En respuesta al Gane (Gran
Acuerdo Nacional para la Educación) propuesto por Piñera y el
defenestrado ministro Lavín, los estudiantes universitarios, secundarios
y el Colegio de Profesores proponen estas Bases para un Acuerdo Social
por la Educación Chilena. La respuesta a este petitorio de parte del
nuevo ministro de Educación, Felipe Bulnes, sería entregada este lunes.
El petitorio de los estudiantes dice:
El sistema educacional chileno se debate
en una profunda crisis estructural, sus bases programáticas, sus
objetivos y metas, sus formas de financiamiento, así como sus alcances y
competencias, fueron concebidos para un momento histórico largamente
rebasado.
Las movilizaciones de los estudiantes,
profesores, rectores y trabajadores de la educación, que han conmovido
al país en las últimas semanas, han puesto en el centro del debate, la
necesidad de abordar integralmente esta crisis estructural y avanzar
hacia la REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN CHILENA.
Hoy queremos emplazar a los
actores políticos del país, y en particular a los representantes del
Congreso Nacional, que se comprometan explícitamente con la demanda
social de impulsar y garantizar una reforma estructural al actual modelo
educativo predominante en el país, haciendo suyo el compromiso de
implementar dicha reforma.
Nos une la firme convicción de que la
educación es un componente esencial para alcanzar un nuevo Proyecto
Histórico de Desarrollo democrático que tanto anhela el país y para
superar las escandalosas brechas de desigualdad que hoy presenciamos. Es
así entonces, que se ha planteado la necesidad urgente de recuperar la
educación como un derecho social y humano universal, que debe ser
garantizado por la Constitución Política de Chile, y que esté
estructurado en base a un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública,
Gratuita, Democrática y de Calidad organizado y financiado por el Estado
en todos sus niveles, es decir, desde la cuna en adelante asumiendo un
proceso continuo formación.
El nuevo sistema debe ser autónomo y democrático,
para preservar de todo interés particular, ya sea de carácter político
partidista, religioso y económico, con una organización interna capaz de
autodeterminarse en las esferas administrativas, de gobierno,
técnico-docente y financiera. Para lo cual requiere de instancias
democráticas como forma de garantizar el derecho a la participación, la
libertad de asociación, pero también el empoderamiento de la comunidad
en la definición de políticas educativas con independencia del gobierno
de turno.
La educación debe ser pluralista,
para garantizar el libre y público acceso a las fuentes de información y
conocimiento, que permita el tratamiento integral y crítico de los
temas, con diversidad de opiniones, visiones y disciplinas. La
generación y transmisión del conocimiento en las instituciones públicas
debe oponerse a cualquier dogmatismo y práctica adoctrinante.
La educación debe ser de calidad,
entendida esta como la capacidad de educar en contenidos y en valores
como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio
ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra
sociedad y nuestros pueblos originarios.
La educación debe ser capaz de formar
sujetos, profesionales, técnicos e intelectuales de excelencia, con
capacidad crítica y ética profesional, ciudadanos libres, preparados
para el ejercicio de la democracia y la responsabilidad social.
La educación pública debe ser gratuita,
en todos sus niveles, entendiendo que el Estado debe proveer de los
recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin
ningún tipo de restricción socioeconómica.
En definitiva, necesitamos un Estado
garante del derecho a la educación para que nuestra sociedad cuente con
una masa de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos en el
trabajo intelectual, técnico y profesional para el desarrollo
democrático y justo de la cultura, la política y la economía de la
sociedad.
Esto implica entender la educación como
una inversión social y no meramente individual, necesaria para la
batalla contra la desigualdad y el alcance de la libertad y la justicia
social.
Para poder hacer viables dichas
garantías por parte del Estado, se hace urgente plantear una discusión
amplia acerca de las nuevas formas de financiamiento que contemplen
desde una reforma tributaria hasta la recuperación de los recursos
naturales de nuestro país.
EJES FUNDAMENTALES
Para conseguir los objetivos
anteriormente descritos, proponemos avanzar en los siguientes ejes
fundamentales, en torno a los cuales emplazamos a los parlamentarios
para que se comprometan explícitamente a legislar favorablemente son:
I.- La Reforma Constitucional.
La Constitución deberá consagrar la
educación como un derecho fundamental y un bien público, donde el Estado
se hará responsable de proveerla, asegurando el cumplimiento de los
principios de gratuidad, universalidad y calidad en la educación
pre-escolar, básica y media.
