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Tres arduos meses le tomó a la periodista Ginna Morelo documentar “La ruta del despojo”, una serie de reportajes sobre las dificultades que ha enfrentado la política de restitución de tierras a las víctimas de la violencia en Colombia. Con el auspicio del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), Morelo recorrió las zonas del Urabá antioqueño y de Córdoba, donde la guerrilla y los paramilitares provocaron el desalojo y desplazamiento de cientos de campesinos. Se trata de regiones donde el temor a la venganza de quienes se apropiaron de los predios aún paraliza a los sobrevivientes de las familias despojadas. El acucioso trabajo de Morelo fue difundido por el diario El Meridiano de Córdoba y puede ser apreciado en la web bajo el formato de una cuidada presentación multimedial que incluye varios reportajes, mapas, videos, galería de imágenes, estadísticas, entrevistas a autoridades y a los despojados. A continuación, el texto de uno de los reportajes centrales: “Antecedentes: El conflicto por la tierra” 


(*)Vea acá la presentación multimedial completa de la investigación
Lo que comenzaron ‘Los tangueros’ de Fidel Castaño, posteriormente autodefensas, en los municipios de San Pedro, Necoclí y Apartadó (Antioquia), rápidamente se extendió a Córdoba a las localidades de Valencia, Tierralta y Montería.
Las masacres, ocurridas en las tres últimas décadas, fueron acompañadas de hordas de desplazados que abandonaron sus tierras o mal vendieron a quienes ponían a firmar los paramilitares.
La situación se desbordó tanto, que hoy Córdoba es el octavo departamento más afectado por el desplazamiento forzado en el país. Tiene 160 mil campesinos desarraigados del millón 400 mil habitantes que posee en su territorio, según el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Una población itinerante que se mueve de un lado a otro, perdida y permanentemente amenazada si intenta solicitar la restitución de sus derechos. Montería, la capital cordobesa, se constituye como el municipio de mayor recepción de desplazados, el 10% de su gente es refugiada. La situación puede ser mucho peor, porque más del 43% de las personas que rindieron declaración de su condición no fueron incluidas en el Registro Único de Población Desplazada.
El tema ha sido abordado de distintas maneras por los diversos organismos del Estado, pero nunca conjuntamente. La Defensoría del Pueblo profirió una resolución, la 058 del 14 de abril de 2010, que fue el resultado de las reuniones con las víctimas, las cuales se siguen haciendo bajo las más estrictas medidas de seguridad. Impacta la forma cómo estas llegan a los sitios dispuestos para los encuentros.
Son recibidas por una nube de escoltas que se aseguran que nada las perturbe. Ya vienen perturbadas por lo que les sucedió en el pasado.
La Defensoría monitorea las zonas de riesgo y emite así alertas tempranas que más que contener la oleada de violencia, explican lo grave que se torna el tema tierras, como raíz y germen del conflicto en Colombia, explicó Julia Rodríguez, defensora del Pueblo en Córdoba. La resolución fue engavetada por más de dos años, ninguna autoridad le prestó atención.
En abril de 2012 llegó una orden del Ministerio de Agricultura a la regional del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), en la que exige atender los cuestionamientos de la resolución que nadie nunca antes miró. Un funcionario del Instituto dice que ahora sí quieren ponerle el acelerador a los resultados frente a temas como Derechos Humanos y especialmente la política de tierras de este Gobierno, que la Comunidad Internacional conoce con excesivo ‘bombo’.

EL TERRITORIO EN DISPUTA

Córdoba es un departamento de 23.980 kilómetros cuadrados, distribuidos de una manera inequitativa. Las grandes extensiones de tierras productivas están en manos de una pequeña élite, mientras que la gran masa se debate en medio de la pobreza. El 53.53% de los hogares cordobeses tiene las necesidades básicas insatisfechas, mientras que un 23.91% se encuentra en la miseria absoluta, según datos de la Defensoría del Pueblo.
La puesta en marcha de varias reformas agrarias en el departamento no ha logrado superar el conflicto, a pesar de haber transcurrido cerca de 47 años de ejecución entre 1963 y 2010, pese a que el departamento contó con dos regionales del antiguo Incora (La Doctrina y Montería), hoy Incoder.
Solo por poner un ejemplo histórico, en 1970 un 4% de la población poseía el 86% de la tierra en el departamento de Córdoba. Actualmente la tendencia es a la concentración de la tierra, pues en este, en la margen izquierda del río Sinú, el 12% de la población posee el 80% de la misma.
El territorio en disputa en Córdoba pinta en el mapa 11 puntos rojos (ver mapa) en donde la pelea por la tierra está que arde, bien sea porque los actores armados no permiten que los beneficiarios gocen de los predios, o porque el Incoder readjudicó lo que ya tenía dueño o porque los campesinos no viven allí porque el Estado no los dotó de proyectos productivos, según lo pudo constatar El Meridiano al recorrer esa ruta del despojo.

