Chile: El negocio del agua... los vacíos de la ley que disparan las millonarias ganancias de Aguas Andinas Por : Alberto Arellano y Víctor Carvajal

Por : Alberto Arellano y Víctor Carvajal


En 1999 aterrizó en Chile Aguas de Barcelona, matriz de Aguas Andinas, la que abastece de agua potable a la Región Metropolitana. Desde entonces la multinacional ha tejido una intrincada red de empresas filiales y relacionadas no reguladas por la superintendencia del rubro por vacíos de la ley. A los $116 mil millones que Aguas Andinas ganó en 2013, se suman las utilidades de otras 14 sociedades que facturan miles de millones al grupo. El lobby de Aguas Andinas es otra arista polémica en momentos que se negocia el precio que los santiaguinos pagarán por el agua potable a partir de marzo próximo.

Las oficinas corporativas de la multinacional Sociedad General de Aguas de Barcelona (AGBAR), controladora de Aguas Andinas, la mayor sanitaria de Chile, emergen como un cohete listo para el despegue en el corazón de Barcelona. Pero no será por mucho tiempo. Hace pocos meses el grupo AGBAR cerró la venta del icónico rascacielos al consorcio hotelero Hyatt por 150 millones de euros. En ese imponente edificio -que por las noches se ilumina dando un espectáculo multicolor visible desde varios puntos de la ciudad- los directivos de Aguas Barcelona han sacado cuentas más que alegres. En 2013 el resultado operacional del grupo dirigido por Ángel Simón fue de 2.036 millones de euros.  Una parte importante de esas ganancias proviene de las al menos 15 empresas de AGBAR que operan en Chile.
AGBAR opera en una quincena de países de tres continentes, pero las suculentas utilidades que Aguas Andinas y la red de empresas relacionadas al grupo obtienen, han posicionado a Chile como la joya de ultramar del grupo cuya propiedad pertenece a la francesa Suez Environnement.
Con el 50,1%, AGBAR es el accionista mayoritario de Aguas Andinas, empresa que gestiona el suministro y tratamiento de agua para cerca de 6 millones de personas en la Región Metropolitana de Chile. Entre los propietarios del 49% restante figuran el grupo Luksic, que participa a través del Banco de Chile y de Inversiones Arizona S.A.; el grupo Bethia y, de manera indirecta, la familia Cuneo, a través de Inversiones Tramonto Limitada. Los dos primeros tienen asiento en el directorio de la sanitaria, en el que también participan Bruno Philippi Irarrázabal y Herman Chadwick Piñera.

Torre AGBAR, Barcelona.

En 2013 Aguas Andinas obtuvo utilidades por más de $116.000 millones (155,7 millones de euros), concentrando el 44% de las ganancias que percibieron en su conjunto las empresas que participan del sector ($261.000 millones). Aguas Andinas es, además, propietaria de las sanitarias Aguas Cordillera, Aguas Manquehue y de Iberaguas, que controla el 51% de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (ESSAL, Décima Región). Todas ellas obtuvieron utilidades por $32.750 millones (43,97 millones de euros) en 2013.
Pero las ganancias que percibe el grupo AGBAR en Chile están lejos de agotarse allí. Desde 1999, tras la compra del 50,1% de la estatal EMOS, Santiago se transformó en una mina de oro para el grupo con sede en Barcelona. Las reformas a la legislación sanitaria abrieron ilimitadas oportunidades de desarrollo. A principios del 2000 estaba todo por hacer, principalmente en el ámbito del tratamiento de las aguas residuales. Fue así como Aguas Andinas y su matriz AGBAR fueron tejiendo una intrincada red de empresas relacionadas en Chile (ver mapa) a las que la sanitaria factura año a año miles de millones de pesos por distintos bienes y servicios.
En 2013, las transacciones informadas por Aguas Andinas a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) con empresas relacionadas a su propio controlador (AGBAR) sumaron $35.000 millones.
La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) reconoce que la figura de las empresas relacionadas y todo lo que sucede en ese ámbito de negocios está fuera de su alcance como ente fiscalizador. “La ley no contempla este tema, las filiales forman parte del mundo no regulado”, señaló a CIPER la superintendenta de Servicios Sanitarios Magaly Espinosa.
La ley sí es clara en establecer la obligación de las sanitarias de constituirse con el “objeto único” de producir, distribuir, recolectar y disponer el agua. Pero antecedentes de que la normativa ha sido interpretada de manera arbitraria y sin pronunciamiento del ente regulador, sobran.

