Este es un artículo para ponerse a temblar. El constructor y amigo de Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú, construyó en 2011 el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. Un teórico hospital público construido y administrado por capital privado cuyos prohibitivos costos lo convierten en un elefante blanco que financian el erario público y los propios usuarios. Este es el esquema de corrupción y privatizaciones encubiertas que nos espera el próximo sexenio con el nuevo IMSS del nuevo PRI.
Las jóvenes y guapas recepcionistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango
solicitan por radio a una mujer policía que escolte a la visitante
hasta el área de trabajo social. En el recorrido por el edificio recién
estrenado, de arquitectura barraganiana, se ven más policías que médicos
o pacientes. Sólo tres personas están hospitalizadas, 121 camas
desocupadas y las salas de consulta externa, vacías.
En su cubículo con paredes aún sin
decorar, una amable trabajadora social explica a la recién llegada el
esquema de pago de consultas (330 pesos) y tratamiento, cuyo precio se
valora según el estatus: si se cuenta con Seguro Social o Popular, si se tienen seguros privados o no se tiene seguridad social.
–¿Qué, éste no es un hospital público? –se le pregunta.
–Este hospital no es público ni
es privado, es como las carreteras; lo construyó un inversionista
privado que tiene que recuperar su inversión y que tiene a su cargo 25
de los servicios que aquí se dan –explica.
Los quirófanos y los cuartos para
hospitalización están vacíos. Áreas enteras están cerradas. Algunas
oficinas lucen aún en obra negra. Los médicos se entretienen en la
computadora de su cubículo mientras esperan la llegada de pacientes. En
el área exterior empleados de una compañía privada de limpieza hacen
malabares para quitar la tierra a los modernos vidrios cubistas
difíciles de limpiar. En el estacionamiento, en una caja de tráiler
acampan los técnicos que supervisan la terminación de la obra.
Cada pasillo, cada rincón, cada piso es
custodiado por policías de la Agencia de Seguridad Estatal; uno de ellos
calcula que son 75 los asignados a este hospital casi vacío.
Con la mitad del personal médico,
técnico y de enfermería contratado, este centro de salud aún no trabaja a
cabalidad pese a que fue inaugurado hace ocho meses por el entonces
gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Ese 15 de
septiembre, el último día de su gobierno, lo presumió como el último de
sus 608 compromisos cumplidos y firmados ante notario.
Lo presentó en su gira de despedida, que
más parecía un “maratón de obras”, en la que el político entregaba
inmuebles con secciones aún en obra negra, fusionaba compromisos al dos
por uno en una misma entrega, realizaba mítines masivos de despedida,
apurado por saltar al trampolín de la carrera presidencial.
El hospital de Zumpango, la promesa
número 37 de las 608 que hizo, lo entregó incompleto, cuando apenas
estaba concluida la primera de sus tres etapas (el área para quemados,
13 salas de consulta externa, laboratorio e imagenología) y en algunas
partes estaba en obra negra: le faltaban dos pisos de hospitalización,
los nueve quirófanos, 20 consultorios, la sección de cirugía ambulatoria
y la de terapia intensiva. Fue concluido en marzo.
“Fue un incumplimiento del
inversionista-proveedor, se les acabó el capital para la obra… Tenía que
estar para junio pero se entregó en septiembre”, admite el
director general del hospital, el pediatra Carlos Aranza Doniz,
encargado del área médica porque del resto se encarga la empresa, la
Constructora Teya.
El médico desconoce si la empresa pagó una penalización por incumplimiento del contrato.
La última semana este hospital ha sido
muy mencionado a raíz de que a Peña Nieto se le sumaron dos escándalos:
los compromisos de gobierno incumplidos (que el PAN ha estado
documentando sobre terreno) y los gastos en transportación para su
campaña en la flotilla aérea propiedad del tamaulipeco Juan Armando
Hinojosa Cantú, el constructor favorito de su sexenio y ganador de la
obra de 7 mil millones de pesos de este hospital, entre muchas otras.
Hinojosa Cantú es el principal
beneficiado de los contratos del gobierno mexiquense con la iniciativa
privada, a través del esquema PPS (Proyecto de Prestación de Servicios),
con el que hipotecó el gasto del estado hasta por 30 años en una deuda
no contabilizada en las cuentas públicas.
En su sitio en internet de Grupo Higa,
propiedad de Hinojosa Cantú, publicita entre su experiencia la
construcción del Hospital General Adolfo López Mateos y el Centro Médico
Issemym (que excedió 40% su costo original), durante la administración
de Arturo Montiel.
