México. La riqueza de los empresarios mexicanos que encabezan la lista de millonarios de la revista Forbes
está cimentada “en el despojo de los bienes de la nación”, resume
Francisco López Bárcenas, autor del libro “El mineral o la vida”, sobre
la legislación minera en México.
Los tres primeros lugares de la lista de
México (Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea) tienen empresas
mineras. El artículo 27 actual señala que se pueden concesionar los
recursos naturales “pero siempre debe ser, primero, para distribuir la
riqueza nacional -y no para tres gentes-; para el desarrollo de los
mexicanos y para conservarlos”, precisa López Bárcenas, que agrega que
en el caso de la minería no se cumple ninguno de estos supuestos.
Además, explica, se afecta el derecho al agua y la alimentación de los
mexicanos por el carácter preferente del que goza esta actividad
industrial.
Empresarios mexicanos: explotación y especulación
Carlos Salinas de Gortari, presidente de
México entre 1988 y 1994, desincorporó las concesiones que tenía el
Estado y las entregó a grupos mineros mexicanos, principalmente a Grupo
México (de Larrea), Grupo Peñoles (de Bailleres) y Grupo Frisco (de
Slim, el hombre más rico del mundo) para asegurarse de que controlaran
gran parte de la minería, aún antes de que hiciera la reforma al
artículo 27 de la Constitución y se publicara la nueva ley minera.
“Cuando se modifica la ley de inversión
extranjera, que permite cien por ciento de capital extranjero en las
minas, ya los empresarios mexicanos tienen asegurada su parte”, señala
López Bárcenas. Después de la entrega de las concesiones vino la Ley
Minera, que unificó los permisos para explorar y explotar y permitió que
los periodos de concesión fueran prácticamente de cien años. Eso,
apunta López Bárcenas, abrió paso a la especulación.
“Casi todos los proyectos, dicho por los
propios mineros, se llevan máximo 15 años. ¿Para qué quieren cien?
Porque entre más tiempo tengan, su precio es más alto en la bolsa de
valores; el negocio no es sólo explotar el mineral, es especular con el
patrimonio nacional”, enfatiza el abogado mixteco. La Ley Minera también
permite que las concesiones se unan, con lo que adquieren mayor valor
en la bolsa.
Ante la idea de que la mayoría de las
mineras en México son canadienses, López Bárcenas responde que esto no
es totalmente verídico. Explica que en la bolsa de valores de Vancouver
se concentran todos los proyectos de minería. “Puede ser un capital
mexicano o estadunidense que se va a Vancouver, se domicilia ahí para
entrar a la economía especulativa y de ahí se viene a México, pero ya
como capital canadiense”, precisa.
La producción de metales en México se
disparó en 2010; para 2011, su valor superó los 20 mil millones de
dólares y llegó al tercer lugar entre los sectores productivos de
México, según datos de la Cámara Minera de México (Camimex).
Gratis
Otro factor que abona al fácil
enriquecimiento para los empresarios mineros es que solamente “pagan por
hectárea de superficie concesionada entre cinco y 111 pesos
semestralmente, sin importar ni el tipo de mineral ni la cantidad que
obtengan”, informa el abogado e historiador. México es “el único país
en América Latina en que los empresarios no pagan impuestos por la
obtención y la exportación del mineral”, agrega. Colombia, aún con una
ley minera muy parecida, cobra el 30 por ciento del valor del mineral
extraído.
Una comparación que ilumina es el caso
de la paraestatal Petróleos Mexicanos. “El petróleo también es un
mineral, que el Estado se ha reservado para explotarlo él solo. Si uno
ve la cantidad de impuestos que paga, no hay un punto de comparación con
lo que pagan los otros minerales”, indica López Bárcenas. México es ya
el primer productor de plata a nivel mundial y el décimo de oro, según
datos de la Camimex, pero mientras gran parte de la recaudación del
Estado mexicano viene del petróleo, de los otros minerales “no viene ni
un centavo”, acusa López Bárcenas.
“Facilidades”,
Revolution Resources –la empresa
acusada de hacer trabajos ilegales de explotación en el territorio
sagrado de Wirikuta-, en la sección “¿Por qué México?” de su página de
internet, indica que además de las leyes pro-mineras, este país es el
más estable políticamente en América Latina.
Durante el gobierno de Salinas, el Banco
de Comercio Exterior y el gobierno de Canadá realizaron talleres sobre
las posibilidades de inversión en América Latina, recuerda López
Bárcenas. Llegaron a la conclusión de que además de las leyes permisivas
en México, el gobierno tenía la disposición de cambiar los requisitos
mínimos que había en algunas disposiciones legales y no había
organizaciones no gubernamentales que pelearan por el medio ambiente.
