El 16 de noviembre, casi cuatro meses después de haber asumido la
presidencia, Humala pareciera haber cambiado de discurso tras las
violentas protestas contra la explotación minera ocurridas en cuatro
departamentos del país, incluido Cajamarca.
En una conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno, el
mandatario afirmó que “el gobierno no acepta el ultimátum de nadie”, en
relación a la presión de las comunidades contra la minería. “Como
gobierno vamos a proteger los recursos naturales pero también las
actividades productivas”.
“No somos antimineros”, agregó. “No queremos entrar a posiciones
extremas y eso tenemos que hacerle entender a la población. Queremos el
agua y el oro”.
Humala se refería específicamente a Conga, un proyecto de US$4.8
millardos para extraer oro y cobre que se encuentran debajo de tres
lagunas ubicadas en la parte sureste de Cajamarca y que desarrollará
Minera Yanacocha, de propiedad de la empresa estadunidense Newmont
Mining, la peruana Buenaventura y la Corporación Financiera
Internacional (IFC), afiliada al Banco Mundial.
El proyecto, que está ubicado en una cabecera de cuenca, prevé
trasvasar las aguas de las lagunas a reservorios artificiales, lo cual
provocó la ira de la población.
“No queremos que afecten nuestras aguas”
No es la primera vez que la población de Cajamarca protesta contra la
minería a gran escala que amenaza sus recursos hídricos. Hace siete
años, masivas protestas obligaron a Yanacocha a abandonar su pretensión
de explorar el Cerro Quilish, considerado sagrado y fuente de agua para
las comunidades locales, en busca de oro.
El nuevo conflicto social estalló a mediados de octubre, cuando las
comunidades aledañas bloquearon la carretera que lleva al campamento
minero e incendiaron maquinaria perteneciente a un contratista de la
empresa. Los comuneros afirman que el proyecto amenaza los recursos
hídricos.
“Dicen que somos antimineros y que no queremos el desarrollo, pero no
es así”, dijo en entrevista con el diario La República Daniel Gil
Terrones, poblador del caserío El Lirio. “Lo que no queremos es que
afecten nuestras aguas que usamos para nuestro consumo y el de nuestro
ganado. Queremos que se conserven nuestras lagunas naturales”.
Estas comunidades, dedicadas a la agricultura y la ganadería, se
encuentran entre las más pobres del país. Ocho de cada 10 pobladores de
ellas viven en la pobreza, según el gubernamental Instituto Nacional de
Estadísticas e Informática (INEI).
La visita a principios de noviembre de tres ministros —Miguel
Caillaux, de Agricultura, Carlos Herrera, de Energía y Minas, y Ricardo
Giesecke, del Ambiente— no calmó los ánimos de la población. El 9 de
noviembre los residentes de Cajamarca volvieron a protestar contra el
proyecto.
Lo que actualmente está en la mira es el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) de Conga, aprobado en octubre del año pasado y que garantiza que
el proyecto se va a desarrollar.
Según un funcionario gubernamental que pidió mantener su nombre en
reserva, “Yanacocha presentó el EIA en febrero del 2010 y fue aprobado
en octubre del 2010, en sólo ocho meses, todo un récord. El proceso de
aprobación de un EIA en el Perú demora dos años en promedio”.
El Ministerio del Ambiente se encuentra revisando el EIA de Conga y
hasta el momento ha encontrado una serie de vacíos, incluyendo la
ausencia de un estudio hidrogeológico, indispensable para entender el
funcionamiento de las lagunas, y no haber valorizado los servicios
ambientales que prestan esos ecosistemas.
“Las lagunas cumplen un servicio ambiental, de captación y
redistribución del agua; implica cantidad, calidad y disponibilidad del
recurso”, explicó Julia Cuadros, directora de la organización no
gubernamental CooperAcción. “No es posible reemplazar un sistema natural
por uno artificial, así este tenga más agua. Lo que hay que proteger
son las zonas de recarga hídrica. Conga es una muestra de todo lo que no
se debe hacer”.
“Los principales yacimientos mineros del país se encuentran en las
alturas de los Andes donde hay cabeceras de cuencas y zonas de recarga
hídrica”, dijo.
Para Cuadros, “es necesario ordenar el territorio, dónde se puede
desarrollar minería y dónde no, y no dividirlo en cuadrículas
(concesiones), a través de una decisión administrativa del Ministerio de
Energía y Minas (MINEM). No hay un mecanismo técnico para determinar si
esa cuadrícula debe ser concesionada”.
Uno de los problemas de fondo es que los EIA son realizados por
consultoras contratadas por las empresas mineras y se hacen “a gusto del
cliente”, señaló Cuadros. Además, la evaluación del EIA, realizada por
el MINEM, no puede estar en manos de mismo sector que otorga las
concesiones.
Conflictos socioambientales en todo el país
Actualmente existen 217 conflictos sociales en el país, 50% de ellos
socioambientales, de los cuales 70% son mineros, según la Defensoría del
Pueblo.
Entre octubre y noviembre, además de Conga, estallaron otros
conflictos relacionados con minería en los departamentos de Ancash,
Apurímac y Madre de Dios, lo cual es considerado por muchos como el “fin
de la tregua” que le dieron a Humala las comunidades afectadas por la
minería y que votaron mayoritariamente por él.
Cuadros considera que el manejo de conflictos del actual gobierno es “más de lo mismo”.
El funcionario gubernamental y Cuadros coinciden en que no existe una
política de prevención de los conflictos sociales; no se resuelven,
sino que se adecúan.
Cuadros dice que no se abordan las causas estructurales de los
conflictos: política de concesiones, expansión minera, disputa por
tierra y agua con comunidades locales y el trato antidemocrático del
Estado y las empresas hacia las poblaciones cuyas opiniones son pasadas
por alto.
“Lo que está en juego son los derechos que no son tomados en cuenta”, sostiene.
Aunque un sector del gobierno considera que existe un grupo de
izquierda radical que está detrás de los conflictos sociales, interesado
en golpear al gabinete, el funcionario gubernamental cree que cada
conflicto tiene su propia dinámica.
“Los actores son sumamente débiles como para pensar que todo lo que
está pasando tiene una estrategia común, de que hay un grupo político
detrás de los conflictos”, dijo. “Creo, más bien, que estamos en una
nueva etapa política, un momento de giro muy complicado”, añadió, en
referencia a las declaraciones presidenciales defendiendo las
inversiones mineras.
Vìa :
http://servindi.org/
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