I. Algunos medios publicaron la
noticia en pocas líneas: 49 cadáveres mutilados, de 43 hombres y seis
mujeres, fueron encontrados al borde de una ruta cerca de Monterrey,
México.
Eso ocurrió el 13 de mayo de 2012.
No son, pues los 43 estudiantes
desaparecidos y presumiblemente asesinados hace poco en Iguala, Estado
de Guerrero, hecho que los medios internacionales y los analistas
comentaron ampliamente y sigue provocando fuertes reacciones en México.
El mundo de la comunicación funciona
así: no es lo mismo 49 muertos anónimos, probablemente campesinos,
indígenas o inmigrantes centroamericanos en tránsito, que 43 estudiantes
con nombre y apellido, familias, compañeros, amigos, etc.
Este tratamiento discriminatorio de
los medios de comunicación tiene sin embargo sus ventajas. El sacrificio
de los 43 estudiantes ha servido para poner en primer plano de la
información internacional, bien que parcialmente, la real situación en
México, que no es de hoy, ni de ayer, sino que persiste desde hace
decenios.
Se estima en 80.000 el número de asesinados y desparecidos en México en el último decenio.
Una buena parte de las víctimas son
mujeres, mayoritariamente jóvenes, o emigrantes centroamericanos en
tránsito por México con la esperanza de entrar a los Estados Unidos,
indígenas, trabajadores y también gente de clase media, estudiantes,
periodistas, profesionales, etc.
Entre las mujeres se cuentan muchas
víctimas de agresiones sexuales que terminan en homicidio y entre los
victimarios están los traficantes de drogas, miembros de las fuerzas
armadas y policiales y también en algunos casos las parejas de las
víctimas.
Dentro de esta criminalidad cotidiana
ejecutada, promovida, fomentada o tolerada por el Estado, en materia de
represión estatal y paramilitar contra estudiantes, indígenas,
campesinos – hombres, mujeres y niños- en la memoria de los mexicanos
han quedado grabados, entre otros, cuatro nombres y cuatro fechas:
Tlatelolco 1968, Aguas Blancas 1995, Acteal 1997 y Atenco 2006.
Este aspecto tan brutal y dramático, y
por ello más visible de la realidad mexicana, es parte y resultante de
una serie de factores sinérgicos que componen un cuadro de
descomposición de las instituciones y de la sociedad mexicanas.
II. La frase que encabeza esta nota,
atribuida a Porfirio Díaz (que dirigió México desde 1876 hasta 1910, un
tiempo como presidente y otro como caudillo), no es una mera figura
retórica.
La frontera de México con Estados
Unidos tiene una longitud aproximada de 3.185 kilómetros es sumamente
permeable, legal e ilegalmente. Del lado mexicano de la frontera las
“maquiladoras” en número de aproximadamente 3000, forman parte de
cadenas binacionales de producción: importan componentes y materias
primas de Estados Unidos, que las/os trabajadoras/os mexicanas/os se
encargan de ensamblar por salarios unas diez veces inferiores a los de
Estados Unidos y una vez terminados son reexportados al otro lado de la
frontera[1].
Por ejemplo en Ciudad Juárez (los
asesinados por año se cuentan por miles), fronteriza con la ciudad de El
Paso de los Estados Unidos, muchas mujeres trabajan en las
“maquiladoras” en condiciones laborales penosas (salarios ínfimos y
horarios prolongados) con el agravante de la inseguridad: viajan al
trabajo de madrugada, en parte en ómnibus y en parte a pie, caminando en
zonas prácticamente desérticas cuando todavía no hay luz de día y
vuelven a sus domicilios ya de noche en las mismas condiciones. Algunas
de ellas son atacadas y desaparecen. A veces se encuentran sus cadáveres
y a veces no.
La “permeabilidad” fronteriza, que proporcionó trabajo a numerosos mexicanas/os pero en condiciones laborales miserables[2],
aumentó de manera considerable con el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN, NAFTA en inglés) , entre Estados Unidos,
Canadá y México, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. La
subordinación de México a su vecino del Norte resultante del TLCAN se
completó en 2005 con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de
América del Norte (ASPAN)[3].