Asimismo, a nivel de Educación Superior,
la Constitución deberá garantizar la existencia de un sistema
terciario, sin fines de lucro, donde el acceso, la calidad, y el
financiamiento necesario sean garantizados por el Estado para que todo
ciudadano pueda alcanzar la un titulo de educación superior.
II.- Educación Escolar
La Educación Escolar contempla tanto la
educación pre-básica, básica y media. Y en la educación media, tanto la
científico-humanista como la politécnica o técnica profesional.
En este contexto, y sin perjuicio de otras materias, en lo fundamental se impulsara:
A-. La Desmunicipalización de la Educación
Se creará en su reemplazo un nuevo
Sistema Nacional de Educación Pública, dependiente del Ministerio de
Educación, de carácter descentralizado, con la forma de Servicios
Públicos con patrimonio propio y especializado en la administración de
la educación pública escolar. La creación de esta nueva
institucionalidad debe ser discutida con todos los actores: profesores,
asistentes de la educación, estudiantes y apoderados.
Todos los establecimientos educacionales
dependerán administrativa y financieramente de este Nuevo Sistema
Nacional de Educación Pública.
B-. Nuevo Sistema de Financiamiento
El Nuevo sistema de financiamiento
asegurará un aporte basal para todos los establecimientos educacionales
vía presupuesto y no según asistencia, para lo cual se implementará un
calendario a través del cual se pondrá fin al sistema de financiamiento
compartido y de toda forma de lucro en los establecimientos que reciban
financiamiento público.
C-. Carrera Docente Fundada en la Dignidad y Calidad
Debe avanzarse en una nueva ley de
carrera profesional docente basada en el mérito y la experiencia, que
considere etapas de desarrollo profesional, que dignifique a los
profesores y profesoras desde el punto de vista de sus remuneraciones,
incluidas las de carácter inicial, que incentive los mejores talentos
para que estudien pedagogía, que garantice oportunidades de desarrollo
profesional, valoración social y formación continua, contando con un
fuerte sistema de acreditación, además de una adecuada relación de horas
lectivas y no lectivas, todo lo cual permite garantizar una docencia de
excelencia en el sistema público de educación.
Además, debe crearse una normativa para
los asistentes de la educación, fundada en la dignidad y calidad. Se
debe crear una normativa que regule y reconozca las funciones de estos
trabajadores.
D.- Regulación y control de la creación de nuevos establecimientos subvencionadas
La suspensión inmediata de la creación
de nuevos establecimientos subvencionados hasta que se definan
parámetros objetivos que justifiquen la creación de nuevos
establecimientos y hasta que se encuentre operando la nueva
institucionalidad escolar vinculada a: la superintendencia de educación,
la agencia de la calidad de la educación, la nueva estructura publica
de administración de la educacional y, se haya implementado las
correcciones al sistema de financiamiento de la educación escolar.
E.- Transporte Escolar
Asegurar un servicio eficiente y
suficiente de transporte escolar gratuito y seguro para todos los
estudiantes-especialmente en regiones, durante los 365 días del año.
F.- Plan Nacional de Reconstrucción y Habilitación de Infraestructura Escolar
Diseñar y ejecutar un Plan Nacional de
Reconstrucción y Rehabilitación de la infraestructura de los
establecimientos educacionales públicos, de manera de garantizar que el
proceso educativo se desarrolle en condiciones elementales de dignidad y
sanidad.
G.- Educación Politécnica o Técnico Profesional
En el país no existe una política de
Estado en materia de la educación técnica; ni en su nivel secundario, ni
en su nivel de educación superior, ni tampoco respecto a la integración
entra ambas.
La educación técnico–profesional o
politécnica a nivel escolar deberá contar con un sistema de
financiamiento propio, donde se garantice la infraestructura de acorde
con los avances científico-técnicos para hacerla calificada y apropiada a
las respectivas especialidades.
Asimismo, a los estudiantes de la
educación poli-técnico deberán contar con garantías básicas para el
desarrollo integral de sus procesos educativos, incluyendo seguros
apropiados y prácticas profesionales pertinentes y fiscalizadas.
H.- Democratización
Democratizar los espacios de
participación estudiantil secundaria, reformulando el decreto N° 524 con
respecto a los Centros de Estudiantes, fortaleciendo así, el rol de
estos y reconociendo legalmente Federaciones Estudiantiles Secundarias.
También, y a través de Consejos
Escolares resolutivos, debe garantizarse la participación de todos los
estamentos involucrados en la comunidad escolar, dándoles un marco legal
donde se especifique su rol obligatorio y periódico.
