Diario Red Digital
La “Gran Reforma” a
la salud anunciada por Piñera, lleva su sello distintivo: el doblez y la
hipocresía. Medidas efectistas y populistas, como la creación de la
Agencia Nacional de Medicamentos, la venta de remedios en dosis
unitarias, la prescripción de remedios con su nombre genérico, y nuevas
patologías en el Plan AUGE, encubren el objetivo de fondo, de típico
cuño neoliberal: ajuste por el lado de las remuneraciones, introducción
de nuevos factores de flexibilidad laboral y transferencia de recursos
públicos al sector privado.
La contrarreforma privatizadora del Gobierno sigue el patrón conocido: satura el ambiente comunicacional con anuncios efectistas pero de bajo impacto, a los que nadie podría oponerse; para pasar de contrabando las medidas de fondo, que debilitan tal vez de modo irreversible el derecho a la salud, entendido éste como la obligación del Estado de garantizar la salud a toda la población, sin distingos de condición económica o social.
Entre el primer grupo de medidas, que evidentemente favorecen al usuario, o si se prefiere, al cliente, en forma individual, pero que tienen un impacto marginal, pueden mencionarse el proyecto de ley nacional de fármacos, mediante el cual las personas podrán comprar medicamentos en forma unitaria, lo cual le permitirá ahorrar el costo excedente de determinado tratamiento; la obligación a los médicos de prescribir medicamentos con el nombre del principio activo del producto, es decir, el identificador genérico, lo cual contribuiría a evitar compromisos comerciales entre médicos y laboratorios y bajar los costos de los medicamentos para los usuarios; la venta de medicamentos que no requieren receta en comercios distintos a las farmacias; el aumento de patologías cubiertas por AUGE, y el incentivo a cambios de hábitos, con programas como Elige Vivir Sano.
Hasta ahí, todo perfecto en el mejor de los mundos. Nadie podría oponerse a ese tipo de medidas porque favorecen la posición del usuario en tanto consumidor, verbigracia, podrían significar bajas en sus costos, que aunque menores, no se pueden desdeñar.
Pero de ahí en adelante, viene, literalmente, la letra chica.
En el comunicado oficial, se anuncia así:
“El Presidente llamó al Parlamento a retomar la discusión de aquellas materias que aún permanecen pendientes y no han sido resueltas. “Quiero hacer un llamado a los parlamentarios. Tenemos una ley de derechos y deberes del paciente, que está diez años en el Congreso y que no avanza, que es una parte importante, porque fija, si queremos involucrar a los pacientes, tenemos que establecer con claridad cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes”.
Detrás de ese anuncio ampuloso, coexisten proyectos tales como la reforma a la atención primaria y el plan garantizado de salud para usuario de Isapres.
El sentido de dichas medidas lo entrega el Ministro de Salud en el diario La Segunda:
“La idea es llegar con la libre elección a los cuatro millones 200 mil personas más pobres, que cotizan en el nivel A, las cuales sólo pueden ser atendidos en recintos hospitalarios que les son designados”.
Más claro aún fue unas líneas más adelante: “lo que queremos es lograr grados crecientes de libertad de elección”, para no dejar lugar a dudas con el siguiente ejemplo:
“Si tenemos un invierno duro este año, y tenemos grados importantes de influenza humana, dar la posibilidad de que personas que obli8gadamente tenían que ir al consultorio municipal, puedan ir a otro lugar”.
En suma, la consagración legal del “voucher”, bono portable o subsidio a la demanda, objetivo larga y obstinadamente perseguido por el modelo neoliberal.
En otras palabras, cualquier persona, sea usuaria del sistema Isapre, o beneficiaria de Fonasa, podrá atenderse en un hospital público o una lujosa clínica privada. Si el hospital público, como es presumible, está atestado y sobrepasado en su capacidad, esa persona podrá exigir atención en una clínica privada, que la deberá suministrar por obligación, naturalmente con cargo al subsidio público.
Más claro todavía: en lugar de centralizar los recursos para financiar un sistema público de salud capaz de asumirla como un derecho, la contrarreforma de Piñera busca, a través del “voucher” o subsido a la demanda, transferir cuantiosos recursos públicos a un sector privado insaciable, guiado por criterios de estricta rentabilidad.
Alguien podría observar que ello carecería de importancia, en la medida en que el hospital público o la clínica privada aseguraran la debida atención del paciente. Y ese es precisamente el meollo del asunto: un sistema público de salud, financiado con esquemas tributarios progresivos, donde paguen más los que tienen más, es por definición más económico y eficiente que un sector privado cuyo objetivo no es la salud de la población, sino su balance en números azules.