Y simultáneamente con esta
permeabilidad aumentó en proporciones enormes el tráfico de drogas desde
México hacia los Estados Unidos, lo que dio lugar a la formación de
poderosas mafias de narcotraficantes que se disputan de manera violenta y
sanguinaria el control del negocio, lo que explica, en parte, las
matanzas cotidianas. A ello se suma que dichas bandas proponen a los
centroamericanos que transitan por México teniendo por objetivo los
Estados Unidos que transporten drogas a dicho país. Es decir que
trabajen para ellos como “mulas”. Y si éstos se niegan los asesinan. Lo
que explica el frecuente hallazgo de grupos de cadáveres mutilados e
inidentificables.
Lo mismo suele ocurrir con mujeres mexicanas cuando se niegan a trabajar como “mulas” para los narcotraficantes.
“Fast and fourious” (rápido y furioso)
no es sólo un film sino es también el nombre de uno de los programas
con que los Estados Unidos, a través de funcionarios de la Oficina
Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives
-ATF), ha contribuido a la “lucha” contra el tráfico de drogas en
México, como parte de la “Iniciativa Mérida”. Ha consistido en permitir e
incluso alentar el tráfico ilegal de gran cantidad de armas de todo
tipo de Estados Unidos a México destinadas a los narcotraficantes. La
explicación de este procedimiento, por lo menos original, supuestamente
destinado a combatir a los narcotraficantes, fue que siguiendo la pista
de las armas se localizaría a los narcotraficantes. El resultado fue que
se “perdió” la pista de la gran mayoría de las armas, las que quedaron
en manos de los mafiosos.
Es una constante de los servicios
estadounidenses, particularmente de la CIA: trabajar en equipo con los
narcotraficantes y los traficantes de armas. Uno de los casos más
conocidos fue el del apoyo logístico a la “contra” nicaragüense (caso
Irán- Contra o Irangate). Veáse http://es.wikipedia.org/wiki/Implicaci%C3%B3n_de_la_CIA_en_el_tr%C3%A1fico_de_drogas. Allí se mencionan también los vínculos de la CIA con los narcotraficantes mexicanos.
Por cierto que, además, el tráfico de
drogas es una de las principales fuentes de beneficios de una pirámide
que tiene su base en el pequeño “dealer” de barrio y las bandas locales y
su cúspide en el gran capital transnacional.
Las cosas han evolucionado de manera
tal que se puede decir que México –que es un Estado de larga tradición
semicorporativa – está dirigido por una tríada interconectada por
numerosos vasos comunicantes, formada por funcionarios gubernamentales,
administrativos, judiciales y de las fuerzas armadas de todos los
niveles, incluidos los más altos, totalmente corrompidos, por las mafias
de los narcotraficantes y por la oligarquía local subordinada al
capital transnacional. Esto, naturalmente, tiene graves consecuencias
para el conjunto de la sociedad mexicana y sus instituciones
Escribe el profesor Solís González: “Se
está de hecho ante el surgimiento en México de una nueva forma de
Estado capitalista periférico, que hemos caracterizado como Estado
narco, la cual se ha manifestado externamente (es decir, en tanto que
forma fenoménica y, por lo tanto, específica del Estado) en la
instauración de un régimen político neoliberal tecnocrático (Rodríguez
Araujo, 2009) con una fuerte presencia de representantes del crimen
organizado en el seno de sus diferentes instituciones, en la economía y
la finanza. Este fenómeno está indisolublemente vinculado con la
emergencia en los años noventa de un nuevo régimen de acumulación,
fuertemente transnacionalizado y volcado hacia el exterior, con una
participación creciente del narcotráfico como una de las fracciones más
dinámicas y rentables del capital pero, desde luego, no la más
importante”[4].
III. Hemos dicho que México es un
Estado con larga tradición semicorporativa cuyo origen se remonta a la
creación, en 1929, del Partido Nacional Revolucionario, actualmente
Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México
ininterrumpidamente durante 70 años, hasta el año 2000, cuando perdió
las elecciones frente al Partido Acción Nacional, recuperando el
Gobierno en 2012 cuando triunfó el actual Presidente Peña Nieto.
El PNR, que comenzó a gobernar en
1929, fue el resultado de la fusión de varios partidos, incluidos
partidos de izquierda y organizaciones sociales y sindicales, creándose
así una confusión entre Partido, Estado y organizaciones sociales, que
fue profundizándose con el paso del tiempo, con medidas institucionales y
de hecho.