III.- EDUCACION SUPERIOR
La educación terciaria en Chile ha
crecido de manera explosiva y desregulada durante las últimas dos
décadas. Su crecimiento no ha sido fruto de una política nacional que
persiga objetivos determinados sino al contrario, ella ha sido
inorgánica, con calidades heterogéneas y de altísimo costo, respondiendo
a lógicas de mercado y no a un plan de desarrollo nacional.
Hoy se requiere impulsar una reforma al Sistema de Educación Superior que tenga como principios rectores que:
-La Educación Superior, en tanto bien público, debe ser fruto de una Política de Estado,
abordado con visión de largo plazo y definida con la participación de
todos los actores relevantes, avanzando sobre grandes acuerdos y con
sentido de urgencia.
-El sistema de Educación Superior debe ser reconocido por el Estado
como un pilar fundamental para el desarrollo social, cultural,
educacional, humanístico, económico, científico y tecnológico del país.
-El Estado debe asumir el compromiso de aumentar significativamente el monto de financiamiento estatal
del sistema de educación terciaria de modo de llevarlo, en un período
razonable, al menos, al promedio de los países de la OECD y así no
seguir gravando a las familias el costo de esta.
A.- Educación Universitaria
1.- Financiamiento Institucional
a) Creación de un Aporte Basal a las Universidades Públicas,
que plasme un nuevo trato entre el Estado y las Universidades que le
pertenecen, que reconozcan el compromiso educacional y financiero que
para ellas tiene el Estado, frenando así la lógica del
autofinanciamiento de dichas instituciones y garantizando la gratuidad
de sus estudiantes.
b) Aumentar de manera sustancial los Aportes Fiscales Directos (AFD)
de libre disposición, permanentes y progresivos para el crecimiento,
desarrollo local y sustentabilidad de las Universidades del Cruch, con
el objeto de garantice sus proyectos de bien público. Asimismo, se
deberá reajustar anualmente según el IRSP, para que las justas
remuneraciones de los trabajadores, no dependan del alza de aranceles de
los estudiantes.
c) Fondo de revitalización para las Universidades Tradicionales
de libre disposición estableciendo que serán las comunidades
universitarias quienes decidan el uso de estos recursos. Debe estar
orientado con prioridad:
• Propiedad de la Universidades (Estatales/Privadas Cruch)
• Condición Regional
• Composición socio-económica de sus estudiantes
• Solvencia económica de las Universidades (Deuda/presupuesto)
2.- Nuevos Sistemas de Accesos:
Más Equitativo y que Garantice Igualdad
de Oportunidades.Avanzar decididamente a un sistema más equitativo y con
igualdad de oportunidades para todos y todas, tal que permitan que las
universidades del Cruch cumplan cabalmente el rol social y de vocación
pública para la que fueron creadas.
Es fundamental asegurar una
participación más representativa de la realidad socioeconómica del país
en las matrículas de cada institución, disminuyendo la ponderación de la
PSU en el proceso de admisión y evaluar de manera transparente su
pertinencia.
Avanzar en la creación de mecanismos
complementarios de acceso considerando que sean de público conocimiento y
debidamente informados que consideren aspectos como el rendimiento
académico en establecimiento de origen (ranking), los propedéuticos y
los procesos de nivelación.
Además, se deberá garantizar el acceso y
las condiciones de estudio para los estudiantes con necesidades
educativas especiales en la educación superior.
3.- Nuevos Sistema de Financiamiento Estudiantil
a) Se promoverá una reestructuración total del sistema de educación superior
enfocando a la gratuidad en su totalidad para todas las universidades
del consejo de rectores y de esta forma eliminar el endeudamiento de las
familias. Para lograr la gratuidad, se debe fortalecer un sistema de
financiamiento desde el estado hacia las universidades del Cruch, el
cual cubra la totalidad de los aranceles de todas y todos los
estudiantes de Chile.
b) Sistema de becas para todos los estudiantes provenientes de familias del 70% de menores ingresos pertenecientes a las instituciones privadas no tradicionales.
c) Finalmente crear un sistema único de fondo solidario
para el 30% restante de los y las estudiantes de Chile que estén dentro
de las instituciones privadas que no lucren, eliminando así el CAE y la
banca privada del sistema financiero universitario.
De la misma manera, las ayudas
estudiantiles complementarias deberán reajustarse y ampliar su cobertura
a la totalidad de los y las estudiantes del país.
d) Las Universidades privadas que reciban financiamiento estatal mediante becas y créditos deberán cumplir los siguientes estándares:
Ausencia total de fines de lucro
Acreditación Institucional, en todas las categorías.
