Por
su lado los fondos privados de pensiones, controlados por los grupos
financieros del país, mejoran el negocio cerrando las puertas al sistema
público de pensiones, lo que significa que continúan trabajando con el
ahorro de los trabajadores, después de explotarlos durante su vida
laboral, un negocio redondo que en cualquier momento lo pueden declarar
en quiebra, tal como ocurrió hace unos años con el fondo pensional de la
Seguridad Social, la caja menor del gobierno. Así de dinámico es el
capitalismo salvaje y desalmado.
La actitud que
tome el vicepresidente Angelino Garzón, puede resultar definitiva en
esta reforma, porque según sus palabras “se necesita un gran debate
nacional sobre todo el sistema pensional, con la perspectiva de
construir un gran pacto nacional con participación de sindicatos,
empresarios, pensionados, partidos políticos con representación
parlamentaria, fondos privados de pensiones, el Seguro Social y el
Gobierno. Las pensiones no es solamente un tema de edad: está ligado a
una política de empleo y reducción de la informalidad laboral”. Eso es
válido si hay claridad respecto al futuro del pensionado, y no al
interés mezquino de quienes administran el ahorro de los trabajadores.
Según
un informe de la Escuela Nacional Sindical, Colombia está lejos de ser
un Estado Social, entre otras razones porque de cada 100 trabajadores,
escasamente 30 están afiliados y cotizan para algún día pensionarse. El
tema a tener en cuenta en el debate pensional, es la necesidad de
replantear los dividendos de la plusvalía para que el trabajador
devengue un salario digno, y lo vea reflejado en la mesada pensional; un
sistema salarial que cubra los gastos del trabajador y su familia, lo
que es imposible con la actual política salarial.
Pero
¿qué ocurre en la realidad social colombiana?, que la desigualdad
salarial es alarmante porque existe una clase empresarial a la que le
gustaría implantar un sistema feudal como en la Edad Media, el
servilismo y la explotación llevados a su máxima expresión. La otra
realidad es que el 58 por ciento de las personas en edad laboral,
trabaja en la economía informal, con el agravante de que los ingresos
están por debajo del salario mínimo y la mayoría no puede cotizar para
pensión. El desempleo es del 12 por ciento, el más alto de América
Latina y por encima del promedio global que es el 7 por ciento, el cual
aumenta entre la juventud. La situación se agrava cuando se pierde el
trabajo, como consecuencia de la inestabilidad laboral y la facilidad
del despido a trabajadores que consideran incómodos, lo que revierte en
que éste no sigue cotizando, pues no tiene recursos para hacerlo, como
sí ocurre en algunos países donde el Estado Social de Derecho reconoce
un subsidio de desempleo.
Es responsabilidad
del Estado las precarias condiciones de contratación que incluso el
gobierno practica y están imponiendo en el mercado laboral, cuya
consecuencia es que los cotizantes no llegan al 60 por ciento, de tal
manera que quienes tienen un contrato temporal, por prestación de
servicios o por cooperativas de trabajo social, generalmente no cotizan
al sistema de pensiones. La situación es más difícil para el adulto
mayor, según el informe del MPS al Congreso de la República, en mayo de
2010 había en Colombia 1´459.768 personas pensionadas. Pero no todos
eran adultos mayores, porque en las pensiones se incluyen las de vejez,
invalidez y sobrevivientes. Realmente, el porcentaje de adultos (de más
de 55 años) que recibe estas pensiones es el 82 por ciento, y
corresponde a 1´226.530 personas. Lo que significa que frente a una
población adulta mayor de 6´288.233, estimada por el DANE para el 2010,
sólo el 19.5 por ciento recibía alguna pensión. Es decir que, si el 80
por ciento de la población adulta mayor no cuenta con una renta o la
solidaridad de su familia, su situación sería la indigencia; situación
que se agrava en un futuro cercano, pues mientras la población adulta
mayor crece a una tasa anual del 4 por ciento, los pensionados lo hacen
al 2 por ciento.
El informe del MPS ante el
Congreso se refiere a dos tipos de políticas, que son parte de los
programas de atención a las poblaciones vulnerables. Durante el 2009 se
giraron 4´882.712 subsidios por valor de $304.059 millones, y se alcanzó
una cobertura de 549.956 adultos mayores beneficiados desde diciembre
de 2003 hasta diciembre de 2009. En 2010, la cobertura alcanzó la cifra
de 573.472 adultos mayores. A estos programas hay que agregar el
programa de alimentación para el Adulto Mayor, que desarrolla el ICBF,
que consiste en la entrega de un complemento alimentario, sin embargo,
son baños de agua tibia ante la traumática realidad, porque apenas
beneficia al 10.8 por ciento, y con esa ayuda los beneficiados pagarían
el costosísimo transporte de Transmilenio, que por cierto, debería ser
un servicio gratuito para el adulto mayor, en cualquier Estado Social de
Derecho.