Durante la presidencia de Lázaro
Cárdenas (1934-1940), el gobierno adoptó políticas francamente
nacionalistas y sociales. En 1938 el PNR, por iniciativa de Cárdenas, se
transformó en el Partido de la Revolución Mexicana, al cual se
integraron organizaciones obreras (la Confederación de Trabajadores de
México, creada por iniciativa gubernamental, la Confederación Regional
Obrera Mexicana, la CGT dirigida por los comunistas, sindicatos de
mineros, de electricistas, etc.), campesinas (la Confederación Nacional
Campesina, creada en 1938) y las Fuerzas Armadas, que se retiraron en
1940.
Es decir que, en ese período, al mismo
tiempo que se produjo un giro económico y social favorable a los
intereses populares, se acentuó el carácter semicorporativo del Estado.
Después de Cárdenas comienza la cuenta
regresiva en materia económica y social y el carácter semicorporativo
del Estado continúa acentuándose, pero desde entonces cada vez más al
servicio de las elites económicas, políticas y sociales.
En 1989 se fundó el Partido Revolucionario Democrático, conjunción de una escisión del PRI encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y otros miembros del PRI y varias fuerzas de izquierda.
Las tentativas de coaliciones de
izquierda de desplazar del Gobierno a la derecha priista o panista
fracasaron en 1988, 2006 y 2012 en elecciones presidenciales con fuertes
presunciones de fraude. En 2006 Andrés Manuel López Obrador, candidato
del PRD, perdió las elecciones frente al candidato panista por una
discutible diferencia de 0,56% de los votos.
Después de las elecciones de 2012
López Obrador se alejó del PRD y fundó otro partido, el Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA). Cabe decir que el PRD participa de las
formas corruptas de la política mexicana: el Alcalde de Iguala, José
Luis Abarca, ahora detenido por su complicidad en el caso de los
estudiantes normalistas, fue elegido como candidato del PRD, que
gobierna el Estado de Guerrero. La Dirección del PRD se limitó a pedir
“disculpas” por ello y Cuauhtémoc Cárdenas, después de pedir infructuosamente la renuncia a la Dirección, renunció recientemente al Partido.
IV. Las modalidades de un Estado
corporativo se reflejan claramente en México en materia de derechos
sindicales de asociación y de negociación colectiva de los trabajadores
La autoridad laboral, ejercida por la
Secretaría de Trabajo a nivel nacional y a nivel local por Juntas
locales, restringe los derechos de asociación, de acceso a la justicia y
de debido proceso al imponer requisitos al margen de la ley, al
intervenir en los programas de trabajo y las acciones de las
organizaciones, al exigir la modificación de sus normas internas para la
elección de sus dirigentes y para el reconocimiento de su personalidad
jurídica, viéndose con ello seriamente afectado el principio según el
cual las organizaciones sindicales pueden existir a partir de la
voluntad de quienes las constituyen. Con ello provoca la desarticulación
sistemática de organizaciones sindicales que no se someten al poder, lo
que se lleva a la práctica mediante los sistemas de registros, de tomas
de nota y de radio de acción, mencionados en la ley pero sin
especificación alguna.
El “registro sindical” que es una
especie de autorización para la existencia legal de un sindicato, es
negado sistemáticamente a organizaciones independientes bajo argumentos
tales como errores de redacción en su documentación de solicitud del
registro.
La “toma de nota”, que es un documento
que otorga personalidad jurídica y reconoce a los representantes
sindicales, es negada con argumentos similares a los del registro
sindical, aun cuando la organización ya esté registrada. Esto implica
que la organización cae en una total indefensión jurídica, tal como
ocurrió con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) o el sindicato
minero, de modo que con esta maniobra la autoridad se adjudica la
capacidad de reconocer o desconocer a las dirigencias sindicales, sin
importar que hayan sido elegidos por los miembros de dichas
organizaciones.
El Secretario de Trabajo otorga
registros sindicales a personas de su confianza y propicia la firma de
Contratos Colectivos de Trabajo, conocidos como “Contratos Colectivos de
Protección Patronal”, que ponen en relación a las empresas
multinacionales que llegan al país con los titulares de dichos
registros, que son verdaderos sindicatos-fantasma.