EL IMPERIO AGBAR EN CHILE

La expansión de Aguas Andinas se inició el año 2000 con la compra de Aguas Cordillera y Aguas Los Dominicos (en 2008 la primera absorbió a la segunda), ambas en Santiago, y el 50% de Aguas Manquehue (también en Santiago). En 2001 creó tres nuevas filiales: Análisis Ambientales (ANAM), Ecoriles y Gestión y Servicios; y al año siguiente (2002) se hizo la dueña total de Aguas Manquehue al comprar el 50% restante de su propiedad. En 2008 la red de Aguas Andinas se ampliaría con la compra del 51% de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (ESSAL). Un año después, en 2011, la sanitaria creó Aguas del Maipo para los negocios energéticos de la compañía, entre ellos Eléctrica Puntilla y Alto Maipo.
En tanto AGBAR, la matriz de Aguas Andinas, desde 2007 ha creado en Chile al menos otras siete sociedades. Ese año constituyó la Empresa Depuradora de Aguas Servidas (EDAS); en 2009 creó la Empresa Depuradora de Aguas Servidas Mapocho-Trebal y Asterion; en 2011, Aqualogy Chile; y en 2012, Aqualogy Solutions Chile y Aqualogy Medioambiente Chile. A esas seis empresas se agregó en 2013 Aguas Atacama, una planta desaladora que se encuentra en proceso de revisión de estudio de impacto ambiental. Otras dos empresas del grupo operan en Chile pero tienen domicilio en España: Aqualogy Agua Ambiente Servicios Integrales y Aqualogy Development Network.
Los ingresos de las cuatro empresas que forman parte del “negocio no regulado” de Aguas Andinas –Análisis Ambientales, Ecoriles, Gestión y Servicios y Aguas del Maipo- significaron el 11,1%($45 mil millones) del total de ingresos de la sanitaria en 2013 ($402 mil millones).

Felipe Larraín Aspillaga, presidente de Aguas Andinas.

En noviembre de 2010 Aguas Andinas materializó el ingreso al negocio de la energía en Chile.  Un año después concentraría el área en su filial Aguas del Maipo, la que actualmente posee el 8,87% de la sociedad energética Eléctrica Puntilla (EPSA), empresa que en 2013 repartió dividendos entre sus accionistas por $5.500 millones. Hasta hace unos meses, era el propio presidente de Aguas Andinas, Felipe Larraín Aspillaga, el que asistía a EPSA a velar por el destino de los $7.200 millones que la filial estrella de AGBAR invirtió en el sector eléctrico.
Es también Aguas del Maipo la que administra el polémico contrato que en junio de 2011 selló el negocio de arriendo de agua entre la sanitaria y AES Gener para el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, el que reportará a Aguas Andinas utilidades adicionales. El contrato se firmó bajo condición expresa de que la filial de AGBAR –Aguas Andinas- “tramitara diligentemente” con la Dirección General de Aguas (DGA) la aprobación definitiva del proyecto. Y así ocurrió. Las máximas autoridades de la DGA en ese momento –el director y la subdirectora– habían ocupado hasta poco antes de la firma del contrato cargos de importancia en Aguas Andinas.
No era la primera vez que la sanitaria hacía valer sus intereses vía lobby. Bullado fue el viaje de representantes de todo el espectro político a la Expo Shanghai en 2010, todos invitados por Aguas Andinas con los gastos pagados. Tres años antes el lobby de la empresa fue mucho más agresivo y de ese episodio nadie se enteró. Aquella vez fue el propio regulador –la Superintendencia de Servicios Sanitarios– el invitado a Barcelona bajo la misma modalidad “todo incluido”. CIPER constató que dos de sus más altos funcionarios (aún permanecen en sus cargos) aceptaron el regalo de la sanitaria cuya operación deben fiscalizar.
Pese a existir evidencia de los vacíos de la ley que desde 1998 regula al sector sanitario en Chile, la normativa no ha sufrido mayores modificaciones. Y han sido esos forados de la ley los que le han permitido a las empresas del rubro obtener ventajas que, en ocasiones, han ido en perjuicio de los consumidores.