Es una política de marginalidad, que
está lejos de garantizar el respeto a la dignidad humana que fundamenta
el Estado Social. Tampoco cumple con el mandato constitucional que en el
artículo 42 indica que es deber del Estado (también de la sociedad y la
familia) la protección y la asistencia de la tercera edad, promover su
integración a la vida activa y comunitaria. Si la reforma anunciada no
aborda la baja cobertura de cotizantes y la desprotección en que se
encuentra el 80% de la población adulta mayor, sólo hará más difícil el
acceso a este derecho. Cualquier sistema pensional será inútil si no
aborda las reformas de 1993 cuyo objetivo fue aumentar la edad y
semanas de cotización, recortar la mesada pensional y eliminar los
regímenes acordados en negociaciones colectivas. Además de entregar al
sector privado el 70 por ciento de los afiliados al régimen de prima
media, pero no resolvieron los bajos niveles de cotización, ni la
situación de exclusión social.
Y qué decir de
la inequidad social y la falta de conciencia al respecto, cuando hasta
los representantes de la justicia se amparan en regímenes especiales que
el resto de colombianos no tienen; igual ocurre con congresistas y
magistrados que se pensionan anticipadamente con pensiones millonarias y
por las cuales no han aportado la cotización que las sustente. Así lo
explicó la revista SEMANA al denunciar el carrusel de nombramientos que
se presentan en el Consejo de la Judicatura: “Los funcionarios de la
rama judicial tienen unos privilegios muy particulares en materia de
pensiones. A diferencia de los demás colombianos, a quienes el Seguro
Social les calcula su pensión con los últimos diez años cotizados, los
de la rama judicial se jubilan con el salario más alto del último año en
que trabajaron” ¡Qué maravilla de justicieros tenemos! El impacto
económico de esas pensiones, sobre las finanzas del Estado, es
demoledor. Si se pagara el costo de una pensión (lo que los
especialistas llaman valor actuarial), el
total de la mesada
de quien cotizó sobre un salario mínimo sería de $110 millones, mientras
que la de un magistrado auxiliar sería de $3.500 millones. Con la Ley
100, se debilitó este sistema, hasta el punto de que los fondos privados
de pensiones manejan más de $90 billones y tienen sólo 37.672
pensionados, en tanto que los colombianos tenemos que aportar una suma
cada vez mayor para ayudar a financiar las pensiones de 1´459.768
personas, entre ellas las pensiones millonarias de los que reformaron el
sistema pensional a favor del sector financiero.
Razón
tiene el Vicepresidente Angelino Garzón, al considerar necesario un
pacto social desde el que se construya un sistema pensional, y así
evitarle a la población adulta mayor un futuro mendigante y mezquino,
que sólo se puede lograr desde el diálogo, porque es ante todo un
derecho humano, como la vida, la cultura o la libertad de expresión. El
objetivo de la reforma podría ser la restitución del sistema pensional
como patrimonio público, y no para fortalecer al sistema financiero. Que
sea el Estado quien maneje los recursos que están en manos del sector
privado, y así no habrá necesidad de que del presupuesto nacional se
tengan que financiar pensiones. Es de tomar como referente a países como
Chile, Argentina y Uruguay, donde establecieron este derecho para la
población adulta mayor.
Pero ¿qué ocurre en
Colombia? que es el país de América Latina con mayor inequidad social y
entre los países más desiguales del mundo, y se corre el riesgo de ser
el primero; porque la tendencia es: no desconcentrar el ingreso, si se
tiene en cuenta como lo señala Fedesarrollo, que mientras el (PIB) y el
gasto público se multiplicaron por dos en los últimos veinte años, la
pobreza extrema se redujo en un dos por ciento, pues demagógicamente
dicen que hacen mucho para enfrentar la pobreza, pero muy poco para
mermar la desigualdad, y el resultado es que la reducción de la pobreza
está por debajo del promedio latinoamericano.
¿Por
qué se da este complejo ‘sinónimo’? Aquí no aplica la regla de tres ni
la raíz cuadrada. Además de la situación social, cuenta la gigantesca
brecha de los ingresos entre empresarios y trabajadores; entre
funcionarios públicos y contribuyentes trabajadores (que son sus jefes
reales porque son los electores). Sin ir más lejos: si hacemos un
salario de nóminas en el Congreso, encontraremos que sus ‘señorías’ se
‘apoltronan cómodamente’ a ganarse una mensualidad que supera en 30 o 40
veces más el salario de la persona que le mantiene limpio su espacio de
trabajo (si es que trabajan sus señorías), que tal vez es la que le
sirve los tintos o mantiene pendiente de sus olvidos… ¿Así cuándo puede
haber igualdad social?
De otra parte están
‘los cacaos’, de la distinguida ‘sociedad’. La desigualdad es ante todo
un problema del modelo económico que toca muchos intereses y por ahora
no existe un proyecto político dispuesto a enfrentar el problema, porque
según los economistas ortodoxos capitalistas “el crecimiento económico
se encarga de resolver el problema de la pobreza y la desigualdad”; una
ecuación que en la praxis no funciona en Colombia, si el 10 por ciento
de los más ricos se queda con el 50 por ciento del PIB, mientras el 10
por ciento de los más pobres apenas reciben las migajas del 0,6 por
ciento. Y si tenemos en cuenta que los afortunados de la franja pobre
que tienen trabajo mantiene a seis personas en promedio, en tanto que
los privilegiados de la pirámide capitalista sostiene a dos ¿cuándo
podrá haber igualdad social?
Fuente, vìa, post original de :
http://www.argenpress.info/2011/05/colombia-el-expolio-del-sistema.html
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario