Difusión Cencos México
Boletín de prensa
Frayba
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• Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas registró, en
el periodo que va de enero de 2010 a diciembre de 2011, 47 personas
sobrevivientes de tortura de las cuales: ocho son mujeres y 38 hombres;
del mismo total ocho personas pertenecen al pueblo tseltal, siete al
pueblo tsotsil, una al pueblo tojolabal y otras 31 personas se
identifican como mestizas; los municipios en que se cometieron eventos
de tortura son: Acala, Bella Vista, Comitán de Domínguez, Chilón,
Huixtla, El Provenir, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Pueblo Nuevo
Solistahuacán, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla
Gutiérrez y Villaflores.
Los perpetradores que hemos identificado en estos hechos son: elementos
del Ejército mexicano; de la Policía Municipal; Policía Estatal
Preventiva; Policía Ministerial, fiscales del Ministerio Público de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE),
particulares con la anuencia de agentes del Estado y, haciendo especial
mención por su recurrencia, el personal de la Fiscalía Especializada
Contra la Delincuencia Organizada (FECDO).
La mayor parte de hechos de tortura registrados durante este periodo
se produjeron en acciones vinculadas con la procuración de justicia, la
implementación de una política de seguridad pública en el marco de la
guerra declarada contra el crimen organizado por parte del Presidente de
la República Felipe Calderón Hinojosa, y por las acciones implementadas
en el marco del programa “ciudad segura” promovidas e implementadas por
el gobierno del estado Chiapas.
En un gran número de casos, documentados por este Centro de Derechos
Humanos, las personas sobrevivientes, en el momento de la tortura, se
encontraban privadas de su libertad bajo la figura de arraigo; y aunque
es importante hacer mención que esta figura jurídica se eliminó para
delitos del fuero común en Chiapas, en el mes junio de 2011, la medida
continúa en el ámbito federal. No obstante esta particularidad en
Chiapas, distintos testimonios nos han revelado una realidad distinta
y más grave aún: la existencia de “casas de seguridad”. Espacios en los
que se pone en riesgo la vida de las personas “detenidas” dificultando
el trabajo de documentación y de una defensa adecuada por parte de los
organismos de derechos humanos.
Las personas sobrevivientes de tortura, que están dispuestas a denunciar los actos cometidos contra su integridad, se encuentran con un sistema de procuración de justicia incapaz de darles protección y apoyo adecuado; por el contrario, los casos denunciados permanecen en la impunidad, a pesar de la tipificación del delito de tortura en el código penal de Chiapas. Los datos comparados nos confirman que las investigaciones, en las denuncias de tortura, se tipifican como delitos menores, lesiones y/o abuso de autoridad, figuras que incurren en una simple sanción administrativa invisibilizando así la responsabilidad del Estado de ejercer la tortura como un patrón sistemático de represión.
Las personas sobrevivientes de tortura, que están dispuestas a denunciar los actos cometidos contra su integridad, se encuentran con un sistema de procuración de justicia incapaz de darles protección y apoyo adecuado; por el contrario, los casos denunciados permanecen en la impunidad, a pesar de la tipificación del delito de tortura en el código penal de Chiapas. Los datos comparados nos confirman que las investigaciones, en las denuncias de tortura, se tipifican como delitos menores, lesiones y/o abuso de autoridad, figuras que incurren en una simple sanción administrativa invisibilizando así la responsabilidad del Estado de ejercer la tortura como un patrón sistemático de represión.
Aunado a lo anterior, manifestamos nuestra preocupación porque en el
momento de la investigación se “utiliza”, por parte de las autoridades
de procuración de justicia, el Protocolo de Estambul desvirtuándolo de
su función original. Esto debido a que quienes aplican esta herramienta
en Chiapas no es pers onal independiente, como debería ser, sino
personas de la misma PGJE, entidad de donde provienen los mismos
perpetradores. Se cuenta con información que el modo de aplicación de
este protocolo, por parte de funcionarios del Estado, es incluso
traumatizante y “usado” como medio de prueba en contra de la víctima
confirmando una contra tendencia de lo que busca prevenir el Subcomité
para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT) que
recomienda: se fortalezca la aplicación del Protocolo de Estambul
mediante la garantía de investigaciones independientes, prontas y
exhaustivas (...).1
Como consecuencia de estos actos de tortura las personas sobrevivientes
son afectadas no solamente en su persona, sino en su entorno más
próximo como lo es su pareja, su familia, su trabajo, sus estudios, su
comunidad y en la mayor parte de los casos su proyecto de vida. La
tortura se vuelve una forma de control social, sin embargo, a pesar de
los temores fundados a la represión que ejercen las fuerzas del Estado,
los sobrevivientes de tortura son cada vez más conscientes de
la importancia de la denuncia para la erradicación de este delito de
lesa humanidad.
La tortura como método recurrente devela un sistema de justicia
corrupto y distante a la garantía de protección y seguridad jurídica.
Aunque los gobiernos federal, y del estado de Chiapas, realizan
y publicitan reformas legislativas, políticas públicas y ratifican su
compromiso en instancias internacionales para erradicar la tortura, la
realidad rebasa los límites que pretenden ocultar este padecimiento de
la sociedad que es tolerado, permitido y ejercido desde el propio
sistema de administración de justicia, donde las violaciones a los
derechos humanos son la norma.
Es por tanto necesario un cambio estructural del sistema jurídico mexicano, erradicar sus malas
prácticas que sostienen un sistema que posibilita la corrupción de los funcionarios públicos.
prácticas que sostienen un sistema que posibilita la corrupción de los funcionarios públicos.
Es por ello necesario que la sociedad civil nos involucremos en redes
de solidaridad y defensa para denunciar las situaciones de injusticia
social, crear contrapoderes al sistema judicial que ha llenado y sigue
llenado las cárceles de personas presas que injustamente cumplen
condenas impuestas, mismas que no tienen posibilidad de defensa ante
este sistema inquisidor, quienes cargan con el peso del terror del
gobierno, potenciado hoy, por la cruel guerra del Presidente Felipe
Calderón y la utilización arbitraria y cínica del sistema de justicia
por parte del gobernador Juan José Sabines Guerrero a favor de sus
intereses de poder.
Finalmente recordamos que la Organización de las Naciones Unidas,
estableció que el 26 de junio de cada año se conmemore el Día
Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con el compromiso
de reafirmar que no existe ninguna justificación para la práctica de la
tortura ni de los tratos crueles inhumanos y/o degradantes.
Este Centro de Derechos Humanos, y distintos actores en el país,
constatamos que a pesar de los compromisos internacionales que México ha
adquirido ante la comunidad internacional, y de la normatividad vigente
en lo local y lo nacional, la práctica de la tortura es un mecanismo
privilegiado y repugnante de investigación policial y control utilizado
aún por agentes estatales.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
26 de junio de 2012
Boletín No. 09
26 de junio de 2012
Boletín No. 09
Contacto:
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC
BRASIL 14, BARRIO MEXICANOS, CP 29240. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO.
TELEFAX + 52 (967) 678 3548, 678 3551, 678 7395, 678 7396
www.frayba.org.mx
frayba@frayba.org.mx
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