El 90% de los Contratos Colectivos de
Trabajo (CCT) registrados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, son
Contratos de Protección Patronal; es decir son una simulación, pues
están firmados y gestionados por un supuesto “líder sindical” al margen
de los trabajadores quienes, la mayoría de las veces, ignoran que están
encuadrados por un CCT y ni siquiera saben que están afiliados a un
sindicato. Estos “contratos de protección patronal” permiten una mayor
flexibilidad laboral pues sólo incluyen las condiciones mínimas
previstas en la ley, y no necesariamente se cumplen en la práctica.
Aseguran un control absoluto sobre los trabajadores por parte de la
patronal a costa de la libertad sindical y los derechos de los
trabajadores.
Estos sindicatos corporativos y de
protección patronal no abarcan todos los sectores de la industria y los
servicios, pues en algunos de ellos subsisten sindicatos independientes.
Y es así que el Estado se ha dado a la tarea de atacar al sindicalismo
independiente desde varios frentes. El más utilizado y que mejores
frutos rinde es el ataque por medio de las instituciones encargadas de
la justicia laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las
Juntas Local y Federal de Conciliación y Arbitraje, cuyas prácticas se
encaminan a negar la existencia de nuevas organizaciones independientes,
a entorpecer la existencia de las ya establecidas y a actuar para
desaparecer a las consolidadas, principalmente en sectores estratégicos
de la economía nacional.
La estructura institucional le otorga a
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las Juntas de
Conciliación y Arbitraje amplias facultades para resolver todos los
conflictos de orden laboral. Ambas instituciones dependen directamente
del poder ejecutivo, siendo el presidente de la república y, en su caso,
los gobernadores de los Estados, quienes nombran a los directivos de
estas instituciones, y éstos, a través de una estructura jerárquica
designan a quienes ejecutan las funciones de la institución, generando
una práctica en la que la lealtad y el sometimiento al jefe están por
encima de las leyes. Existen Juntas Locales que tienen las mismas
facultades que la Secretaría del Trabajo; es decir, otorgar registros,
tomas de nota y demás trámites relativos a la existencia de sindicatos,
además de que en ellas se dirimen los conflictos de carácter individual y
colectivo; su jurisdicción comprende a todas las ramas industriales que
no son consideradas estratégicas para la economía, y donde se encuentra
la mayor parte del empleo en el país. La Junta Federal tiene la función
de atender los conflictos individuales y colectivos de la industria
considerada estratégica: energía, telecomunicaciones, automotriz,
petróleo, alimentación, entre otras, y de las entidades administradas
por el Estado.
Con estas “herramientas” el sistema
desarticula organizaciones que además de no estar inmersas en el sistema
de control corporativo, implican un serio obstáculo para privatizar
industrias estratégicas, como ocurre con el Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME), o para desarticular el sistema educativo como en el
caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que a
la vez participa de una prolongada lucha contra el cacicazgo de la
hasta febrero de 2013 líder vitalicia del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, Elba Gordillo, ahora en prisión imputada
de un enorme desfalco.
Además, una de las más viejas
prácticas y de las más utilizadas para someter a los trabajadores es el
uso de bandas de personas dedicadas a atentar contra la integridad
física de los trabajadores. Estas bandas de “golpeadores” operan
cotidianamente en las Juntas de Conciliación en contubernio con
funcionarios, con abogados, con patrones, con sindicatos y con fuerzas
de seguridad.
El crecimiento de este tipo de
contratos colectivos ocurrido en los últimos años facilitó la puesta en
práctica de la flexibilización laboral. Además, los ataques contra los
sindicatos independientes no cesaron y muchos de ellos se vieron
afectados por la desaparición de miles de centros de trabajo.
Los sindicatos corporativos, los
contratos de protección patronal, la precarización, los bajos salarios,
el desempleo, la represión a los trabajadores y a los sindicatos
independientes, son la alfombra roja tendida por el Gobierno mexicano a
la invasión del capital transnacional, con su secuela de privatizaciones
de industrias y servicios fundamentales para la economía mexicana.
Un caso paradigmático de sindicato
corporativo es el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), que agrupa a un millón y medio de docentes, siendo así el
sindicato más numeroso de América Latina. Desde 1989 estaba a su frente
Elba Esther Gordillo hasta que fue arrestada en febrero de 2013 al
descender de su avión privado procedente de California, acusada de haber
desfalcado al Sindicato en beneficio propio más 150 millones de
dólares.
