LA HABANA, 30 de marzo (apro).- Llegó sigiloso, repartiendo computadoras y celulares, y activó un teléfono satelital para organismos opositores, según una investigación abierta por el gobierno de la isla.
Hoy el estadounidense Alan P. Gross, acusado de trabajar como “espía” de los servicios secretos de Estados Unidos, se ha convertido en una ficha de cambio en la guerra por los presos entre Cuba y Estados Unidos.
De manera paralela, la liberación de los cubanos Antonio Guerrero, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González y René González, presos desde hace 11 años en Estados Unidos, acusados de espiar para La Habana, se ha convertido en prioridad en la agenda internacional del gobierno cubano.
Pero hay un tercer actor en esta batalla por la liberación de presos (espías, políticos y de conciencia): la Unión Europea (UE).
Y es que 10 de las 27 naciones (incluida España) que conforman la UE mantienen negociaciones para que Cuba libere a por lo menos 14 de los 25 cubanos presos, cuyas edades oscilan entre 50 y 68 años.
El gobierno de Raúl Castro ha hecho del conocimiento del gobierno estadounidense de Barack Obama que en cualquier intento por consensuar una agenda bilateral, tendrá prioridad el tema de la liberación de los cinco cubanos acusados de espiar para el gobierno castrista.
“Ellos (Estados Unidos) dicen que quieren discutir con nosotros, y estamos dispuestos a discutir con el gobierno estadounidense todos los problemas que quieran. Lo repetí tres veces en el Parlamento: todos, todos, todos…
“No le reconocemos a ningún país, por poderoso que sea, ni a un conjunto de países, como podría ser la Unión Europea, el derecho a inmiscuirse en nuestros asuntos internos. No obstante, estamos dispuestos a discutirlo todo”, insistió el presidente cubano a fines de febrero pasado. Y ha reiterado eso mismo en las últimas semanas.
El contratista
Alan P. Gross, de 60 años y nacido en Potomac, Maryland, está acusado, sin haber sido llevado a juicio, de ser “espía” y “agente” de una potencia extranjera (Estados Unidos). Así lo confirmó oficialmente –primero el 29 de enero y posteriormente a principios de marzo– el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.
La acusación en contra de Gross también la hizo pública el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), Ricardo Alarcón, quien dijo que el ciudadano estadounidense, detenido el 4 de diciembre de 2009 en La Habana, fue contratado por una empresa que recluta para los servicios secretos estadounidenses.
“Esa es una nueva adquisición que hay en Estados Unidos, y son agentes, torturadores, espías, que en la privatización de la guerra los contratan. Él (el contratista) está mucho mejor, pero mucho mejor que las víctimas de esos contratistas en todo el mundo”, subrayó el parlamentario y exembajador de Cuba en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Y Raúl Castro acusó directamente al presidente Obama de haber enviado al contratista a suministrar a la oposición sofisticados medios de comunicación.
Gross, quien llegó a Cuba en diciembre pasado, supuestamente para “apoyar una gobernabilidad justa y democrática en Cuba", según un comunicado de su empresa Development Alternatives Inc., misma que fue contratada por la Agencia de Desarrollo Internacional de EU (USAID), es ahora moneda de cambio entre presos calificados de “espías” por ambos gobiernos.
El buen inicio entre La Habana y Washington, durante los primeros días del gobierno de Barack Obama, se diluyó en menos de un año. La agenda de sus conversaciones, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha “contaminado” con el tema de los presos.
Ninguno de los dos cree en la justicia de cada país, según lo han declarado de forma reiterada. Tanto Estados Unidos como Cuba se acusan de filtrar espías en sus territorios. Y las dos naciones han expresado que la única salida para liberar a sus ciudadanos es la vía política, la negociación diplomática, el cambio de preso por preso.
Así, Alan P. Gross forma parte de una campaña que podría calificarse como “la guerra de los presos” que protagonizan Cuba y Estados Unidos, y que recuerda los enfrentamientos diplomáticos y mediáticos al viejo estilo de la guerra fría.