Francisco López Bárcenas agrega a las
condiciones que posibilitan la gran explotación el asesinato de
opositores a las minas: “En (el caso de) Minera San Xavier, un
presidente municipal se opuso a otorgar el cambio de uso de suelo y lo
asesinaron; en Chicomuselo, Chiapas, mataron a Mariano Abarca; en San
José del Progreso, Oaxaca, mataron a Bernardo Vázquez”. El asesinato de
Ismael Solorio y Manuelita Solís, en el año 2012 en Chihuahua, también
podría estar relacionado porque luchaban contra las perforaciones
ilegales que realizaba la Compañía de Servicios Mineros Cascabel, filial
de la minera canadiense Magsilver.
Daños y resistencias
En octubre de 2012, Humberto Gutiérrez,
presidente de la Camimex, declaró que en México hay oro y plata para
explotar otros 500 años. El oro extraído en la década que va de 2000 a
2010 (419 mil 097 kilogramos) duplica fácilmente a la cantidad extraída
durante 300 años de Colonia española (191 mil 825 kilogramos).
Para López Bárcenas, la preocupación no
es que se acabe el mineral sino el tipo de explotación que se hace.
“Todo es a cielo abierto, y para explotar 500 años más tendrían que
poner el país al revés, y a ver a dónde nos vamos cuando estén
devastando el territorio”, declara.
Muchas comunidades que rentan sus
tierras no saben el daño que se les causará con la actividad minera, que
prácticamente destruye todo porque el mineral no está en veta y se
tiene que revolver toda la superficie terrestre.
La ley agraria, que debería ser de
protección social, permite que la renta de ejidos sea de 30 años
prorrogables, “la vida de toda una generación”, apunta López Bárcenas,
amén de que el pago es muy bajo. Lo que no dice la minera es que cuando
devuelvan la tierra rentada, no va a servir para nada.
En Mezcala, por ejemplo, debido a las
protestas se aumentó considerablemente la renta pagada por las tierras,
pero el problema “es que la gente emigró porque ya no tenía que hacer”,
se acabó el dinero, y al cabo de unos años el pueblo se destruyó
completamente. Más que migración, señala el abogado, se trata de
desplazamiento forzado.
Otro de los costos es la afectación al
derecho a la alimentación. Para que el Estado lo garantice, “sembrar
debería ser una actividad preferente; sin embargo, la Ley Minera dice
que esa actividad es la preferente y se puede parar todo para hacer
minería”.
También se afecta el derecho al agua. En
el norte del país hay protestas de campesinos porque la Comisión
Nacional del Agua sí se las regula a ellos pero a la minería no. “Hay
que modificar ese esquema”, concluye López Bárcenas.
A diferencia de lo que las mineras veían
a finales de la década de los ochenta, la protesta social aumentó
considerablemente, señala Francisco. Estas resistencias se activaron en
los últimos dos años; en primer lugar, las protestas se originaron por
la destrucción ambiental; luego, por la baja renta que pagan las
empresas por las tierras (mil pesos por hectárea) y más recientemente,
los pueblos indígenas piden ya la cancelación de concesiones
argumentando la violación a su derecho a la consulta.
Uno de los frentes de protesta “es el
legal, demandar que se cumplan los mínimos derechos, que se anulen los
contratos de arrendamiento, que se cancelen las concesiones porque no se
respetó el derecho a la consulta”; el otro frente es “la organización
social, con dos grandes tendencias: la Red Mexicana contra la Minería y
la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, además de los frentes a
nivel regional”; un tercero es la denuncia pública que hacen los
afectados, cada uno según su capacidad, analiza el experto.
Posibilidades de reforma
El abogado López Bárcenas señala que
para hacer un poco aceptable esta actividad, se le debería quitar el
carácter de preferente, las concesiones se deberían reducir a solamente
el tiempo que necesite un proyecto, las empresas deberían pagar el agua
que utilizan y la renta de la tierra sólo debería hacerse por un valor
superior a la actividad que existiera ahí anteriormente.
Sin embargo, señala, eso no es lo
principal. “Los pueblos lo que quieren es seguir siendo pueblos y
defender su derecho al territorio”, finaliza.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/03/las-minas-y-el-despojo-llevan-a-la-lista-de-forbes-a-los-millonarios-mexicanos/
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