Eso no significó un giro en la
política sindical del Gobierno sino un arreglo de cuentas del PRI (de
nuevo en el Gobierno desde diciembre de 2012) con la señora Gordillo,
porque en 2006, pese a ser una figura eminente de dicho partido,
contribuyó al triunfo del candidato del PAN, Felipe Calderón, por lo que
fue expulsada del PRI ese mismo año.
El 28 de febrero de 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto reconoció
como presidente del SNTE a Juan Díaz de la Torre, principal asesor en
asuntos jurídicos, laborales y gremiales de la señora Gordillo. La
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), movimiento
que trata de desplazar a la dirección burocrática del SNTE, ha
denunciado reiteradamente por colusión en los casos de corrupción y mal
manejo de cuotas sindicales al nuevo Presidente del Sindicato, Díaz de
la Torre.
La corrupción en el SNTE es parte de
la corrupción en el sistema educacional de México, donde los cargos
docentes son cubiertos de manera arbitraria e incluso heredados o
vendidos. Con el consiguiente deterioro y baja calidad de la educación.
Manifestando querer superar el déficit
del sistema educacional, el Gobierno de Peña Nieto, con el apoyo del
PAN y del PRD, emprendió una reforma educativa que incluye evaluaciones
periódicas de los docentes y la posibilidad de ejercer la docencia a
personas sin el título habilitante de una escuela normal. La mayoría de
los docentes, muchos de ellos agrupados en la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, y otros grupos políticos y sociales, se
han pronunciado en contra aduciendo que, en los hechos, no es una
reforma educativa sino laboral que empeora las condiciones de trabajo de
los maestros, que ya son muy deficientes.
Sirva como referencia el dato
siguiente: los maestros que trabajan a tiempo completo ganan unos 6000
pesos mensuales (300 dólares) mientras que el Presidente de la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos, gana 230.000 pesos mensuales (11500
dólares), es decir 38 veces más que un docente.
La responsabilidad gubernamental y
judicial en la política criminal del Estado mexicano contra los
trabajadores, quedó claramente demostrada con la catástrofe ocurrida en
febrero de 2006 en el pozo minero 8 de Pasta de Conchos, en Coahuila,
Estado donde se encuentran la mayor parte de las minas de carbón de
México.
En México hay numerosas minas de
carbón de diferentes dimensiones, de propiedad privada, donde las
medidas de seguridad son casi inexistentes y en las pequeñas minas son
nulas. El resultado son los accidentes a repetición, en los que pierden
la vida numerosos mineros. Uno de los casos más luctuosos ha sido el de
Pasta de Conchos, propiedad del Grupo México, una de las empresas
mineras más grandes del país, donde murieron 65 mineros, cuyos
cuerpos-salvo dos- nunca han sido rescatados, pese a los reclamos de los
familiares, de los sindicatos, de organizaciones sociales y a las
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo[5].
Ya hemos dicho que hay en México
sindicatos independientes, pese a la represión estatal y patronal y a
las medidas discriminatorias y arbitrarias de las autoridades laborales.
Se pueden mencionar al Sindicato Mexicano de Electricistas, de larga
tradición combativa, que acaba de cumplir 100 años de existencia, al
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de
la República Mexicana (SNTMMSRM), a la Unión Nacional de Técnicos y
Profesionistas Petroleros (UNTyPP), que representa a los trabajadores en
la compañía petrolera estatal PEMEX, al Sindicato Nacional de
Trabajadores de General Tire de México (SNTGTM), al Sindicato Único de
Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
(SUTUACM), al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM),
etc. Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de
México (STUNAM), Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, etc.
V. El 10 de octubre de 2009, para
“matar dos pájaros de un tiro”, iniciar un proceso de privatización de
la energía eléctrica y golpear duramente al Sindicato Mexicano de
Electricistas, Felipe Calderón, entonces presidente de México, hizo
ocupar con la policía y el ejército la empresa pública Luz y Fuerza del
Centro –que provee de electricidad al Distrito Federal y regiones
vecinas- y horas después decretó la extinción de la misma, el traspaso
de su gestión a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el despido
de 44000 trabajadores. El despido a quienes estaban trabajando en la
empresa en el momento de la ocupación militar –policial les fue
notificado de una manera muy singular: amenazándolos con sus armas, la
tropa los intimó a abandonar el puesto inmediatamente. Aunque después
muchos de ellos fueron obligados a seguir trabajando para asegurar el
servicio eléctrico.