En manos de Obama
Cuba no tiene duda de que la única opción para lograr la liberación de los cinco cubanos, integrantes de la llamada Operación Avispa y considerados héroes en la isla, es el canje o bien el indulto por parte del presidente Barack Obama.
“Sólo un movimiento solidario cada día más amplio y persistente, que llegue a las máximas instancias de Washington, podrá lograr la liberación de nuestros cinco compañeros. Las opciones legales restantes para liberar a los luchadores antiterroristas ofrecen pocas posibilidades de éxito, por lo que sólo nos queda luchar en el terreno político”, ha dicho cada semana el presidente del Parlamento, Ricardo Alarcón.
En la práctica, Cuba mantiene bajo “investigación estricta”, pero sin que llegue a los Tribunales, el caso del “espía” Alan P. Gross, y reactivó una campaña mundial por Internet para presionar a Obama a aceptar el indulto. Además, lanzó una embestida desde sus embajadas para mitigar la campaña de la Unión Europea, que exige la liberación de los presos de conciencia con problemas de salud.
Paralelamente, la Asamblea Nacional del Poder Popular echó a andar una campaña mediática centrada en obligar al presidente estadounidense a firmar el indulto de los cinco espías.
Alarcón, exembajador de Cuba en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y exministro de Relaciones Exteriores, encabeza la nueva estrategia político-diplomática. También se convirtió públicamente en la principal figura del gobierno cubano en una posible negociación con Estados Unidos.
“Hay que recordarle al presidente Obama, todos los días, que él tiene la facultad de ponerle fin a esta tragedia con una firmita en un documento. Tiene la obligación moral de hacerlo.
“Simplemente debe ejercer su autoridad desestimando los cargos fabricados contra ellos y liberar inmediatamente a los cinco antiterroristas”, ha insistido en entrevistas con medios extranjeros y nacionales, pero también en reuniones internacionales en La Habana, y la semana pasada en un foro parlamentario por Internet.
El gobierno de la isla tiene sólo dos alternativas para regresar a los cinco agentes cubanos a la isla, y así lo ha reconocido el mandatario cubano: Una de ellas es que el aparato político-diplomático de Cuba se centre en función de la campaña nacional y mundial que preside Alarcón para obligar a Obama a firmar el indulto. Esta orden ya fue dada por el propio presidente Castro a todas las instituciones de la isla.
Como segunda alternativa, el mandatario cubano mantiene su propuesta de canjear a Antonio Guerrero Rodríguez, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Fernando González Llort y René González Sehwerert, por presos llamados oficialmente “comunes”, que se encuentran en cárceles cubanas, y por el contratista Alan P. Gross.
Al finalizar la segunda ronda de conversaciones sobre el tema migratorio (19 de febrero), la delegación norteamericana, encabezada por el subsecretario de Estado Adjunto Principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Craig A. Kelly, introdujo en la agenda de sus conversaciones la liberación del contratista Alan P. Gross.
Presos enfermos
Los cubanos presos por “motivos políticos” que tienen más de 50 años y padecen graves enfermedades suman 14, de acuerdo con información difundida por eurodiputados y organismos de derechos humanos tolerados dentro de la isla.
Ese es el número que el gobierno de España, con el apoyo de países como Francia, Italia y Portugal, principalmente, mantienen en la agenda de las negociaciones “políticas” con Cuba, señalaron diplomáticos ibéricos.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, confirmó el pasado miércoles 24 que “gracias al diálogo que España mantiene con Cuba desde hace tres años”, han sido excarcelados 17 presos políticos de los 75 que fueron capturados en 2003, y se ha podido visitar algunas de las cárceles de la isla.
Entre los 14 presos más viejos y enfermos se encuentran Arnaldo Ramos Lauzurique (68 años), Jesús Mustafá Felipe y Julio César Galvez Rodríguez (66), Omar Moisés Ruiz Hernández y Pedro Argüelles Moran (62), y Juan Adolfo Fernández Sainz y Alfredo Felipe Fuentes, con 61 años de edad.
fuente, vìa:
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77858
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