Garantizar los principios de libertad de asociación y expresión.
Asegurar y Promover la existencia de Federaciones Estudiantiles.
Transparencia total del uso de sus recursos financieros.
d) De los montos arancelarios a los planes de estudio privados,
los aranceles se establecerán en el futuro mediante una formula
conocida y validada por la Comisión Nacional de Acreditación y la
superintendencia de educación superior.
Los aranceles no podrán sufrir alzas de
manera unilateral por ninguna entidad de educación superior que sean
receptoras directa o indirectamente de fondos públicos.
4.- Nueva Institucionalidad
a) Creación de Superintendencia de Educación Superior
Esta Superintendencia deberá contar con
todas las atribuciones necesarias para hacer trasparentes las
situaciones financieras y académicas de todas las instituciones de
Educación Superior.
Tendrá la facultad de fiscalizar y hacer
cumplir la ley que establece la prohibición del lucro en toda
institución de educación superior.
Este organismo deberá velar que todas
las instituciones de educación superior se sometan a mecanismos de
información pública, de fiscalización y control. Será obligatoria la
rendición de cuentas públicas de todas las instituciones de educación
superior, incluyendo publicación de Fecu semestral por cada institución
que incluya información detallada de todos sus ingresos gastos y
vínculos contractuales
b) Nuevo Sistema Nacional de Acreditación
Se establecerá la acreditación
obligatoria para todas las instituciones de Educación Superior y sus
carreras, a través de agencias públicas, autónomas y transparentes que
incorporen criterios de calidad, de adecuación de la misión de la
institución a objetivos educativos de país, el desarrollo regional, la
existencia de organismos estudiantiles, académica y funcionaria. Este
nuevo y riguroso sistema d acreditación debe ser prioritario y previo
cualquier expansión de recursos al sector privado.
5.- Democratización
El Sistema de educación superior deberá
garantizar y fiscalizar que los Derechos y Garantías Constitucionales
sean efectivos, especialmente la participación de todos los estamentos
involucrados en el proceso educativo; la libre expresión de las ideas
con libertad y autonomía; la organización y asociación sin más límites
que los impuestos por la propia Constitución.
Se propondrá a la participación de los
distintos estamentos de la comunidades universitarias en los cuerpos
colegiados, para lo cual se impulsaran las reformas legales
correspondientes, apoyando la derogación de los artículos 56e) 67e) y
75e) del DFL2/2009 Mineduc, para acabar con las prohibiciones legales
que impidan la participación de la comunidad universitaria en este
ámbito, garantizando además el derecho a la organización de los
estamentos en todas las instituciones de educación superior.
6.- Derechos Educativos y lingüísticos de los Pueblos Originarios
Garantizar un sistema educacional
inclusivo y plural que incorpore los derechos educativos y lingüísticos
de los pueblos originarios y la interculturalidad en el sistema
educativo. Para esto se propone:
1. Creación de una Universidad Estatal pública e Intercultural.
2. Aumento en el monto de la Beca Indígena y en la cantidad de beneficiarios.
3. Creación e Incorporación a
los planes y programas, mallas curriculares y proyectos educativos
Institucionales, contenidos educativos indígena considerando el espacio en el que se desarrollarán en relación a la lengua, historia y cosmovisión de cada uno de ellos.
4. Reconocimiento jurídico de los
espacios utilizados por estudiantes indígenas (Hogares indígenas),
además de la implementación de una política pública de Hogares.
B.- Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales
El país está en deuda con la formación
técnico profesional de la educación superior. Se debe revisar no sólo la
transición y acceso desde la enseñanza media, los mecanismos de
acreditación de los establecimientos y las carreras que imparte sino
también, poner fin al actual sistema de lucro y negocio que se ha
apoderado de los CFT y de los IP. Esta realidad afecta en particular a
los estudiantes de los sectores más vulnerables del país.
Se prohibirá que recursos públicos de
cualesquier índole sean transferidos directa o indirectamente a los CFT e
IP con fines de lucro, estableciendo un plazo razonable pero acotado
para cumplirlo
Asimismo, y en ausencia de
establecimientos que cumplan una función pública, el Estado deberá
asegurar la presencia de oferta educativa estatal de centros de
formación técnica e institutos profesionales en todas las regiones del
país, creando una Red Nacional de Educación Técnica gratuita y de
calidad.
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