La explicación gubernamental para
decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue la habitual en
estos casos: la creciente ineficiencia de la empresa, ocultando el hecho
de la falta de inversiones estatales destinadas a modernizar las
instalaciones. Lo que no pudo justificar de ninguna manera el Gobierno
fue el despido de 44000 trabajadores, amparados por el derecho a
continuar trabajando bajo el nuevo patrón. Tal derecho les fue
reconocido por el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia del Trabajo,
fallo que fue revocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. a
petición del Poder Ejecutivo, en enero de 2013.
Con las reformas constitucionales y
legislativas de 2013 y 2014 efectuadas bajo el actual gobierno de Peña
Nieto, se ha emprendido, en efecto, la privatización de los principales
recursos naturales mexicanos.
En “Sembrando viento”, una publicación del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (ENLACE) puede leerse:
“El Estado mexicano, habiendo
emprendido hace años las reformas estructurales que los tratados de
libre comercio hicieron inamovibles y cada vez más coercitivas, ha
decidido impulsar unas reformas energéticas que entregarán al capital
extranjero riquezas naturales (gas, petróleo, electricidad, agua y
minería), y la infraestructura correspondiente para extraerlas. Según
datos del investigador Juan Danell estas riquezas representan más del
50% del producto interno bruto (PIB).El paquete de reformas
constitucionales, leyes y reglamentaciones que abrirán el sector a la
iniciativa privada, a la inversión extranjera directa, no sólo rompen
la supuesta “custodia estatal” de los bienes de la Nación (aunque en
varios apartados de los artículos se insista en que no es así, y que el
Estado mantendrá la supervisión y el cuidado central sobre los recursos
naturales, que ha tenido desde 1917). De hecho estas reformas rompen con
el concepto mismo de “propiedad originaria de la nación” —que fue una
innovación del constitucionalismo mexicano y que aun hoy es una pieza
clave en la defensa de los derechos territoriales de pueblos y
comunidades”.
En la misma publicación se describe
cómo desde la contrarreforma agraria de 1992 se está destruyendo la
principal conquista de la Revolución Mexicana de 1910 que distribuyó la
tierra a millones de campesinos bajo la forma de ejidos y comunidades
agrarias.
México es un caso paradigmático y
patético de las consecuencias nefastas que inevitablemente tiene para la
población de un país “acercarse” a Estados Unidos, es decir entrar a
formar parte de su espacio geopolítico.
Carlos Fazio escribe acertadamente:
“Desde comienzos de los años
noventa, ante las amenazas a su hegemonía por competidores
inter-imperialistas, Estados Unidos ha venido desplegando una renovada
estrategia de apropiación neocolonial de territorios y
refuncionalización del espacio a escala mundial. El llamado Hemisferio
Occidental no escapó a esa lógica de reconquista imperial”.
[…]” el reposicionamiento militar
estadunidense en el área llegó acompañado de una serie de planes
geoestratégicos y megaproyectos como los contenidos en el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en
inglés), el Plan Colombia, el Plan Puebla Panamá, el Tratado de Libre
Comercio de Centro América y República Dominicana (CAFTA-RD), la
Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), el por
ahora abortado proyecto de un Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del
Norte (ASPAN), la Iniciativa Mérida, y a últimas fechas el Acuerdo
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y la Alianza del Pacífico,
que combinan intereses de seguridad y económicos relacionados con el
acceso a zonas privilegiadas por sus materias primas y recursos
estratégicos, con una acción de control directo sobre poblaciones y
puntos geográficos determinantes, para los que han sido diseñados
megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras,
puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra
óptica) […] —Instrumentos políticos y económicos mediante los cuales
Washington pretende modificar el mapa sociopolítico regional acabando
con los gobiernos de los países del ALBA y socavar desde dentro
proyectos que suscitan el visceral rechazo de la Casa Blanca como la
UNASUR, la CELAC y, en menor medida, el MERCOSUR”.(Carlos Fazio, Washington y la territorialidad de la dominación. El caso México. 12 de junio de 2013. http://mln.org.mx/2013/07/25/washington-y-la-territorialidad-de-la-dominacion-el-caso-mexico/)
[1] Anne Vigna, México : la tragedia obrera en las maquiladoras
[2]
En México la proporción del trabajo en negro es del 60% y diversas
fuentes estiman la caída del salario real en los últimos decenios en el
70%. El salario mínimo es de 3300 pesos mexicanos mensuales (160
dólares), menos de la mitad del salario mínimo en dólares de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia y Uruguay.