UNA LEGISLACIÓN CON PUNTOS CIEGOS

El 19 de enero de 1998, se promulgó la Ley 19.549 que modificó el régimen jurídico que regulaba a los servicios sanitarios desde 1988, para adecuarlo al nuevo escenario de privatizaciones que se inició bajo el mandato del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
La discusión del proyecto de ley se inició en 1995, y contó con la activa participación del entonces ministro de Obras Públicas (MOP), Ricardo Lagos, y del subsecretario de la cartera, Guillermo Pickering (DC). De hecho, la ley que regula al sector lleva la firma de éste último como ministro subrogante.
Hoy Guillermo Pickering es el principal lobista de las sanitarias. Desde hace más de una década el ex subsecretario preside la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), gremio que reúne a las empresas más importantes del sector. Asimismo, es director titular de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (ESSAL), cuyo controlador es en un 51%  Aguas Andinas, y consejero de la Fundación Aguas de Barcelona, creada por AGBAR, matriz de la sanitaria de la Región Metropolitana.
Pese al statu quo en el que se ha mantenido la legislación que regula a las empresas del sector sanitario, hay evidencias de que la normativa arrastra desde su génesis severas falencias que favorecen a las empresas en detrimento de los usuarios.

Guillermo Pickering.

En 2004 la superintendencia del rubro (SISS), entonces liderada por Juan Eduardo Saldivia, negociaba las tarifas para el periodo 2005-2010 con la empresa Aguas Andinas y sus sanitarias filiales. En la fijación del precio del agua, la superintendencia decidió reducir las tarifas al considerar un factor hasta ese momento no contemplado. Producto de que Aguas Andinas y sus empresas filiales reguladas utilizan los mismos activos y recursos humanos, la SISS consideró justo invalidar la duplicación de costos impidiendo así que los usuarios pagaran más por lectura de medidores, facturación o procesamiento de datos, entre otros.
Los directivos de Aguas Andinas impugnaron la interpretación de la autoridad reguladora ante la Contraloría. En diciembre de 2004, el organismo fiscalizador emitió una resolución por la cual dejó sin efecto la medida impulsada por la SISS “por no ajustarse al marco jurídico” (ver resolución).
En palabras de la misma SISS, esta decisión significó que los usuarios de Aguas Andinas y sus filiales debieron pagar “la existencia de tantos gerentes generales, fiscales, edificios corporativos y otros activos que en la práctica comparten, como empresas existen, en circunstancias que en la realidad para todas aquellas existe un solo gerente general, un solo fiscal y un solo edificio corporativo, sin contar un sinnúmero de otras actividades conjuntas que deben tarificarse como si las hicieran separadamente a sabiendas que en realidad lo hacen como una sola, todo lo cual se traduce un alza de las tarifas para cada uno de estos prestadores monopólicos” (ver comunicado).
La superintendenta de Servicios Sanitarios, Magaly Espinosa, reconoce que la legislación no contempló normativas que se anticiparan a la conformación de grupos por las propias sanitarias.
-No hay tratamiento para las filiales, por lo tanto todo lo que permita la ley de sociedades anónimas está en la legalidad. La figura de las filiales es incómoda y creo que es de las materias que hay que investigar –señaló a CIPER la superintendenta.

