Argentina: NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL ....Redactado por el Vaticano y la Unión Industrial, votado por el Gobierno....AW

(AW) Tres análisis sobre los graves perjuicios que traerá aparejado el nuevo Código cuando en Enero de 2016 comience a regir.

 En la sesión de hoy, la Legislatura debatió la sanción del nuevo Código Civil por parte del Congreso. La moción de debatirlo surgió a partir de dos proyectos de declaración: uno, presentado por el Unen y el PRO, criticando los aspectos de procedimiento de su sanción en el día de ayer. El otro, redactado por Marcelo Ramal, y que contó con el apoyo del diputado Bodart, concentró su denuncia en la “evidente injerencia de la Iglesia Católica”, “la legalización de las tercerizaciones y de la precarización del trabajo, entre otros derechos laborales cercenados”. 

En el debate, Marcelo Ramal señaló que “entre los redactores no declarados de este Código, están el Vaticano y los asesores de la Unión Industrial”. Ramal denunció que el nuevo Código “promueve las tercerizaciones laborales, al eximir a la ´empresa principal´ de toda responsabilidad en las deudas laborales de sus subcontratadas”. Además, continuó el diputado del FIT, “la reforma legaliza a los contratos de locación de servicios –una forma característica de trabajo precario en el Estado- como una forma de remuneración”.

Después de denunciar los ataques del nuevo Código al laicismo y a los derechos de la mujer, Ramal señaló que la “oposición derechista al kirchnerismo, que es mayoría en este recinto, ha concentrado su crítica en cuestiones de procedimiento en la votación del Código. Aunque éstas sin duda han existido, es claro que esta misma oposición elude criticar su contenido, para no chocar con el Vaticano y porque, además, comparte muchos de sus aspectos más reaccionarios”. “Por todo esto, presentamos nuestra propia declaración de oposición al Código, en defensa del laicismo, de las libertades y de los derechos y conquistas de la clase obrera”.

Marcelo Ramal 1556901943 Partido Obrero en el Frente de Izquierda

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El impacto del nuevo Código Civil para los trabajadores

Colectivo de Trabajadores de Prensa 
El Congreso Nacional sancionó una reforma integral del Código Civil y Comercial de la Nación que consolida el principio de autonomía de la voluntad (presume que las partes de un contrato discuten libremente desde una posición de igualdad, aunque sean desiguales en fuerzas y recursos económicos). Ese criterio, que en muchos campos del derecho puede representar avances sustantivos, en el mundo del trabajo significa un grave retroceso que debilita derechos conquistados por los trabajadores.

Todavía con una Ley de Contrato de Trabajo sancionada hace 40 años y mutilada rápidamente por la dictadura militar, la democracia tiene pendiente un nuevo diseño de las leyes de trabajo, con un sentido protectorio. En ese contexto, el nuevo código representa un claro retroceso, que contradice incluso el avance de algunas reformas parciales de las leyes laborales dictadas después de 2003.

El nuevo texto legal:

1. Permite la creación de empresas bajo la figura de “la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada”. El empleador responde ante los créditos laborales sólo con el patrimonio afectado a esa sociedad. Hasta ahora, respondía con todo su patrimonio. En el gremio de prensa son moneda corriente la creación de razones sociales fantasmas (Grupo Szpolski, Grupo Olmos) para eludir las obligaciones asumidas con los trabajadores. El nuevo Código facilita esas operaciones de fraude.
   
   b. Crea nuevas formas de contratos asociativos entre empresas (Uniones Transitorias, Consorcios de Cooperación, etc) en las que se limita la responsabilidad de los empresarios ante las demandas laborales.
   
   c. Equipara jerárquicamente las normas del llamado Orden Público laboral con las del Código Civil y Comercial, eliminando así el criterio de la especialidad de las normas del trabajo (art. 963, inciso a).
   
   d. Flexibiliza el concepto de “remuneración” que aparece ahora utilizado en contratos civiles y comerciales como los contratos de Locación de Obra y de Servicios (art. 1251 y 1257), Mandato (art. 1322), Depósito (art. 1357), Agencia (art. 1479 y 1486) Concesión (arts. 1502 y 1507).
   
   Ahora van a existir prestaciones denominadas “remuneración” que no son consecuencia del contrato de trabajo. Se avanza así en confusos criterios de interpretación entre aquello que es y que no es “remuneración”, con incidencia en la discusión de suplementos en las paritarias laborales.
   
   e. Reduce del plazo de prescripción para que los trabajadores reclamen sus créditos laborales (art. 2541).
   
   En un contexto de la actividad signado por los despidos, la precarización y la persecución gremial, y con un sindicato ausente y que ha cumplido un año sin autoridades elegidas por el voto, este retroceso legislativo debilita la posición de los trabajadores de prensa.
2. 
   

¿Saben que fue una de las cosas que hoy aprobaron en el congreso?
De Argentinxs Contra El Fracking, Jonatan Emanuel Baldiviezo
Una de las modificaciones más trascendentales del proyecto de ley del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que hoy se aprobará en la Cámara de Diputados del Congreso, está relacionada con la regulación del actual camino público que existe a lo largo de los ríos navegables de toda la Argentina.


Lamentablemente esta modificación ha pasado desapercibida e implica la pérdida de territorios de uso común y público más grande, masiva y repentina para la sociedad en los últimos siglos.


Actualmente el Código Civil en sus artículos 2639 y 2640 disponen que "los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización".
Los propietarios ribereños actualmente no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen ni deteriorar el terreno en manera alguna. La única excepción a la regulación de este camino público se determinaba cuando el río o canal atraviesa una ciudad o población. En este caso la municipalidad tiene la facultad de modificar el ancho del camino público hasta un ancho mínimo de 15 metros (Conf. art. 2640).


En definitiva, los propietarios ya sean privados o estatales deben dejar una porción de los inmuebles que den a los ríos de un ancho de 35 metros y que funcione como un camino público. Ningún propietario puede hacer uso de su derecho de excluir o aceptar el ingreso a su inmueble en este camino, precisamente porque su uso por el Código Civil ha sido definido como público.


La regulación vigente de este camino público fue pensada con fines útiles para la navegación en el siglo XIX para que cumpla como la función de camino de sirga. Pero más allá que haya sido pensada esta restricción a la propiedad con esa función, en el Código Civil se estipuló como un camino público y, por lo tanto, de uso común, y sin excluir otros usos sociales o ambientales que la sociedad podría otorgarle.
Toda persona actualmente tiene derecho a caminar por las orillas de los ríos navegables de todo al país gracias a la existencia de este camino público.
En la actualidad, frente a la existencia de la navegación a motor y los adelantos tecnológicos modernos, este camino público ha dejado de ser empleado como camino de sirga.
Las comunidades han otorgado otras funciones sociales y ambientales las cuales han sido apoyadas por la doctrina jurídica y las sentencias judiciales.


Entre las funciones ambientales que actualmente cumple este camino público se encuentran la preservación de los ecosistemas costeros, la protección de la biodiversidad, los humedales y áreas de absorción, garantizar la libre circulación y acceso a los bienes comunes como son los ríos navegables. Esta nueva dimensión ambiental ha sido reconocida en el Fallo "Mendoza" de la Corte Suprema y en el fallo "Di Filippo" (Expte. 34874/0) dictado por el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.


Para una mayor descripción de lo que ha venido decidiendo la justicia, por ejemplo, el Juez de Ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema en la causa Mendoza en fecha 31 de Octubre de 2011[1] ordenó la forestación y parquización de las márgenes del río a lo largo de toda la Cuenca Hídrica. El caso "Di Filippo"[2] trata sobre el camino público que no se respetaba en los predios de Costa Salguero a la vera del Río de la Plata.
Allí la Justicia ordenó a la empresa Telemetrix S.A. y al GCBA la realización de obras de liberación del camino público y la realización de todas las acciones para reacondicionarlo, señalizarlo y asegurar las condiciones de seguridad adecuadas para ser transitado.


El proyecto en cambio va en absoluta contradicción con los usos que la sociedad ha otorgado a este camino público desde la sanción del actual Código Civil.


El proyecto en su artículo 1974 establece: "Camino de sirga. El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de QUINCE (15) metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo.”


El Nuevo Código Civil y Comercial si es aprobado reconocerá como única función del actual camino público la de actuar como camino de sirga. Se está desoyendo la voluntad de las poblaciones que hacen usos sociales y ambientales de este camino los cuales han sido reconocidos institucionalmente por el Estado Nacional, por ejemplo, en la Cuenca Matanza Riachuelo donde el camino público a la orilla del Riachuelo ha sido liberado y parquizado en respuesta a la sentencia de la Corte Suprema. Además, disminuye el ancho de 35 metros a 15 metros.


Por último, lo que es de alta gravedad, se desconoce el uso público de este camino al disponer que sólo es una franja de terreno y, por lo tanto, ningún habitante de la Argentina podrá caminar o usar esta franja cuando corresponda a terrenos privados, derecho que todos tenemos hasta ahora, salvo que los propietarios den su autorización. Lo que es de uso común y público se transforma en absolutamente privado.


Este camino público pasa a ser de uso privado en 20 metros en toda la Nación. Los propietarios tendrán derechos absolutos y exclusivos donde antes tenían derechos relativos en beneficio de la Naturaleza y las poblaciones. ¿Algún diputado/a, senador/a, funcionario del Poder Ejecutivo o redactor/a del Anteproyecto del Nuevo Código Civil y Comercial ha realizado una evaluación de la superficie que se privatiza? ¿La riqueza que se traslada a los propietarios al eliminar esta restricción a la propiedad en detrimento de la sociedad en su conjunto ha sido determinada? No existen estudios ni evaluaciones. No se ha establecido compensación alguna a la sociedad. La simple sanción de este nuevo Código generará que muchos propietarios se enriquezcan gratuitamente y que millones de argentinos no podamos disfrutar de las orillas de los ríos ni tengamos igual acceso a éstos como hasta el momento.