[3]El 23 de marzo de
2005, por acuerdo de los presidentes de Canadá, Estados Unidos y
México, reunidos en Waco, Texas, se creó la Alianza para la Seguridad y
la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), una especie de nuevo
tratado complementario del TLCAN, cuyas principales cláusulas se
mantuvieron en secreto. Bajo el formato de la ASPAN y a través de grupos
de trabajo comandados por los secretarios de Gobernación, Economía y
Relaciones Exteriores de México y sus equivalentes de Canadá y Estados
Unidos, y con la participación de corporaciones privadas de los tres
países, se han adoptado diversas regulaciones, que después se convierten
en políticas públicas, en detrimento de la soberanía de Canadá y México
y en exclusivo beneficio de Estados Unidos y de las grandes empresas
transnacionales.
En el marco de la ASPAN, el Consejo de la Competitividad en América
del Norte (CCAN), creado en marzo de 2006 por los presidentes de
Canadá, Estados Unidos y México e integrado por representantes de alto
rango del sector privado de los tres países, formuló un total de 51
recomendaciones dirigidas al apuntalamiento de la competitividad en
América del Norte, entre las que destacan las siguientes en el tema
energético:
1. La distribución energética transfronteriza. En este apartado el
CCAN recomienda: a) “Fortalecer la colaboración trilateral en cuestiones
de distribución energética fronteriza”, y b) “Permitir que
corporaciones mexicanas (incluyendo a la CFE) celebren contratos a largo
plazo para la compra de energía eléctrica a productores
estadounidenses. Estimamos que este proceso requeriría unos tres años:
el primero para obtener las autorizaciones gubernamentales y normativas
necesarias; el segundo para negociar contratos en el sector privado, y
el tercero para construir la infraestructura necesaria.”
2. Asegurado ya el abasto indiscriminado de petróleo al consumo
voraz de la economía de Estados Unidos, el CCAN recomienda: a)
“Liberalizar el comercio, almacenaje y distribución de productos
refinados. Esta recomendación incluiría la construcción, posesión y
operación de oleoductos. Las ramificaciones a nivel detallista
representarían un salto adelante incorporando la presión y la disciplina
del mercado a las operaciones de distribución de Pemex”; b) “Separar
las actividades de gas no asociado de Pemex para constituir una entidad
estatal por separado, llamada ‘Gasmex’. Esta iniciativa intermedia es
consistente con el objetivo a más largo plazo de liberalizar el sector
mexicano de hidrocarburos.” (Extractado de La Jornada, México: ASPAN, riesgo para México, 22 de marzo de 2007).
[4] Solís González, José Luis , El Estado Narco: neoliberalismo y crimen organizado en México. http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-52/el-estado-narco-neoliberalismo-y-crimen-organizado-en-mexico
[5] Conferencia Internacional del Trabajo 100.a reunión, Ginebra, junio de 2011 Actas Provisionales Tercer punto del orden del día: Informaciones y memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones
Informe de la Comisión de Aplicación de Normas
Segunda parte- Convenio núm. 155: Seguridad y salud de los trabajadores, México (ratificación:1984) (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_157832.pdf) págs. 103 a 107.
Puede verse también sobre este caso y sobre la situación laboral en general en México: Centro de Reflexión y Acción Laboral. XIV Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales (2010)XIV_CEREAL2010.pdf y XVII Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales (2013) http://www.fomento.org.mx/novedades/XVII_DHL_CEREAL2013.pdf
por Alejandro Teitelbaum en Alainet
vía:
http://www.elciudadano.cl/2015/01/05/137277/pobre-mexico-tan-lejos-de-dios-y-tan-cerca-de-los-estados-unidos/
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