La ausencia de normativa al respecto ha sido aprovechada sin freno por Aguas de Barcelona. Porque a las empresas no reguladas que se desprenden directamente de Aguas Andinas, se suman varias otras que dependen directamente de su propia matriz (AGBAR). Estas empresas se instalaron en Chile para proveer a la sanitaria de diversos bienes y servicios: desde la adquisición de materiales y servicios de construcción y mantención, hasta la compra de costosos sistemas computacionales de facturación, capacitaciones, desarrollo de planes estratégicos y asesorías a equipos directivos.

LA CASCADA DE AGBAR

En agosto de 2007, Agbar Conosur, filial de la matriz con sede en Barcelona, creó junto a la empresa Degremont, subsidiaria de Suez Environnement (dueña a su vez de AGBAR), la “Empresa Depuradora de Aguas Servidas” (EDAS), encargada de operar y mantener la planta de tratamiento de aguas servidas La Farfana en Maipú. Entre 2009 y 2013 Aguas Andinas ha realizado transacciones con EDAS por más de $65.000 millones.
Fueron las mismas dos empresas, Agbar Conosur y Degremont, las que crearon en noviembre de 2009 la “Empresa Depuradora de Aguas Servidas Mapocho-Trebal” (EDAM). Entre 2010 y 2013 las transacciones informadas por Aguas Andinas con su empresa relacionada dedicada a operar las plantas Mapocho y Trebal totalizaron más de $150.000 millones.
Asterión fue creada en enero de 2009, pocas semanas después de que Aguas Andinas le adjudicara -previa licitación- un millonario contrato para la “reingeniería de procesos e implantación de nuevos sistemas de información para servicio al cliente”. Fue constituida por Agbar Conosur, Agbar Servicios Compartidos y Sonda Servicios Profesionales, empresa fundada por el empresario Andrés Navarro Haeussler.
Las transacciones con Asterión informadas por Aguas Andinas a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) alcanzaron los $12.250 millones entre 2009 y 2013. Pero los contratos con la empresa de tecnología no terminan allí. En 2012 la sanitaria le adjudicó un nuevo negocio: “implantar el Plan Estratégico de Clientes (PEC)”, y por ello se le pagó a Asterión $828 millones. Otros $630 millones le fueron asignados al año siguiente (2013) para el “mantenimiento evolutivo de Aquacis”, sistema de gestión comercial que AGBAR utiliza en más de 700 municipios en todo el mundo.

Magaly Espinosa, superintendenta de Servicios Sanitarios.

Pese a conformar monopolios naturales regulados por el Estado, la Ley General de Servicios Sanitarios no contempla restricciones para que las sanitarias firmen contratos con empresas relacionadas, aunque sí exige que todo negocio por sobre 500 UF (poco más de $12 millones) se adjudique previa licitación pública que debe ser fiscalizada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.  Cada año, la SISS toma una muestra aleatoria y reducida de casos –entre 20 y 25– y verifica si esas licitaciones han cumplido con la debida transparencia y competitividad.
Nuevamente, en este punto la normativa presenta falencias. Y una de ellas es que no hay fiscalización que impida que el diseño de las bases de licitación se haga de tal manera que la empresa relacionada al licitante sea la única que pueda cumplir con los requisitos exigidos.
–Esto está indicando que no basta con tener un reglamento de licitaciones públicas, porque éste cubre que haya bases, plazos. Nosotros estamos preocupados de aspectos administrativos, más bien de un correcto proceso de licitación. Lo otro forma parte de una segunda derivada –señaló a CIPER la superintendenta de Servicios Sanitarios.
CIPER accedió vía Ley de Transparencia a las bases de licitación del proyecto que finalmente ganó Asterión y a cuya etapa de calificación llegó solo una empresa, además de la filial de AGBAR. Pese a tratarse de desarrollos de sistemas informáticos de gestión comercial, en las bases se pide que el proponente acredite el estricto cumplimiento de tres condiciones muy específicas (ver bases de precalificación). En esas condiciones, el resultado era previsible: la ganadora fue Asterión, la sociedad creada por AGBAR para estos efectos.