Y en los otros 15 metros de la traza la restricción es sólo para que sea utilizada como camino de sirga. Como esta función en estas épocas no se emplea, significa que en esta traza de 15 metros solamente gozará de su uso el propietario y, en consecuencia, del acceso a los ríos navegables.
Si el Nuevo Código se aprueba sin modificaciones en este aspecto seguramente será cuestionado por su constitucionalidad al violar el principio de no regresividad en materia ambiental.
En toda Latinoamérica se discuten nuevos paradigmas, se avanza de los recursos naturales hacia la concepción de los bienes comunes, de la mercantilización de los territorios hacia su desmercantilización. En este aspecto, la desaparición del camino público de los ríos navegables es la manifestación de la privatización de nuestros territorios y su valoración netamente económica que nos hace recordar a los principios arquitectónicos del neoliberalismo.
Esta norma se aprueba en un contexto donde el mercado inmobiliario es el verdadero decisor de las planificaciones urbanas y en virtud de criterios puramente económicos ha decidido avanzar hacia la privatización de las costas argentinas.

vía:
 http://www.agenciawalsh.org/informacion-general/politica-nacional/12718-nuevo-codigo-civil-y-comercial-.html

Chile: Fallas de infraestructura en el Hospital de Maipú obligan a suspender operaciones de riesgo...Crisis se agrava por la detección de sobresueldos pagados a algunos directivos... Por : Alberto Arellano

Por : Alberto Arellano 

Nueve informes técnicos revelaron graves incumplimientos en la infraestructura del Hospital El Carmen de Maipú, el primer establecimiento concesionado que se inauguró en diciembre pasado y cuya construcción y operación está en manos del consorcio español San José-Tecnocontrol. Las fallas exponen a pacientes y funcionarios a infecciones intrahospitalarias en pabellones y salas UCI-UTI. El lunes 15 de septiembre se ordenó la suspensión de las cirugías de riesgo. La crisis se profundizó por la detección de sobresueldos que se pagan a algunos de los directivos del hospital.
Fallas graves en el sistema de ventilación del Hospital El Carmen de Maipú y que podrían provocar que el aire contaminado con infecciones reingrese al establecimiento, obligaron a suspender todas las intervenciones quirúrgicas de riesgo. La decisión fue adoptada este lunes 15 de septiembre por el director del hospital, doctor Ricardo Saavedra, debido a la alta probabilidad de que pacientes y funcionarios se vean afectados por infecciones intrahospitalarias. La alerta sanitaria vuelve a poner en el debate público la controversia respecto de si el primer hospital concesionado del país estaba en condiciones de abrir sus puertas cuando fue inaugurado hace sólo nueve meses.
Los problemas en el mecanismo de extracción y reposición del aire, además de otras falencias técnicas graves, quedaron al descubierto en una investigación encargada por el doctor Saavedra. La inspección en terreno arrojó un lapidario diagnóstico sobre la calidad de las obras realizadas por la empresa española que obtuvo la concesión de la construcción y operación del hospital: el “Consorcio San José-Tecnocontrol S.A.”, al cual el Fisco debe pagar más de US$30 millones cada año. Además, la investigación pone en jaque el desempeño de los inspectores fiscales del Ministerio de Obras Públicas, encargados de fiscalizar el trabajo de la concesionaria, los que habían dado luz verde al funcionamiento definitivo del hospital recién en junio de este año.

Inicio de obras Hospital El Carmen

Los nueve informes de la investigación técnica solicitada por la dirección del hospital, a los que CIPER tuvo acceso, detuvieron los esfuerzos de la concesionaria y de los inspectores fiscales por conseguir la llamada “Puesta en Marcha Definitiva” del establecimiento, el que hasta ahora funciona de manera provisoria.
Además de la suspensión de las operaciones calificadas de riesgo, en el estamento médico del hospital existe la voluntad de suspender los pagos a la concesionaria hasta que repare las fallas. Pero la empresa hasta ahora se niega a reconocer las deficiencias, que abarcan desde el mal funcionamiento de ascensores a incumplimientos en los sistemas que mantienen las temperaturas en pabellones y recintos críticos.
La prolongada crisis del hospital también ha fracturado la relación entre los funcionarios, pues una parte está firmemente dispuesta a exigir las mejoras, mientras otros se inclinan por evitar conflictos.
En este crítico ambiente ha salido a colación la existencia de un grupo de directivos de El Carmen que reciben sobresueldos adicionales a su contrato por la vía de otra remuneración que paga el Centro Referencial de Salud de Maipú.

LUZ VERDE FALLIDA

El 20 de junio pasado se constituyó la Comisión de Puesta en Servicio Definitiva (CPSD) de las obras del Hospital de Maipú, instancia formada para dar luz verde a la operación del centro hospitalario concesionado que abrió sus puertas el 7 de diciembre de 2013. Allí, el inspector fiscal del contrato de concesión del hospital y asesor del CPSD, Jorge Muñoz, señaló a los asistentes del Ministerio de Obras Públicas y del Servicio de Salud Metropolitano Central que se había logrado verificar el levantamiento de todas las observaciones que la comisión anterior –la de Puesta en Servicio Provisorio (PSP)– había realizado al hospital pocos días antes de su apertura. A la luz de esos antecedentes correspondía proceder con la autorización definitiva para su funcionamiento.
Según el acta de esa sesión (ver aquí), a la que CIPER tuvo acceso, el inspector fiscal hizo entrega formal a la comisión de los antecedentes que daban por superadas las observaciones, señalando que los puntos “están resueltos y respaldados a través de fichas de recepción que se encuentran en su poder”.
La absoluta conformidad del inspector fiscal respecto del estado de las obras e infraestructura del Hospital El Carmen de Maipú (HEC), contrastaba radicalmente con la visión de uno de los asistentes a esa misma reunión del 20 de junio: Cristián Alarcón. El ingeniero Alarcón, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC), había desarrollado en paralelo a la labor de la CPSD, una investigación en terreno solicitada por el director del hospital. Para ello encabezó un equipo de especialistas técnicos que levantaron observaciones respecto del estado del establecimiento, a objeto de apoyar su proceso de puesta en servicio definitiva.
En calidad de representante del SSMC, Cristián Alarcón expuso las conclusiones preliminares de su investigación ante la CPSD en esa reunión del 20 de junio, advirtiendo que existía una serie de observaciones técnicas complementarias que debían ser subsanadas antes de entregarle el permiso definitivo al hospital. Al tratarse de observaciones preliminares, lo que allí dijo el ingeniero no pareció tan grave. Así y todo, la comisión decidió revisar esas observaciones y considerarlas en el análisis. Al mismo tiempo, se autorizó a Alarcón y su equipo a revisar la totalidad de las observaciones aprobadas por el inspector fiscal y, para ello, el éste pidió las fichas de recepción de las obras que justificaban el “Informe de estado de situación hospital de Maipú al 20 de junio de 2014”, documento según el cual el hospital podía operar ya no de manera provisoria, sino definitiva.

LAPIDARIAS CONCLUSIONES

Las conclusiones preliminares presentadas por Cristián Alarcón al CPSD fueron incluidas en nueve informes entregados hace sólo unos días a los miembros de esa misma comisión y también a las planas directivas del Hospital El Carmen y del SSMC. La información contenida en los documentos es lapidaria y sus conclusiones sugieren que algunos recintos críticos del HEC (pabellones, UCI y UTI) no debieran estar funcionando.
Fue por esa razón que este lunes 15 de septiembre el director del Hospital, Ricardo Saavedra, convocó a los principales directivos del establecimiento a un Comité Estratégico de Riesgo Clínico, en el que se tomó la decisión de suspender todas las operaciones de riesgo ante la probabilidad de infecciones intrahospitalarias. De hecho, para ese día estaba programada una operación de prótesis de caderas, la que debió ser aplazada por orden del director del hospital.

Hospital El Carmen de Maipú

De los nueve informes, en los que se pueden apreciar 410 objeciones y situaciones de no cumplimiento respecto de la arquitectura y construcción; seguridad contra incendios, terremotos y señalética; instalaciones de agua potable y alcantarillado; mobiliario y gases clínicos, entre otras, hay una que resulta especialmente grave. Se trata del informe en el que se analizan las instalaciones de climatización en el recinto de acuerdo a parámetros reconocidos y validados internacionalmente (normas UNE y ASHRAE, entre otras). Son los mismos parámetros cuyo cumplimiento estaba comprometido en el origen del proyecto.
Señala el informe que en los pabellones del hospital existen “fugas importantes tanto en las unidades manejadoras de aire, como en los ductos”. Además, que no se controla la humedad del ambiente y que las presiones medidas en pabellones son “extremadamente bajas, representando el 10% del valor recomendado”. También que existen espacios donde se corre el peligro de que “las descargas de aires viciados puedan retornar aire contaminado a salas limpias”, producto de fallas en el diseño de los espacios.
La situación más grave afecta a los pabellones 2 y 3 del recinto, los cuales no cuentan con extracción para los residuos provenientes de los “gases anestésicos”. Respecto de este punto, el informe señala que la literatura médica describe que este tipo de contaminación puede producir consecuencias graves:
“En exposiciones prolongadas en el tiempo, se ha detectado en el personal médico de pabellones problemas de salud considerables, como abortos espontáneos, anemias, aumento de malformaciones congénitas en hijos de madres expuestas, aparición de problemas hepáticos, renales y neurológicos e, incluso, ciertos tipos de cáncer”.
Situaciones similares afectan a los recintos de la UCI-UTI de adultos y también infantil. En ambos, la presión ambiente se encuentra en niveles negativos: “Situación anormal, fuera de norma y fuera de lo indicado en el estándar de especificaciones técnicas del proyecto”, señala el informe. Asimismo, en las salas UCI-UTI se detectó que el retorno del aire se mezcla con la toma de aire exterior para ser nuevamente inyectado a los recintos. Tampoco cuentan con “control sobre la presión diferencial”, lo que impide mantener aislados a pacientes contagiosos o inmunodeprimidos (con defensas bajas).
“No se ha filtrado el aire de expulsión al exterior proveniente de recintos infecciosos y de salas de pacientes aislados. Existe gran probabilidad de que los aires contaminados expulsados puedan reingresar al hospital. Parte del aire que proviene de recintos aislados se está reinyectando a los recintos de UCI-UTI. La falta de climatización implica que los niveles de temperatura en verano pondrán en riesgo las muestras médicas y mezclas químicas. La falta de control de humedad podría aumentar los problemas en el aparato respiratorio de los pacientes y favorecer la proliferación de bacterias, gérmenes y virus”, son parte de las conclusiones del documento (vea aquí conclusiones del informe).
Otras irregularidades detectadas se refieren al estado de los ascensores. Según el informe, en dos de los pisos se verificó la existencia de grietas a la entrada de los elevadores y que éstos no cuentan con certificación del fabricante, ni menos con la de un revisor independiente, tal cual exige la norma.
Pero la situación es más grave en otros dos módulos del hospital donde sencillamente los ascensores se encuentran “constantemente fuera de servicio”, según señala el informe (vea el informe sobre transporte vertical).

¿SUSPENSIÓN DE PAGOS?

