Por iniciativa de diversas organizaciones sociales y bajo la convocatoria de la CGTP, el próximo jueves 9 de julio tendrá lugar un Paro Nacional que enarbola diversas banderas. De todas ellas, quizá cuatro podrían ser propiamente las más rescatables: la defensa del patrimonio nacional afectado por la inversión minera y la voracidad imperial; la lucha contra la corrupción que carcome la base misma de la sociedad; el combate a la inseguridad ciudadana, y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores.
El Paro ocurre en el momento de mayor debilidad del gobierno, cuando el nivel de aprobación de Presidente Humala ha caído hasta situarse apenas en un 10%; cuando el Partido Nacionalista ha pasado a ser una minoría aislada y en derrota en el Congreso de la República; y cuando la resistencia ciudadana a los proyectos mineros en marcha ha detenido virtualmente el accionar de Yanacocha en Conga, y el de Southern en Tía María.
También, claro, cuando ha arreciado al extremo la campaña liquidadora desplegada por la derecha más reaccionaria y la Mafia, empeñadas ambas en destruir la débil experiencia peruana y restaurar, a partir de julio del 2016, el Imperio de una Oligarquía envilecida y ambiciosa, que actúa a la sombra del Poder Imperial y que maniobra en su provecho más directo.
La debilidad del Presidente Humala tiene ya un buen tiempo. Conservó altos estimados ciudadanos en sus dos primeros años de gestión gubernativa, pero fue cayendo en la medida que mostró su precariedad e inconsistencia, así como su tendencia a conceder y a conciliar con los sectores más conservadores; aplicando con diligencia el “modelo” neo liberal heredado de administraciones anteriores.
La errática política del Presidente Humala era previsible. Derivaba de su falta de experiencia política, ausencia de liderazgo, carencia de organización partidaria, precariedad intrínseca y falta de decisión en los momentos cardinales de la vida nacional.
Alcanzó, sin embargo extremos mayores en los últimos doce meses, cuando a todo el cuadro de errores, se sumó una campaña desatada por el “prensa grande” orientada a demostrar que su gobierno era tan -o más- corrupto aún, que los anteriores; es decir la administración de Fujimori, Toledo y García.
La exageración de los medios de comunicación al servicio de la Mafia, que concentran casi el 80% del poder de la información escrita radial y televisada, logró su propósito.
Hoy, en efecto, hay mucha gente que simplemente repite lo que dicen los comentaristas de la Tele, o los columnistas de los diarios que actúan como una orquesta monocorde, pero bien afiatada.
Pero el propio Humala, y su entorno, han generado una situación simplemente indeseable que favorece los planes sediciosos de la reacción.
Independientemente de la línea general de concesiones aplicada por la dirección del Estado, es buen señalar que el Mandatario peruano erró en sus cálculos políticos de manera clamorosa.
Nunca pensó, Humala, que su nivel de aceptación ciudadana caería hasta el 0%. Tampoco, que le fallaría el entorno de sus colaboradores más inmediatos, como Martín Belaúnde y otros, que dedicaron su esfuerzo a aventuras de orden personal y pecuniario en lugar de identificarse con los intereses de la población.
Menos aún creyó que perdería fuerza en el Congreso de la República. Si bien es verdad que no tuvo nunca, desde un inicio, mayoría parlamentaria, es cierto que logró alcanzar el nivel de “primera minoría” en el legislativo, y construir una “mayoría” relativa en base a una política de concesiones, acomodos y acuerdos. No soñó con la eventualidad que la oposición le ganara el control y aún la presidencia del Legislativo.
No imaginó que se pusieran en evidencia procedimientos que juzgaba “reservados”, o aún “secretos”, como fondos provenientes del exterior para financiar campañas, o cuentas y depósitos en la banca europea que sin alcanzar niveles de otros, golpean la angustiada sensibilidad de los peruanos.
Y por cierto, no se le ocurrió jamás que la Oposición Parlamentaria -mediocre, corrupta y envilecida- tuviera sin embargo la capacidad de aglutinarse y unirse hasta constituir una barrera infranqueable dando nacimiento a comisiones que, más qe investigadoras, han resultado inquisidoras.
El que esa oposición haya logrado sentar en el banquillo a Nadine Heredia y convertirla de testigo a investigada, en proceso calificados de corrupción; es algo mucho mayor que lo que pensó imaginar Humala al inicio de su gestión.
Todo esto es particularmente insólito si se tiene en cuenta que quienes acusan a este gobierno de “corrupto”, “incapaz” y “represivo” sean quienes encarnan de manera directa e indubitable a los gobiernos más corruptos, incapaces y represivos de la historia del Perú Republicano.
Porque a nadie que piense sensatamente se le va a olvidar que el gobierno de Fujimori fue la expresión más extrema de la inmoralidad galopante, el saqueo a la Hacienda Pública y la crueldad extrema con la población.
Desde los años de don Rufino Echenique, -el del Guano y el Salitre- a mediados del siglo XIX, no hubo en el Perú un gobierno más turbio, enlodado y perverso que el del “chinito de la yuca”.
Y no hubo tampoco otro, comparable a los de Alan García -primero y segundo- que convirtieron al Perú en un lodazal de oprobio, inmundicia y sangre.
El hecho que sean estos exponentes de la barbarie los que asomen hoy en el escenario político nacional, y que ellos capten la mayor aceptación ciudadana; hace que tome fuerza la conocida sentencia del historiador de la República, don Jorge Basadre: “Perú. País de desconcertadas gentes”.
Este escenario convulso es el que, finalmente, ha generado un descontento social que se habrá de expresar el próximo 9 de julio en un Paro Nacional.
Como forma de lucha y herramienta de expresión de los trabajadores y de la población agobiada por la crisis, es una acción comprensible y que merece el respaldo ciudadano. Incluso, señalando que este Paro ha sido trabajado no sólo por la Central que lo convoca, sino por fuerzas interesadas en debilitarla,
Esto, debe decirse de manera clara y categórica para que nadie especule con adhesiones de coyuntura que tienen más de contenido electoral, que de bandera legítima.
Es bueno, sin embargo, que la población esté alerta. Porque en circunstancias como ésta es que suelen actuar los “comandos de acción” del APRA y otras fuerzas empeñadas en desvirtuar la legítima lucha de los trabajadores, para imponer un clima artificial de violencia y de caos.
Condenar la precariedad del régimen, sus debilidades e inconsecuencias; es legítimo. Pero eso pasa, en primer lugar por marcar a fuego el juego sucio de la Mafia y de la reacción.
Ni Keiko Fujimori ni Alan García, ni nadie que represente esas corrientes o tendencia, tiene derecho alguno a enarbolar las banderas legítimas de los trabajadores. En el pasado reciente, ellos hicieron escarnio y mofa de las más legìtimas demandas sociales y las arrasaron impunemente.
Mantener la Independencia de Clase, por parte del movimiento popular proletarizado, pasa necesariamente por trazar una neta línea divisoria que diferencia campos y terrenos.
No hay que perder de vista nunca, ni en ninguna circunstancia, que el enemigo fundamental, es el Imperialismo Yanqui; y que el peligro principal que se abate sobre nuestro pueblo estriba en la posibilidad de que la Mafia recupere posiciones y se alce con el gobierno en el futuro próximo.
Gustavo Espinoza M. es miembro del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / http://nuestrabandera.lamula.
vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=200714
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