Por lo demás, no se sueñe con que las clínicas privadas van a atender pacientes que no les garanticen determinados criterios de rentabilidad, como demuestra la práctica del “descreme” o discriminación por riesgo, en el actual sistema de Isapres.
El segundo objetivo de esta contrarreforma apunta a una de las concepciones más clásicas del modelo neoliberal: hacer del ingreso de los profesionales y trabajadores del sector la variable de ajuste, e introducir pausada pero metódica e incansablemente, nuevos patrones de flexibilidad laboral.
El anuncio oficial de Piñera lo encubre de la siguiente manera:
“Hemos hecho un esfuerzo muy grande también en formación de especialistas, porque no basta con tener la infraestructura, los hospitales, los quirófanos o los pabellones si no está el personal capacitado, los especialistas, los médicos especialistas. Un enorme esfuerzo para aumentar la formación en aquellas áreas en donde sabemos que tenemos déficit de especialistas”.
Ciertas mayores luces subyacen en la versión de El Mercurio:
“Aparte de los cambios en materia de fármacos, los otros ejes de la reforma propuesta por el Presidente en Salud son el incentivo a cambios de hábitos (con programas como Elige Vivir Sano), centrar la atención de Salud en las personas (incluidos cambios profundos en el sistema de atención primaria) y calidad en la gestión de hospitales (acreditación y mejora en los cargos de las direcciones de los servicios de salud)”.
Pero parece que en esta oportunidad, la estrategia comunicacional eligió al diario La Segunda, para pasar el grueso del contrabando. Así por ejemplo, la acreditación de hospitales busca “garantizar la calidad del servicio entregado”; el cambio de perfil de los directores de salud, apunta a “buscar profesionales con capacidad demostrada en administración de empresas complejas; e introducir incentivos económicos al sueldo de los profesionales, significa “contratar a los profesionales de la salud con una remuneración fija pequeña, pero con un gran incentivo económico vinculado al cumplimiento de medidas sanitarias como reducción de las listas de espera, encuestas de satisfacción de los usuarios y cumplimientos de horas a los pacientes”.
En pocas palabras, transferir recursos a las empresas, reducir el ingreso de los trabajadores y profesionales, y endosarles a éstos el costo de los déficit de calidad, que el sistema, por definición, genera.
Mayores detalles se conocerán con el envío de los proyectos específicos, pero desde ya se anticipar que aquellos parlamentarios de la Concertación que respalden con sus votos semejante monstruosidad, no sólo lo cargarán sobre sus conciencias, sino también en sus responsabilidades ante la historia.
Fuente, vìa :
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=128353
La contrarreforma privatizadora del Gobierno sigue el patrón conocido: satura el ambiente comunicacional con anuncios efectistas pero de bajo impacto, a los que nadie podría oponerse; para pasar de contrabando las medidas de fondo, que debilitan tal vez de modo irreversible el derecho a la salud, entendido éste como la obligación del Estado de garantizar la salud a toda la población, sin distingos de condición económica o social.
Entre el primer grupo de medidas, que evidentemente favorecen al usuario, o si se prefiere, al cliente, en forma individual, pero que tienen un impacto marginal, pueden mencionarse el proyecto de ley nacional de fármacos, mediante el cual las personas podrán comprar medicamentos en forma unitaria, lo cual le permitirá ahorrar el costo excedente de determinado tratamiento; la obligación a los médicos de prescribir medicamentos con el nombre del principio activo del producto, es decir, el identificador genérico, lo cual contribuiría a evitar compromisos comerciales entre médicos y laboratorios y bajar los costos de los medicamentos para los usuarios; la venta de medicamentos que no requieren receta en comercios distintos a las farmacias; el aumento de patologías cubiertas por AUGE, y el incentivo a cambios de hábitos, con programas como Elige Vivir Sano.
Hasta ahí, todo perfecto en el mejor de los mundos. Nadie podría oponerse a ese tipo de medidas porque favorecen la posición del usuario en tanto consumidor, verbigracia, podrían significar bajas en sus costos, que aunque menores, no se pueden desdeñar.
Pero de ahí en adelante, viene, literalmente, la letra chica.
En el comunicado oficial, se anuncia así:
“El Presidente llamó al Parlamento a retomar la discusión de aquellas materias que aún permanecen pendientes y no han sido resueltas. “Quiero hacer un llamado a los parlamentarios. Tenemos una ley de derechos y deberes del paciente, que está diez años en el Congreso y que no avanza, que es una parte importante, porque fija, si queremos involucrar a los pacientes, tenemos que establecer con claridad cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes”.