El Hospital El Carmen -junto al de La Florida- fue adjudicado como un solo paquete en noviembre de 2009 al Consorcio San José-Tecnocontrol, que postuló a la concesión con la oferta más barata por la construcción de ambos: 9.757.184 UF, equivalentes hoy a $235.506 millones -pagaderos en ocho años- más un subsidio a la operación (SFO) de 240 mil UF ($5.793 millones) por 15 años.
El decreto adjudicatorio entró en vigencia en noviembre de 2009, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y está firmado por la misma mandataria, el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, y el de Hacienda, Andrés Velasco. El proyecto de esta primera concesión hospitalaria en Chile se venía incubando desde el gobierno de Ricardo Lagos.
Ambos establecimientos -considerados de mediana complejidad- son similares en metros construidos, pabellones y camas. Del total antes mencionado, a El Carmen le toca desembolsar 532.836 UF  ($12.861 millones) cada año para cancelar la construcción. La emisión de los cheques se hace cada cuatro meses y el primero que recibió la concesionaria por este concepto fue de $4.300 millones, aproximadamente.
Pero cada mes, el hospital debe hacer otro cheque a la empresa, que bordea el millón de dólares ($590 millones). Es para pagar el SFO, vale decir los servicios que proporciona la concesionaria: aseo, ropería, alimentación, mantenimiento de infraestructura, cafetería, vigilancia, estacionamientos y jardín infantil, cuenta que no incluye servicios básicos como la luz ni el agua, por ejemplo, que los paga el Fisco.
Los pagos a la concesionaria deben ser visados por el director del hospital. Miembros del estamento médico del establecimiento dijeron a CIPER que el director Saavedra está evaluando suspender las millonarias cuotas por la construcción, mientras no sean subsanadas las graves fallas y riesgos de salud detectados en las inspecciones propias. Las mismas fuentes aseguran que en igual postura estaría la jefatura de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, que desautorizó al inspector fiscal del MOP, Jorge Muñoz, quien había dado luz verde a la puesta en marcha definitiva del hospital, paso indispensable para que se pague a la empresa española.

MILLONARIOS GALLEGOS

Jacinto Rey, presidente del grupo San José. (Fuente: bolsasymercados.es)

La operadora del Hospital El Carmen partió en Galicia como Constructora San José, pero en 50 años se convirtió en Grupo San José, cuyos dueños están ahora entre los 200 más ricos de España. La compañía la preside Jacinto Rey González, quien expandió los negocios a lo inmobiliario, la energía y las concesiones, con una facturación el año pasado de 567 millones de euros ($435 mil millones) y presencia en Europa, América, África y Asia. Rey y sus socios también son dueños de enormes extensiones en Paraguay, donde el grupo ha sido apuntado por denuncias ambientales relacionadas con la tala no autorizada de bosques, confirmadas por las autoridades.
Jacinto Rey ya en 2009 había clavado sus ojos en Latinoamérica, y particularmente en Chile. “Aquel subcontinente es muy importante para nosotros; no sé cómo la gente no se da cuenta de eso”, subrayó a la revista española Bolsas y Mercados. Y reveló otro de sus intereses: el proyecto de Corredor Bioceánico Chile-Argentina, con la construcción de un túnel de baja altura entre ambos países.
En su presentación on line, el grupo destaca como experiencia en el sector de la salud su gestión en  los “hospitales de Maipú y La Florida en Santiago de Chile; hospitales del Servicio de Salud de Cataluña, Andalucía y Madrid”. En Santiago, su centro de operaciones está en Las Condes, donde tiene asiento la concesionaria, que se constituyó el 9 de diciembre de 2009 con la concurrencia del economista español José Vicente de Haro Andreu en representación de la Constructora San José S.A. y Tecnocontrol S.A., con un capital de $11 mil millones.

PROBLEMAS DESDE EL PRIMER MINUTO

En diciembre de 2013, con un atraso de medio año y a las puertas de la segunda vuelta de la elección presidencial, el Presidente Sebastián Piñera y sus ministros de Salud, Jaime Mañalich, y del MOP, Loreto Silva, inauguraron el Hospital El Carmen. El establecimiento había entrado en “marcha blanca” tres días antes, con atención a pacientes, según reveló el mismo Mañalich. Eso le valió un inmediato conflicto con el alcalde de Maipú, Christian Vittori, porque el establecimiento carecía de permiso municipal para su funcionamiento. El asunto llegó hasta la Contraloría General de la República que meses después dictaminó que efectivamente El Carmen no tenía recepción de obras al abrir sus puertas.

Inauguración Hospital El Carmen, diciembre 2013.

Apenas un mes abierto, en enero de 2104, estalló un paro de los funcionarios, que reclamaron por la falta de vigilancia, de medicamentos y las largas esperas de los pacientes -hasta de 11 horas-, un cóctel desastroso que atribuyeron a que el hospital nunca estuvo en condiciones de ser inaugurado.
En noviembre de 2013, Julio Sarmiento, entonces médico del Centro de Referencia de Salud de Maipú, hoy asesor del Ministerio de Salud y pareja de la diputada PC Camila Vallejo, ya advertía que “no están las condiciones técnicas y materiales para su puesta en funcionamiento, ya que no se han realizado con el tiempo suficiente las pruebas técnicas de las instalaciones (equipamiento médico e industrial), no se han realizado las capacitaciones a los funcionarios que operarán dichos equipamientos y, finalmente, no se cuenta con la dotación completa y necesaria para la operación de dicho establecimiento”.
La Municipalidad de Maipú no le quitó los ojos al hospital y en marzo pasado volvió a levantar la voz denunciando que acumulaba 600 reclamos y que en los hechos funcionaba al 30% de su capacidad. En julio, el director Saavedra aseveraba que, a pesar de las dificultades, El Carmen había logrado operar al 60% de su capacidad. Ahora, en septiembre, hay informes que arrojan que llegó al 90%, faltando aún la puesta en marcha del servicio de Salud Mental.

SOBRESUELDO DE FUNCIONARIOS

Las observaciones realizadas por Cristián Alarcón y su equipo no agotan el cúmulo de irregularidades enquistadas al interior de Hospital El Carmen de Maipú.
CIPER revisó la nómina de remuneraciones de directivos y jefaturas del recinto hospitalario y detectó que varios de ellos reciben desde hace meses doble sueldo: uno en calidad de funcionarios a contrata, que proviene del mismo HEC, y otro bajo la modalidad de honorarios y que es pagado por el Centro de Referencia de Salud Maipú (CRS). Los sobresueldos en algunos casos superan el millón y medio de pesos.
El total de sobresueldos pagados, entre junio y septiembre, a distintos funcionarios del HEC suma $12 millones.
Uno de los casos más llamativos es el de la subdirectora de Administración y Finanzas de Hospital El Carmen, Verónica Navarrete Aravena, quien desde abril de 2014 recibe mensualmente $2,5 millones de pesos por sus servicios en el HEC. Al mismo tiempo, desde mayo pasado, la funcionaria recibe mes a mes cerca de $1,8 millón extra desde el CRS Maipú. Así lo confirma el historial de remuneraciones de ambos establecimientos, actualizado al 12 de septiembre de este año.
La jefa de Especialidades Médicas del HEC, Cynthia Chacón Figueroa, está en una situación similar. Desde junio de este año recibe una remuneración mensual desde el HEC de $2 millones. A partir del mismo mes y hasta la última actualización de remuneraciones, la funcionaria percibía además $1,4 millón desde el CRS.
La situación también involucra a la jefa del Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas, Carolina Barrios Arredondo; al jefe de Satisfacción Usuaria del HEC, Mario Celedón Mimica; al jefe del Departamento de Abastecimiento, Delfín Gutiérrez Cancino; y al enfermero Mauricio Bizama Fuentealba, todos ellos con sobresueldos entre $500.000 y $850.000, y que provienen del Centro de Referencia de Salud Maipú (vea la tabla con los sobresueldos).
 Vía:
 http://ciperchile.cl/2014/09/17/fallas-de-infraestructura-en-el-hospital-de-maipu-obligan-a-suspender-operaciones-de-riesgo/

España-La Dictadura-Barcelona: Mossos y Guardia Urbana retiran y requisan de madrugada las tiendas de #Acampada9N en Plaça Catalunya...por Kaos

@cupdebarcelona

Desde twitter relatan "Golpes, empujones, agresiones. Requisan todas las tiendas de acampada. Cien agentes de la Guardia Urbana participan en el desalojo." "Desalojar de nuevo la acampada9N es una gran idea para forjar un clima de entendimiento y proximidad para el encuentro de fuerzas soberanistas de mañana." Por su parte la CUP ha repudiado las acciones reopresivas: "Lamentable actuación de los Mossos ahora mismo contra el # Acampada9N en defensa de la consulta! Resistimos!".

Luego de arremeter contra gente y tiendas de acampada, los Mossos se retiran. Luego de este macrooperativo (lamentable) que ha arrasado con todo, ya no hay más policías y ahora quedan 140 personas ahora para hacer una asamblea y decidir la respuesta.

De esta manera lo refleja VilaWeb
Un dispositiu policial desallotja l'acampada a plaça Catalunya a favor del 9-N
Una part del centenar de persones que s'han concentrat en assemblea a la plaça Catalunya de Barcelona per donar suport a la consulta del 9-N han decidit quedar-s'hi a acampar. Al voltant de la una de la matinada, un dispositiu policial de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana ha requisat la vintena de tendes que hi havia muntades. A continuació, els manifestants han començat una assemblea per decidir què fer.
A l'assemblea prèvia a l'acampada s'havia acordat que l'acampada duraria fins diumenge, i després s'ha preguntat qui s'hi quedaria. En un primer moment es proposava que l'acampada s'allargués fins al 9-N, però després s'ha decidit ser més prudent i fer-la fins diumenge.
A la tarda, uns 300 estudiants s'han manifestat pel centre de Barcelona també en protesta per la suspensió del 9-N per part del constitucional. La marxa, sota el lema 'Aturem les classes. Activem la democràcia', ha estat convocada per Estudiants9N, una plataforma a favor de la consulta que aglutina set col·lectius d'estudiants de secundària i universitats.
La marxa s'ha iniciat a la plaça Universitat pels volts de les set. Estava previst que els manifestants es dirigissin fins a la plaça de Sant Jaume pasant per Via Laietana, però a última hora han canviat el recorregut i s'han dirigit directament fins al Palau de la Generalitat per les rambles. A les vuit del vespre s'ha donat per finalitzada la manifestació.
Els estudiants es desvinculen de l'acampada
Bernat Mellado, un dels impulsors d'Estudiants9N, ha desmarcat la manifestació de l'acampada a la plaça de Catalunya impulsada per l'esquerra independentista en el marc de la campanya 'Desobeïm Barcelona'. És probable, però, que alguns dels estudiants que participin en la manifestació també s'hagin quedat a acampar a plaça de Catalunya.
Per la seva banda, la plataforma Estudiants9N es reunirà demà per preparar noves mobilitzacions contra la decisió del constitucional de suspendre la consulta. També s'organitzaran les jornades de vaga d'estudiants previstes pels dies 7 i 8 d'octubre.
Informació relacionada:
Apunt al bloc 'Prendre la paraula': 'Juntes', text llegit en l’ocupació de la plaça de Catalunya, 2 d’octubre de 2014 a la nit
http://www.vilaweb.cat/noticia/4213325/20141002/dispositiu-policial-desallotja-lacampada-placa-catalunya-favor-9-n.html

