Los asesinatos y las violaciones a los
derechos humanos en la zona del Bajo Aguán, en Honduras, fueron
denunciados este lunes 24 de octubre ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en el marco de su período 143 de sesiones, y a
instancias de organizaciones hondureñas.
En la audiencia se manejaron las conclusiones a
las que llegó la misión internacional de observación en el Bajo Aguán,
realizada entre el 26 de febrero y el 4 de marzo, según informó la
agencia Adital.
Esa visita sirvió para constatar el incremento de los asesinatos, las amenazas y las intimidaciones contra aproximadamente 3500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra, y que han sufrido significativamente el golpe de Estado de 2009.
Entre septiembre de 2009 y octubre de 2011, 42 personas afiliadas a organizaciones campesinas, un periodista y su pareja fueron asesinados en el contexto del conflicto agrario en dicha región, según la agencia informativa.
Por su parte, Rudy Hernández, defensor de derechos humanos y ex directivo del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) le dijo a la Rel-UITA que la audiencia que la CIDH concedió en Washington “fue algo muy importante”, y que la presentación del Estado hondureño ante ese ámbito “estuvo muy carente de contenidos”.
“Desconoció el derecho de acceso a la tierra por parte de las familias campesinas y mostró desconocer los datos reales acerca de los asesinatos de campesinos, los desalojos violentos, las graves violaciones a los Derechos Humanos y la impunidad”, criticó el militante social.
Según dijo, las familias campesinas del Bajo Aguán “exigen la tierra porque no tienen que comer”, y el monocultivo, sobre todo de palma africana, es “una de las razones que nos han llevado a este conflicto agrario”.
Por otra parte, el lunes también se denunció frente a la CIDH que unos 400 indígenas miskitos hondureños han muerto y 4200 han quedado discapacitados por la pesca de la langosta, que se realiza buceando en condiciones extremas.
Eso se debió a que los trabajadores no cuentan con los equipos adecuados y no reciben tratamiento médico oportuno, según un informe de Radio Progreso, que divulga la agencia ALER, y que escuchamos a continuación.
Foto:http://www.flickr.com/photos/553836...
Esa visita sirvió para constatar el incremento de los asesinatos, las amenazas y las intimidaciones contra aproximadamente 3500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra, y que han sufrido significativamente el golpe de Estado de 2009.
Entre septiembre de 2009 y octubre de 2011, 42 personas afiliadas a organizaciones campesinas, un periodista y su pareja fueron asesinados en el contexto del conflicto agrario en dicha región, según la agencia informativa.
Por su parte, Rudy Hernández, defensor de derechos humanos y ex directivo del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) le dijo a la Rel-UITA que la audiencia que la CIDH concedió en Washington “fue algo muy importante”, y que la presentación del Estado hondureño ante ese ámbito “estuvo muy carente de contenidos”.
“Desconoció el derecho de acceso a la tierra por parte de las familias campesinas y mostró desconocer los datos reales acerca de los asesinatos de campesinos, los desalojos violentos, las graves violaciones a los Derechos Humanos y la impunidad”, criticó el militante social.
Según dijo, las familias campesinas del Bajo Aguán “exigen la tierra porque no tienen que comer”, y el monocultivo, sobre todo de palma africana, es “una de las razones que nos han llevado a este conflicto agrario”.
Por otra parte, el lunes también se denunció frente a la CIDH que unos 400 indígenas miskitos hondureños han muerto y 4200 han quedado discapacitados por la pesca de la langosta, que se realiza buceando en condiciones extremas.
Eso se debió a que los trabajadores no cuentan con los equipos adecuados y no reciben tratamiento médico oportuno, según un informe de Radio Progreso, que divulga la agencia ALER, y que escuchamos a continuación.
Foto:http://www.flickr.com/photos/553836...
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