EL FEUDO DE AQUALOGY

El modelo de negocios utilizado por AGBAR en Chile a partir del aterrizaje de Aguas Andinas en 1999, y su expansión con empresas relacionadas, resulta imposible de fiscalizar adecuadamente debido a los vacíos que exhibe la Ley General de Servicios Sanitarios. Para algunos expertos tributarios la fórmula le permite a la matriz, entre otros beneficios, distribuir las utilidades de sus cuatro sanitarias entre las filiales no reguladas impidiendo así que éstas transparenten la real dimensión de sus ganancias.
Más allá de las fórmulas que utiliza AGBAR para operar en Chile, lo cierto es que no resulta fácil armar el mapa de todas las empresas filiales y relacionadas que Aguas de Barcelona tiene operando en el país. A las ya mencionadas se agregan otras.
En agosto de 2011 Agbar Conosur se disolvió y a partir de ella se crearon dos nuevas empresas: Abgar Concesiones y Soluciones y Tecnologías. Fue a través de la modificación de la razón social de esta última que la sociedad matriz AGBAR creó en diciembre de 2011 Aqualogy Chile, sociedad que junto a Aquagest es propietaria de Aqualogy Solutions Chile (2012). En 2012, Agbar y Agbar Conosur también crearon Aqualogy Medioambiente Chile, empresa que un año más tarde puso en marcha el proyecto Aguas Atacama, para proveer de agua potable e industrial a la región a través de una planta desaladora. En agosto de ese mismo año también inscribió la marca Aquatacama, para prestar “servicios de tratamiento de materiales, de desechos y de alquiler de equipos”, entre otros.
Hay otras dos sociedades de la familia Aqualogy que operan en el país, aunque con sede en Barcelona: Aqualogy Aqua Ambiente Servicios Integrales y Aqualogy Development Network, empresa que en mayo de 2013 inscribió en Chile la marca de servicios Knowledge Suite, para la “gestión de bases de datos”. En agosto pasado inscribió la marca Aquasfera para proveer de “software de computadora para tratamiento de la información”.
Aqualogy funciona en un edificio ubicado en La Concepción N° 141, Providencia. Allí, a través de sus numerosas marcas, presta distintos servicios a Aguas Andinas. Todos los años, Aqualogy Solutions Chile le factura a la sanitaria entre $2.000 millones y $4.000 millones por concepto de “materiales”. Aqualogy Medioambiente Chile, en tanto, le prestó servicios de limpieza de redes de agua potable a Aguas Andinas por $600 millones en 2013.
Otra de las filiales de AGBAR, Aqualogy Development Network, fue favorecida por Aguas Andinas con un contrato para la “Implantación del proceso de gestión de talentos para la sociedad y sus empresas relacionadas”, por un periodo de tres años, por el que la filial recibirá $2.500 millones. El acta de la junta ordinaria de accionistas de abril de 2014 registra ese acuerdo y una nueva adjudicación a Aqualogy Aqua Ambiente Servicios Integrales: un contrato por $100 millones para el “control y seguimiento de explotación de presas embalse El Yeso y tranque La Dehesa para Aguas Andinas y su filial Aguas Cordillera”.
La SISS reconoce no tener facultades para fiscalizar a las empresas relacionadas de AGBAR que operan en el ámbito no regulado por la ley del sector. Y es allí donde aparecen otros problemas. Uno de ellos es que la superintendencia no tiene potestad para evitar que recursos de las propias sanitarias, que sí son reguladas y subsidiadas por el Estado, se transfieran a las filiales.
CIPER recogió testimonios de diversos profesionales y trabajadores de Aguas Andinas y constató que una práctica habitual de la empresa es hacer que sus funcionarios realicen trabajos para otras sociedades filiales de AGBAR y que están fuera del negocio regulado por el Estado. Por ejemplo, desarrollando propuestas de negocios para Aqualogy y otras sociedades del grupo. Esto significa que, siendo sus sueldos pagados por Aguas Andinas, los gastos de esos trabajos para otras filiales de AGBAR terminan siendo absorbidos por los consumidores del agua potable.
-La orden era que Aguas Andinas trabajaba para Aqualogy -afirmó a CIPER un profesional de Aguas Andinas.
Entre los clientes de Aqualogy está también el Ministerio de Obras Públicas (MOP). El 25 de enero de 2013 se publicó en la prensa el aviso de licitación para implementar un sistema de “telecontrol y alerta hidrológica” para el Parque Fluvial Renato Poblete en Quinta Normal. El aviso venía firmado por la directora general de Obras Públicas (DGOP), Mariana Concha Mathiesen, quien hasta fines de 2010 se desempeñó como alta ejecutiva en Aguas Andinas. Cinco empresas compraron las bases. Sólo una presentó propuesta técnica y económica: Aqualogy Medio Ambiente Chile. Pese a que el precio inicial de licitación era de $567 millones (precio máximo, sin reajuste), el monto del contrato terminó ascendiendo a $737 millones.