Vía:
 http://www.kaosenlared.net/component/k2/97159-barcelona-mossos-y-guardia-urbana-retiran-y-requisan-de-madrugada-las-tiendas-de-acampada9n-en-pla%C3%A7a-catalunya

Las Corporaciones: Hacia el estado agropolicial - ahora vas a necesitar un iPad para ser agricultor...Por Carmelo Ruiz Marrero

"Monsanto ha desarrollado una plataforma tecnológica llamada Integrated Farming Systems, la cual ya ha presentado su primer producto: el sistema Fieldscripts. Este nuevo sistema le dice al agricultor cómo hacer todo, incluyendo la distancia exacta que debe dejar entre semillas y a qué profundidad precisa sembrarlas. Utilizando datos detallados de análisis de suelo, fertilidad e historial de rendimientos, le dice qué combinación exacta de agroquímicos aplicar en cada parte de la finca, qué variedades de semilla usar y cuántas semillas por hectárea."

Por Carmelo Ruiz Marrero

El año pasado el gigante de biotecnología Monsanto compró la empresa Climate Corporation por $930 millones. Esta compañía, fundada en 2006 por ingenieros y científicos de Google y otras empresas de alta tecnología, posee una plataforma tecnológica que combina un minucioso monitoreo de condiciones meteorológicas locales, modelaje de datos agronómicos y simulaciones del tiempo en alta resolución. Maneja 50 terabytes de datos en cualquier momento dado para poder procesar datos meteorológicos de 2.5 millones de localidades y 150 mil millones de análisis de suelos, los cuales generan 10 trillones (10 a la 13 potencia) de puntos de datos para simular el tiempo. Con esta vasta información, Climate le vende a agricultores lo que llama Total Weather Insurance, un paquete analítico, de monitoreo y manejo de riesgo para asegurar cosechas.

En 2012 Monsanto compró por $210 millones otra compañía similar, Precision Planting. Esta empresa, fundada en 1993, posee la tecnología FieldView, la cual pretende analizar todos los aspectos claves del desempeño de la maquinaria agrícola, al igual que la calidad de la cosecha. Usando una combinación de equipo y programación (hardware y software) le dice al agricultor exactamente cómo sembrar y cosechar y analiza datos de las siembras, con el fin de aumentar rendimientos.

Con la compra de estas dos compañías, Monsanto ha desarrollado una plataforma tecnológica llamada Integrated Farming Systems, la cual ya ha presentado su primer producto: el sistema Fieldscripts. Este nuevo sistema le dice al agricultor cómo hacer todo, incluyendo la distancia exacta que debe dejar entre semillas y a qué profundidad precisa sembrarlas. Utilizando datos detallados de análisis de suelo, fertilidad e historial de rendimientos, le dice qué combinación exacta de agroquímicos aplicar en cada parte de la finca, qué variedades de semilla usar y cuántas semillas por hectárea. Fieldscripts está en “etapa beta”, actualmente en pruebas de campo en cuatro estados de EEUU a través de su programa Ground Breakers. Una vez esté listo para comercialización, Monsanto lo distribuirá mediante su subsidiaria Dekalb.

Bienvenidos al mundo de la agricultura de precisión, donde el agricultor necesita internet inalámbrico wifi y un iPad para sembrar.

La agricultura de precisión es el nombre colectivo de una gama de tecnologías de informática y monitoreo de siembras. Los alegados beneficios de este nuevo paquete tecnológico incluyen mayores rendimientos de las cosechas, mejor información para tomar decisiones en el manejo de la finca, reducción del uso de agroquímicos y fertilizantes, y aumento en los márgenes de ganancia. Esta nueva modalidad de agricultura se sirve de varias tecnologías de punta, como sistemas de información geográfica, percepción remota, telecomunicaciones, computadoras portátiles, procesamiento de información, y sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés).

No es de sorprender que esta tecno-agricultura se cruza ocasionalmente con tecnologías militares. Ya hay aviones no tripulados “drones” para faenas agrícolas. Está el Precision Hawk, un avión robótico tan pequeño y liviano (pesa tres libras y mide cuatro pies) que puede ser lanzado al aire a mano, como si fuera un avioncito de papel. No necesita que lo piloteen por control remoto, ya viene con inteligencia artificial para tomar sus propias decisiones. El Hawk recopila información sobre la finca mediante sensores visuales, termales, multiespectrales, hiperespectrales y de lidar (radar láser). Con estos variados sensores se puede hacer cartografía, hacer vigilancia para prevenir hurto, encontrar reses perdidas, medir la temperatura de cuerpos de agua, hacer mapas tridimensionales de parcelas, y muchísimas aplicaciones más. Y para interpretar estos datos y darles utilidad el Hawk viene con un paquete de software llamado Precision Mapper.

Hay críticos, sin embargo, que temen que estas nuevas tecnologías serán un riesgo para la sustentabilidad agrícola y las comunidades rurales, ya que podrían someter a los agricultores a nuevas formas de dependencia y establecer de facto un estado agropolicial, gobernado por corporaciones trasnacionales.

"La agricultura de precisión implica el control de la información y su transformación en mercancía, y es una de las herramientas de alta tecnología que impulsa la industrialización de la agricultura, la pérdida de conocimientos agrícolas locales y la erosión de los derechos del agricultor", me dijo Hope Shand, directora de investigación del Grupo ETC, en una entrevista que le hice sobre el tema en 2002.

"Con la agricultura de precisión los agricultores se hacen paulatinamente más dependientes de la toma de decisiones desde fuera de la granja para determinar los niveles de insumos. Por ejemplo, dictar qué semilla, fertilizante, agroquímicos, espacio entre surcos, irrigación, qué técnicas de cosecha se usarán, y otros requerimientos", agregó.

Según Shand, estas tecnologías buscan legitimar y reforzar la uniformidad y requerimientos de uso intensivo de agroquímicos y el control y toma de decisiones fuera de la finca, bajo el pretexto de proteger el ambiente y mejorar la eficiencia.

La organización europea GRAIN advirtió hace una década que estos desarrollos tecnológicos, combinados con leyes de semillas restrictivas, podrían llevar a una especie de apartheid alimentario, en el cual una elite adinerada comerá alimentos saludables y el resto de la población comerá porquerías: "Al final de todo esto, un pequeño círculo de grandes empresas o alianzas empresariales emergerá con el completo control de los sistemas alimentarios y la agricultura, controlando tanto el sector de los transgénicos (ya sea en mercaderías a granel como la soja Roundup Ready o en cultivos con ‘valor agregado’) como el sector no genéticamente modificado, que se convertirá en un nicho de mercado dirigido a los sectores ricos, como en gran medida ha llegado a ser la agricultura orgánica".

Para prevenir este escenario tétrico es necesario difundir y educar sobre los fundamentos de la soberanía alimentaria. Los problemas de la agricultura no son causados por una falta de tecnología, ni siquiera por una falta de productividad. Los problemas de fondo son políticos y económicos, que incluyen políticas neoliberales que inundan mercados locales con productos extranjeros de bajo costo, el alto costo de la tierra, la extorsión de la banca hipotecaria, la falta de apoyo institucional por parte de gobiernos, y la consolidación de corporaciones de agronegocios en carteles globales que manipulan precios y mercados. Ninguna semilla mágica, programa de software o avioncito no piloteado va a resolver esos problemas.

Publicado en el periódico Compartir es Vivir. Puerto Rico, septiembre 2014.

- Carmelo Ruiz Marrero es autor, periodista investigativo y educador ambiental puertorriqueño. Dirige el Monitor de Energía y Ambiente de América Latina y el Blog de Bioseguridad. Su identidad en Twitter es @carmeloruiz.

vía:
 http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Hacia_el_estado_agropolicial_-_ahora_vas_a_necesitar_un_iPad_para_ser_agricultor

Chile: Lazos entre UPV y Akredita QA ponen en jaque certificación de su Escuela de Medicina...LOS CONVENIOS DE TODOS LOS CAMPOS CLÍNICOS DE LA UPV TERMINAN ESTE AÑO....Por : Juan Pablo Figueroa

Por : Juan Pablo Figueroa en Reportajes de investigación 

En 2010 la Escuela de Medicina de la U. Pedro de Valdivia obtuvo un año de acreditación. Lo otorgó Akredita QA. Uno de sus pares evaluadores es hermano y socio del entonces secretario general de la universidad, Aldo Biagini, hoy rector. En 2011, Akredita certificó a la escuela por tres años. Un mes más tarde uno de los hombres que decidió esa acreditación fue nombrado jefe de Medicina. Los desconocidos lazos entre la UPV y Akredita QA cuestionan esos certificados justo cuando esa escuela ha perdido sus campos clínicos, es una de las dos más deficientes del país y debe reacreditarse.
Una mujer responde al teléfono en la Escuela de Medicina de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV). Le preguntamos sobre los campos clínicos que tienen para sus alumnos. Nos dicen que los hay en las dos regiones donde la UPV imparte la carrera de Medicina. En La Serena está el Hospital de Ovalle, el que forma parte de un convenio entre la universidad y el Servicio de Salud de Coquimbo (SSC), vigente desde julio de 2010. Y en Santiago, agrega, están el Hospital de Talagante, el Centro de Referencia en Salud (CRS) Salvador Allende de Pudahuel, dos consultorios en Lo Espejo, la Mutual de Seguridad y el Servicio Médico Legal (SML).
Lo que la funcionaria dice es muy parecido a lo que describió a CIPER el rector de la UPV, Aldo Biagini, cuando respondió el año pasado a la carta que nos había enviado una ex alumna denunciando la pésima calidad de la educación que se imparte en esa escuela (ver carta y respuesta). Allí Biagini mencionaba los mismos centros, y además agregaba convenios con las municipalidades de Nancagua y Chépica, en la VI Región. Con esa oferta de establecimientos, la UPV pareciera estar en excelente pie para enfrentar en los próximos meses el proceso de reacreditación de su Escuela de Medicina. CIPER investigó la situación en que la UPV se postula y no sólo encontró problemas académicos que podrían poner en riesgo la acreditación, sino también serias irregularidades que abren un nuevo flanco sobre la manera en que la UPV ha obtenido sus certificaciones.
Esta vez las acusaciones no apuntan a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), como lo fue en el proceso que llevó a su controlador y ex rector Ángel Maulen a la cárcel, sino que a Akredita QA, la agencia que creó el ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, junto a otros académicos en 2006 para evaluar y acreditar carreras universitarias. Esa agencia fue la encargada de certificar a la Escuela de Medicina de la UPV las dos veces que ha sido acreditada. En ambas ocasiones operaron estrechos lazos hasta ahora desconocidos entre ambas entidades, y que hoy generan dudas sobre la legitimidad de esos procesos.
En 2010, cuando la carrera fue acreditada por primera vez, uno de los pares evaluadores que permitió la certificación fue el doctor Leandro Biagini, hermano y socio del entonces secretario general de la universidad y actual rector, Aldo Biagini. Al año siguiente, en noviembre de 2011, Akredita QA volvió a acreditar la escuela pero esta vez por tres años. Un mes después, Vito Sciaraffia fue contratado como nuevo director nacional de Medicina en la UPV. Hasta ahora eran muy pocos los que sabían que Sciaraffia forma parte desde 2008 de Akredita QA como uno de los encargados de certificar las carreras del área de la salud.