Con Peña Nieto ese grupo y sus diferentes
constructoras han participado en las obras del Viaducto Elevado
Bicentenario, la construcción-explotación-operación-conservación y
mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, distribuidor vial de
Naucalpan Par Vial Metepec, la construcción y operación de la
autopista Toluca-Atlacomulco, unidades médicas por todo el estado,
remodelaciones y el estadio y gimnasio de la Universidad Autónoma del
Estado de México, puentes vehiculares y el distribuidor vial y el
estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Toluca, el libramiento
Acambay, la ampliación de la carretera Toluca-Naucalpan, así como
estudios para el gobierno y campañas publicitarias, según documenta el
periodista de investigación Elpidio Hernández en el semanario Nuestro
Tiempo, de Toluca.
La semana pasada el diario Reforma
publicó que la empresa Eolo, del mismo empresario, traslada a Peña Nieto
a sus actos proselitistas en aviones y helicópteros, en un jet
Bombardier Challenger matrícula XA-OHS o en un Dassault Falcon 50
matrícula XA-PRR, cuyos costos de arrendamiento son estimados en 3 mil
500 dólares la hora.
Para los trayectos cortos utiliza cuatro
diferentes helicópteros, entre ellos un Agusta matrícula XA-UPD, que a
precio de mercado costaría 3 mil 800 dólares por hora. Además utiliza
aviones Boeing 737 para el equipo de avanzada que organiza los mítines,
entre los cuales están las aeronaves con matrículas XA-UMQ y XA-UHZ,
cuyo costo es de 10 mil dólares por hora.
Algunas empresas reconocidas como de su
propiedad son Grupo Higa; Eolo; Constructora Teya; Publicidad y
Artículos Creativos; Autopistas de Vanguardia, S.A. de C.V.; Mezcla
Asfáltica de Calidad; Señales y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Consorcio
IGSA Medical del Perú, entre otras.
Según el periódico digital Alfa Diario,
Higa ha facturado del año 2000 a la fecha, en contratos con el gobierno,
poco más de 23 mil millones de pesos.
Además de ser el empresario consentido
de los últimos tres gobernadores mexiquenses, Hinojosa Cantú era
consuegro del exgobernador de Veracruz Fidel Herrera, con cuyo gobierno
también firmó contratos.
Sobre la rápida fortuna de este
personaje, el semanario Nuestro Tiempo publicó en junio de 2011 que
Hinojosa Cantú “en el año 2000 ya hacía aportaciones económicas para
apoyar al PRI, como la registrada el 13 de julio de aquel año, cuando se
apuntó con 406 mil 940 pesos (…); que buscó, lo mismo que Carlos Slim,
construir el Parque Bicentenario de Metepec-Sedagro; que le gusta el
golf y a veces juega en el Bosque Real Country Club o en el Club de Golf
San Carlos (…)
“Que obtuvo una concesión en Michoacán
para construir la carretera Zamora-La Piedad; que una de sus empresas
estelares se llama Teya; que fue ‘descubierto’ por Arturo Montiel Rojas,
quien lo integró a un exclusivo grupo de constructores, el ‘Consorcio
Integrador del Ramo de la Construcción’, donde había 49 empresarios y
que se le atribuye una cercanía más que especial con Peña Nieto pues es
su compadre. Hasta el 2009 el empresario era también presidente del
Patronato del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM);
(…) El empresario es socio de Grupo Hermes, de los Hank, y se le calcula
un beneficio en contratos por 20 mil millones de pesos con Peña Nieto.”
A su vez el periodista Salvador García
Soto publicó ese mismo mes que la PGR investiga los viajes del jet de
lujo Gulfstream 300, de Jorge Hank Rhon, que era monitoreado por la DEA,
el cual estuvo estacionado en el hangar 62 del aeropuerto de Toluca, en
la base de operaciones de la empresa Eolo.
Costo excesivo.
Mientras muestra el altero de papeles de
medio metro del contrato de construcción del hospital de Zumpango, el
economista experto en salud Joel Herrera señala que estos contratos
mediante la modalidad PPS salen más caros a los contribuyentes.
“Es un negocio de los privados: le
garantizas la inversión al que pone el dinero, los contratos están tan
detallados que el inversionista nunca pierde un centavo y gana por el
mantenimiento y la operación durante 25 años. Evidentemente a todos nos
salen más caros. Esta inversión en infraestructura es deuda que a fin de
cuentas se va a pagar en 25 años”, explica este hombre que ha trabajado
desde hace una década con la exsecretaria de Salud del DF Asa Cristina
Laurel, integrante del llamado “gobierno legítimo” de Andrés Manuel
López Obrador.
