"El problema de las hidroeléctricas en San Marcos es serio. El caso de don Lorenzo Ramírez y el de otras diez autoridades comunitarias son un claro ejemplo de la impunidad con la que actúan las empresas y el Estado para beneficiar este tipo de proyectos".
Don Lorenzo Ramírez Rodríguez cumplió 75 años de edad, es autoridad comunitaria, también es uno de los once presos políticos de ese departamento por defender el agua. Los últimos dos años y tres meses de su vida los ha vivido en el interior de una celda de la Granja Penal de Cantel, en la ciudad de Quetzaltenango.
En su piel morena, en sus manos y en su rostro se marcan ya los surcos como un reflejo del trabajo y de la edad ya avanzada. Su cabello blanco también da ese testimonio. A raíz de la detención, don Lorenzo sufrió fuertemente la pérdida de la vista en su ojo izquierdo, y su estado de salud empeoró drásticamente por permanecer 753 días preso.
Once son los presos políticos de San Marcos: Marco Tulio Pérez Pablo, Simeón Mauricio Guzmán, Bruno Emilio Solíz Pérez, María Maribel Díaz Gómez, Nery Edilmar Santos López, Plutarco Irineo Clemente Pérez, Heriberto Evelio Santos López, Fausto Sánchez Roblero, Alfonso Chilel Hernández y Oscar Sánchez Morales, autoridad ancestral del Consejo Mam Te Txe Chman, y finalmente don Lorenzo quedó en libertad recientemente, el día 18 de febrero 2017.
Su único delito fue ser el Alcalde Comunitario de su pueblo, seguir el mandato comunitario y oponerse a la construcción de la hidroeléctrica sobre el río Salá.
¿Qué sucedió con don Lorenzo?
Don Lorenzo, un anciano ya, tiene el reconocimiento como autoridad en su comunidad. Él se convirtió en el enemigo inmediato de la empresa Hidroeléctrica Salá, una empresa propiedad de Raúl Minondo Ayau (columnista en el Periódico). Este personaje, al igual que su familia, proviene de la extrema derecha del Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Ha participado en distintas dictaduras militares y son parte además del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) [1].
La detención de don Lorenzo se realizó el 27 de enero de 2015. Los trabajadores de Hidroeléctrica Salá lo acusaron de varios delitos. La empresa inmediatamente se querelló en esta acusación y no encontró dificultad alguna para que la Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) y los juzgados en San Marcos los beneficiaran con la detención injustificada, el encarcelamiento y finalmente con la condena de la autoridad comunitaria.
Don Lorenzo fue condenado a 5 años con 4 meses de cárcel por los supuestos delitos de Detención ilegal y Coacción contenidos en la causa 386-2014, acusación hecha por varios trabajadores de la hidroeléctrica.
Pero finalmente la Sala de Apelación resolvió a favor del alcalde comunitario. Declaró sin lugar la apelación presentada por los abogados de la empresa y sus trabajadores, y dio a lugar la apelación planteada por el abogado Fredy Ramos Godínez, abogado defensor de don Lorenzo. A través de esta resolución se modificó la condena a dos años y tres meses conmutables, y la suspensión condicional de la pena [2].
Don Lorenzo volvió a su comunidad, y espera el mes de abril de este año para asistir a una cirugía en su ojo, misma que fue postergada por más de cuatro meses mientras estuvo en la cárcel.
La corrupción en los ministerios:
El problema de las hidroeléctricas en San Marcos es serio. El caso de don Lorenzo Ramírez y el de otras diez autoridades comunitarias son un claro ejemplo de la impunidad con la que actúan las empresas y el Estado para beneficiar este tipo de proyectos. En 2015, la familia Ayau fue beneficiada con la ampliación de la construcción de la hidroeléctrica por otros 50 años. Ese convenio fue firmado por el ex ministro de Energía y Minas, el empresario Erick Archila Dehesa, ahora prófugo de la justicia guatemalteca por participar en las redes de corrupción junto al ex presidente Otto Pérez Molina.
Vaya corrupción la del gobierno de Partido Patriota, cientos de licencias de construcción de mineras e hidroeléctricas fueron otorgadas por ese gobierno, además de los casos de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) o el caso Odebrecht que implica a funcionarios públicos en sobornos para beneficiar a empresas.
Siguen detenidos más presos políticos:
Don Fausto Sánchez Roblero, también autoridad comunitaria, fue detenido por la misma causa penal de don Lorenzo. Este caso está a la espera de que se firme la sentencia absolutoria a favor de don Fausto, misma que fue confirmada por la Sala de Apelaciones.
Las injusticias continúan. Tres presos políticos fueron condenados a dos años y dos meses de prisión. Esa condena ya fue cumplida por ellos, con el reconocimiento de un buen comportamiento dentro de la prisión, pero el tribunal se negó a beneficiarlos con la reducción de la pena. Contradictoriamente ya la cumplieron y la Sala de Apelaciones no ordenó que fueran liberados inmediatamente. Incomprensiblemente continúan en la cárcel, lo más terrible de esta historia de criminalización y prisión política para las comunidades en San Marcos es que María Maribel, una mujer comunitaria, está presa injustamente.
La historia de nunca acabar:
Actualmente en el país se vive un contexto de negación al reconocimiento del ejercicio de la autoridad comunitaria. La criminalización y la persecución penal de las autoridades comunitarias y ancestrales, como lo que sucedió en San Marcos y en el territorio norte de Huehuetenango, son un reflejo de irrespeto del rol y papel hacia las autoridades comunitarias. La prisión política se convirtió en una forma de castigo ejemplar para que las comunidades indígenas y mestizas no se opongan al modelo de despojo.
Para el abogado Édgar Pérez del Bufete de Derechos Humanos y para el abogado Ramón Cadena, los operadores de justicia están aplicando el Derecho Penal del Enemigo, como una doctrina judicial en contra de las autoridades comunitarias. A esto se suman las denuncias de la posible cooptación de los operadores de justicia en distintas regiones del país.
Por eso es que en los próximos días estarán los abogados Belisario Dos Santos (Brasil) y Jaime Araújo Rentería (Colombia), del 20 al 24 de febrero, como parte de una misión internacional de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) en el país, para verificar la situación legal y de derechos humanos de todos los presos políticos de San Marcos.
Notas:
[1] El Observador. Un repaso a los Planes Energéticos en Guatemala: ¿Quiénes son los dueños de las hidroeléctricas? Luis Solano (ver aquí)
[2] Con información del proceso penal de los Presos Políticos de San Marcos. Wolfgang Krenmayr
Investigador social y analista. Febrero 2017
Fuente y foto: Prensa Comunitaria
vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Guatemala_-_San_Marcos_El_Poder_de_las_hidroelectricas_contra_la_autoridad_comunitaria
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