Aldo Biagini (Fuente: cnnchile.cl)

La Universidad Pedro de Valdivia no está acreditada, pues su certificación no fue renovada en 2012 por la Comisión Nacional de Acreditación. Pero su carrera de Medicina sí lo está. Al perder su acreditación, los nuevos alumnos que ingresaron a la UPV en 2013 y 2014 perdieron la posibilidad de optar al Crédito con Aval del Estado (CAE), beneficio que sí conservaron los poco más de 250 alumnos que ya estudiaban Medicina en esa universidad. Si el próximo 17 de noviembre, fecha en que caduca la acreditación vigente de la Escuela de Medicina de la UPV, es rechazada su renovación, proceso a cargo nuevamente de la agencia Akredita QA, la situación de crisis que vive dicha universidad -producto de la pérdida del CAE y de las investigaciones judiciales y del Ministerio de Educación- se agravará. Los alumnos de Medicina no sólo perderán el último sello de legitimidad que les quedaba, sino también todo acceso a becas o beneficios otorgados por el Estado. Lo grave es que todos los antecedentes revisados por CIPER dan cuenta de un escenario cuesta arriba en torno a la reacreditación.
Según la última medición oficial del Ministerio de Salud (Prueba Eunacom 2013), la Escuela de Medicina de la UPV es una de las dos escuelas que obtuvieron los resultados más deficientes del país. Eso significa que, a pesar de que se presenta en su sitio web como una carrera “con énfasis en Salud Pública”, la mayoría de sus egresados no está lo suficientemente capacitada para trabajar en el sistema público de salud. Y aún así, con un arancel anual de $5,5 millones, es una de las ocho universidades más caras entre las 23 que imparten la carrera (ver listado de aranceles). El elevado precio podría justificarse con el alto número de campos clínicos que la universidad ha conseguido para sus alumnos, y que son un requisito clave para la acreditación de la carrera. Pero hay un problema: la mayoría de esos convenios ya no están vigentes o están a punto de caducar. Aunque los sigan promocionando como gancho para atraer nuevos alumnos, la UPV ha perdido casi todos sus campos clínicos.
En abril de 2013 el Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMOCC) decidió poner fin al contrato que le permitía a la Universidad Pedro de Valdivia usar el Hospital de Talagante como su principal campo clínico: aunque los alumnos seguirán cursando su internado hasta fin de año, el convenio terminó oficialmente el 31 de agosto recién pasado (ver carta). Como el CRS de Pudahuel forma parte del mismo convenio, también se puso fin al acuerdo que permitía que fuera utilizado como centro de práctica para los alumnos de la UPV. Un médico que trabaja en ese establecimiento y que pidió a CIPER reserva de su nombre, dice que ahí sólo permiten que los estudiantes de la UPV observen procedimientos, pero casi nunca participar activamente en la atención de pacientes porque “no nos dan confianza”. Es por eso que, asegura, han optado por licitar el campo clínico a otras universidades. Respecto al vínculo que le permite a la UPV hacer uso del Hospital de Ovalle, en Coquimbo, la situación es la misma: está en su fase final, pues se acaba a fines de este año.
Los estudiantes de Medicina de la UPV también pudieron usar como campos clínicos los consultorios Nº1 y Nº5 de la comuna de Santiago. Pero desde 2013 ese convenio se acabó. En los consultorios de Lo Espejo, aunque el pacto tiene vigencia hasta 2015, sólo en uno podrán seguir los alumnos de Medicina de la UPV. Y en el SML señalan que, al igual que otras 24 universidades, la UPV firmó en 2007 un contrato que duraría un año y que desde  entonces se ha renovado automáticamente por períodos iguales y consecutivos. Allí el acuerdo sigue vigente, aunque puntualizan que desde 2012 no han recibido a alumnos de esa escuela.

EL HISTORIAL DE AKREDITA QA

La UPV es una de las 12 universidades que hoy investiga el Ministerio Público por lucro o irregularidades en su acreditación institucional. Su principal controlador y ex rector, el empresario y ex subsecretario de Economía durante el gobierno de Eduardo Frei, Ángel Maulén, hoy está libre, aunque con firma mensual, luego de pasar meses encarcelado por su participación en la acreditación fraudulenta de su universidad en 2010 (ver reportaje de CIPER). Está formalizado por cohecho y lavado de dinero. Esa es la arista penal. Por la vía administrativa los resultados parecían ser mejores: el Ministerio de Educación absolvió a fines de 2013 a la UPV por irregularidades. Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno, nuevamente el Ejecutivo abrió una investigación con la UPV como una de las siete universidades protagonista.
Hasta hoy, todas las acusaciones por irregularidades por lucro y en los procesos de certificación de la UPV tenían que ver con Maulén y su vínculo con la venta fraudulenta de acreditaciones universitarias operadas por Eugenio Díaz desde la CNA. Fue en ese proceso que la universidad obtuvo por primera vez su acreditación, en diciembre de 2010 (ver resolución). Pero antes, en septiembre de 2008, la universidad cerró un contrato con la agencia Akredita QA para acreditar sus carreras de Pedagogía y Medicina, exigencia legal que rige para esas dos carreras. El documento, al que CIPER tuvo a acceso a través de la Ley de Transparencia, lleva las firmas de Ángel Maulén y Luis Riveros y constituye el inicio de una relación que en adelante estaría marcada por evidentes conflictos de intereses.

Ángel Maulen

Cuando se firmó el contrato, Akredita QA aún no tenía atribuciones para acreditar la carrera de Medicina. Si bien la agencia existe desde 2006, recién a mediados de 2008 fue autorizada por la CNA para operar como acreditadora. Al principio, Akredita QA obtuvo autorización para certificar todo tipo de carreras en el área de Educación, Administración y Comercio, Ciencias Sociales, Tecnología y Salud, aunque con excepciones: Medicina y sus programas de especialización quedaban fuera (ver autorización). La restricción duró poco: en enero de 2009 la CNA amplió la autorización e incluyó a Medicina en su área de acción.
Akredita QA es una de las tres agencias que han sido sancionadas por la CNA, y la única que aparece dos veces en esa nómina. La primera fue en 2011, por conflicto de intereses en la acreditación de Educación Parvularia del Instituto Profesional Los Leones: además de presidir la agencia evaluadora, Luis Riveros también formaba parte del Consejo Académico de la entidad evaluada. Por eso la CNA multó a Akredita QA con 100 UTM (unos $3,8 millones). La segunda fue en julio de 2013, cuando la CNA la sancionó con una “amonestación por escrito” por negarse a entregar información respecto a la acreditación de 26 carreras en distintas universidades entre 2010 y 2011 (ver sanción). Una de esas carreras era Medicina en la UPV. Poco después Riveros, quien fue rector de la Universidad de Chile (1998-2006) y es el “gran maestro” de la Masonería de Chile, abandonó su participación en Akredita QA. Hoy preside la comisión ejecutiva para la creación de una universidad estatal en la Región de O’Higgins.
La empresa acreditadora es también conocida como “la agencia de los rectores”, pues además de Riveros han participado en su propiedad Manfred Max Neef (ex rector de la Universidad Austral), Jaime Pozo (ex rector de la Universidad de La Serena) y Ubaldo Zúñiga (ex rector de la Usach). Este último estuvo formalizado por fraude al fisco en 2009 por las irregularidades en la licitación de la plataforma informática del Registro Civil. Además de ellos, han sido socios en Akredita QA el ex diputado de Renovación Nacional, Maximiano Errázuriz, condenado por fraude al fisco por el mal uso de las asignaciones parlamentarias (ver reportaje de CIPER); e Iván Navarro, fundador de la Universidad Blas Cañas (hoy Universidad Católica Silva Henríquez), quien actualmente preside la agencia.
CIPER solicitó a la CNA copia de todos los documentos que respaldaran la acreditación de Medicina en la UPV, tanto en 2010, cuando fue acreditada por un año, como en 2011, cuando se le otorgó la certificación por tres años. En ambos casos la decisión estuvo en manos de Akredita QA. La respuesta de la CNA indica que en esa repartición pública sólo cuentan con la información respecto del primero de esos procesos. Los documentos de la acreditación de 2011 –aquellos de los que trata la sanción de la CNA–, nunca fueron entregados. No obstante, la información disponible permite verificar irregularidades hasta ahora desconocidas en ambos procesos. En el primero, porque uno de los evaluadores era hermano y socio de una de las principales autoridades de la UPV, el actual rector Aldo Biagini. Y en el segundo, porque apenas un mes después de obtener la reacreditación de Medicina, y por un período de tres años, uno de los miembros del Consejo de Acreditación de la agencia que decidió otorgar la certificación de Medicina de la UPV fue contratado por esa misma universidad para hacerse cargo de la dirección nacional de la carrera.