TIPOLOGÍAS DEL DESPOJO

Los vacíos legales en la tenencia de la tierra han facilitado la apropiación y desalojo de campesinos por parte de actores armados al margen de la ley, grandes propietarios y sectores económicos que explotan los recursos naturales. El total de hectáreas usurpadas o forzadas a dejar en abandono durante los últimos 11 años sería del orden de 5.5 millones (equivalentes al 10.8% de la superficie agropecuaria del país), de esos millones a la Costa Caribe le corresponde el 38.2%. Al hacer el recorrido en Urába y Córdoba, los testimonios confirman la caracterización de cinco tipologías del despojo de la tierra:
1. Desalojo de campesinos por parte de paramilitares, algunas veces mediante asesinatos de personas y masacres que obligaron a sus familias a vender y que también causaron desplazamiento; Caso Los Padilla en Urabá antioqueño (límites con Córdoba); o mediante quema de sus viviendas, caso Maritza Salabarría, Mundo Nuevo, en zona rural de Montería, Córdoba.
2. Desplazamientos por la llamada Casa Castaño, que se apoderó de predios. Luego llegaron otros paramilitares y volvieron a desplazar. Caso Costa de Oro, en Tierralta, Córdoba.
3. Tierras entregadas por el Gobierno a campesinos, que después los paramilitares compraron a ‘peso de plomo’. Caso El Tronco en Montería, Córdoba.
4. Familias beneficiarias de tierras por parte del Incora, que no pudieron establecerse por razones de seguridad, ya que eran señaladas de ser colaboradoras de actores armados. Caso El Quindío, Valencia, Córdoba.
5. Asesinato de líderes que han abogado por la recuperación y acceso a las tierras por parte de los campesinos. Caso Leoncio Manuel Mendoza Mejía, Urabá Antioqueño.

EL PASO A SEGUIR

La política de tierras implica retos. El primero de ellos, poner a tono a todas las autoridades, y en eso justamente está empeñado el Ministerio de Agricultura, en clarificar el estado de la propiedad de la tierra, para llegar más rápido al postconflicto. Como quien dice, el Gobierno contradice a quienes aseguran que no es posible avanzar en la restitución en medio de la guerra, porque justamente la causa de la disputa es la tierra.
El tema no es fácil. Según datos de la Universidad de los Andes publicados en la revista Semana, entre 1961 y 2010 se titularon 23 millones de hectáreas, de las cuales el 92 por ciento fueron baldíos entregados a campesinos o a grupos étnicos. Sin embargo, en los últimos 20 años 6.6 millones de hectáreas le fueron despojadas a campesinos y por lo menos 3 millones al Estado.
Sin embargo y pese a estudios y cifras, el Estado no sabe a ciencia cierta cuántos terrenos baldíos tiene ni dónde están ubicados. Tampoco tiene claridad sobre la tierra en manos de campesinos, quienes tienen títulos que nunca registraron. Tampoco ha dimensionado la corrupción que se escondió por años en las entidades como el Incora y el Incoder. El primero, adjudicó tierras que posteriormente abandonaron campesinos como consecuencia de la violencia, y esas mismas parcelas se las readjudicó a otras personas que las usufructúan y tienen papeles para demostrar que es legal.
Luego llegó el Incoder y continuó la maniobra de legalizar la tenencia, pero no a favor de los campesinos. El caso de los Salabarría explica el embrollo, y pone de presente un nudo gordiano que le costó la renuncia al director del Incoder, Juan Manuel Ospina.
Por su parte, la Superintendencia de Notariado y Registro está haciendo una labor titánica, pero el lío es tan monumental, que tomará mucho tiempo desenredar la madeja de corrupción y escasez de información de unos 40 años.


Vìa:
http://ciperchile.cl/2012/05/03/impactante-investigacion-periodistica-en-colombia-%E2%80%9Cla-ruta-del-despojo%E2%80%9D/