OPERACIÓN ALTO MAIPO

En junio de 2008, Aguas Andinas presentó en la CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Medio Ambiente) una serie de reparos al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, que debiera entrar en funcionamiento en 2017. En ese momento Aguas Andinas entró en conflicto con AES Gener, empresa estadounidense propietaria de Alto Maipo, la que se disponía a utilizar parte de los recursos hídricos con los que la sanitaria abastece de agua potable a los habitantes de la Región Metropolitana (los ríos Volcán, Yeso y Colorado).
Sin embargo, el 5 de julio de 2011 Aguas Andinas se desistió de la oposición a Alto Maipo presentada en 2008. Semanas antes, el 6 de junio, la sanitaria firmó un convenio con AES Gener comprometiéndose a entregarle 2,5 metros cúbicos por segundo de agua por un plazo de 40 años a cambio de un pago mensual que se hará efectivo una vez que Alto Maipo comience a inyectar energía al SIC.
Al mismo tiempo, y en una operación paralela ejecutada en ese mismo mes de junio de 2011, el grupo Luksic aumentó sustantivamente su participación accionaria en Aguas Andinas, con la adquisición por parte del Banco de Chile e Inversiones Arizona S.A. de un porcentaje de las acciones que el Estado vendió ese año. El paso siguiente fue que el grupo Luksic instaló en el directorio de Aguas Andinas a uno de sus hombres de mayor confianza: Rodrigo Manubens Moltedo.
El ingreso del grupo Luksic a Aguas Andinas y el desistimiento de la sanitaria de su oposición al proyecto hidroléctrico se entendió cuando en junio de 2013 –justo dos años después de haberse firmado el acuerdo por el cual Aguas Andinas le aseguró a AES Gener el abastecimiento de agua para Alto Maipo– el grupo Luksic compró, a través de Antofagasta Minerals, el 40% de Alto Maipo por US$300 millones.
En el contrato suscrito entre AES Gener y Aguas Andinas quedó registrado el compromiso de la sanitaria de “tramitar diligentemente” la aprobación ante la Dirección General de Aguas (DGA) para extraer y transportar los 2,5 m³ de agua arrendada a la hidroeléctrica desde las lagunas Negra y Lo Encañado (ver documento). Y así lo hicieron. El 20 de septiembre de 2011 la DGA autorizó la operación y la construcción de las centrales (ver documento).
Aunque la resolución N° 2860 que dio luz verde al proyecto fue firmada por otro funcionario, el director de la Dirección General de Aguas (DGA) era entonces Matías Desmadryl Lira y, su primera directora subrogante, Mariana Concha Mathiesen. Poco antes de sus nombramientos, en marzo y diciembre de 2010 respectivamente, Desmadryl era el encargado de asuntos regulatorios de Aguas Andinas y Concha la subgerenta de gestión y planificación de proyectos de la sanitaria.