EL HERMANO EVALUADOR

Ángel Maulén todavía estaba a la cabeza de la UPV cuando el 18 de enero de 2010 su Escuela de Medicina, tanto en Santiago como en La Serena, obtuvo por primera vez la acreditación. Para entonces, sus vínculos con Eugenio Díaz y las irregularidades en las acreditaciones desde la CNA eran algo desconocido. Es más, faltaban 11 meses para que la UPV fuera acreditada en el proceso irregular que hoy es materia de investigación judicial. Por eso la certificación de la carrera de Medicina, tras tres años de funcionamiento y sin siquiera una primera generación de egresados, era un hito para su universidad. Sobre todo porque era un logro de la segunda esposa de Maulén, la doctora Candice Rudloff, en esa época directora nacional de la carrera.

Leandro Biagini Alarcón (Fuente, www.umayortemuco.cl)

Aunque ese primer informe resultó más bien lapidario, la agencia Akredita QA la certificó por un año (ver resolución). Si bien reconocía que la escuela tenía un perfil de egreso claro para sus alumnos, también señalaba que los programas académicos y la malla curricular no eran consistentes con ese perfil. De hecho, los evaluadores detectaron “un reducido énfasis en la atención primaria de salud y del modelo biopsicosocial que se dice orienta los estudios de la carrera”, precisamente el perfil de médicos que la escuela pretende formar, según su sitio web. Destacaron también una alta rotación de autoridades que interfería con el seguimiento de los planes remediales; incoherencia entre los profesionales contratados y los que figuraban en cada evaluación; bajo número de docentes vinculados formalmente con la institución; una autoevaluación con un inadecuado nivel de participación en la que se confundían fortalezas con debilidades; y mecanismos de toma de decisiones no acordes con los propósitos planteados como escuela. La mayoría de las medidas que los evaluadores consideraban positivas eran demasiado recientes como para poder calificarlas. No obstante todas las falencias consignadas, el Consejo de Acreditación del Área de la Salud de Akredita QA consideró que la carrera cumplía con los requisitos establecidos por la CNA para ser certificada por los siguientes 12 meses.
Un dato que hasta ahora pasó inadvertido es que uno de los tres pares evaluadores de Akredita QA que participaron en el proceso era hermano y socio de Aldo Biagini, el actual rector de la UPV, quien por entonces era secretario general de la universidad (ver informe de pares evaluadores).
Leandro Biagini Alarcón, médico cirujano y especialista en Medicina Interna, fue director médico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en la época en que Luis Riveros era rector de esa universidad. Como el establecimiento hospitalario depende de la rectoría y no de la Facultad de Medicina, fue el mismo Riveros quien lo designó en el cargo. Desde ahí lo habría reclutado como par evaluador en Akredita QA, en 2008. Hasta hoy continúa siendo parte de ese equipo. Fue director médico corporativo de Megasalud y actualmente es director docente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Mayor, la que depende de la Facultad de Medicina de esa misma casa de estudios. Allí, la carrera está acreditada por seis años desde 2013. Y también fue Akredita QA la agencia que la certificó (ver resolución).

Luis Riveros

El vínculo de los hermanos Biagini Alarcón no es sólo sanguíneo, sino también comercial. Ambos son socios en al menos tres sociedades familiares: Inversiones Mar Azul Ltda., Inversiones del Pacífico Ltda. e Inversiones Tobalaba S.A. Esos nexos, que por entonces pasaron inadvertidos, seguían vigentes en 2011 cuando la escuela volvió a presentarse ante Akredita QA para postular a una nueva acreditación.
El año pasó y la primera certificación de la escuela de Medicina caducó. La UPV debía reacreditar la carrera y entregar su nuevo informe de autoevaluación a la agencia de Luis Riveros, 90 días antes de que venciera la acreditación, esto es el 18 de enero de 2011. Pero el documento no se despachó sino hasta fines de marzo de ese año (ver informe de autoevaluación). Según el informe, la carrera tenía  entonces 284 alumnos y 95 docentes en sus sedes de Santiago y La Serena. Maulén seguía siendo el rector, Rudloff aún era directora nacional de Medicina y todavía no egresaba la primera generación de la carrera.

EL NUEVO CARGO DEL CONSEJERO SCIARAFFIA

El atraso en la entrega del informe significó también una demora en la resolución de Akredita QA respecto a la reacreditación. Recién en agosto de 2011 fueron los pares evaluadores a visitar la escuela y no fue hasta el 17 de noviembre que el Consejo de Acreditación del Área de Salud de Akredita QA decidió (ver resolución). En su informe, los evaluadores reconocen la existencia de reglamentos que norman el desempeño de los estudiantes, pero también la ausencia de reglas claras respecto a notas mínimas de promoción y porcentajes de asistencia. También señalan  la ausencia de instancias donde se permita la interacción entre académicos de las distintas sedes, y un número insuficiente tanto de docentes como de horas designadas para docencia práctica. Los evaluadores establecen que los académicos cumplen sólo parcialmente con las calificaciones y la experiencia necesarias para desempeñar funciones directivas y académicas docentes y que no hay mecanismos suficientes para que el cuerpo académico participe activamente en la formulación de planes y programas. Y además, la carrera no tiene un número máximo de alumnos por sede, lo que no es acorde con el compromiso de asegurar una enseñanza de calidad.

A pesar de las debilidades detectadas, nuevamente Akredita QA acreditó la carrera, esta vez por tres años, hasta noviembre de 2014. Habían pasado tan sólo dos meses desde la publicación en CIPER de un reportaje que reveló las primeras irregularidades tras la acreditación institucional de la UPV en 2010 y de la salida de Maulén de la rectoría. En su lugar había asumido Gonzalo Arenas, quien hasta entonces había sido decano de la Facultad de Ingeniería de la UPV. CIPER no pudo acreditar si Leandro Biagini participó activamente en este segundo proceso como par evaluador, aunque cada uno seguía en su posición: Aldo aún era secretario general de la UPV y Leandro todavía figuraba en la lista de pares evaluadores de Akredita QA.
Pero los hermanos Biagini no serían el único nexo entre la UPV y la agencia acreditadora. En diciembre de 2011, apenas un mes después de que Akredita QA aprobara la reacreditación de Medicina  por los siguientes tres años, la esposa de Ángel Maulen, Candice Rudloff, renunció a la universidad, que ya estaba en el centro de las investigaciones judiciales. Vito Sciaraffia asumió la dirección nacional de Medicina en su reemplazo. Se mantendría en el cargo apenas unos meses, hasta mayo de 2012. Pocos sabían de sus estrechos vínculos con Akredita QA y su rol en la acreditación de la carrera.

Vito Sciaraffia

Sciaraffia es ingeniero civil y  médico cirujano. Fue director del Instituto de Administración y Salud de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también el primer superintendente de Salud del gobierno de Sebastián Piñera. Duró en ese cargo apenas tres meses (ver reportaje de CIPER). Además, desde 2008 que forma parte del Consejo de Acreditación del Área de la Salud de Akredita QA, una instancia que presidió el doctor Juan Eduardo Bustos hasta su muerte el pasado 10 de septiembre, y que además componen otras cinco personas. Desde allí fue uno de los encargados de decidir la acreditación de Medicina de la UPV, carrera que pasó a dirigir apenas un mes después de haberla acreditado.
Las dos resoluciones que sellaron la certificación de Medicina de la UPV llevan las firmas de Bustos y Riveros. Hasta el momento resulta imposible saber cómo votó Sciaraffia en esas sesiones del consejo de Akredita QA, ya que las actas no son de acceso público. Actualmente la misma agencia está a cargo de evaluar la reacreditación de la escuela. Aunque ya no está en la UPV, Sciaraffia continúa siendo miembro del Consejo de Acreditación del Área de la Salud de Akredita QA. Aldo Biagini ahora es rector de la universidad y su hermano Leandro aún figura como par evaluador de la agencia.
El proceso ya comenzó con la visita de los pares evaluadores a la universidad los días 3, 4 y 5 de septiembre. Con su hermano en la rectoría desde febrero de 2013 –tras la renuncia de Gonzalo Arenas–, Leandro Biagini no forma esta vez parte del equipo que evaluador. Varios académicos de la escuela han señalado a CIPER que la UPV difícilmente tendrá éxito en esta nueva evaluación. Esto porque según los criterios establecidos por la CNA, para acreditarse la carrera “debe tener suscritos los convenios necesarios para la utilización de campos clínicos, hospitales y consultorios en que se realizarán las actividades prácticas”. Algo que en las condiciones actuales no se estaría cumpliendo.

AL FONDO DEL RANKING

El año pasado egresó la primera generación de médicos de la UPV. Tras rendir la versión 2013 del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom), la universidad quedó como una de las dos con mayor tasa de reprobación, junto a la ya desahuciada Universidad del Mar. Era su primera incursión en la medición que permite al Ministerio de Salud (Minsal) no sólo evaluar la calidad de la enseñanza de las escuelas de Medicina del país, sino que también filtrar el ingreso de profesionales a sus establecimientos: quienes reprueban el Eunacom no pueden optar a cargos en hospitales, consultorios ni centros públicos de salud.
CIPER solicitó a la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (Asofamech), entidad encargada desde 2009 del diseño y administración del examen por mandato del Minsal, el detalle de los resultados de ese examen, pero nos los negaron. El argumento fue que después de la filtración de los resultados del examen en 2012, el Consejo de Decanos de la Asofamech acordó no volver a informar los resultados que hasta 2011 eran públicos, para así evitar la excesiva competencia y posibles irregularidades. Desde entonces, los resultados sólo son comunicados de forma individual a los médicos que lo rindieron y a las escuelas, sin darles mayor detalle de otros evaluados. En otras palabras, por decisión administrativa de una entidad privada los resultados del Examen Eunacom ya no son información pública.
Que esa información haya dejado de ser de acceso público es un hecho grave. Los datos no sólo permiten a la ciudadanía saber si los médicos que egresan de las escuelas poseen los conocimientos mínimos necesarios para desempeñarse en el sistema público y hacer frente al nuevo perfil epidemiológico que ha desbordado el sistema de salud. También son el principal insumo para que los estudiantes que postulan a una escuela de Medicina sepan cuál es el nivel de la educación que en ellas se imparte. Es por eso que CIPER presentó a comienzos de septiembre un amparo por denegación de información ante el Consejo para la Transparencia (Rol C1929-14), para exigir que dicha información vuelva a estar disponible para la ciudadanía.
Si a los magros resultados en el Eunacom se suma el fin de los convenios para hacer uso de campos clínicos, la Universidad Pedro de Valdivia enfrenta una compleja situación para obtener la acreditación de Medicina. Varios académicos y alumnos manifestaron a CIPER su preocupación, no sólo por la pérdida de campos clínicos, sino por lo que ocurre en ellos. Dicen que el bajo nivel técnico y académico de los alumnos hace que los médicos en estos recintos no les permitan poner en práctica sus habilidades, por el riesgo que significa para los pacientes. Se refieren también a modificaciones en las calificaciones para que los alumnos pasen cursos sin los conocimientos mínimos, reduciendo así la tasa de retención de la escuela y mejorando sus posibilidades de competir a futuro para una beca de especialización. Y señalan un profundo desorden interno, al punto que a comienzos de 2013, después de casi tres años cursando Medicina y uno como interno en el Hospital de Talagante, descubrieron que Alexander Bravo, uno de sus alumnos, había ingresado desde otra universidad a la UPV con documentos falsos. Es decir, este estudiante de séptimo año de Medicina, que cursaba su segundo año de internado y que atendía pacientes del sistema público, no tenía siquiera los conocimientos básicos de los primeros años de la carrera. El fraude quedó acreditado en un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago (ver fallo). Bravo fue descubierto por sus propios compañeros. Ningún directivo de la escuela se percató de sus graves falencias.

vía:
 http://ciperchile.cl/2014/09/23/lazos-entre-upv-y-akredita-qa-ponen-en-jaque-certificacion-de-su-escuela-de-medicina/

Argentina-ALMIRANTE BROWN: Trata de Personas...Dos veces víctimas de la violencia machista de las mafias...AW

(AW)Tras haber dejado sin custodia a la familia de Milagros, secuestrada por una red de trata de la que logró escapar, volvieron las amenazas y las agresiones.