Detrás de ese anuncio ampuloso, coexisten proyectos tales como la reforma a la atención primaria y el plan garantizado de salud para usuario de Isapres.
El sentido de dichas medidas lo entrega el Ministro de Salud en el diario La Segunda:
“La idea es llegar con la libre elección a los cuatro millones 200 mil personas más pobres, que cotizan en el nivel A, las cuales sólo pueden ser atendidos en recintos hospitalarios que les son designados”.
Más claro aún fue unas líneas más adelante: “lo que queremos es lograr grados crecientes de libertad de elección”, para no dejar lugar a dudas con el siguiente ejemplo:
“Si tenemos un invierno duro este año, y tenemos grados importantes de influenza humana, dar la posibilidad de que personas que obli8gadamente tenían que ir al consultorio municipal, puedan ir a otro lugar”.
En suma, la consagración legal del “voucher”, bono portable o subsidio a la demanda, objetivo larga y obstinadamente perseguido por el modelo neoliberal.
En otras palabras, cualquier persona, sea usuaria del sistema Isapre, o beneficiaria de Fonasa, podrá atenderse en un hospital público o una lujosa clínica privada. Si el hospital público, como es presumible, está atestado y sobrepasado en su capacidad, esa persona podrá exigir atención en una clínica privada, que la deberá suministrar por obligación, naturalmente con cargo al subsidio público.
Más claro todavía: en lugar de centralizar los recursos para financiar un sistema público de salud capaz de asumirla como un derecho, la contrarreforma de Piñera busca, a través del “voucher” o subsido a la demanda, transferir cuantiosos recursos públicos a un sector privado insaciable, guiado por criterios de estricta rentabilidad.
Alguien podría observar que ello carecería de importancia, en la medida en que el hospital público o la clínica privada aseguraran la debida atención del paciente. Y ese es precisamente el meollo del asunto: un sistema público de salud, financiado con esquemas tributarios progresivos, donde paguen más los que tienen más, es por definición más económico y eficiente que un sector privado cuyo objetivo no es la salud de la población, sino su balance en números azules.
Por lo demás, no se sueñe con que las clínicas privadas van a atender pacientes que no les garanticen determinados criterios de rentabilidad, como demuestra la práctica del “descreme” o discriminación por riesgo, en el actual sistema de Isapres.
El segundo objetivo de esta contrarreforma apunta a una de las concepciones más clásicas del modelo neoliberal: hacer del ingreso de los profesionales y trabajadores del sector la variable de ajuste, e introducir pausada pero metódica e incansablemente, nuevos patrones de flexibilidad laboral.
El anuncio oficial de Piñera lo encubre de la siguiente manera:
“Hemos hecho un esfuerzo muy grande también en formación de especialistas, porque no basta con tener la infraestructura, los hospitales, los quirófanos o los pabellones si no está el personal capacitado, los especialistas, los médicos especialistas. Un enorme esfuerzo para aumentar la formación en aquellas áreas en donde sabemos que tenemos déficit de especialistas”.
Ciertas mayores luces subyacen en la versión de El Mercurio:
“Aparte de los cambios en materia de fármacos, los otros ejes de la reforma propuesta por el Presidente en Salud son el incentivo a cambios de hábitos (con programas como Elige Vivir Sano), centrar la atención de Salud en las personas (incluidos cambios profundos en el sistema de atención primaria) y calidad en la gestión de hospitales (acreditación y mejora en los cargos de las direcciones de los servicios de salud)”.
Pero parece que en esta oportunidad, la estrategia comunicacional eligió al diario La Segunda, para pasar el grueso del contrabando. Así por ejemplo, la acreditación de hospitales busca “garantizar la calidad del servicio entregado”; el cambio de perfil de los directores de salud, apunta a “buscar profesionales con capacidad demostrada en administración de empresas complejas; e introducir incentivos económicos al sueldo de los profesionales, significa “contratar a los profesionales de la salud con una remuneración fija pequeña, pero con un gran incentivo económico vinculado al cumplimiento de medidas sanitarias como reducción de las listas de espera, encuestas de satisfacción de los usuarios y cumplimientos de horas a los pacientes”.
En pocas palabras, transferir recursos a las empresas, reducir el ingreso de los trabajadores y profesionales, y endosarles a éstos el costo de los déficit de calidad, que el sistema, por definición, genera.
Mayores detalles se conocerán con el envío de los proyectos específicos, pero desde ya se anticipar que aquellos parlamentarios de la Concertación que respalden con sus votos semejante monstruosidad, no sólo lo cargarán sobre sus conciencias, sino también en sus responsabilidades ante la historia.
Fuente, vìa :
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=128353
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