El Congreso local aprobó que este tipo
de contratos garanticen los pagos con el fondo de nóminas que, explica,
otros gobiernos usan para emergencias.
“Zumpango es un negociazo brutal
porque la empresa, además de hacerse cargo de la obra, de entregar el
hospital completito, se encarga de equiparlo y operarlo. Su costo de
construcción se fue al doble del precio del mercado. Es de los
más chicos y los más caros, aunque se vea grandote, en términos
operativos es del tamaño del Rubén Leñero (del DF), que tiene 124 camas.
Lo vamos a pagar a 25 años a intereses de mercado. Pero si el gobierno
lo hubiera construido con un préstamo de un organismo internacional, se
pagaría en un máximo de cinco años con todo e intereses”, dice Herrera a
Proceso.
El economista estudioso de los esquemas
PPS dice que el gobierno federal los inauguró con los hospitales de El
Bajío y Ciudad Victoria, cuyo modelo estudiaron los mexiquenses. A pesar
de que esos de por sí son hospitales caros, el de Zumpango, con 60
camas menos que el de Bajío, duplicó su costo.
Aunque al final de su gubernatura Peña
Nieto anunció que dejó unas finanzas sanas y que había reducido la deuda
pública, en términos reales –según Herrera– la duplicó: “Salió con 39
mil millones de pesos de deuda pública, pero si sumas los PPS tenemos
que dejó obras contratadas por otros 34 mil 82 millones de pesos, casi
lo mismo de la deuda pública, pero es deuda disfrazada. Así que en
términos reales es de más de 70 mil millones de pesos”.
En suma, hipotecó los pagos del
estado a 30 años, con lo que supera al DF en endeudamiento por ocho
obras contratadas con distintos empresarios que ató al gasto público.
Estas son: el mantenimiento de la red de carreteras, el Centro Cultural
Mexiquense, la Vialidad las Torres, el Puente James Watt, el
libramiento Atizapán, los hospitales generales Toluca Issemym y
Tlalnepantla, y el de especialidades de Zumpango.
“El riesgo de que no ganemos
(dice refiriéndose a la candidatura de López Obrador) es que este tipo
de hospitales empezaría a surgir y son los que van a sustituir al Seguro
Social, al ISSSTE y lo que haya. Si vas a querer atención, vas
a pagar y se te ofrecerá un paquete de servicios. Ese es el esquema que
traen, el modelito por el que Grecia y España hicieron crisis, por el
que han venido desfinanciando al sistema de salud”, indica.
En el sitio de taxis del hospital
ubicado a las afueras del casco urbano que pronto se llenará de Casas
Geo, un taxista que espera a que aparezca algún cliente comenta: “Ese
hospital es privado, es puro engaño”.
El director general del hospital, Aranza
Doniz, defiende el esquema bajo el que fue creado. Dice que la calidad
del servicio está garantizado por el contrato, que los pacientes no se
frustrarán en listas de espera ni los médicos por aparatos
descompuestos, que no se desahuciará a los más pobres, que aun cuando
esté lleno los ricos podrán internarse pagando su cama, que tendrá un
albergue para familiares, que los costos de tratamientos y consultas son
iguales a los de los institutos nacionales, como el de cancerología,
nutrición o pediatría, que otros hospitales federales del país tienen
este esquema público-privado, que es un reto encabezar este nuevo
proyecto.
“Cierto que el PPS es como el sistema de
carreteras: construyes, después cobras y luego entregas al gobierno;
pero esto no es a costa de que el usuario lo pague. La gente que no tiene dinero va a tener uno de los mejores servicios pero con un cobro de acuerdo con su situación económica”, indica antes de guiar un recorrido por las instalaciones.
Es notorio que su oficina está rodeada de administrativos y que faltan médicos. El hospital es bonito. Por éste los
contribuyentes pagaremos durante un cuarto de siglo 281.5 millones al
año a la constructora, monto que se va incrementando por actualización
inflacionaria y el costo financiero de la tasa de interés, sin contar los salarios, servicios y gastos de operación.
Aranza encabeza el área médica pero
comparte poder con el ingeniero gerente Rogelio García, representante de
la empresa, que despacha en la torre contigua. Son como dos virreyes.
Esta reportera solicitó una entrevista con García para conocer su
versión, pero su asistente, Jesús Apantenco, dijo que no estaría
disponible, que no era localizable y nunca lo comunicó.
Vía,fuente:
http://pulsociudadano.com/2012/07/privatizaciones-pena-nieto-hospitales-publicos-convertidos-en-negocios-privados/
http://pulsociudadano.com/2012/07/privatizaciones-pena-nieto-hospitales-publicos-convertidos-en-negocios-privados/
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