Luego de la recuperación de Milagros se mudaron para proteger la integridad de la familia entera, que sufría constantes amenazas; pero les quitaron la custodia policial y volvieron las agresiones.
Contactos: 
Silvia Mónica González (mamá de Milagros): 1124.537.196
Carla Chiarenza (Espacio de mujeres del FPDS - Alte Brown): 1126.031.617
Milagros González, de 15 años de edad, fue reclutada para una red de explotación sexual el 16 de Marzo de 2013, de donde logró escapar 10 días después.
Por esos días, su madre y distintas organizaciones sociales nos movilizamos en la búsqueda del esclarecimiento del caso de Milagros, del cual aún no se detuvieron ni responsables materiales ni políticos.
Organizándonos, pedimos a la municipalidad de Almirante Brown que se hiciera cargo de una vivienda para Milagros y su familia, ya que Milagros se encontraba internada en un neuropsiquiátrico por las secuelas de lo vivido y sin poder volver a su hogar, ya conocido por la red que la había secuestrado.  
Por los delitos de secuestro y violación de Milagros, no hay detenidos. A su vez, su madre Silvia fue víctima de amenazas y persecuciones, por parte de los proxenetas; quienes son identificados por los vecinos como los que reparten las drogas en el barrio.
Finalmente, luego de un proceso bastante complejo, Milagros fue restituída a su familia, a quien se le otorgó una vivienda para mejorar tanto sus condiciones de salud como de seguridad. Pero hace poco, argumentando que “el nuevo barrio es más seguro”, a Silvia y a Milagros se les retiró la custodia policial con la cual contaban. 
El Estado dejó a Milagros y su familia en absoluta vulnerabilidad: el 27 de Septiembre pasado, el techo de la nueva casa de Silvia es incendiado. No fueron robadas ni amenazadas. El techo de pronto comenzó a arder sobre sus hijos.
Tanto su familia como las organizaciones que conocemos el caso, estamos convencidas  que es un claro aviso de que la integridad física y emocional de Milagros vuelven a estar en peligro. Es un mensaje hacia quienes seguimos insistiendo en el esclarecimiento de este caso junto a Silvia.
Es necesario aclarar que la desaparición de mujeres es moneda corriente en nuestro distrito, a pesar de que Darío Giustozzi asentó gran parte de su campaña política para diputado por el Frente Renovador en este eje. Esta semana, sin ir más lejos, desapareció una adolescente del barrio Villa París de Glew. Seguimos sin noticias de Ailén López y la lista parece acrecentarse.
La ley 26.842 de Prevención y Asistencia a las Víctimas no se hace efectiva en su cumplimiento, evidenciando la complicidad del poder político con las redes. Por eso...
EXIGIMOS EL INMEDIATO DESMANTELAMIENTO DE LAS REDES DE TRATA
EL ESCLARECIMIENTO DEL CASO MILAGROS GONZÁLEZ
LA APARICIÓN CON VIDA DE GLADYS FLORES CALISAYA DE VILLA PARÍS (GLEW) Y DE AILÉN LÓPEZ
¡NI UNA MUJER MENOS!
Espacio de Mujeres FPDS

vía:
 http://www.agenciawalsh.org/genero/tp/12714-almirante-brown-trata-de-personas-.html

Honduras: Inminente desalojo en Honduras a comunidad garífuna de Barra Vieja...biodiversidadla

En este momento, se está efectuando el desalojo de la comunidad garífuna de Barra Vieja, promovido por el INDURA RESORT, emporio hotelero que pertenece a la elite de poder de Honduras. Hoy es el cuarto intento y en esta ocasión la policía viene acompañada del ejército.

Los compañeros presentes en el lugar señalan que se siente una enorme agresividad por parte de las fuerzas de seguridad. Favor usar e incluir en posibles

denuncias.
@InduraResort
@GaryPlayer
Gracias, Equipo OFRANEH

Más información:

Inminente desalojo en la comunidad Garífuna de Barra Vieja

Como parte de la campaña emprendida por la actual administración gubernamental en contra del pueblo Garífuna, se renueva la amenaza de desalojo en la comunidad de Barra Vieja, Tela, a instancias de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y el Indura Beach Resort, los que pretenden desalojar a más de 450 personas, vistos como un estorbo para el proyecto tCurístico causante de la destrucción de parte de los humedales de la laguna de Micos (RAMSAR 722).
la Corte de Apelaciones de La Ceiba repite la ofensiva en contra de la comunidad de Barra Vieja perpetrada el pasado 6 de agosto, cuanto un contingente de policías arremetió contra los habitantes de la comunidad, allanando sus moradas y sacando los enseres, con el propósito de posteriormente demoler las viviendas.
La resistencia pacífica de la comunidad evitó que las fuerzas del Ministerio de Seguridad llevaran a cabo su objetivo, amenazando estos que regresarían con un mayor número de efectivos para lograr su objetivo. Desde esa fecha, se ha decretado una guerra sicológica en contra los garifunas de Barra Vieja, lanzando globos sonda cargados de intimidaciones, y amenazas del posible desalojo.
El Estado de Honduras ha demostrado en las recientes audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un irrespeto total en relación a los derechos territorial que poseemos los garífunas, denegando nuestra condición como pueblo indígenas.
Las presiones territoriales existentes en Honduras en contra de los pueblos indígenas, se agravan con la entrada en vigor de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, la que incluye a más de 20 comunidades en siete de las 10 zonas señaladas para la entrega al capital extranjero, con el propósito de crear repúblicas cuasi independientes y recurrir a la tercerización de la justicia.
El desalojo en Nueva Armenia y el planificado para Barra Vieja el próximo lunes 29 de septiembre, no es más que la antesala de la tercera reubicación de Castilla, comunidad que fue trasladada en 1941 y en 1978. La primera vez para la construcción de una base militar estadounidense y la segunda cuando Alvarez Martinez obligó a las comunidades de Cristales y Río Negro a ceder la vieja Castilla a la Empresa Nacional Portuaria. En fecha reciente se efectuó un desalojo en un terreno en disputa en Puerto Castilla, lo que no fue más que un ensayo para la expulsión de la comunidad con el objetivo de asentar en el lugar, una de las ciudades modelo-ZEDE.
Existe una enorme jurisprudencia de la Corte IDH en relación a los derechos de los pueblos indígenas y su territorio ancestral, aunque no exista un reconocimiento del estado sobre dichos territorios. Tanto en la Audiencia en Costa Rica en mayo sobre el caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz, y este mes en Paraguay sobre el caso de la comunidad de Punta Piedra, la Comisión interamericana de Derechos Humanos señaló al Estado de Honduras su incongruencia en relación al reconocimiento territorial, el cual debe incluir los territorios no titulados.
Desgraciadamente, ya sea por omisión o ignorancia la Corte de Apelaciones de La Ceiba desconoce las sentencias de la Corte IDH y en base a una cuestionable Ley de Municipalidades y la ilegal Ley de Propiedad, pretende satisfacer los mandatos de los empresarios hoteleros. De esta forma una vez más el Estado viola la Convención de Viena y el Convenio 169 de la OIT.
La OFRANEH exige el respeto al derecho a la propiedad ancestral que poseen los habitantes de Barra Vieja, y que cese de una vez por todas las amenazas de desalojo e intimidaciones que padecen sus habitantes.
Sambo Creek, 26 de Septiembre de 2014
OFRANEH
Organizacion Fraternal Negra Hondureña
Sambo Creek, Atlántida.
Honduras
telefax: 504-24541513 / 504-24490003
email: garifuna@ofraneh.org / ofraneh@yahoo.com
http://www.ofraneh.org
http://www.ofraneh.wordpress.com
Twitter:@ofraneh
Imagen: Radiocomunitaria Sugua

vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Campanas_y_Acciones/URGENTE_Inminente_desalojo_en_Honduras_a_comunidad_garifuna_de_Barra_Vieja

Chile: Muere comunero mapuche arrollado por tractorista de un fundo durante ocupación pacifica, en Galvarino, Araucanía....Escrito por RVF

El hecho ocurrió esta mañana durante en un “enfrentamiento” entre trabajadores (inquilinos) de un fundo y comuneros mapuche de la comunidad de Ñilpe.

Cabe señalar que el terreno se encontraba tomado hace ya dos meses de forma pacifica por comuneros mapuche y quienes se encontraban ya en conversaciones con la CONADI para la adquisición (recuperación) del terreno. Así lo confirma José Ñain, dirigente mapuche de la Comunidad José Quilaqueo II. Fue en este contexto, que esta mañana un grupo de comuneros ingresó al fundo para hacer toma de él, cuando fueron enfrentados por un grupo de inquilinos del terreno.
El joven comunero mapuche fue identificado como José Mauricio Quintriqueo, de unos 30 años de edad. Según versiones de los presentes, los comuneros hicieron ingreso y sin mediar dialogo alguno uno de los trabajadores del fundo (inquilino), aceleró su tractor arrollando al joven comunero, posteriormente se dio a la fuga. Quintraqueo quedó gravemente herido muriendo más tarde (aproximadamente tras una hora de agonía) en el lugar.
Hasta el lugar llegó carabineros quien cerco el lugar y se comenzó a realizar las pericias correspondientes.