BARCELONA Y SHANGHAI “TODO INCLUIDO”

El sábado 9 de octubre de 2010, una camada transversal de parlamentarios y alcaldes llegó al aeropuerto de Santiago para embarcarse en un vuelo rumbo a China (ver noticia). En total 40 personas (políticos, empresarios y periodistas), integraban la comitiva.
El grupo se dirigía a Shanghai para conocer el pabellón de Chile en la exposición universal que desde mayo de ese año se realizaba en esa ciudad. Pero lo que unía a la comitiva no era sólo el destino. También el hecho de que los cuantiosos gastos de su viaje y estadía (que se extendió por una semana) fueron financiados por Aguas Andinas.
Pese a ser una empresa regulada por el Estado –y a que en 2010 existían evidencias de que la Ley 19.549 creada en 1998 precisamente para regular la industria arrastraba serios vacíos que iban en perjuicio de los consumidores– la Comisión de Ética de la Cámara autorizó a los parlamentarios invitados al viaje y les recomendó abstenerse de participar “en futuros procesos de decisión en los que se afecten intereses particulares de Aguas Andinas”, según consignó la prensa.

F. Larraín y M. Espinosa, en un evento de Aguas Andinas en Santiago.

No era la primera vez que Aguas Andinas movía sus piezas entre influyentes tomadores de decisión. Ya lo había hecho tres años antes, en junio de 2007, aunque en esa ocasión el lobby fue aún más temerario: tres de los más altos representantes del organismo que regula a las sanitarias, la SISS, fueron invitados por Aguas Andinas, con los gastos pagados, para asistir a la celebración de los 140 años de AGBAR en Barcelona. El episodio no causó polémica porque prácticamente nadie se enteró.
A la celebración y seminario asistieron la superintendenta, Magaly Espinosa Sarria; José Luis Szczaranski Cerda, jefe de la División de Concesiones y Sergio Rivera Gallardo, jefe de la División de Fiscalización. Todos ellos asumieron sus funciones en 2006 y aún se mantienen en sus cargos.
Szczaranski y Rivera pidieron permiso administrativo de cinco días. Espinosa, en cambio, aprovechó sus vacaciones en Europa y desde Francia se trasladó a Barcelona para participar del evento que tuvo lugar en la torre AGBAR el 19 de junio.
En Barcelona, en el seminario “Cinco ejemplos internacionales de gestión ambiental al servicio de los ciudadanos”, Magaly Espinosa expuso durante una hora en una mesa junto al actual presidente y entonces gerente general de Aguas Andinas, Felipe Larraín Aspillaga, sobre la gestión del agua en Santiago. Szczaranski y Rivera sólo participaron como oyentes. El 23 de junio los tres funcionarios de la SISS regresaron a sus oficinas en Santiago poniendo fin a su estadía en Europa (ver programa de actividades).
Consultada al respecto, la superintendenta Espinosa dijo a CIPER que ella no aceptó que la sanitaria le pagara el pasaje a Barcelona. Para respaldar sus dichos, mostró documentos bancarios que acreditan la compra en esa fecha de un pasaje en la aerolínea LAN Chile por un monto de $500.000.
–Tenemos muy claro nuestro rol y eso no significa que no podamos conversar, tener reuniones de trabajo o participar de algunas actividades en conjunto. Eso no lleva a cambios en nuestra conducta –afirmó a CIPER Magaly Espinosa.
En cuanto a los gastos del viaje de Rivera y Szczaranski, según la versión de la propia superintendenta, ellos sí aceptaron la invitación con los gastos pagados extendida por la sanitaria cuyo funcionamiento por ley deben regular y fiscalizar.
Nota: CIPER pidió entrevista con Felipe Larraín Aspillaga en varias oportunidades. Aguas Andinas, sin embargo, se excusó de acceder a nuestra petición y se limitó a enviar por correo electrónico algunas respuestas a temas que CIPER había formulado preliminarmente para acceder a la entrevista. 
vía:
 http://ciperchile.cl/2014/10/16/el-negocio-del-agua-los-vacios-de-la-ley-que-disparan-las-millonarias-ganancias-de-aguas-andinas/