guatemaltecas, algo que se reflejan “en la desnutrición, pobreza, analfabetismo, hambre, desalojos violentos, quema de cultivos de campesinos, persecución y amenazas” que han caracterizado a las últimas administraciones.
Foto: www.prensalibre.com
Este lunes, el presidente guatemalteco Alvaro Colom decretó el Estado de sitio por los próximos 30 días. Eso implica entre otras cosas que, dentro de ese plazo, las autoridades militares pueden detener a personas sin una orden judicial previa, y que el derecho a reunión queda severamente restringido.
Pero más allá de esta polémica respuesta gubernamental ante la masacre en la finca Los Cocos, en el municipio de Libertad, resulta significativa la lectura que hacen del triste episodio las organizaciones campesinas.
Para ellas el centro del problema es claramente otro y no se soluciona con un estado de sitio. La CLOC Vía Campesina de Guatemala señala que la muerte de campesinos inocentes refleja “una vez más” la incapacidad del Estado para garantizar “los derechos individuales y colectivos plasmados en la Constitución Política de la República de Guatemala”, entre ellos los empleos dignos.
Según afirman, estos 27 campesinos asesinados, entre ellos dos mujeres, lo único que hicieron “fue dejar a su familia, su comunidad por un tiempo para vender su mano de obra y así satisfacer las necesidades inmediatas”.
Esta tesis es avalada por el único sobreviviente a la masacre, que fue entrevistado esta semana por el matutino Prensa Libre. “Nos habían contratado por un mes y nos iban a pagar 50 quetzales (siete dólares) el día, y estábamos trabajando en la siembra de zacate (hierba para el ganado)", relató este joven de 23 años, que había llegado una semana antes a la finca en la que luego viviría una pesadilla.
La CLOC considera que estos hechos lamentables están relacionados a la “incapacidad” de los gobiernos para satisfacer las necesidades de todas las familias guatemaltecas, algo que se reflejan “en la desnutrición, pobreza, analfabetismo, hambre, desalojos violentos, quema de cultivos de campesinos, persecución y amenazas” que han caracterizado a las últimas administraciones.
Foto: www.prensalibre.com
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