Durante los últimos años hemos visto
cómo se ha ido agudizando una política de represión hacia las luchas
sociales, por medio de la persecución, encarcelamiento, judicialización y
criminalización de muchas personas y organizaciones que levantan la voz
contra las injusticias de este sistema, todo lo cual nos motiva a
plantear nuestra posición política frente al tema, en especial frente al
actual escenario de lucha de las y los presos sociales y políticos.
Por lo tanto, nosotros como Federación Comunista Libertaria, declaramos:
1. Comprendemos que la actual política
de represión, hacia diversos sectores que protestan contra las
injusticias, se enmarcan dentro del rol histórico que ha mantenido el Estado chileno,
garantizando un orden de cosas a favor de la clase dominante,
favoreciendo la inversión de los grandes actores económicos y barriendo
con cualquier tipo de oposición a sus planes de expansión e incremento
de las ganancias, a costa de los sectores dominados.
2. El actual orden jurídico enmarcado en la Constitución de 1980,
es un claro instrumento de represión hacia las y los que luchan. En
este sentido, la llamada “Ley anti terrorista” se ha convertido en una
de las principales armas del Estado chileno para criminalizar y someter
la protesta social.
3. Observamos que en los últimos años se
sigue una política represiva de parte del Estado chileno y los sectores
dominantes, particularmente agresiva, la cual implica:
a) El seguimiento de las actividades, y
por lo tanto el hostigamiento hacia diversas expresiones sociales y
políticas de oposición hacia este sistema de injusticias.
b) La persecución judicial hacia las
personas y organizaciones más visibles y simbólicamente más
perturbadoras para el “orden público”: mapuche, anarquistas y
antiautoritarios.
c) El hostigamiento, persecución y
encarcelación de ex presas y presos políticos militantes de
organizaciones políticas revolucionarias (FPMR, Lautaro, MIR), lo que demuestra una clara intención revanchista del Estado chileno.
d) La difamación por parte de las
autoridades y de la prensa, de las diversas reivindicaciones, demandas y
propuestas de cambio social.
Esta política de Estado es notoriamente articulada desde el Ministerio del Interior,
con la colaboración de otros actores estatales y no estatales, y
representa un verdadero peligro para todos quienes se plantean la
organización y la lucha por las transformaciones sociales más anheladas.
4. Siguiendo esa política de Estado, vemos que la Fiscalía y el Ministerio Público
montan procesos judiciales completamente irracionales, al límite de su
propia legalidad, que terminan con penas extremadamente duras, con el
objetivo de entregar un mensaje aleccionador a la población: “cualquier
disidencia será castigada con todo el peso de la ley”.
Un ejemplo de ello, fue lo sucedido en el caso del militante del PC, del Movimiento Continental Bolivariano y del Movimiento de Solidaridad por la Paz en Colombia, Manuel Olate, al cual se le ha intentado vincular con las Farc-EP.
A Olate se le imputa ser un enlace entre el movimiento insurgente y
fracciones radicalizadas del movimiento mapuche, lo cual hasta el
momento no ha sido comprobado por falta de pruebas.
Este tipo de persecución política es
particularmente clara, en los procesos judiciales montados contra las
organizaciones y comunidades Mapuche. En numerosas
ocasiones se han utilizado testigos sin rostro y pagados, con vicios
procesales evidentes, incluso con diversas prácticas de tortura hacia
los acusados con el fin de arrancarles supuestas confesiones o pruebas.
Todo esto apunta hacia el máximo endurecimiento de las penas, lo cual
tiene un evidente contenido político en contra de las reivindicaciones
del pueblo mapuche. Frente a esta situación, los presos políticos
mapuche recluidos en Cañete (Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche), llevan adelante una huelga de hambre desde el 15 de marzo.
También se ha seguido este
comportamiento, en el llamado “caso bombas”, en el que incluso a la
Fiscalía se le permitió extender el período de investigación por más de 7
meses, sin tener pruebas contra los imputados, manteniéndolos
encarcelados todo este tiempo y en las peores condiciones posibles. Como
medida de presión las y los compañeros sostienen una huelga de hambre
que se extiende desde el 21 de febrero, la que ha sido acompañada por
diversas movilizaciones de apoyo en diversos lugares, dentro y fuera del
país. Recién el día 4 de abril la Fiscalía Sur presentó ante el Octavo Juzgado de Garantía el libelo acusatorio, en donde se exigen penas para las y los imputados que van desde los 10 años hasta la prisión perpetua.
La dimensión del montaje ha llegado a tal punto, que “sospechosamente” una bomba estalló en el interior de las oficinas de la Defensoría Popular
(grupo de abogados de los imputados), a solo 4 días de una vital
audiencia; oportunidad que cayó como anillo al dedo a la Fiscalía, quien
tuvo acceso directo a las carpetas de la defensa. Como si no fuera
suficiente, las autoridades han decidido premiar al fiscal Alejandro Peña, integrándolo a la Subsecretaría del Interior, en donde formará parte de un equipo que asesorará al Gobierno en materia de seguridad. Esta es una clara señal de la línea represiva que impulsará el Estado hacia el movimiento social.
5. Hacemos un llamado a todas las
organizaciones sociales y políticas, a los sindicatos, organizaciones de
estudiantes y de pobladores, a pronunciarse y manifestarse contra la
política represiva del Estado, participando activamente en las diversas
movilizaciones convocadas por la libertad de todas y todos los presos
políticos, por el fin de la ley anti terrorista y los montajes
político-judiciales. Al mismo tiempo proponemos la articulación de las
distintas organizaciones y sectores afectados, para hacer fuerza común
contra la prisión política y la criminalización de la protesta social.
Solo la construcción de un pueblo fuerte y organizado podrá brindar la
posibilidad de frenar las ofensivas represivas del Estado-Capital y
allanar el camino hacia el socialismo y la libertad.
¡Libertad Inmediata a Todas y Todos los Presos Políticos!
¡Ninguna Lucha sin Solidaridad!
¡Arriba las y los que Luchan!
Federación Comunista Libertaria – Chile
6 de abril de 2011
Texto -de origen externo- incorporado a este sitio web por (no es el autor):
Cristián Andrés Sotomayor DemuthVìa :
http://www.elciudadano.cl/2011/04/06/por-la-libertad-de-todas-y-todos-los-presos-politicos-contra-la-represion-de-la-protesta-social/
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