- http://www.radiovillafrancia.cl/muere-comunero-mapuche-arrollado-por-tractorista-de-un-fundo-durante-ocupacion-pacifica-en-galvarino-araucania#sthash.AGx4Xlva.dpuf

vía:
 http://www.kaosenlared.net/america-latina-sp-1870577476/al/chile/97117-muere-comunero-mapuche-arrollado-por-tractorista-de-un-fundo-durante-ocupaci%C3%B3n-pacifica,-en-galvarino,-araucan%C3%ADa

México: Álvarez Garín, el IPN y el 68...por Hermann Bellinghausen

Hermann Bellinghausen

Raúl Álvarez Garín (1941-2014), uno de los egresados más admirables en la historia del noble de por sí Instituto Politécnico Nacional, fue uno de los precursores del movimiento estudiantil de 1968. Y, claro, dirigente clave del 68 mismo. En un recuento de su experiencia rebelde, de vocación pacífica pero revolucionaria, retrataba así a su alma mater, de donde hoy salen a la calle otra vez sus jóvenes para defender las esencias de la institución:

Jóvenes que han tomado decisiones toda su vida eran y siguen siendo la regla en Chapingo, el Politécnico, las normales y muchas universidades de provincia. Como siempre, en aquella época (los años 60) existían diferencias entre la vida universitaria y la del Politécnico, precisamente por esa necesidad de resolver problemas de la vida diaria de manera independiente; para ellos, los problemas de solidaridad humana estaban desarrollados incluso compulsivamente. Por ejemplo, en alguna ocasión llegó una comisión y le quitó los relojes a todo el mundo, para después repartir las boletas de empeño, pues resultaba que había que operar a un compañero y, como estaba solo, una comisión se hacía cargo.
Testimonios así iluminan el sentido de la vida de Raúl, fallecido hace unos días. En la pena de perderlo, podemos ver una feliz coincidencia y una suerte de homenaje (involuntario si se quiere) en la constatación de que los chavos del Poli todavía se mueven, con la madurez que siempre los ha caracterizado. También los de las normales rurales, tan apreciadas por Álvarez Garín; los de Ayotzinapa hoy, los de Ayotzinapa siempre. Precursor de todos ellos, con claridad de objetivos, una generosidad extraordinaria y una honestidad comprometida e inquebrantable, su honda experiencia inicia hacia 1958, siendo muy joven. Bueno, había tenido el privilegio de una cuna rebelde, la que meció Manuela, su madre, exilada del naufragio español y primera maestra del futuro luchador. Así le había nacido a Raúl la conciencia.
Él no quiso verse como eterno dirigente del 68 y no lo fue, aunque muchos crean que sí y lo encasillen sin remedio. Él lo entendió, y decidió usarlo, sin ningún oportunismo, como arma política y de agitación en distintas épocas de su vida. La última sería cuando participó en el asedio jurídico al ex presidente Luis Echeverría, que llevó a la condena popular y el encierro domiciliario para el artífice mayor de la masacre de Tlatelolco.
Físico matemático, politécnico y universitario, maestro y trabajador, fallido comunista (por más que trató de joven, el partido nunca aceptó sus empujes de libertad), organizador y agitador, preso político, exilado en Sudamérica, retornado y apestado un tiempo (pero en mi experiencia el exilio es peor que la cárcel, dijo alguna vez), empleado de la Comisión Federal de Electricidad, fundador del Frente Democrático Nacional en apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas en 1987-1988 y de los sucesivos partidos de estirpe cardenista (aunque ajeno al actual perredismo cómplice del poder), alguna vez diputado opositor, y toda su vida analista insobornable del devenir nacional. En 1987, cuando se avecinaba el vigésimo aniversario del 68, Hugo Hiriart concibió el proyecto Pensar el 68, que devino un número monográfico del Nexos de entonces, y un libro con ese título (Cal y Arena, 1988). La columna vertebral de aquella reconstrucción memoriosa (en estado virgen todavía, quién hubiera dicho) fueron los testimonios, reveladores y admirables, de Álvarez Garín, Gilberto Guevara Niebla y los ex dirigentes politécnicos. En ese momento aún no sucedía la desgracia nacional llamada Carlos Salinas de Gortari. Estaba a punto de suceder.

Con el robo priísta en las elecciones de 1988, la generación del 68 toma el poder, y en mala hora. Salinas mismo pertenece a ella. Numerosos ex dirigentes y militantes del movimiento estudiantil que fue parteaguas y toda la cosa se suman al nuevo régimen priísta, endosando al neoliberalismo rampante sus ideales e idearios de nacionalismo revolucionario, maoísmo rural, comunismo moderno o trotskismo. Otros más se entregan a un cinismo trágico y cómico que los condena a la irrelevancia. Todos juntos inauguran la anulación del país que hoy es ya motivo de alarma. Raúl la vio venir. Obstinado y fuerte como lo fuera en la cárcel, o en los trascendentales debates en la revista Punto Crítico durante la década de 1970, nunca se dobló. Él, eso, nunca.
Los estudiante de 2014 tienen la fortuna de contarlo entre sus precursores. Harían bien en conocer el camino de este universitario y politécnico de excepción, quien recordaba: En 1968 tuvimos una experiencia considerable en materia de difusión Llegábamos a tirar un millón de ejemplares o más de un volante. Eran mensajes sencillos que qué le piden al tuit: solamente hay violencia cuando llega la policía. Teníamos mucho papel, y nada más en el taller del Politécnico trabajaban 70 compañeros en dos o tres turnos.

vía:
 http://www.jornada.unam.mx/2014/10/02/opinion/023a2pol

Argentina: Continúan encarcelados por organizarse sindicalmente y reclamar....PRESOS POLÍTICOS DE ATE, SANTA CRUZ..... AW

(AW) Pronto cumplirán un año de encierro, su delito real, ser parte de una organización sindical y pelear por los derechos de los trabajadores, excusas judiciales para enmascarar la judicialización de la protesta hay muchas, pruebas ninguna.


Transcribimos la nota de Izquierda Diario.
HABLAN DESDE LA CÁRCEL: "ESTAMOS PRESOS POR RECLAMAR AUMENTO SALARIAL"
Cinco trabajadores estatales de Río Gallegos, activistas y afiliados de ATE, están presos en calabozos de Santa Cruz. Son Alberto Arteaga, Ernesto Apendino, Juan José Vera, Diego Reyes y Patricia Benítez. Hay que considerarlos cinco presos políticos que sin condena y sin prueba en su contra, están encerrados hace poco menos de un año. Se encontraban reclamando por mejores condiciones de trabajo y por un salario acorde a la canasta familiar, y les armaron una causa para acusarlos de incendiar un edificio. Ni una prueba sustenta esta acusación, y lo testigos son policías y personas que no estaban en el lugar de los hechos.
El lector podrá acceder al final de este artículo a cuatro testimonios exclusivos en video, la palabra de los detenidos desde su carcel, registrados por Alfonso Lobos y Paula Nauto, miembros de la Comisión por la libertad de los presos de ATE (CTA). Y que desde La Izquierda Diario consideramos necesario dar amplia difusión.
Los trabajadores de ATE están presos en la Alcaldía y en la Comisaría Quinta de Río Gallegos. Sólo Patricia Benítez tiene prisión domiciliaria por razones de salud. Así funciona la (in)justicia en esta provincia que tiene actualmente más de 600 procesados por luchar y cinco trabajadores petroleros condenados a perpetua también por una causa fraguada, armada en base a declaraciones sacadas bajo tortura. La provincia de los Kirchner no se caracteriza precisamente por respetar el derecho a la protesta ni las garantías democráticas elementales.
Tres veces negaron la excarcelación
La jueza que ordenó detenerlos y los procesó por estrago doloso, daño agravado y lesiones leves agravadas reiteradas, es María López Lestón, prima de ex presidente Kirchner. Es quien llevó adelante la investigación, plagada de elementos de parcialidad e irregularidades. En la misma línea de criminalizar a los que luchan, la Cámara en lo Criminal, rechazó tres veces los pedidos de excarcelación aduciendo peligro de fuga y peligrosidad. Otra muestra de para quién juega la justicia, ya que los trabajadores se habían presentado en la primera oportunidad a declarar de manera espontánea.
Apremios ilegales en prisión
Diego Reyes está preso en la Comisaría Quinta de Gallegos y fue víctimas de apremios ilegales, el primero de ellos ni bien fue detenido, cuando en una refriega bastante confusa, con la intensión de lastimarlo sufrió lesiones, principalmente en el tabique. Tiempo después, en pleno invierno, durante el mes de julio, fue sacado al patio de la Comisaría casi sin ropa, después lo alojaron en la Alcaidía, sin calefacción, y luego vuelto a llevar a la Comisaría, sin ninguna razón ni explicación.
El informe sobre cárceles publicado en Página/12 el lunes 29, da cuenta de que “el 42 por ciento de los entrevistados (para el informe) sostuvo que fue golpeado o se utilizó la fuerza física para obligarlo a declarar o a cambiar su declaración” . El caso de Diego Reyes en Santa Cruz hace honor a esta aberrante situación, con el agravante de que estamos frente a un caso en el que la prisión y los apremios son una forma de aleccionar y atemorizar al conjunto de los trabajadores que luchan por sus derechos y reivindicaciones.
Campaña por la libertad
La Comisión por la Libertad de los Presos de ATE junto a la CTA (Santa Cruz), acompañados por organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia dieron impulso a una campaña nacional para que los trabajadores sean liberados de inmediato.
Norma Apendino, madre de Ernesto, y Alfonso Lobos, secretario de Prensa de ATE Santa Cruz estuvieron en Buenos Aires impulsando la campaña, y también estuvieron en la sede se La Izquierda Diario donde fueron entrevistados hace unos días.
Con estos videos que publicamos en esta edición de La Izquierda Diario queremos aportar a esta campaña. Que miles los vean y escuchen la voz de los que hoy están siendo perseguidos y encarcelados por luchar.No están solos.
VIDEOS:
Ernesto Apendino "No tenemos garantía de tener un juicio justo"
https://www.youtube.com/watch?v=GNZQrQqrALs
Juan Jose Vera "Me tienen hace 11 meses detenido sin pruebas"
https://www.youtube.com/watch?v=nd07rqPFVFo
Diego Reyes "Estoy preso porque fui a reclamar un salario justo"
https://www.youtube.com/watch?v=xCSpnY7uqGM

vía:
 http://www.agenciawalsh.org/fgg/p-p-/12713-presos-politicos-de-ate-santa-cruz.html